Venta de un inmueble por rifa

Varios medios han informado que un propietario de una parcela de agrado en Quillota decidió venderla al ganador de una rifa. Con bases protocolizadas ante notario, y una página web de promoción, el vendedor ofreció la parcela de agrado a quien resultara ganador por sorteo entre los que compraran un boleto de rifa por $ 10.000. Por cierto, el promotor de esta iniciativa ponía como condición que hubiera un mínimo de participantes que fijó en 1900.  El afortunado ganador tendría derecho a que el vendedor le entrega el dominio de la propiedad, mediante la escritura pública y la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Según un reportaje de Las Últimas Noticias de 9 de marzo de 2014, el sorteo se efectuó mediante una tómbola digital certificada por la Notario Loreto Quitral. El favorecido fue un quillotano que no estaba presente y al que se le avisó por teléfono. El promotor de la rifa y dueño de la parcela se manifestó contento con el resultado y dispuesto a hacer las gestiones para la transferencia de la parcela ante un todavía incrédulo ganador (Ver reportaje).

El vendedor declaró que tomó la idea de España. Efectivamente estas ventas por rifa comenzaron a hacerse en España con motivo de la crisis económica. A su vez, a España las habrían llevado empresas francesas que la practican en ese ámbito (Ver nota de diario El País de España).

Aunque la figura parece simple, desde el punto de vista jurídico presenta serias dificultades en cuanto a su calificación y, lo que es más importante, sobre su validez y admisibilidad jurídica.

Una primera aproximación desde el punto de vista civil podría ser la de que en la operación se conjuga, por una parte, una oferta de venta condicionada a que se reúna el mínimo estipulado y se determine el comprador por el sorteo entre los participantes, y por otra un contrato de juego entre todos los que compran un número de la rifa. Sin duda estamos ante un juego de azar, ya su resultado que depende enteramente de la suerte, y por tanto, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1466 y 2259 del Código Civil, adolece de objeto ilícito. El contrato sería nulo de nulidad absoluta, pero los partícipes no podrían recuperar su dinero porque según el art. 1468 del Código Civil no puede repetirse lo que se ha pagado por un objeto ilícito a sabiendas. Se exceptuarían aquellos que prueben haber padecido error excusable de derecho (lo que a nuestro juicio procede en caso de la sanción del citado art. 1468, ya que en ta caso no se habría actuado “a sabiendas” de la ilicitud).

Si miramos ahora la relación entre el organizador del juego y el eventual ganador de la rifa podemos barajar varias alternativas: puede tratarse de una venta o de una promesa de venta, ambas bajo la condición suspensiva de que se reúna el mínimo de jugadores y se determine el comprador o promitente comprador, mediante sorteo.

Hay que descartar de partida que pueda tratarse de una compraventa condicionada porque no se cumple con la formalidad de otorgarse por escritura pública (art. 1801 del Código Civil). Más discutible sería el caso de la promesa, porque podría argüirse que la inscripción por medios electrónicos, unida a las condiciones del concurso protocolizadas ante notario, equivalen a la solemnidad de que la promesa conste por escrito (art. 1554 Nº 1 del Código Civil). Podría considerarse que falta la especificación del contrato prometido (art. 1554 Nº 4 del Código Civil) porque ni el comprador ni el total del precio están determinado, pero puede contestarse que basta que ellos sean determinables y que conforman elementos de la condición de la que depende la promesa (algo similar sucede en las ventas en remate público). Pero la promesa puede ser impugnada como acto jurídico porque la condición de la que depende es una condición moralmente imposible, ya que consiste en un hecho prohibido por las leyes y contrario al orden público (el juego de azar). Tratándose de una condición suspensiva ella vicia la estipulación; se tiene por fallida dice el art. 1480 del Código Civil. Además, podría señalarse que la promesa adolece de causa ilícita ya que el motivo que induce al acto (organizar un juego de azar para obtener un mejor precio para vender un predio) es  prohibido por las leyes o contrario a orden público (art. 1467 del Código Civil).

Con lo anterior, si el ganador del sorteo demanda el cumplimiento de la obligación de entregar el predio, el organizador de la rifa podría excepcionarse alegando la nulidad, pero en su contra procederá la regla del art. 1683 del Código Civil que impide invocar la nulidad absoluta a quien celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Se levantaría esa inhabilidad si el demandado logra probar que procedió por un error de derecho excusable. En cualquier caso, el juez podrá declarar la nulidad ya que el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato (art. 1683 del Código Civil).

Desde la perspectiva penal, el caso puede ser de calificación más clara. Sin pretender prejuzgar ni imputar responsabilidades penales, por las informaciones de prensa podemos conjeturar que el organizar del juego podría ser objeto de las sanciones que para los autores o empresarios de “loterías” no autorizadas legalmente establece el art. 276 del Código Penal. Hay que tener en cuenta que la definición penal de lotería es muy amplia y cubre todo tipo de juegos de azar: “Es lotería toda operación ofrecida al público y destinada a procurar ganancia por medio de la suerte” (art. 275 del Código Penal). De ser así, el contrato o los contratos que sirven de medio para cometer el delito son ilícitos y, por tanto, nulos. Pero en este escenario las restituciones de la nulidad no estarán sujetas sólo a las restricciones civiles, porque se aplicará la sanción penal del comiso. Según el art. 279 del Código Penal, “El dinero o efectos puestos en juego y los instrumentos, objetos y útiles destinados a él caerán siempre en comiso”. De esta manera, nos parece, en caso de condena, tanto los dineros recibidos por parte de los que compraron boletos de rifa como el mismo terreno serían decomisados y su propiedad debería pasar a manos fiscales.

Quizás algunas de estas dificultades jurídicas se hayan ya presentado.  La página en la que se la promovía la rifa tiene actualmente un aviso que reza: “No se está realizando ningún sorteo a la fecha… futuras rifas serán anunciadas por esta página” (www.rifomipropiedad.cl).  Veremos qué destino tienen este tipo de operaciones en nuestro ordenamiento jurídico y cómo reaccionan tanto las autoridades públicas encargadas de fiscalizar las normas que prohíben los juegos de azar no autorizados legalmente.

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Etiquetas: causa ilícita, comiso, condición moralmente imposible, juego de azar, lotería, objeto ilícito, restituciones de nulidad, Venta por rifa

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