Los mellizos de Alberto de Mónaco y la regla sobre partos múltiples

Después de diez años de asumir el trono del Principado de Mónaco y más de tres desde su matrimonio, Alberto cuenta ya con un descendiente que podrá continuar la dinastía de los Grimaldi sobre el pequeño estado europeo. En realidad, Alberto ya tenía hijos pero ellos no podían sucederle, conforme a la Constitución monegasca, reformada en este punto el año 2002, por no tratarse de hijos legítimos nacidos en matrimonio.

Pero en vez de los tradicionales 21 cañonazos debieron dispararse el doble: 42. La mujer de Alberto, Charlene, dio a luz mellizos y además de distinto sexo: un niño y una niña. La corona, siendo unipersonal, no puede ser compartida, de allí que era necesario determinar cuál de los dos hijos tenía derecho a ella.

No hubo mayor dificultad para resolver la duda. El art. 10 de la Constitución de Mónaco señala expresamente que “La sucesión al Trono, abierta a consecuencia de muerte o abdicación, se da en la descendencia directa y legítima del Príncipe reinante, por orden de primogenitura con prioridad masculina en el mismo grado de parentesco” (ver texto en francés). En el caso, la primogenitura favorecía a la niña, Gabriella, ya que nació dos minutos antes que su hermano, Jacques. Pero, estando ambos en el mismo grado de parentesco: consanguinidad en segundo grado de la línea colateral, el varón goza de prioridad por sobre la mujer. De esta forma, el nuevo heredero al Trono del Principado de Mónaco, es el pequeño Jacques Honoré Rainier, quien recibió también el título de marqués de Baux.

Las reglas sobre primogenituras y distinción de sexos en la sucesión de derechos han perdido la importancia que tuvieron en siglos anteriores. Gran parte de su relevancia se perdió con la extinción de los mayorazgos y las vinculaciones. Junto con ello nuestro Código Civil expresamente señaló que ni el sexo ni la primogitura se tomarían en cuenta para regular la sucesión intestada (art. 982).

Pero la cuestión puede surgir tratándose de disposiciones contractuales o testamentarias que se hagan teniendo en cuenta alguno de esos factores. Por ejemplo, si se deja un legado, se hace una donación o se constituye un fideicomiso en beneficio del primer hijo o de la primera hija que tenga una determinada persona o que nazca de un cierto matrimonio.

Al aplicar la disposición contractual o testamentaria no hay problemas en determinar si se cumple el sexo previsto por el estipulante o testador. En cambio, podría darse incertidumbre sobre la primogenitura, tratándose de partos múltiples, es decir, aquellos de los que nacen dos o más niños (gemelos, mellizos, trillizos, etc.), si no hay constancia de cuál de los niños fue dado a luz primero o el orden de los nacimientos no puede ser legalmente acreditado.

En tal caso, nuestra doctrina civil ha puesto la atención en un precepto que se encuentra en la regulación del censo. Se trata del art. 2051 del Código Civil que se pone en el supuesto de que en un censo de transmisión forzosa que debe deferirse al primogénito, se produce un parto múltiple y se debe establecer cuál de los niños es el mayor. La norma establece: “Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en conformidad al acto constitutivo. – Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto”.

Los autores señalan que esta regla debe aplicarse por analogía a todo derecho que, por voluntad de las partes o del testador, deba asignarse a un primogénito o primogénita, si se da una pluralidad de niños que son alumbrados en el mismo parto. En primer lugar, deberá otorgarse el derecho al niño que nazca en primer lugar, esto es, con arreglo al art. 74 del Código Civil, al que primero haya sido separado completamente de su madre, siempre que haya sobrevivido un momento siquiera a esa separación. Si no es posible determinar el orden de los nacimientos, el derecho se dividirá por partes iguales entre todos los nacidos del mismo parto.

La doctrina nacional no se pone en el caso de que se trate de un derecho indivisible, como sucede en el caso de los hijos del Príncipe Alberto, y en verdad no es fácil que ello ocurra en el campo de los derechos que son objeto de disposiciones contractuales o testamentarias. Incluso tratándose de un especie o cuerpo cierto, físicamente indivisible (un caballo, una joya), siempre es posible la división del dominio en cuotas intelectuales. Si se diera el caso de un beneficio o derecho indivisible incluso cuotativamente, y no pudiere determinarse quién es el niño que nació primero, la condición deberá tenerse por fallida y el derecho no será asignado a ninguno de los nacidos del parto múltiple.

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