Ley multirut y abuso de la personalidad jurídica

La técnica jurídica de reconocer que ciertas entidades colectivas o masas patrimoniales pueden ser consideradas como sujetos de derecho análogos a las personas naturales, descubierta por el derecho canónico medieval, ha tenido una gran importancia tanto para el desarrollo de proyectos de beneficencia pública como para la realización de empresas económicas. Resulta imposible imaginar la sociedad moderna sin la presencia de corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas individuales de responsabilidad limitada, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, iglesias, y tantas otras instituciones que gozan de lo que llamamos “personalidad jurídica”.

Se trata de un concepto instrumental que se justifica por el logro de bienes y aspiraciones que corresponden a las personas naturales. Por esa misma condición instrumental, la cobertura que proporciona el estatuto de la persona jurídica puede ser usado para propósitos contrarios al Derecho. Aparece, entonces, la figura del abuso de la personalidad jurídica que permite en ciertos casos el “levantamiento del velo” para evitar el resultado ilícito que se pretende conseguir través de un uso ilegítimo de la estructura formal de una o más personas jurídicas.

Pero la figura del abuso de la personalidad jurídica es claramente excepcional y suele exigir que se pruebe el propósito ilícito y la intención fraudulenta. Por ello, el legislador muchas veces corta por lo sano y, prescindiendo de si hay o no objetivos elusorios, autoriza a que la persona jurídica sea considerada más en su realidad sustancial que en su forma externa.

Es lo que a nuestro juicio sucede con la reciente ley Nº 20.760, publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de julio de 2014, y que la prensa ha bautizado como “ley multirut”, debido a que la multiplicidad de configuraciones legales de empresas para eludir obligaciones laborales se manifestaba en la diversidad de números de R.U.T. (Rol Único Tributario) otorgados por el Servicio de Impuestos Internos (ver texto ley 20.760).

La nueva ley modifica el Código del Trabajo para autorizar al juez a determinar, para efectos laborales y previsionales, que dos o más empresas (personas naturales o jurídicas) son, en realidad, un solo empleador. El efecto de esta declaración no es la cancelación de la personalidad jurídica de cada empresa, sino la responsabilidad solidaria de todas ellas en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de contratos individuales o de instrumentos colectivos. Por ejemplo, un trabajador de la empresa A podrá cobrar el total de las remuneraciones o cotizaciones adeudadas, a la empresa B, si A y B han sido declaradas judicialmente como un solo empleador.

Para evitar que la fragmentación de empresas impida la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, se dispone que “los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes” (art. 3 inc. 8º Código del Trabajo). Dichos trabajadores podrán negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas un empleador, o bien con cada una de ellas. Si existen sindicatos interempresa, podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio “para el empleador” negociar con dichos sindicatos.

La norma fundamental de la reforma es la que establece los requisitos para que el juez pueda considerar que varias empresas, personas naturales o jurídicas, son un solo empleador. Ella se establece en los nuevos incisos tercero y cuarto del art. 3 del Código del Trabajo: “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. – La mera circunstancia de participación en la propiedad de las empresas no configura por sí sola alguno de los elementos o condiciones señalados en el inciso anterior”.

No resulta sencillo desentrañar el sentido de estas fórmulas normativas. Si se recurre a la historia de la tramitación de la ley, se observa que existe un elemento que resulta esencial y otros tres que son indiciarios. El elemento esencial es que las empresas tengan “dirección laboral común”. Para determinar si se da en el caso concreto dicha dirección laboral, la ley proporciona de manera ejemplar y no copulativa tres condiciones: 1º) la similitud de los productos que elaboren o los servicios que presten; 2º) la complementariedad necesaria de dichos productos o servicios y 3º) la existencia entre las empresas de un controlador común. Finalmente, se aclara que el juez no puede tener por comprobado estos factores indiciarios únicamente en razón de la participación en la propiedad de las empresas implicadas. Esto último tiene importancia en la acreditación del elemento Nº 3, es decir, la existencia de un controlador común, en el sentido de que la sola participación en la propiedad de una empresa no significa necesariamente que se la controle.

Llama la atención que la sentencia que declara que varias empresas son un sólo empleador no tiene efectos relativos conforme al art. 3 del Código Civil, sino que se aplica en favor de todos los trabajadores de las empresas para efectos laborales y previsionales (art. 507 inc. 5º Código del Trabajo).

Para determinar que varias empresas son un solo empleador no es necesario comprobar intención de fraude o mala fe o la realización de maniobras ilícitas. No obstante, si en el juicio se determina que “la alteración de la individualidad del empleador se debe… a la simulación de contratación de trabajadores a través de terceros, o bien a la utilización de cualquier subterfugio, ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio, y si ello ha tenido como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que establece la ley o la convención”, se aplicará al infractor una multa de 20 a 300 unidades tributarias mensuales (art. 507 del Código del Trabajo). La multa se puede duplicar o triplicar salvo que se trate de una microempresa (remisión del art. 507 al 506 del Código del Trabajo).

Para evitar la discrecionalidad del juez la ley impone que en la sentencia se describan la conductas que constituyen simulación o subterfugio, y además indica algunos comportamientos indicativos de ello: “Quedan comprendidos dentro del concepto de subterfugio… cualquier alteración de mala fe realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa, u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos…” (art. 507 inc. 4º Código del Trabajo).

Veremos si estas reformas impiden los abusos del instrumento de la personalidad jurídica en perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, proporcionando al mismo tiempo certeza jurídica a los empresarios sobre la forma en que pueden organizarse legítimamente para lograr mejores resultados en sus emprendimientos. Como de costumbre, la palabra final la tendrá la prudencia y sabiduría con la que las normas sean aplicadas por los jueces.

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