Aborto clandestino y obligación de denuncia del médico

En la madrugada del pasado lunes 12 de mayo llegó al Hospital Luis Tizné, una joven de 17 años afectada por una fuerte hemorragia causada por un aborto. Al parecer, ella misma se lo había practicado usando Misotrol, un medicamento que se indica para problemas gástricos, pero que es utilizado para provocar un aborto porque produce contracciones del útero y expulsión del feto.

La preocupación justificada por la vida de esta muchacha ­–que se sobrepone al hecho de la anterior muerte de la creatura que llevaba en su seno–, reabrió la polémica sobre si debe legalizarse el aborto, es decir, permitir que se ponga término a la vida del niño concebido de manera más segura para la salud de la madre, aunque –se entiende- completamente letal para el hijo o hija en gestación.

Una de las aristas del caso es el cuestionamiento que se ha hecho al médico de turno que atendió a la muchacha por haber denunciado los hechos a Carabineros, con lo que la Fiscalía Metropolitana Oriente inició una investigación sobre el eventual delito de aborto, en el que podía ser imputada la misma menor.

Los medios informaron que, ante ello, el Ministerio de Salud habría dado instrucciones a los hospitales y centros médicos para que los profesionales que atiendan a mujeres en casos como éste se abstengan de denunciar los hechos y privilegien el deber de confidencialidad para con sus pacientes.

Es cierto que existe un deber médico de resguardar la privacidad de los pacientes, lo que aparece reafirmado por la ley nº 20.584, de 2012, de Derechos y Deberes de los Pacientes (art. 5 letra c). Pero el secreto profesional del médico no es absoluto y tiene límites. Entre ellos, está el deber legal de denunciar los delitos que conoce con ocasión del ejercicio de su profesión. El art. 175 del Código Procesal Penal, letra d), dispone que están obligados a denunciar: “Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito”. Si no lo hacen pueden ser imputados por el delito-falta de omisión de denuncia sancionado por el art. 494 Nº 9 del Código Penal. Según esta norma incurre en dicha falta el “facultativo que, notando en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a la autoridad oportunamente”.

Resulta excesivo sostener que el deber de confidencialidad prevalece siempre por sobre el deber público de denunciar los hechos delictivos que los médicos conozcan en el ejercicio de su profesión. Si fuera así, por ejemplo, no se podrían denunciar los abusos sexuales cometidos contra menores, los femicidios, el narcotráfico, las lesiones u homicidios en riña u otros delitos de igual o mayor gravedad. Pero hay que precisar que el deber es sólo de denunciar los hechos que tengan las características de delito, pero no aportar como prueba confesional los dichos del paciente, los que sí deberían quedar amparados por la confidencialidad de la relación médico-paciente.

A esto se refiere el instructivo del Ministerio de Salud. En realidad, no se trata de un nuevo documento, sino de una orden ministerial dictada por el Ministro de Salud del anterior período presidencial de Michelle Bachelet, Dr. Álvaro Erazo. Dicho documento se fundamenta en el art. 15 de la Convención contra la Tortura que dispone: “ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento”. De ello se obtiene como conclusión de que “no corresponde obtener confesiones sobre coerción”, lo que, de acuerdo con el instructivo, “es especialmente relevante en los casos de mujeres que requieren atención médica por complicaciones de salud asociadas a la realización de abortos”. El documento se hace eco de las observaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que, en el 3º Informe sobre Chile, expresó su preocupación porque se estaría condicionando la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen información sobre quienes practicaron los abortos, y que sus confesiones se utilizarían luego contra ellas y los terceros, contraviniendo la Convención. El instructivo ministerial concluye que, aunque el aborto provocado es un hecho ilícito y punible en nuestra legislación, no corresponde “extraer confesiones a las mujeres que requieran atención médica como resultado de un aborto sobre todo cuando dicha confesión se solicita como condición para la prestación de salud requerida”. De este modo, en estos casos “la atención médica debe ser incondicional y cualquier confesión obtenida en el contexto descrito, es completamente ilegal” (Ordinario A/15; 1675, del 24 de abril de 2009 del Ministro de Salud, Álvaro Erazo Latorre, dirigido a los Directores de los Servicios de Salud: Ver texto).

Como puede verse, el instructivo no señala que el médico, u otro profesional de la salud, no deba denunciar a la autoridad competente la posible realización de un aborto punible, sino que se limita, y con razón, a disponer dos cosas: 1º que no puede condicionarse la atención de salud a que la mujer afectada declare o confiese su propia participación o de otros en el aborto provocado; y 2º que no corresponde que se intente presionar a dicha mujer para que haga declaraciones autoincriminatorias mientras se encuentra en ese estado de vulnerabilidad.

Me permitiría agregar que, aun cuando la mujer haya hecho declaraciones sobre su propia participación en el aborto sin que haya sido presionada por el personal médico, ellas deben quedar cubiertas por el secreto médico y no ser incluidas ni en la denuncia ni en declaraciones posteriores de los facultativos en el proceso penal que se prosiga para la investigación y sanción de los hechos.

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One Comment en “Aborto clandestino y obligación de denuncia del médico”

  1. Cristian Says:

    Aparte de lo dicho por usted, se podría agregar que en materia penal se reconoce el derecho a guardar silencio y el principio de no autoincriminación, pudiendo discutirse acerca de la licitud de incluir como prueba eventuales confesiones en que haya incurrido la mujer al momento de solicitar atención médica. Se agradece la columna, muy ilustrativa. Espero que la próxima semana se refiera al caso del supuesto artista que habría quemado los pagarés de los alumnos de la U del Mar y que ascenderían a un monto de 500 millones de USD.


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