Aborto: un proyecto de ley peligrosamente inconsistente

El 31 de enero de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende regular el aborto posibilitándolo en tres causales: riesgo vital e la madre, inviabilidad del feto y violación. Para ello el proyecto sustituye el actual art. 119 del Código Sanitario, le agrega dos artículos más: el 119 bis y el 119 ter, y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (Descargar texto).

Después de revisar la normativa propuesta, y más allá de las cuestiones de constitucionalidad que surgen por la violación del derecho a la vida del que está por nacer contenida expresamente en el art. 19 Nº 1 de la Constitución (“la ley protege la vida del que está por nacer”), no queda claro cuál es exactamente el propósito de esta nueva regulación normativa.

Ante conductas que están tipificadas como delito, un legislador que quiera innovar tiene tres alternativas: la despenalización, la legalización y lo que llamaremos la legitimación. Se despenaliza una conducta cuando se suprime su tipificación como delito penal, pero ella continúa siendo antijurídica o contraria al ordenamiento jurídico. Es lo que sucedió con el adulterio y el amancebamiento que fueron considerados delitos penales hasta que la ley Nº 19.335, de 1994, derogó las normas del Código Penal que los sancionaban. La infidelidad matrimonial ya no fue punible penalmente pero siguió siendo ilícita como una “infracción grave” a los deberes del matrimonio (art. 132 del Codigo Civil). El adulterio ya no tiene sanciones penales pero sí de carácter civil, como la separación judicial, el divorcio y la indemnización de perjuicios. También puede ponerse como ejemplo de despenalización, la supresión de los delitos contra la libre competencia realizada por la ley ley Nº 19.911, de 2003, que sustituyó las sanciones penales por multas administrativas.

La segunda alternativa va un poco más allá de la despenalización, porque al excluir de las leyes penales una determinada conducta ya no se la considera ilícita o contraria al ordenamiento jurídico, sino que se la estima permitida o autorizada sin que procedan sanciones penales pero tampoco administrativas o civiles. Como ejemplo puede darse la supresión del delito de sodomía, esto es, las relaciones sexuales consentidas entre personas mayores del mismo sexo, realizada por la ley Nº 19.617, de 1999. La conducta no sólo ya no es punible sino que es considerada legalmente permitida.

En un tercer grado, el legislador no sólo despenaliza la conducta (le quita la sanción penal), ni la legaliza (permite que se realice) sino que la legitima al consagrar su realización como un derecho individual. En este caso, lo que pasa a ser antijurídico o ilícito es privar o perturbar el ejercicio de la conducta, porque se estará lesionando un derecho tutelado por el ordenamiento jurídico. La forma de ejercer el derecho puede ser diversa, pero si exige la prestación de otros, podrá ser proveída por los privados o, en subsidio, por el Estado.

¿Cuál de esta tres alternativas es la elegida por el proyecto de ley que regula el aborto: despenalización, legalización o legitimación? Si se lee el mensaje que explica el proyecto uno diría que se opta por la legitimación: el aborto no se despenalizaría ni se legalizaría sino que se convertiría en un derecho de la mujer. Así se deduce de frases como “Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta”; “la interrupción del embarazo, que el proyecto propone despenalizar en los tres casos indicados, debe consagrarse como una legítima prestación de salud. Si no se asegurara el que las mujeres puedan recurrir a establecimientos de salud, esta regulación será irrelevante”; “lo que se persigue es asegurar que la mujer cuente con toda la información que le permita tomar una decisión libre” (énfasis añadido).

Sin embargo, si se examina al texto del proyecto vemos que prevalece la primera alternativa; es decir, la despenalización. Por de pronto el proyecto lleva por título “Proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Luego el núcleo de la propuesta, el nuevo art. 119 del Código Sanitario señala que “mediando la voluntad de la mujer, un(a) médico(a) cirujano(a) se encuentra autorizado(a) para interrumpir el embarazo” cuando concurran las tres causales. Como se ve lo que la ley ahora hace no es otorgar un derecho ni a la mujer ni al médico, sino cuando más se les permite –están “autorizados” para– perpetrar un aborto. Esto resulta confirmado con el inciso que se añade a los arts. 344 y 345 del Código Penal: “No constituye delito de aborto la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados en el artículo 119 del Código Sanitario”. Parece claro, en consecuencia, que el proyecto de ley opera en el ámbito de la despenalización o, a lo más, en el de la legalización de la conducta tanto del médico que practica el aborto como de la mujer que consiente en su realización.

Pero si esta es la opción legislativa, no corresponde que ningún médico, cualquiera sea la institución en la que atienda, esté obligado a practicar un aborto aunque lo requiera la mujer y se encuentre en las causales definidas por el texto legal. El proyecto sólo autoriza, no considera punible, permite una conducta, pero no la impone. Para que los médicos, al menos los que laboran en servicios públicos, estuvieran obligados a realizar un aborto, habría que haber declarado expresamente que la mujer embarazada tenía derecho a requerir la interrupción del embarazo por muerte del feto, cosa que el proyecto no ha hecho.

Por eso resulta inconsistente con el propósito principal de la iniciativa la disposición del art. 119 ter del Código Sanitario que se propone en ella, en cuanto a que el médico “que sea requerido” para hacer un aborto podrá abstenerse de hacerlo si hubiere manifestado su objeción de conciencia. Si lo pretendido es la despenalización o legalización de la conducta, no hay obligación alguna para ningún médico de practicar un aborto, por lo que no necesita alegar objeción de conciencia para negarse a realizar la conducta. Tampoco es comprensible que el precepto imponga al “objetor” la obligación de informar al Director del establecimiento que la mujer debe ser derivada y, menos aún, que se lo obligue a practicar el aborto cuando la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable si no existe otro médico que pueda realizar “la intervención”. Un médico en estas circunstancias de urgencia estará obligado a prestar atención sanitaria a la mujer para resguardar su vida, pudiendo tolerar la muerte del feto como un efecto colateral y no deseado del tratamiento, pero no a provocar un aborto que consiste en una conducta que tiene por fin directo provocar la muerte del ser en gestación.

La inconsistencia de que adolece el proyecto de ley conspira contra la transparencia y rigurosidad del debate social y legislativo que debiéramos desarrollar para evaluar lo que realmente implica permitir el aborto por indicaciones, para un Estado de Derecho que pretende basar su legitimidad democrática en el reconocimiento de la dignidad inviolable de todos los habitantes de la República.

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2 comentarios en “Aborto: un proyecto de ley peligrosamente inconsistente”


  1. Reblogueó esto en Mensaje Presidencial 1230y comentado:
    Los comentarios de Hernán Corral al proyecto de ley del Gobierno.


  2. […] manera que no le es exigible en esa especial circunstancia. Como hemos visto en este mismo blog (https://corraltalciani.wordpress.com/2015/02/08/aborto-un-proyecto-de-ley-peligrosamente-inconsisten&#8230😉, el proyecto de ley se propone mucho más que una mera exculpación, pretende que el hecho de […]


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