Acuerdo de Unión Civil y responsabilidad por daños causados por terceros a uno de los convivientes

El 21 de abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 20.830, por la cual se crea y regula el Acuerdo de Unión Civil. Esta fue la denominación por la que se optó finalmente para designar esta especie de pacto cuasimatrimonial que se permite celebrar a dos personas sea de diferente o del mismo sexo. La ley lo define como “un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente” (art. 1). La celebración del contrato da lugar al nuevo estado civil de “conviviente civil”, que es también la expresión con la que se designa a cada una de sus partes ( Ver texto).

Como sostuvimos durante la larga tramitación del proyecto, la creación de esta nueva figura que remeda al matrimonio no dará satisfacción a las organizaciones del lobby-gay, que ven la unión civil sólo como un paso en su lucha por obtener la legitimación simbólica que da el matrimonio, ni tampoco favorecerá a las parejas heterosexuales que conviven sin casarse que seguirán haciéndolo, sin recurrir al Oficial del Registro Civil para registrar una unión que no desean formalizar.

Entre tanto, esta duplicación del estatuto normativo del matrimonio creará numerosas interrogantes e incertidumbres sobre la interpretación de la nueva regulación. Por ejemplo – y sólo después de una somera primera lectura del articulado–, puede constatarse que el art. 8 de la ley 20.830 reconoce como vicio del consentimiento el error sobre la identidad de la persona, pero nada dice del error sobre las cualidades personales que sí admite para el matrimonio el art. 8 de la Ley de Matrimonio Civil, la ley Nº 19.947; el art. 26 letra b de la ley Nº 20.830 dispone que el acuerdo de unión civil terminará por comprobación judicial de la muerte de uno de los convivientes, mientras que sobre ello nada dice el art. 43 de la ley Nº 19.947.

Una de las nuevas normas que probablemente ocasionará serias dificultades para su aplicación en tribunales será la contenida en el art. 20 de la ley Nº 20.830 que dice relación con la acción de responsabilidad civil de uno de los convivientes por el daño causado por un tercero al otro. El texto del precepto es el siguiente: “El conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar las indemnizaciones derivadas de los perjuicios a que hubiere lugar por el hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su conviviente civil o que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común”.

La última frase daría para pensar que el conviviente tendría derecho a reclamar una doble indemnización: la suya propia, como víctima por repercusión, y la que correspondería al conviviente fallecido o imposibilitado. Pero si fuera así estaríamos consintiendo un enriquecimiento injustificado del conviviente que no fue víctima directa del hecho ilícito. Contrastaría esto también con la situación en la que están las personas que han contraído matrimonio entre sí, ya que si uno de ellos es afectado por un delito o cuasidelito, su marido o mujer sólo puede demandar por el daño sufrido como víctima indirecta y no el daño propio del cónyuge víctima. Debe añadirse que si el accidente produce la muerte del conviviente, y en el entendido de que el daño sufrido sea transmisible –lo que es puesto en duda respecto del daño moral– el derecho a la indemnización debería pertenecer a los herederos, entre los cuales está también el conviviente pero junto con él pueden concurrir hijos o ascendientes del fallecido (art. 16 ley Nº 20.830). La norma del art. 20 estaría negándoles el derecho a percibir la indemnización a estos herederos del fallecido, asignando un derecho exclusivo al conviviente sobreviviente.

No parece haberse sido ésta la intención de los legisladores, que lo que buscaban era consagrar expresamente el derecho del conviviente a ser indemnizado como víctima indirecta o por repercusión en caso de que un tercero causara culposa o dolosamente la muerte de su pareja. La cuestión se complicó cuando se añadió el caso de hecho ilícito que produce imposibilidad de reclamar la indemnización por sí mismo, y más aún cuando se agregó que el derecho del conviviente era sin perjuicio de las otras indemnizaciones que le correspondieran según el derecho común.

En un intento por subsanar la mala técnica legislativa, hemos de entender que la frase “sin perjuicio de las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común”, no se refiere al derecho que pueda corresponderle como víctima por repercusión en caso de fallecimiento o imposibilidad física del conviviente, sino a otras indemnizaciones, como las contenidas en un contrato de seguro, o indemnizaciones de responsabilidad civil que surjan de otro tipo de hechos ilícitos que afecten a su compañero o compañera, por ejemplo hechos ilícitos que no le provoquen la imposibilidad de reclamar la indemnización de su propio daño. En este último caso, podrán acumularse las demandas del conviviente lesionado, que reclamará su propio perjuicio, y la de la persona que está unida a él por un acuerdo de unión civil, que reclamará el perjuicio que ha sufrido por repercusión.

Siguiendo este razonamiento debemos entender que si el delito o cuasidelito del tercero provoca la muerte de una persona, su conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar su daño como víctima por repercusión y, además, a título de heredero y en conjunto con los demás sucesores, la indemnización que hubiere correspondido al fallecido y que sea transmisible por causa de muerte. Si el hecho ilícito le provoca un impedimento para reclamar por sí mismo la indemnización (lo que supone que padezca una incapacidad mental), nuevamente el conviviente podrá tener legitimación para reclamar su propia indemnización como víctima por repercusión, pero esto no privará al lesionado de su derecho a reclamar que se le indemnice el daño que él mismo ha sufrido. Como se encuentra imposibilitado, deberá proceder en su nombre su representante legal. Este representante deberá ser un curador por demencia, entendiendo ésta en el sentido más amplio de falta permanente de uso de razón por cualquier causa. Esta curaduría podrá ser conferida por el juez a la persona que ha celebrado un acuerdo de unión civil con el demente, en conformidad con el Nº 1 del art. 462 del Código Civil, que se aplica a los convivientes según el art. 25 de la ley Nº 20.830. En tal caso, el conviviente percibirá la indemnización que corresponde a quien está imposibilitado, pero lo hará, no a título propio, sino como representante de este último. Por tanto, la indemnización ingresará al patrimonio del incapacitado y en su administración el conviviente-curador deberá cumplir lo dispuesto en el art. 467 del Código Civil, que señala que “Los frutos de sus bienes, y en caso necesario, y con autorización judicial, los capitales, se emplearán principalmente en aliviar su condición y en procurar su restablecimiento”.

Con todo, persistirá el riesgo, del que advertimos oportuna y repetidamente durante la tramitación del proyecto de ley, que los tribunales comiencen a entender que para que se reconozca la legitimación activa de uno de los convivientes por daños causados por terceros al otro, será necesario que la convivencia se haya formalizado mediante un acuerdo de unión civil. Si fuera así resultaría que esta nueva ley, en vez de otorgar más derechos a los integrantes de una unión de hecho, los habrá dejado en peor condición de aquella en la que se encontraban.

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2 comentarios en “Acuerdo de Unión Civil y responsabilidad por daños causados por terceros a uno de los convivientes”


  1. Estimado Profesor:

    A partir de su comentario, no me queda más que volver a insistir en la importante labor que tiene el legislador en cuanto a expresarse adecuadamente, empleando términos adecuados y explayándose de una manera correcta, pues sobre él pesa la responsabilidad de organizar y establecer gran parte de los efectos jurídicos que rigen a los individuos de la sociedad (e incluso de las cosas, en general). Y es que otra vez nos encontramos con estas impropiedades que generan oscuridades, incertidumbres y, lo peor de todo a mi juicio, acarrean la afectación de la llamada certeza jurídica (no obstante que la institución que Ud. comenta en este artículo es de por sí oscura, vista las circunstancias y su contenido jurídico).

    Al parecer el legislador insiste en hacer de forma deficiente su labor; y es que sí ello es así, pues qué más puede exigirse del ciudadano común y corriente, el llamado “hombre medio”. Sin dudas, es un tema sobre el cual reflexionar.

    En suma, y como bien Ud. afirma, queda en manos de la magistratura determinar los alcances de la ley para los casos particulares. Esperemos que en estos casos el criterio y el sentido común sean las los hilos conductores de las decisiones jurisprudenciales.

    Saludos cordiales.

    Gustavo Westermeier Tuki.

  2. Philipe Llulle Says:

    Considero aun más enmarañado el caso de responsabilidad civil legal entre ex-conviviente civiles que contempla el inciso 3° de la letra e) del artículo 26 LAUC, el cual creo merece una entrada en su blog.
    El sólo hecho de ser legal crea la duda de si aplicar la responsabilidad contractual o extracontractual. Aquí, al igual que ud. me inclino por la extracontractual (Cfr. CORRAL TALCIANI, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004, N° X, pág. 41).
    Por otro lado: ¿Se indemnizará en dicho caso la pérdida de la oportunidad de demandar compensación económica como consecuencia de la falta de notificación? Pienso que sí, y que esto corroboraría que la compensación económica no es una indemnización, al menos, por la pérdida de una oportunidad laboral (Lepin Molina básicamente) pues ello involucraría el absurdo de indemnizar la pérdida de la pérdida de una oportunidad.
    Con todo,
    Se despide atte.
    Philipe Llulle.


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