La “Tía rica” y responsabilidad civil por robo de las cosas empeñadas

En la madrugada del 22 de septiembre personas hasta ahora desconocidas robaron dinero y especies de las dependencias de la Dirección General de Crédito Prendario, conocida popularmente como la “Tía Rica”. Los delincuentes sustrajeron 35 mil cajas con joyas y otros efectos valiosos, por un valor aproximado de 5 mil millones de pesos.

Las especies habían sido entregadas por sus dueños para garantizar el pago de créditos de reducido monto otorgados por la corporación pública. Esta institución nació como una casa de empeño estatal para dar acceso al crédito a las personas con menos recursos que no tenían posibilidad de conseguir préstamos en las instituciones privadas. Fue creada por la ley Nº 3.067, de 14 de febrero de 1920, con el nombre de Caja de Crédito Popular. Actualmente se denomina Dirección General de Crédito Prendario y está regulada por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 16, de 2 de enero de 1986, publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de ese mismo año.

Se trata de una persona jurídica de derecho público, de carácter autónomo, y que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. Su principal función es otorgar mutuos de dinero garantizados por un contrato de prenda civil que puede recaer solamente en bienes muebles inanimados (art. 26 D.F.L. Nº 16, de 1986). Los empeñantes, o sea, las personas que entregan cosas muebles en garantía del dinero otorgado en mutuo, deben rescatar la especie pagando el crédito con los reajustes e intereses pactados, en el plazo que se haya estipulado. En caso contrario, la Dirección puede proceder por sí misma al remate de los bienes para hacerse pago del crédito.

La institución nos demuestra que la prenda regulada en el Código Civil tiene todavía un importante ámbito de aplicación práctico y que no ha sido, como a veces se cree, sustituida completamente por la prenda sin desplazamiento, actualmente regulada por la ley Nº 20.190, de 2007.

La cuestión que nos interesa ahora es qué responsabilidad asiste a la Dirección por el robo de las especies que custodiaba como acreedora prendaria. El art. 38 del D.F.L. Nº 16, dispone que “si la especie empeñada se perdiere total o parcialmente, por extravío u otra causa, la Dirección deberá indemnizar al empeñante, cuando ello fuere procedente de acuerdo al derecho común”. Se agrega, en el inciso segundo, que “El reglamento fijará las bases para el cálculo y pago de  esta indemnización”.

El reglamento es anterior al D.F.L. Nº 16, ya que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 6.465, del Ministerio del Trabajo, de 1951 (ver texto).

En primer lugar, debemos ver si procede o no la indemnización en caso de robo de las especies empeñadas. En principio, se trata de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, conforme con el art. 45 del Código Civil, que debería exonerar de responsabilidad al deudor (de la obligación de restituir la cosa pignorada). Se ha sostenido que existe una responsabilidad objetiva por custodia en el caso del posadero respecto de los efectos del que se aloja en la posada que llega a incluir los hurtos y robos, conforme al art. 2242 del Código Civil: “El posadero es responsable de todo daño que se cause a dichos efectos por culpa suya o de sus dependientes, o de los extraños que visitan la posada, y hasta de los hurtos y robos; pero no de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar a culpa o dolo”. En este sentido, poniendo de relieve los orígenes romanos de la norma, se pronuncia Alejandro Guzmán Brito: “La responsabilidad objetiva por custodia en el Derecho Romano y en el Derecho Moderno, con una referencia especial a la regla periculum est emptoris”, en Revista Chilena de Derecho vol. 24, 1997, Nº 1, pp. 179-199).

No parece que sea posible extender esta responsabilidad objetiva a la custodia de la cosa entregada en prenda que corresponde al acreedor prendario, dado lo dispuesto en el art. 2.394 del Código Civil, que señala que “El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia, y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa”. De esta manera, no responde del caso fortuito sino de hechos que le sean imputables, al menos a título de culpa leve (cfr. art. 44 del Código Civil).

No obstante, en el caso de la prenda otorgada en favor de la Dirección General de Crédito Prendario, el Reglamento impone la obligación de indemnizar en supuestos de fuerza mayor o caso fortuito, incluido el robo, pero fijándose la indemnización en valores dependientes del avalúo inicial de la especie (art. 40, D. Sup. Nº 6.465).

En el caso que comentamos la Dirección ha procedido a ofrecer estas indemnizaciones, pero no todos los afectados se han mostrado conformes y algunos han manifestado a los medios de prensa que esperan que la indemnización se calcule no sobre la tasación efectuada por la institución sino según el valor comercial que tenían las joyas y demás especies pignoradas.

En nuestra opinión, la indemnización tarifada conforme a las reglas establecidas en el Reglamento se justifica en tanto se hace responder a la institución de manera objetiva y sin que se acredite culpa. Pero ello no empece a que los afectados puedan acudir a la justicia para acreditar que en el robo concurrió culpa de la Dirección, al haber faltado a alguno de los deberes de diligencia que corresponden al estándar del buen padre de familia o de la culpa leve, por ejemplo por omisión de las medidas de seguridad o vigilancia que son razonables para la custodia de este tipo de efectos valiosos.

En tal evento, se deberá aplicar la regla general del art. 2394 del Código Civil y la indemnización deberá cubrir el valor comercial de la cosa. Incluso podría pensarse en que, si las especies tenían valor afectivo, podrá reclamarse el correspondiente daño extrapatrimonial. La “Tía rica” ha de ser también una “Tía cuidadosa”.

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