Caso Caimanes: obra nueva y servidumbre natural

La resolución del Juez de Letras de Los Vilos que ordenó la demolición del muro de contención del Traque El Mauro construido y operado por la Minera los Pelambres, suscitó una fuerte controversia ya que se sostiene que una medida como esa provocaría un daño ambiental peor que el que se quiere evitar, además de imposibilitar el funcionamiento de la empresa minera. La orden también ha generado inquietud sobre la certeza jurídica de las inversiones en minería, considerando que dicho Tranque fue construido obteniendo todas las autorizaciones exigidas por la resolución de calificación ambiental y se encuentra en funcionamiento desde agosto de 2007.

La primera duda jurídica que salta a la vista es sobre la base de qué procedimiento el juez de letras ordenó esta demolición. La respuesta es que, en vez del recurso de protección o las acciones de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, aquí tres particulares reclamaron por la instalación del tranque ejerciendo una de las acciones posesorias del Código Civil, concretamente la acción de denuncia de obra nueva (arts. 930 y 931 CC). Pero debe aclararse que el juicio lleva un largo recorrido pues en una primera etapa tanto el Juez de los Vilos como la Corte de Apelaciones de La Serena rechazaron la acción, por falta de legitimidad de los denunciantes, porque estando ya construido el muro no se trataba de una obra nueva y porque, en todo caso, había transcurrido con creces el plazo de un año desde la terminación de la obra que establece el art. 950 del Código Civil para interponer esta acción posesoria. Interpuesto por los denunciantes un recurso de casación en el fondo, la Corte Suprema lo acogió y reemplazó la sentencia por otra que dio lugar a la denuncia al entender que como el muro del tranque se está construyendo permanentemente con los mismos materiales de relave que se van depositando en él, no puede decirse que se trate de una obra terminada, y por ello, en una interpretación amplia, califica como “obra nueva”. Por lo mismo no puede considerarse que haya transcurrido el plazo de prescripción para interponer la acción. Finalmente, la Corte, por tres votos contra dos, resuelve que “se ordena a la sociedad minera Los Pelambres S. A., que debe permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”, y que “Para el cumplimiento perentorio de dicha medida, es decir, para los efectos de reponer el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la aludida comunidad, la sociedad minera demandada Los Pelambres S.A.  deberá proponer al Tribunal de primera instancia, dentro del plazo de un mes, el plan de ejecución de la obras necesarias para llevar a cabo ese cometido, las que podrán ejecutarse por medio de la demolición o remoción, total o parcial, de la obra nueva singularizada en el proceso –el muro de contención del referido tranque– que embaraza y turba el goce del recurso hídrico a los habitantes del pueblo de Caimanes, o bien, a través de otras obras principales o complementarias de las indicadas, que sean idóneas para la consecución del propósito perseguido con la acción intentada”. Termina la parte resolutiva de la sentencia señalando que “Atendida la forma como ha sido acogida la acción, el señor juez del tribunal a quo deberá velar por el cumplimiento de lo resuelto en los números que preceden” (C. Sup. 21 de octubre de 2014, rol Nº 12938-2013: Ver texto).

Se observa que el Juez de los Vilos está ahora sencillamente tratando de cumplir lo ordenado por la Corte, aunque pensamos que ha interpretado demasiado literalmente lo que sostiene el fallo sobre la hipotética demolición del muro.

Hay muchos elementos discutibles en el caso: si este tranque puede considerarse una obra siempre nueva y nunca terminada (salvo cuando deja de funcionar); si, mientras opere el tranque, nunca prescribirá la acción de denuncia de obra nueva, y si deben invocarse los principios constitucionales y medioambientales de modo que terminen por desnaturalizar las acciones posesorias que no fueron concebidas para tales propósitos, como da cuenta el fallo de la Corte Suprema extendiéndose latamente sobre el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la aplicación del principio precautorio. Pero en este comentario queremos centrarnos en el problema de la legitimación de los denunciantes para interponer la denuncia de obra nueva.

Para tener derecho a pedir la suspensión o destrucción de una obra nueva, el demandante debe probar que dicha obra se está emplazando sobre el suelo de que está en posesión (art. 930 CC) o, si no está en terrenos del demandante, embaraza el goce de una servidumbre del que él es titular. En el caso, los denunciantes alegaban que el tranque impedía que las aguas del Estero Pupío pudieran descender superficialmente o de manera subterránea hasta poder ser captadas por el pozo que servía para proporcionar agua potable a los habitantes de Los Caimanes. Resultaba claro que el tranque no se construyó en terrenos cuya posesión les perteneciera. Alegaron entonces que el tranque obstaculizaba el goce de un derecho de servidumbre. Ella sería la servidumbre de escurrimiento natural de las aguas prevista en el art. 833 del Código Civil, según el cual “El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello”. Se trata de una servidumbre natural (no legal ni voluntaria) porque su existencia proviene de “la natural situación de los lugares” (art. 831 CC). Según los denunciantes habría una servidumbre sobre el predio en que se emplaza la obra (el tranque) en favor del predio en que se encuentra el punto de captación de agua, ignorando un derecho de servidumbre natural que asiste a los actores y a todo el pueblo de Caimanes, a captar desde el pozo de agua potable rural, las aguas que este recibe y que llegan a él, tras el descenso natural que se produce de éstas desde el inmueble superior donde se encuentra la obra. Pero esto claramente es un error, y así lo pone de manifiesto el voto disidente de la Ministra Andrea Muñoz y del abogado integrante Ricardo Peralta. La servidumbre natural de escurrimiento de las aguas no consiste en el derecho del predio inferior a recibir las aguas que descienden, sino en el derecho del predio superior a dejar que esas aguas caigan hacia los inferiores. Es decir, el predio superior es el dominante, mientras que el inferior es el sirviente, el que está sujeto al gravamen. Por eso, el art. 833 del Código Civil dispone que “en el predio servil no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre”, es decir, que impida que las aguas escurran del superior. Pero su dueño ningún derecho tiene sobre esas aguas, y nada podría reclamar si el propietario del inmueble superior las aprovecha y las agota sin que nada escurra hacia abajo: en la lógica del Código, en ese caso, el predio sirviente se libra del gravamen.

Advirtiendo la debilidad de la argumentación de los denunciantes en este punto, el voto de mayoría elude la cuestión y termina por afirmar la legitimación de los que accionan de obra nueva, no sobre la base de una servidumbre, sino sobre la base de la acción popular contemplada en el art. 948 del mismo Código Civil. Dicha norma concede acción a “cualquier persona del pueblo” para ejercer las acciones posesorias, (se entiende incluida la denuncia de obra nueva), en favor de los “caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos”. Los ministros del fallo de mayoría argumentan que “los demandantes están legitimados para deducir la presente denuncia de obra nueva, en los términos previstos en el artículo 948 del Código Civil, en relación con el artículo 930 del mismo cuerpo legal, desde que esta normativa permite a cualquier persona deducir la acción en favor d e un bien nacional de uso público y para la seguridad de las personas” (cons. 5º sentencia de reemplazo). Los sentenciadores parecen estar pensando en el agua como bien nacional de uso público (art. 595 CC), ya que señalan en el mismo considerando que “la acción se ha interpuesto en beneficio de las aguas subterráneas y superficiales del estero Pupío, cuyos cauces naturales han sido afectados con la construcción del tranque de relaves El Mauro, tanto por su intervención que se traduce en un menor flujo de aguas hacia el estero como por la contaminación de las mismas con el material de relave” (Ver texto de sentencia).

Pero, aparte de que no fue la acción popular la ejercida por los denunciantes, la interpretación que hace la Corte del art. 948 del Código Civil tampoco puede compartirse, puesto que dicho precepto no dice la acción posesoria popular pueda interponerse en favor de “bienes nacionales de uso público”, sino en beneficio de “caminos, plazas u otros lugares de uso público”. Obviamente, no es lo mismo “bien nacional de uso público” que “lugar de uso público”. Las aguas subterráneas o superficiales del Estero Pupío no son “lugares de uso público”, por más que puedan constituir jurídicamente un bien nacional de uso público. Además, la disposición legal no habla de la “seguridad de las personas” como sostiene el fallo, sino de “la seguridad de los que transitan en ellos”, con lo que queda claro el propósito de la acción posesoria popular es proteger la seguridad en el paso físico o corporal de las personas por ciertos lugares de uso público, como plazas, caminos, puentes, etc., lo que resulta imposible de aplicar en el caso de las aguas.

Sin duda una interpretación forzada y voluntarista de los preceptos del Código Civil ha terminado en una orden judicial que no puede cumplirse. Es de esperar que la Corte de Apelaciones pueda suspender y modificar la resolución que ordena la demolición del muro del Tranque El Mauro, y que, en el futuro, este tipo de litigios sean conocidos por los tribunales ambientales, que son los órganos judiciales especializados que la ley ha previsto para intervenir en estos conflictos.

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4 comentarios en “Caso Caimanes: obra nueva y servidumbre natural”


  1. Estimado Profesor:

    Interesantísimo nos parece su comentario respecto de este caso. Y es que queda claramente demostrada la interpretación torcida y forzada que ha hecho la Corte Suprema de un precepto que claramente no es aplicable al caso en la especie; lo cual podría resumirse en que ya desde el inicio las cosas se venían haciendo mal (hablamos del accionar de los recurrentes y su débil argumentación).

    Luego, consecuencia de una mala interpretación de la ley aplicada al caso en concreto, se genera lo que pareciera obvio, una resolución judicial que, como señala el dicho popular, termina siendo “peor el remedio que la enfermedad”, y es que es incomprensible la intención del sentenciador al ordenar la demolición del tranque El Mauro, pues conocido es que ello ocasionará un perjuicio irreparable al medioambiente y, por lo demás, impediría el curso de las aguas libre de contaminación (que es lo que las partes recurrente, en principio, buscaban), esto por razones obvias.

    Lamentamos, en consecuencia, la decisión de nuestra más alta magistratura y sus ulteriores consecuencias, esperando, como Ud. lo ha señalado, que se enmiende la resolución dictada al efecto ante la Corte de Apelaciones.

    Saludos cordiales,

    Gustavo Westermeier.


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