Interdicción por disipación y adicción al juego

Entre las personas con incapacidad jurídica que no pueden administrar autónomamente su patrimonio el Código Civil incluye, junto a los menores de edad y a quienes padecen demencia, a los “disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo” (art. 1447). Los disipadores reciben también el nombre de “pródigos” (art. 442).

En mi experiencia profesional y docente la interdicción por disipación o prodigalidad parece más bien una reliquia del pasado que una institución con actual vigencia. Incluso no siempre el supuesto de hecho es comprendido. La ilustración que nos ofrece el Código al señalar que la disipación debe probarse por “hechos repetidos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia”, y que “El juego habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos, autorizan la interdicción” (art. 445), suele considerarse más anecdótica que real.

En mis clases, a este propósito, suelo recordar a mis alumnos la parábola evangélica del “hijo pródigo”. Se trata del relato que cuenta Jesús para poner de manifiesto la misericordia de un Dios dispuesto a perdonar y que tiene por protagonista a un hijo que le pide a su padre que le adelante su porción de la herencia para marcharse de la casa y hacer su propia vida: “el hijo menor – prosigue el texto– recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ‘¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!’. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre, pequé contra el Cielo y contra ti’ (Lucas 15, 13-18).

Pero la vida moderna nos pone otros ejemplos de prodigalidad que aquella que afectó al hijo de la parábola. Es lo que sucede con las personas que sufren de ludopatía o adicción patológica al juego. La Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 la reconoce como una enfermedad (no un vicio moral) caracterizada por la reiteración de episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales y familiares.

Este problema se ha agravado en Chile con la inauguración de más casinos de juego (uno en cada región) y la proliferación de máquinas tragamonedas que, aunque estando prohibidas, siguen manteniéndose en locales comerciales a veces por la desidia de las autoridades llamadas a fiscalizar.

Para intentar paliar las consecuencias de la adicción al juego, la Cámara de Diputados aprobó el 22 de enero de este año, un proyecto de ley presentado como moción y que modifica la ley Nº 19.995, sobre casinos de juego y también el Código Civil en materia de interdicción por disipación (Ver texto).

La iniciativa tiene por objeto la creación de un Registro de Prohibición de Ingreso a Casinos que deberá ser administrado por la Superintendencia de Casinos de Juego, de manera de ser consultado electrónicamente por cada uno de los casinos para verificar si una persona figura o no en dicho Registro y, en caso de estarlo, impedir su ingreso a las salas de juegos. Los datos del registro serán reservados y de uso exclusivo de la Superintendencia y de los casinos, siéndoles aplicables la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.

Aunque el texto del proyecto no es del todo claro, se entiende que en este Registro deben aparecer todas las personas que sean declaradas en interdicción por disipación, haya sido o no la adicción al juego la causa de esa resolución judicial. Se modifica el art. 447 del Código Civil que actualmente dispone que los decretos de interdicción provisoria o definitiva del disipador deben inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, para agregar que deberán además inscribirse en el Registro de Prohibición de Ingreso a Casinos. Para que se practique esta última inscripción, el juez debe comunicar la interdicción, mediante oficio, a la Superintendencia de Casinos, dentro de los diez días siguientes a su dictación.

Además de los interdictos por disipación, también pueden aparecer en el Registro las personas que voluntariamente quieran inscribirse en él. Curiosamente el proyecto no regula el ingreso voluntario, sino la posibilidad de cancelar dicha inscripción. Para ello requiere que el interesado exhiba ante la Superintendencia un certificado psiquiátrico que acredite que no es adicto al juego.

Nos parece conveniente esta iniciativa legal, si bien sería deseable que durante la discusión en el Senado puedan introducírsele mejoras y perfeccionamientos técnico formales. En todo caso, es difícil que las interdicciones por disipación puedan tener una mayor vigencia práctica estando sujetas a la tramitación de un juicio ordinario ante los Jueces de Letras en lo Civil. Se observa aquí la necesidad de la reforma procesal civil, al parecer por ahora suspendida en e Congreso, que permitiría una mayor celeridad e inmediación en la tramitación de este tipo de causas.

Por otro lado, las inscripciones que se prescriben, tanto para el disipador como para el demente interdictos, en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces no tienen utilidad alguna porque no contribuyen a la publicidad de esas resoluciones. Lo lógico sería que dichos decretos se subinscribieran al margen de la inscripción de nacimiento de las personas afectadas en el Registro Civil, pero esto debiera ser materia de otro proyecto de ley, quizás uno que con mayor ambición pueda modernizar y actualizar la regulación completa de la incapacidad jurídica de las personas y de las formas más adecuadas para asistirla o suplirla

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One Comment en “Interdicción por disipación y adicción al juego”

  1. Alvaro Says:

    Estimado don Hernán,
    Mejor hubiera sido que la ley chilena permitiera los casinos de juegos de azar sólo en lugares que se justifiquen por su carácter turístico o por la inexistencia de otras actividades económicas como parece que fue el caso de Las Vegas, EEUU.
    Ahora, con la nueva ley de casinos, parece haber mucha gente que dilapida mucho dinero. ¿Cuántas de esas personas no habrán dejado de pagar sus cuentas por jugar en el casino? Es un problema más allá del derecho civil, un problema social.


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