Fuero parlamentario: ¿hora de eliminarlo?

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en el discurso de inauguración del año judicial 2015, propuso la eliminación del fuero parlamentario previsto en el art. 61 de la Constitución, según el cual un diputado o senador sólo puede ser acusado o privado de libertad si la Corte de Apelaciones de la respectiva jurisdicción en pleno lo autoriza previamente y declara haber lugar a la formación de causa. Esta esolución es apelable ante la Corte Suprema. El procedimiento de desafuero está regulado por los arts. 416 a 422 del Código Procesal Penal.

Los argumentos que ofreció para propiciar la derogación del fuero pueden sintentizarse en tres ideas: 1º) La finalidad con la que fue concebido, esto es la protección ante acusaciones infundadas, hoy día no tiene justificación; 2º) Conspira contra una buena evaluación global del sistema representativo, puesto que posibilita que, ante un rechazo del desafuero, con antecedentes mínimos y en una fase preliminar, se cierre el paso a la investigación, lo que equivale a una absolución, y 3º) Si se da lugar al desafuero, se suspende de su cargo a parlamentario y ello altera la composición de las fuerzas políticas. De esta manera termina proponiendo que “debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal, asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios” (Descargar discurso).

Si hacemos un poco de historia, veremos que el fuero parlamentario tiene una amplia trayectoria en nuestro desarrollo constitucional. Aparece ya en la Constitución de 1822, y se mantiene en todos los sucesivos textos constitucionales (1823, 1828, 1833, 1925 y 1980). Si se mira el Derecho comparado se observa igualmente que, salvo excepciones (Estados Unidos, Reino Unido, Holanda), las democracias constitucionales mantienen diversas modalidades de fuero que intentan evitar que los elegidos como intengrantes de las corporaciones legislativas vean coartadas sus funciones fiscalizadoras y representativas por medio de la interposición en su contra de acciones penales ante los tribunales.

Hay que recordar que con la Constitución de 1925 se introdujo un importante cambio en el fuero parlamentario. Hasta la Constitución de 1833, y al igual como sucede hasta la actualidad en Constituciones como las de Alemania, España, Francia, Italia y Argentina, la autorización para encauzar penalmente a un diputado o senador debía concederla la misma Cámara a la que el afectado pertenecía. En 1925 se consideró que esto no podía mantenerse y que debía otorgarse la competencia para otorgar o denegar el desafuero a los mismos tribunales de justicia. La Constitución de 1980 mantuvo este criterio.

En la reforma a la Constitución por ley Nº 20.050, de 2005, el fuero parlamentario se mantuvo y fue adaptado a la nueva estructura del proceso penal. De esta manera, el desafuero sólo es necesario cuando se quiera someter a un parlamentario a una privación de libertad (prisión preventiva) o se pretenda acusarlo de un delito o cuasidelito. Esto quiere decir que el fuero no impide que el parlamentario tenga el carácter de imputado en una investigación dirigida por el Ministerio Público ni que incluso sea formalizado por ella, como lo ha declarado el Tribunal Constitucional (sentencia de 29 de noviembre de 2007, rol Nº 736, cons. 8º y 9º).

En este contexto podemos considerar los argumentos ofrecidos por el Presidente de la Corte Suprema en su discurso. Respecto a que si se accede al desafuero se modifican las fuerzas políticas al interior de la respectiva Cámara debe señalarse que ello no es producto del fuero en cuanto tal, sino de la disposición constitucional que estima que, estando acusado el parlamentario, debe ser suspendido en el ejercicio de su cargo, y bien podría derogarse esta disposición manteniéndose el fuero parlamentario. En este punto hay que notar que el Presidente Muñoz parece proponer que se elimine también la exigencia de suspensión del diputado o senador que sea objeto de una acusación penal; pero en verdad cuesta imaginar en qué condiciones, de cara a la opinión pública y a sus mismos colegas, podría un parlamentario seguir ejerciendo sus funciones si ya ha sido acusado en un proceso penal. Con lo cual, parece ser que resulta razonable que la gravedad de la consecuencia: suspensión de funciones, sea compensada por una revisión especial de la procedencia de la acusación.

En cuanto a que en caso de rechazarse el desafuero se da ocasión para que en un juicio previo y con mínimos antecedentes se dicte un equivalente penal de la absolución (en estricto rigor, lo que se genera es un sobreseimiento definitivo), debe tenerse en cuenta que la mayor o menor rigurosidad en la sustanciación corresponde a los mismos jueces, y que justamente para evitar la precipitación o ligereza en el juzgamiento, la Constitución lo encarga a los tribunales superiores y exige que la Corte de Apelación decida no en sala sino en pleno. Difícil imaginar más garantías procesales para evitar negativas apresuradas o irresponsables.

Finalmente, en cuanto a que la finalidad con la que se pensó el fuero respecto a la protección frente a acciones sin fundamentos que pudieran mermar la libertad e independencia de los parlamentarios ya no se justificaría, podría contrargumentarse que no hay que pecar de ingenuidad y que hoy día más que nunca los legisladores están expuestos a nuevas formas de presión y que sus atribuciones fiscalizadoras frente a las autoridades ejecutivas se ven francamente disminuidas.

En suma, nos parece que no conviene innovar en la materia, y que, por el contrario, debe atenderse lo asentado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el sentido de que el fuero parlamentario, “a pesar de ser el privilegio parlamentario una excepción al principio de igualdad, posee una finalidad garantista de la función pública parlamentaria, en particular, la protección de la dignidad, dedicación e independencia en el ejercicio del cargo y, además tiene un fundamento claramente político, asociado al resguardo de la autonomía de los órganos legislativos y al principio de la separación de poderes –valores esenciales del Estado de Derecho– y cuya justificación mediata es el pleno ejercicio de la soberanía popular” (sentencia de 5 de junio de 2012, rol Nº 2067, cons. 9º, reiterando lo juzgado en sentencias roles Nº 533, 561, 568, 791 y 806).

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2 comentarios en “Fuero parlamentario: ¿hora de eliminarlo?”


  1. Estimado Profesor:

    Nuevamente trata un asunto de completa vanguardia, cual es la eliminación del fuero parlamentario, consagrado a nivel constitucional respecto de senadores y diputados.

    En efecto, la finalidad última del fuero es que a través de él se logre mantener la independencia de los parlamentarios al tiempo en que ejercitan sus funciones, sin que puedan estar sujetos a presiones indebidas mediante el ejercicio de acciones penales en su contra. Por otro lado, el desafuero y su procedimiento se encausa en la lógica de amparar los derechos de la contraparte, pues como bien expresó en su momento, su conocimiento se radica en primera instancia ante la Corte de Apelaciones competente, cuya decisión incluso puede ser apelada, elevándose el asunto para que sea conocido y fallado por nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema.

    Y es que estimo que las intenciones del Presidente de la Corte Suprema, si bien son respetables y comprensibles, su argumentación cae por el suelo por lo que Ud. ha expuesto en esta columna de opinión.

    Por último, simplemente agradecemos el desarrollo que ha dado a la temática en cuestión.

    Saludos cordiales,

    Gustavo Westermeier.


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