Responsabilidad del comprador de autos por multas empadronadas y obligaciones propter rem

Se da el nombre de obligaciones propter rem a aquellas que nacen del hecho de tener la propiedad o algún otro derecho real sobre una cosa. Son obligaciones cuyo deudor se determina no por que él las haya personalmente contraído, sino porque ha adquirido una cosa o un derecho sobre ella. Por eso, algunas las llaman obligaciones reales, otros que dudan sobre su genuina naturaleza obligacional hablan de cargas reales; también se les denomina obligaciones ambulatorias. En todo caso, se trata de obligaciones que se observan con bastante frecuencia en el tráfico jurídico. Pueden mencionarse varios ejemplos: son obligaciones propter rem las que tienen los comuneros en razón de compartir la propiedad de una cosa, así como algunas obligaciones que nacen del dominio y que nuestro Código Civil calificó como “servidumbres legales”, entre ellas destacan las obligaciones que nacen de la medianería. También el usufructuario es obligado a pagar las obligaciones usufructuarias que afecten la cosa. En la copropiedad inmobiliaria son múltiples las obligaciones que nacen sólo por el hecho de ser propietario de una unidad, entre las cuales está la de pagar los gastos comunes. Las obligaciones propter rem operan también en el campo del derecho público: así, el impuesto territorial obliga al propietario del bien raíz afecto y las multas que se cursan por infracción a las reglas del tránsito afectan al propietario del vehículo, aunque no fuera el conductor que cometió la infracción.

Sobre este último supuesto ha intervenido el legislador mediante la ley Nº 20.795, publicada en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2014. El problema que se ha querido solucionar dice relación con los llamados partes empadronados, que son multas que se cursan después de captar las infracciones con cámaras o radares sin la presencia del infractor. En estos casos, la denuncia va al Juzgado de Policía Local competente el que debe avisar al propietario del vehículo por carta certificada y, a falta de pago, ordenar que la multa se inscriba en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas que actualmente lleva el Registro Civil. Muchas veces sucede que el dueño del vehículo no se entera hasta la siguiente renovación del permiso de circulación en el mes de marzo. En ese momento se le exige que las multas pendientes se paguen para que pueda concederse el permiso (art. 24 de la Ley Nº 18.287 y art. 3 letra e, del Reglamento del Registro contenido en el D. Sup. Nº 152, Ministerio de Transportes, de 2000).

Pero si entre tanto el auto era vendido, quien debía afrontar con el pago era el comprador, justamente porque, al tratarse de una obligación propter rem, seguía a la cosa conectada con la obligación. Por cierto, el comprador podría repetir contra su vendedor o ejercer acciones por vicios redhibitorios pero todo esto le implicaba gastos y problemas. Es cierto que un comprador diligente podía pedir un certificado de multas al Registro para conocer las infracciones con las que debería hacer frente en caso de adquirir el dominio y, en caso de haberlas, negociar el monto del precio. Pero aún así podía quedar en indefensión porque era posible que al momento en que se pidiera el certificado no estuviera inscrita una multa que había sido ya cursada pero que, por demoras en la gestión del proceso, viniera sólo a inscribirse después de la compra.

Para evitar esto la ley Nº 20.275 ha modificado la Ley del Tránsito (ley Nº 18.290, con texto refundido por D.F.L. Nº 1, de 2009) en dos sentidos: primero, para establecer que el notario u otro ministro de fe que deba proceder a autorizar el instrumento público o privado que da cuenta del título traslaticio del dominio del vehículo (en realidad se refiere sólo a la compraventa), deberá exigir al vendedor “un certificado del Registro de Multas del Tránsito no pagadas, al momento de la celebración del contrato” (nuevo inc. 5º del art. 42 de la Ley del Tránsito). Hemos de entender que no basta con que la exigencia se realice al momento de celebrarse el contrato, sino que se cumpla: es decir, que se exhiba un certificado que lleve la misma fecha de la celebración de la compraventa. Obviamente, el ministro de fe deberá poner en conocimiento del comprador el referido certificado, sobre todo si aparecen multas impagas.

Una segunda modificación complementa lo anterior: se agrega al referido art. 42 un nuevo inciso sexto que dispone: “El comprador responderá sólo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra”.

De esta forma se limita la responsabilidad del comprador respecto de la obligación propter rem consistente en hacerse cargo de las multas empadronadas. Sólo responde por aquellas que aparecían en el certificado que fue emitido al momento de la compra y que le fue debidamente informado por el notario.

Para evitar que se genere el problema de que aparezcan multas que no estaban inscritas a la fecha del contrato respecto del vehículo comprado, el nuevo inciso sexto del art. 42 dispone que el Registro Civil “se abstendrá de anotar la multa impaga en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, si el propietario del vehículo que figura en el Registro de Vehículos Motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción”. Se aclara que esto no quiere decir que la multa se extinga para el anterior propietario: “Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”.

La nueva ley reforma también el art. 24 de la ley Nº 18.287 para reafirmar lo anterior: “si el propietario del vehículo informado por el tribunal no corresponde al dueño actual según el Registro de Vehículos Motorizados, el Servicio deberá abstenerse de inscribir la anotación y comunicará dicha situación al juzgado respectivo. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”. Pero ante las dificultades que se advierten para conseguir el pago de una multa de quien ya no tiene la propiedad del vehículo, la nueva ley establece una regla especial de prescripción: “En este caso, el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento será de tres años contado desde la comunicación que el Servicio de Registro Civil e Identificación efectúe al juzgado de policía local correspondiente, informando la imposibilidad de practicar la anotación”. La reforma no está en el plazo sino en la fecha de inicio de su cómputo: en vez, de su inscripción en el Registro (que es la regla general) el plazo se cuenta ahora desde que el Registro Civil comunica la imposibilidad de inscribir la multa por haber cambiado la titularidad de la propiedad del auto.

En conclusión, la reforma limita la obligación propter rem de pagar las multas empadronadas asociadas a un vehículo en caso de compraventa, haciendo responder únicamente al comprador cuando la respectiva multa aparezca en el certificado emitido a la fecha de celebración del contrato a requerimiento del propietario vendedor, por exigencia del notario que autoriza el instrumento en el que consta el acuerdo contractual.

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