La irreflexiva supresión de la quiebra de la sucesión hereditaria

El 1º de octubre entró en vigencia la ley Nº 20.720, de 9 de enero de 2014, que deroga la anterior ley de quiebras (incorporada en el libro IV del Código de Comercio) y establece un nuevo régimen concursal. De sus características generales y algunos alcances civiles nos hicimos cargo en este mismo blog ( ir al post ). En esta oportunidad queremos detenernos en una de las modificaciones que puede pasar desapercibida y que, sin embargo, tiene repercusiones. Nos referimos a la eliminación de la posibilidad de declarar en proceso concursal de liquidación (la antigua quiebra) no a una persona natural o jurídica, sino a un patrimonio cuyo titular ha fallecido: la sucesión hereditaria.

El art. 50 de la anterior ley disponía, de manera excepcional, que la sucesión del deudor podía ser declarada en quiebra cuando la causa se hubiere producido con anterioridad a la muerte del deudor y la solicitud, que debía ser presentada por los herederos o cualquier acreedor, se interpusiera dentro del año siguiente al fallecimiento. En tal caso, todas las normas de la quiebra se aplicaban únicamente al patrimonio del causante y la misma declaración de la quiebra producía ipso iure el beneficio de separación a favor de todos los acreedores del difunto.

Esta disposición no aparece ahora en la nueva regulación, sin que conste en la historia de la ley cuál habría sido la razón que movió al legislador a adoptar esta determinación. Es probable que ni siquiera haya sido advertida por los diputados y senadores que estudiaron el nuevo texto, ya que la disposición ya había sido eliminada en el proyecto de ley que fuera presentado en su momento por el Presidente de la República.

Desaparecida la posibilidad de que se declare en procedimiento concursal de liquidación la sucesión hereditaria del deudor, cabe preguntarse cómo se enfrentaría bajo la nueva normativa el hecho de que un patrimonio hereditario sea insolvente.

El problema sólo se presenta tratándose de una persona natural ya que son las únicas a las que se aplica la sucesión por causa de muerte. Según el nuevo régimen, las personas naturales pueden ser consideradas “empresas deudoras”, si tributan en primera categoría o según el art. 42 Nº 2 de la Ley de la Renta, o “personas deudoras”, si tributan de otra forma. En ambos casos pueden ser sometidas a un procedimiento concursal de liquidación forzada de bienes.

Habrá que distinguir si la muerte del deudor se produce antes o después de iniciado el proceso de liquidación.

Si la liquidación ha sido ya declarada por sentencia, o incluso si ha sido solamente solicitada, entendemos que tendrá aplicación lo previsto en el art. 5 del Código de Procedimiento Civil, con preferencia a la disposición del art. 1377 del Código Civil que se refiere exclusivamente a los juicios ejecutivos. Según el art. 5 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al juicio concursal por ser una regla que se aplica a todos los procedimientos, si la parte que obra por sí misma fallece, se debe notificar a los herederos para que concurran a hacer uso de su derecho en el plazo de emplazamiento. Si la parte tenía mandatario judicial el mandato no se extingue, pero el apoderado deberá comunicarse con los herederos del mandante para conocer sus instrucciones.

El procedimiento proseguirá, en consecuencia, contra los herederos que, como señala el art. 1097 del Código Civil, representan (continúan) a la persona del causante en todas sus obligaciones transmisibles. A esta situación debe entenderse referida ahora la referencia al concurso de acreedores hereditarios a que se refiere el art. 1374 del Código Civil.

¿Qué sucede si el deudor muere antes de que se haya declarado o solicitado la liquidación? La desaparición de la norma que permitía declarar la quiebra del patrimonio hereditario nos debe llevar a concluir que ello ya no es posible, de modo que los acreedores hereditarios sólo podrán solicitar la declaración de la liquidación del o los herederos, en la medida en que estos hayan aceptado la herencia y que se cumplan las causales de liquidación forzosa previstas en los arts. 117 (empresa deudora) y 282 (deudor persona natural) de la Ley Nº 20.720. Para configurar las causales referidas a obligaciones que consten en títulos ejecutivos, deberá aplicarse la exigencia del art. 1377 del Código Civil, según el cual, los títulos ejecutivos contra el causante son eficaces contra sus herederos, pero “los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados ocho días después de la notificación judicial de sus títulos”.

Los acreedores hereditarios no gozan del beneficio de separación por el ministerio de la ley por lo que deberán solicitarlo conforme a los arts. 1378 y siguientes del Código Civil. Nos parece que este beneficio podría ser solicitado y sustanciado conjuntamente con el proceso concursal ante el mismo tribunal. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el art. 1382 del Código Civil, basta que el beneficio se haya declarado respecto de uno de los acreedores hereditarios para que los demás puedan invocarlo en su favor.

Otras cuestiones surgen si nos preguntamos qué sucede si la herencia no sea aceptada por ningún heredero, o si es aceptada pero con beneficio de inventario. Pero eso podrá ser materia de otro comentario. El presente bastará, al menos, para alertar sobre esta supresión, a nuestro juicio irreflexiva, de una institución clásica de nuestro Derecho de quiebras y que se encuentra presente en otras legislaciones extranjeras que también han actualizado sus procedimientos concursales (cfr. art. 2, nº 1, Ley Nº 24.522, de 1997 de Argentina; art. 14.4 ley Nº 27.809, de 2002 de Perú; art. 1.2 Ley 22/2003, de 9 de julio, de España).

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