La Dra. Cordero vs. Chilevisión: el daño moral y su prueba

La Dra. María Luisa Cordero definitivamente no tuvo éxito en sus acciones judiciales contra Chilevisión por la difusión de imágenes suyas en el programa “En la mira”, captadas por cámaras ocultas y por periodistas que se hicieron pasar por pacientes, y en las que aparecía consintiendo en emitir licencias médicas falsas. En el proceso penal, la Corte Suprema estimó que la conducta no constituía el delito del art. 161-A del Código Penal porque las imágenes habían sido captadas por un interlocutor y no por un tercero (C. Suprema 21 de agosto de 2013, rol Nº 8393-12). La sentencia ha sido criticada por restringir la protección de la intimidad.

Ahora, la Corte Suprema, en un fallo dividido de 3 votos contra 2, (19 de marzo de 2014, rol Nº 5.844-2013: Descargar texto) deja a la Dra. Cordero sin la indemnización del daño moral que, en un juicio civil, le había concedido tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación interpuesto por Chilevisión que se fundaba en la infracción del art. 1698 del Código Civil que establece la carga de probar las obligaciones. Según la argumentación de la recurrente la demandante no había probado el daño moral, de modo que la sentencia del fondo la habría eximido indebidamente de la carga de probar uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad civil.

La sentencia de la Corte Suprema es correcta, a nuestro juicio, cuando establece que el daño moral, aunque no sea objeto de una cuantificación monetaria exacta como el daño patrimonial, debe ser un hecho acreditado en el proceso por medios de prueba presentados por la víctima que lo reclama. Contrariamente a una fuerte tendencia jurisprudencial que sostenía que el daño moral, por ser espiritual o inmaterial, no exige prueba, la Corte afirma que “el daño moral debe ser probado por quien lo reclama”. Fundamenta este aserto en tres ideas: primero, que, siendo el daño un presupuesto para que se genere responsabilidad civil, este debe ser probado por quien desee beneficiarse de esa preceptiva; segundo, que no hay norma que exima de prueba al daño moral, y, tercero, que el daño para ser indemnizable debe ser cierto y no hipotético, apreciación que el juez sólo puede hacer a través de la prueba que se rinda de la efectividad del daño. La carga de probar el daño, conforme al art. 1698 del Código Civil, corresponde al demandante (cons. 16º sentencia de casación).

Pero donde, pensamos, la sentencia yerra es en estimar que el daño moral, que debía ser probado, equivale al dolor, angustia o malestar emocional o psíquico sufrido por la Dra. Cordero al verse expuesta en el reportaje (cf. cons. 17º sentencia de casación). Aquí la Corte parece retroceder a la vieja concepción que restringe el daño moral al “pretium doloris” (el valor del dolor expresado en dinero). En cambio, el voto disidente del Ministro Ricardo Blanco adherir a las versiones más comprensivas del daño extrapatrimonial que incluyen toda lesión o menoscabo a un derecho personalísimo, como el honor y la intimidad, de modo que no es necesario que se acredite un dolor o angustia de carácter emocional: “en el juicio respectivo, – se lee en la justificación del disidente­– quedó asentado que la actuación negligente de la demandada ocasionó daño a la actora, toda vez que fue tratada en forma pública como una persona que se encontraba cometiendo un delito, sin que aquello estuviese establecido en una sentencia condenatoria firme dictada por un Tribunal de la República todo lo cual importa un daño moral, pues la actuación negligente de la demandada lesionó la honra de la demandante, lo que necesariamente produjo en aquélla una afectación y lesión de un derecho personalísimo, a saber, el nombre y fama […] y todo lo anterior constituye una aflicción moral sufrida por la actora, quien no debió experimentarla, lo cual constituye un padecimiento espiritual per se, al conculcarse de manera injustificada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, y, además, un dolor del espíritu que experimentó en su fuero íntimo, y que tuvo consecuencias externas, por ende, no resulta procedente exigir que la víctima, además, produzca una prueba adicional cuando el solo quebrantamiento de la garantía constitucional, en relación con su fuerza moral, sin otros aditamentos, importa la producción del daño antijurídico” (letra g del voto disidente a la sentencia de casación).

A nuestro juicio, es necesario extender la noción de daño moral o extrapatrimonial y no identificarlo únicamente con el dolor psíquico, pero tampoco puede confundirse el daño con la mera intromisión ilegítima en el derecho de la personalidad, como el honor y la vida privada. La intromisión forma parte de la ilicitud o antijuridicidad de la conducta, pero es necesario que ella produzca un daño efectivo y cierto, aunque no consista en el dolor de la víctima. En estos casos, el daño se verifica por la merma del bien jurídico protegido como la honra. Si ésta ha sido menoscabada o disminuida es claro que el requisito del daño ha tenido lugar. Algunos piensan que de la lesión del derecho de la personalidad se debe presumir el daño (así lo establece expresamente la ley española). En el caso, parece que era posible considerar acreditado el menoscabo de la honra con los antecedentes que se incorporaron a través del expediente penal que fue agregado y, por medio, de la conformación de una presunción judicial que puede adquirir el mérito de plena prueba, conforme al art. 426 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil.

Pero la mayoría de la sala de la Corte no lo estimó así, para desgracia de la Dra. Cordero y felicidad de Chilevisión. Con todo el canal de televisión, así como el resto de la industria televisiva, debiera considerar que en un punto hubo unanimidad en todos los jueces que intervinieron en el proceso civil: el método de las cámaras ocultas inconsentidas por la persona captada, es un procedimiento ilícito y que da lugar a responsabilidad por delito o cuasidelito civil, con tal que la víctima pruebe el daño sufrido como efecto de dicha conducta.

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