Fin de lucro y compra de colegios por el Estado

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley presentado por el gobierno para iniciar la reforma del sistema educacional es el que propende a que los sostenedores de establecimientos que perciban subvención estatal no puedan organizarse como sociedades, empresas individuales de responsabililidad limitada o personas naturales que persigan fines de lucro, es decir, que puedan retirar excedentes aun cuando sean legítimas retribuciones a las inversiones realizadas, todo ello con prescindencia de si cuentan con un buen desempeño en su función educativa (Descargar texto del proyecto).

A futuro la cuestión puede parecer clara: no podrán optar a la subvención del Estado sino aquellos establecimientos cuyos sostenedores estén constituidos como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. El problema es qué se hace con los actuales sostenedores que, conforme a la ley vigente, se constituyeron como personas jurídicas o naturales con fines de lucro. Se ha dicho que estos sostenedores deben “convertirse” en personas jurídicas de lucro, y que la infraestructura inmobiliaria de que sean dueños será “comprada” por el Estado.

Nos parece conveniente precisar estos conceptos conforme al articulado del proyecto de ley en estudio en la Cámara de Diputados, para así contribuir a clarificar los términos del debate.

En primer lugar, efectivamente el proyecto introduce varias modificaciones al DFL Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, destinadas a exigir que los sostenedores sean personas jurídicas sin fines de lucro. Ya en el art. 1º del cuerpo legal se subraya que la subvención que se regula en él irá a la “educación gratuita y sin fines de lucro” (art. 2, Nº 1, a). En el art. 6 se introduce una norma que dispone que los establecimientos de enseñanza podrán impetrar el beneficio de la subvención siempre que, además de tener el reconocimiento oficial del Estado, tengan sostenedores particulares que estén constituidos “como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro” (art. 2, Nº 5, a). Después de disponer que deben destinar los fondos que obtengan del Estado exclusivamente a fines educacionales, se insiste en que “En ningún caso los sostenedores que opten por recibir el financiamiento que regula este cuerpo legal podrán perseguir fines de lucro mediante la prestación del servicio educacional” (art. 2, Nº 5, b).

Además, se exigirá que “la entidad sostenedora sin fines de lucro sea propietaria del o los inmuebles esenciales en los que funciona el establecimiento educacional” así como “que estos se encuentren libres de gravámenes”. Se permite, sin embargo, que el sostenedor use el o los inmuebles como comodatario, siempre y cuando el propietario sea una persona jurídica de derecho público; en cuyo caso “el contrato de comodato debe celebrarse con una duración no inferior a 15 años e inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces respectivo” (art. 2, Nº 5, e).

Los artículos transitorios se hacen cargo de cómo los actuales sostenedores que no cumplen estos requisitos pueden adaptarse a ellos. Se concede un plazo de dos años para que las entidades educacionales con fines de lucro que están percibiendo la subvención puedan “tranferir la calidad de sostenedor” a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. (art. 2º transitorio). No se prevé, como se ha dicho, que los actuales sostenedores deban convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro. Lo que deberán hacer es crear una corporación o fundación conforme a las reglas del Código Civil (arts. 545 y siguientes) y luego transferir a ella la calidad de sostenedor. Esa nueva corporación o fundación, por exigencia del art. 46, letra a, del DFL Nº 2, de 2009, deberá tener como objeto único la educación.

Los sostenedores que hayan elegido transferir su calidad a una persona jurídica sin fines de lucro y que hayan sido dueños del inmueble donde funciona el establecimiento al inicio del año escolar 2014, podrán optar por lo que el proyecto denomina “aporte por infraestructura”. Para ello, en el plazo de dos años deben solicitarlo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva (art. 3º transitorio). El proyecto consigna normas para determinar el valor de la infraestructura y encarga su fijación concreta en cada caso a una comisión regional, la que deberá integrarse por tres expertos nombrados por el Secretario Regional Ministerial de Educación (arts. 3 y 4 transitorios). Para percibir el aporte, debe suscribirse un convenio entre el Ministerio, el nuevo sostenedor y el antiguo, esto es, el beneficiario del aporte, en que se fijen las obligaciones de cada uno, y especialmente la obligación del sostenedor de mantener la continuidad de la prestación del servicio educativo y de conservar el inmueble en las condiciones adecuadas a ese fin. El convenio incluirá también la prohibición de gravar o enajenar el inmueble. El monto total del aporte por infraestructura se divide en cuotas anuales expresadas en Unidades de Fomento que se pagarán en el plazo de 12 años, a partir del mes de junio del año siguiente al que se suscriba el convenio (art. 5 º transitorio). Entre tanto, el nuevo sostenedor podrá, con cargo a la subvención, transferir al beneficiario una renta mensual, por el uso del inmueble, cuyo monto máximo determina el proyecto según la diferencia del valor total y lo que haya percibido como aporte el beneficiario hasta ese momento (art. 6º transitorio).

Una vez pagadas todas las cuotas del aporte por infraestructura, señala el proyecto, “el Fisco adquirirá el dominio sobre la propiedad, por el sólo ministerio de la ley, quedando afecta a la prestación del servicio educativo”. En tal caso, el Ministerio de Educación debe entregar el uso del inmueble a un sostenedor que tenga la calidad de persona jurídica de derecho público o de derecho privado sin fines de lucro (art. 5º transitorio).

El proyecto no establece que el Fisco esté comprando los inmuebles que constituyen la infraestructura de los colegios cuyos sostenedores eran personas con fines de lucro. Se habla de un aporte, que se fija por una comisión nombrada por autoridades del mismo Estado, pagadera en cuotas reajustables en Unidades de Fomento en 12 años, tras el cual la propiedad del inmueble pasa, por el sólo ministerio de la ley, al Fisco. No habría propiamente un contrato de compraventa así como tampoco el comprador adquiriría el dominio por medio de la tradición subsiguiente. El modo de adquirir que operaría en el caso es la ley, lo que más presenta semejanzas con la expropiación que con una compraventa.

La naturaleza jurídica de la operación debería precisarse con el objeto de que queden claras las normas que podrán aplicarse como derecho supletorio en caso de producirse algún problema no previsto en el proyecto, como puede ser la evición o la existencia de vicios ocultos, falta de pago del aporte (precio), derechos de terceros adquirentes, y otros semejantes.

Más allá de estas imperfecciones técnicas del proyecto queda siempre la duda de si conviene extender la prohibición de que personas con fines de lucro puedan participar en la provisión de servicios educativos que ya existe respecto de las Universidades y que ha generado tantas complicaciones para determinar cuándo hay o no hay lucro. Si lo importante es la calidad del servicio que se entrega, los esfuerzos de la autoridad pública y los recursos estatales debieran estar centrados en ella, más que en el modo de organización de los sostenedores de los establecimientos de educación. Por otro lado, una restricción tan fuerte de la participación de las personas en un área de emprendimiento como la educación bien puede ser considerada atentatoria contra el derecho constitucional a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional (art. 19 Nº 21 Const.). Es verdad que esta disposición añade que ello debe hacerse “respetando las normas legales que la regulen”, pero dichas normas deben regular y no prohibir o entrabar el ejercicio del derecho. De lo contrario irían contra el precepto constitucional que dispone que los preceptos legales que regulen las libertades constitucionales “no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” (art. 19 Nº 26 Const.).

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5 comentarios en “Fin de lucro y compra de colegios por el Estado”

  1. Hernán Palavecino Prado Says:

    Paso a describir , para luego consultar:
    Es sostenedor de un Colegio una sociedad educacional que persigue fines de lucro , la cual formamos como socios , mi esposa y Yo, los que a la vez , somos dueños de la infraestructura. De acuerdo a lo que expresa Ud. en el tema ” Lucro en la Educación:…”
    Como el proyecto de ley de la reforma educacional que se discute . dice :”Los sostenedores que hayan elegido transferir su calidad a una persona jurídica sin fines de lucro y que hayan sido dueños del inmueble donde funciona el establecimiento al inicio del año escolar 2014, podrán optar por lo que el proyecto denomina “aporte por infraestructura”.
    Según nuestro caso . como el Sostenedor es un persona jurídica que sólo es dueña del decreto cooperador , pero no de la infraestructura donde funciona el Colegio , ya que los dueños de la misma , somos personas naturales , ¿podremos optar por lo que el proyecto denomina “aporte por infraestructura?

    • hcorralt Says:

      Si comprendo bien, el sostenedor es una sociedad pero el edificio pertenece a las personas naturales que son socias en esa sociedad. En este caso, me parece que se podría aplicar el art. 7º transitorio del proyecto: la sociedad tendría que transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica sin fines de lucro (corporación o fundación) y ésta puede comprar el edificio a las personas naturales destinando para ello parte de la subvención.

  2. Marta Says:

    Hola profesor, gracias por su aportes, son de gran ayuda. Tengo una duda en base a la misma ley 20.845 y es que cuando comienza a hablar de las corporaciones educacionales menciona que lo sostenedores deberán constituirse como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro conforme las reglas del códico civil, pero también señala que pueden constituirrse “como corporación o entidad educacional en los términos de esta ley” ¿hay alguna diferencia? consulto esto porque tengo familiares que son sostenedores de un colegio particular subvenionado y deben cambiar su personalidad jurídica pero no comprendo la diferencia (aparte de que una son creadas por dicha ley y las otras no) o cuál convendría más.
    El colegio actualmente es una Sociedad Anónima cerrada, sin embargo, el establecimiento es arrendado, ya que pertenece a una empresa inmobiliaria de la familia también.
    Desde ya muchas gracias por lo que me pueda orientar.


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