Condena a sacerdote O’Reilly y revocación de la nacionalización por gracia

Luego de que el Tercer Tribunal Oral de lo Penal de Santiago diera a conocer su veredicto condenando al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly por abuso sexual de una menor, algunos parlamentarios anunciaron su intención de dejar sin efecto la nacionalidad por gracia que le fuere otorgada por el mismo Congreso.

O’Reilly, originalmente de nacionalidad irlandesa, por su larga residencia en Chile y la labor que desarrolló principalmente en el campo de la educación, fue favorecido con la nacionalidad chilena conforme al art. 10 Nº 4 de la Constitución que dispone que “son chilenos: 4º Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”. La nacionalidad le fue otorgada en virtud de la ley Nº 20.311, promulgada por la Presidente Michelle Bachelet en diciembre de 2008, y publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2009.

Pese a que aún no se conoce el texto de la sentencia, – se dará a conocer el próximo 11 de noviembre–, y a que la defensa del condenado ha anunciado que recurrirá de nulidad en contra del fallo, se ha manifestado que estos nuevos antecedentes de la conducta del sacerdote en cuestión justificarían que se revocara la nacionalidad con la que fue beneficiado.

Sin entrar en la discusión de fondo sobre este punto, sí podemos comentar lo que establece nuestro ordenamiento jurídico sobre la posibilidad de que una nacionalidad otorgada por gracia de la ley, sea luego revocada por la conducta posterior del agraciado.

Hay que señalar que la Constitución de 1925 no preveía expresamente esta revocación. El art. 6 de dicha Carta guardaba silencio sobre la pérdida de la nacionalidad por gracia, y decía solamente en su numeral 2, que la nacionalidad chilena se pierde “Por cancelación de la carta de nacionalización”. Frente a ello algunos pensaban que no procedía la revocación mientras otros sostenían que se aplicaba este número 2, puesto que la ley que concedía la nacionalidad hacía las veces de “carta de nacionalización”.

La dificultad interpretativa se manifestó en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, llamada comúnmente “Comisión Ortúzar”. Fue Jaime Guzmán quien, según consta en las actas de las sesiones de la Comisión, alertó sobre este problema. Alejandro Silva Bascuñán, otro de sus integrantes, advirtió que “sólo el legislador, por las razones que dé en casos específicos, podría quitar la nacionalidad obtenida por ley”. Agregó enseguida: “No puede la Constitución entrar a determinar ni por qué el legislador la va a dar ni por qué la va a quitar. Eso pertenece a la soberanía del legislador, y no se le puede quitar. Todos los demás regímenes de nacionalidad o están directamente en la Constitución o van a ser entregados a la Administración. En cambio, en éste es el legislador quien tiene que decidir”. Este parecer fue apoyado por Guzmán, quien sostuvo que “si la nacionalidad se ha adquirido por ley no se puede perder por un acto administrativo semejante al de la cancelación de la carta, sino por ley” (Sesión 63ª de 19 de agosto de 1974).

Después de varias discusiones sobre el tenor concreto de la norma se aprobó como una nueva causal de pérdida de la nacionalidad, la siguiente: “Por ley que revoque la nacionalización por gracia que haya concedido el legislador” (sesión 64ª de 22 de agosto de 1974). El texto fue cambiado levemente por la Junta de Gobierno, y finalmente adquirió la forma que subsiste hasta el día de hoy: “Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia” (art. 11 Nº 4 Const.).

De este modo, la nacionalización por gracia puede ser revocada mediante una ley que así lo disponga expresamente. No hay exigencias de quórum ni de iniciativa, por lo que podrá ser aprobada como ley ordinaria previo mensaje presidencial o moción parlamentaria.

El afectado por esta ley revocatoria no goza del recurso de reclamación ante la Corte Suprema establecido en el art. 12 de la Constitución. Dicha acción está prevista a favor de la persona afectada por “un acto o resolución de autoridad administrativa” que la prive de su nacionalidad chilena. No procede, por tanto, cuando se trata de un acto legislativo como una ley revocatoria de la ley que concedió la nacionalidad por gracia.

Aunque en la historia del establecimiento de la disposición constitucional consta que el Congreso es soberano para apreciar los motivos que justificarían la revocación de la nacionalidad por gracia, cabe sostener que, a nuestro entender, no procedería que dicha revocación tuviera los caracteres de pena por la comisión de un determinado delito ya juzgado y penado por los tribunales. Si así fuera, se estaría violando la garantía del principio penal que prohíbe la doble incriminación: el non bis in idem.

Si bien este principio no está expresamente consagrado por nuestra Constitución, se sostiene que sí lo está de manera implícita en la exigencia de un debido proceso del art. 19 Nº 3. En todo caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile y por tanto comprendido por la disposición del art. 5 inc. 2º de la Constitución, dispone expresamente que “nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme…” (art. 14 Nº 7).

Si la privación de la nacionalidad por gracia reviste todas las características de una nueva pena que se impone a una persona por un delito por el cual ya ha sido condenada, se vulneraría el derecho fundamental a no ser sancionado dos veces por el mismo hecho. De ser así, la ley revocatoria devendría en inconstitucional, y podría ser dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional si éste es llamado a pronunciarse conforme a los mecanismos establecidos en la misma Carta Fundamental.

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One Comment en “Condena a sacerdote O’Reilly y revocación de la nacionalización por gracia”


  1. […] El sacerdote irlandés John Joseph Reilly, más conocido como John O’Reilly, según informó el diario El Mercurio esta semana, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de un decreto de expulsión del país. Recordemos que por sus servicios en el ámbito de la educación y la juventud, el Congreso le otorgó la nacionalidad por gracia mediante la ley Nº 20.311, de 5 de enero de 2009. Sin embargo, después de haber sido condenado como autor del delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, esa nacionalidad le fue revocada por la ley Nº 20.886, de 14 de abril de 2015. Esta ley consta de un artículo único del siguiente tenor: “Revócase la nacionalidad chilena, concedida por especial gracia, al sacerdote irlandés John Joseph Reilly L.C., otorgada en virtud de la ley Nº 20.311”. En este mismo blog, comentamos en su momento esta iniciativa de ley (Ir al post) […]


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