Daño moral y juicios colectivos en defensa del consumidor

Esta semana la Presidenta Bachelet firmó y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos del consumidor (Boletín Nº 9369-03: Ver texto). El objeto principal del proyecto es fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) otorgándole atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley, interpretar sus disposiciones, dictar instrucciones generales, y sancionar administrativamente las infracciones cometidas por los proveedores. Además, se realizan otras modificaciones que intentan perfeccionar la protección que la ley otorga a los consumidores. Una de ellas es la de suprimir la norma vigente (art. 51 Nº 2) que establece que las indemnizaciones que se reclaman en un juicio colectivo no se extenderán al daño moral sufrido por el actor (art. 1 Nº 29 del proyecto).

En el mensaje del proyecto se justifica la derogación en el deseo de que en estos procesos se reparen íntegramente los daños causados a los consumidores. La ley desde su texto original reconoce como derecho de los consumidores la reparación e indemnización de todos los daños materiales y morales (art. 3 letra e). Al suprimirse el Nº 2 del art. 51 se extendería el derecho a la indemnización de los perjuicios morales incluso a los juicios en los que se acciona en defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores. El problema es cómo puede hacerse operativa la reclamación, prueba y avaluación del daño moral en este tipo de procesos.

Recordemos que según la ley “son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual”, mientras que “son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos” (art. 50 ley Nº 19.496).

Estos procesos colectivos intentan emular lo que en el sistema angloamericano son las “class actions” (acciones de clase). En ellos, un demandante (que puede ser el Sernac, una asociación de consumidores o un número limitado de afectados) accionan, no en favor de sus propios derechos, sino en favor de todos los que hayan resultado afectados por alguna infracción o incumplimiento de la ley, sin necesidad de que todos ellos comparezcan al juicio ni que sean partes del juicio. Una vez dictada la sentencia, todos los que cumplan los requisitos de consumidores afectados pueden invocar en su provecho el fallo y reclamar las indemnizaciones que se hayan decretado. El proveedor sancionado o condenado queda obligado respecto de personas que no han sido partes en el proceso ni han sido previamente individualizadas pero que cumplen los requisitos de la “clase o grupo” identificado como afectado por sus conductas indebidas.

La ley actual, junto con restringir la indemnización que pueda reclamarse en este tipo de procesos al perjuicio material, exige que se pruebe el daño además del vínculo contractual de los consumidores con el proveedor demandado (art. 51 inc. final). Parece lógico que sea así ya que los daños materiales son cuantificables con precisión observando los costos económicos que ciertas infracciones ha producido a una determinada clase o grupo colectivo de consumidores afectados por ellas. Si algunos de ellos quisieran que se les indemnizara el perjuicio moral deben demandar en proceso individual donde fundamentarán las razones del daño, presentarán la prueba que lo acredite y los criterios para lograr su reparación mediante un equivalente pecuniario.

La reforma pretende que la reclamación del daño moral se presente en la demanda colectiva y que el juez lo determine en la sentencia que se aplicará a una serie de afectados que no se conocen ni han concurrido al proceso. Esta disposición suscita dudas sobre cuál será la naturaleza y función que asumirá la condena a reparar este el daño moral en esta forma especial de procesos judiciales de responsabilidad. Como se sabe, el daño moral o no patrimonial no tiene una cuantificación exacta y depende de los intereses extrapatrimoniales que hayan sido lesionados tomando en cuenta la situación específica e individual de la persona afectada. No vemos cómo un juez va a poder apreciar el daño moral sufrido por cada uno de los consumidores afectados si éstos no concurren al proceso ni presentan prueba sobre la intensidad y naturaleza de sus intereses extrapatrimoniales lesionados. La única manera será que se pida una cifra estandarizada por daño moral para toda una clase o grupo de consumidores y que luego el juez, sin prueba de que dicho daño haya efectivamente ocurrido ni de que su monto sea superior o inferior, fije una suma determinada por concepto de indemnización de daño moral que los afectados podrán percibir todos por igual, sin consideración a sus características personales.

Esta consecuencia implicaría un retroceso frente a lo que propicia la doctrina en el sentido de que el daño moral sea objeto de prueba y que se evite la arbitrariedad judicial en la fijación de las indemnizaciones de daños morales, con condenas en globo que convierten muchas veces su indemnización en una especie de sanción (como los daños punitivos del sistema anglosajón) que desnaturaliza su función reparatoria.

Esta inquietud se intensifica si se observa que el proyecto, además, suprime el inciso final del art. 50 (art. 1 Nº 19) que reza: “Para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan, de conformidad a las normas señaladas en el párrafo 2º de este Título, será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados”. El mensaje no explicita la razón de la derogación de esta norma. Puede que se esté queriendo ampliar los afectados a aquellos que no tengan vínculo contractual con el proveedor, pero para ello no es necesario eliminar la exigencia de que se acredite el daño. Preocupa que la eliminación de esta regla se interprete en el sentido de que en los procesos colectivos, el daño, tanto material como moral, no requiere prueba.

Es de esperar que durante la tramitación legislativa se pueda precisar con mayor claridad la forma en que deben probarse los daños y, de persistirse en la idea de incluir el daño moral, cómo podrá compatibilizarse la idea de la reparación integral con la de la necesidad de probar en el proceso la entidad de la lesión sufrida por cada persona en sus intereses extrapatrimoniales.

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One Comment en “Daño moral y juicios colectivos en defensa del consumidor”


  1. Gracias por informarnos esta importante noticia para los consumidores.
    saludos cordiales,
    Teresa


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