El “caso Rigss” y el comiso de bienes del General Pinochet

Con fecha 7 de mayo de 2015, el Ministro Manuel Antonio Valderrama dictó sentencia de primera instancia en el llamado “caso Rigss” (rol Nº 1649-2004), que dice relación con el desvío de gastos reservados hacia el patrimonio del General Augusto Pinochet y su familia, usando cuentas abiertas en el Banco Rigss, cuya sede principal estaba en Washington. En la sentencia se condena a quienes realizaron traspasos de fondos por el delito de malversación de caudales públicos (Ver texto).

La demanda civil en favor del Fisco, interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, fue desechada por haberse interpuesto una vez transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años establecido en el art. 2332 del Código Civil.

Sin embargo, lo que quizás más ha llamado la atención ha sido la aplicación de la pena de comiso sobre un conjunto de bienes raíces, vehículos e instrumentos bancarios (depósitos a plazo y valevistas), que pertenecieron al General Pinochet o a alguna de sus sociedades, y que habían sido embargados mientras vivía y era sujeto pasivo de la investigación penal. De esta manera, todos estos bienes, una vez que quede ejecutoriada la sentencia, pasarán a ser bienes del Fisco y deberán ser subastados (art. 60 Código Penal).

Para justificar la aplicación del comiso el juez señala que: “de acuerdo a los antecedentes recabados, solo es posible concluir que parte importante del origen de esta fortuna, proviene de la substracción que Pinochet Ugarte efectuó de fondos públicos, principalmente de gastos reservados, por lo que los bienes embargados se constituyen en efectos del delito”, tras lo cual sostiene que “…dado que se ha concluido que el dinero obtenido para comprar los bienes raíces embargados, como también aquellos que se destinaron a la manutención de su familia, poseen un origen ilícito, esto es, provenientes de la apropiación del erario nacional bajo un sofisticado esquema de cuentas corrientes tipo cascadas abiertas en el extranjero por funcionarios del Ejército de Chile de su más completa confianza, se procederá a aplicar la pena de comiso sancionada en el artículo 31 del Código Penal, respecto de todos los bienes que se encuentran embargados, los cuales al momento de decretarse dicho embargo, eran de propiedad de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, o bien de alguna de sus sociedades” (cons. 11º)

Como se ve, el juez aplica la pena en virtud del art. 31 del Código Penal. El texto de esta disposición es el siguiente: “Toda pena que se imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito”.

Una primera cuestión que cabe plantear sobre el comiso de bienes en el caso Riggs es si dicha pena puede aplicarse sobre ganancias derivadas del delito. En general, la doctrina penal sostiene que los bienes susceptible de comiso son únicamente los “efectos” que provienen del delito y los “instrumentos” con que se cometió. Por instrumentos se entienden los medios materiales que se han usado para cometer el delito, mientras que por efectos, el producto del delito o el objeto sobre el que recae, por ejemplo, el dinero o cosas sustraídas, el documento falsificado (Mario Garrido Montt, Derecho Penal. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2010, t. I, p. 310; Enrique Cury, Derecho Penal. Parte General, Ediciones Universidad Católica de Chile, 8ª edic., Santiago, 2005, p. 751). No parece, por tanto, que se incluyan los bienes conseguidos como ganancias o adquisiciones de lo que se obtuvo por el delito. Los casos de bienes decomisables mencionados en el art. 499 del Código Penal parecen confirmar esta interpretación (cfr. también arts. 60 inc. 4º, 251 y 279 CP). Por contraste, puede verse lo dispuesto en el art. 127 del Código Penal español que expresamente incluye las ganancias entre los bienes que pueden caer en comiso: “Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar” (énfasis añadido). Es cierto que existen algunos fallos judiciales y opiniones doctrinales actuales que pretenden incluir dentro de los “efectos” que provienen del delito, a las ganancias (cfr. Ignacio Ananías Zaror, “El comiso de ganancias”, en Revista de Estudios de la Justicia Nº 21, 2014, pp. 153-196). En todo caso, pensamos que el problema debería haber sido expresamente abordado por la sentencia.

Una segunda cuestión consiste en si es posible aplicar la pena de comiso respecto de bienes de alguien que, al haber fallecido, ha sido sobreseído por haberse extinguido su responsabilidad penal. La respuesta parece ser negativa y ella se funda en la misma norma del art. 31 del Código Penal que exige que los bienes decomisados sean de propiedad del responsable y no de terceros. Es evidente que una vez fallecido alguno de los involucrados en el proceso, como en este caso, sus bienes ya no le pertenecen a él sino a sus herederos, que, para estos efectos, son terceros.

Hay que recordar que la misma Constitución admite el comiso solo en los casos establecidos por las leyes, como excepción a la prohibición de la pena de confiscación de bienes, que deben entenderse de propiedad de la persona culpable del hecho ilícito que se pretende sancionar (art. 19 Nº 7 letra g).

Además, la pena de comiso es una pena accesoria a la pena que debe aplicarse por el crimen o simple delito, pero si esta no puede imponerse por haber sido sobreseído el imputado no procede tampoco la sanción de comiso: lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Podría señalarse, en contrario, que tratándose de una pena pecuniaria ella se transmitiría a los herederos del imputado. El art. 93 Nº 1 del Código Penal nos muestra que ello no es así. Según dicho precepto la responsabilidad penal se extingue “por la muerte del responsable” y aclara que ello sucede “siempre” en cuanto a las penas corporales, y en cuanto a las penas pecuniarias “sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere dictado sentencia ejecutoriada”. Es claro, en consecuencia, que las penas pecuniarias, y entre ellas el comiso, sólo pueden aplicarse a bienes de un responsable fallecido –y que civilmente conforman el patrimonio hereditario–, cuando la muerte ocurre con posterioridad al momento en que haya quedado ejecutoriada la sentencia que impone la pena. En el caso que comentamos, el deceso del General Pinochet se produjo antes de que se dictara sentencia definitiva en el proceso, la que incluso aún no está ejecutoriada, por lo que mal podría sostenerse que puede aplicarse una pena de comiso sobre lo que fueron sus bienes.

Sorprende que el Ministro Valderrama no se haya sentido en la necesidad de aclarar estas dudas que, sin ser especialistas en Derecho penal, nos parecen más que justificadas. Quizás se quiso paliar de esta manera la negativa a otorgar indemnización de perjuicios al Estado, pero esto implicaría confundir la responsabilidad penal con la responsabilidad civil. Es de esperar que esta confusión, o al menos la falta de explicación, sea subsanada por los tribunales superiores si el caso es sometido a ellos, como probablemente sucederá.

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