Corrupción en la FIFA: ¿puede el gobierno cancelar la personalidad jurídica de la ANFP?

La Asociación Nacional del Fútbol Profesional, ANFP, se ha visto tensionada por la persecución que inició la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, por una variedad de delitos que habrían cometido dirigentes de la FIFA para sacar provecho personal de la organización de diversos campeonatos, a través de millonarias sumas entregadas como sobornos por empresas interesadas en gestionar los derechos de transmisión y de publicidad. Del informe presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se desprende que el presidente de la Federación chilena, Sergio Jadue, habría recibido tres millones de dólares en dos cuotas de 1,5 millones, por parte de la empresa DATISA, que consiguió el contrato sobre los derechos de la Copa América, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol: CONMEBOL. El informe señala que ese pago se hizo a siete presidentes de las federaciones integrantes de la Confederación, salvo los presidentes de las asociaciones de Brasil y Argentina, que recibieron una cantidad mayor.

La defensa de Sergio Jadue ha sido que las cantidades señaladas habrían sido depositadas en cuentas de la ANFP y que de ello habría respaldo documental. La documentación ofrecida, sin embargo, no parece disipar todas las dudas. Ante ello, la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, exigió a la ANFP hacer entrega a esa secretaría de Estado de los antecedentes financieros, como balances, memorias, etc. con el objeto de determinar si ha existido alguna irregularidad. De manera enérgica señaló que no habría “sanciones intermedias”, y que “si hay inconsistencias que ameriten una conclusión radical podría recibir la cancelación de la personalidad jurídica” (Ver nota en canal 13).

Pero ¿tiene facultades el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de la personalidad jurídica de la ANFP? Es lo que intentamos esclarecer en este comentario.

Partamos constatando que la ANFP es una corporación sin fines de lucro, cuya personalidad jurídica fue otorgada con fecha 23 de octubre de 1987. A esa época las corporaciones y fundaciones, como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro se regían por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con el texto anterior a la profunda reforma introducida por la ley Nº 20.500, de 2011. Conforme a esa regulación, la autoridad gubernamental podía disponer la disolución de una corporación si esta llegara a comprometer la seguridad o los intereses del Estado, o no correspondiera al objeto de su institución (antiguo art. 559 inc. 2º CC). En ejecución de este precepto legal, el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y Fundaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 110, de 1979, dispone que: “El Presidente de la República podrá cancelar la personalidad jurídica a una corporación desde el momento en que la estime contraria a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres, o no cumpla con los fines para que fue constituida o incurra en infracciones graves a sus estatutos” (art. 25). La misma norma señala que el Ministerio de Justicia puede practicar la investigación para verificar los hechos justificativos de la cancelación.

La ley Nº 20.500, que entró en vigencia el 17 de febrero de 2012, reformó el art. 559 del Código Civil, para radicar la facultad de disolver una corporación en los tribunales de justicia. Se dispone ahora que una asociación o corporación se disolverá, entre otras causales, por sentencia judicial ejecutoriada en caso de “estar prohibida por la Constitución o la ley o infringir gravemente sus estatutos” (art. 559 letra c Nº 1). Se establece, además, que la sentencia de disolución sólo podrá dictarse “en juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en procedimiento breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición fundada del Ministerio de Justicia” (art. 559 inc. final). Por su parte, el nuevo art. 557 del Código Civil dispone que el Ministerio de Justicia debe fiscalizar las corporaciones y fundaciones.

Se ve que el nuevo sistema de cancelación de la personalidad jurídica de corporaciones y fundaciones entrega al Ministerio de Justicia sólo la facultad de fiscalizar y, en su caso, pedir al Consejo de Defensa del Estado que demande, ante el juez de letras en lo civil y en procedimiento sumario, la disolución de una corporación. Obviamente, la demanda se dirigirá en contra de la persona jurídica que se pretende disolver.

Podría pensarse que, habiéndose constituido la ANFP bajo la normativa anterior que permitía la cancelación administrativa, sería procedente aplicar dichas reglas, por lo que bastaría con un decreto supremo firmado por la Presidenta de la República y su Ministra de Justicia para disolver la corporación deportiva. Esta posición debe ser rechazada sobre la base de los argumentos que pasamos a exponer.

Conforme al art. 10 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 1861, la existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetan a las reglas dadas para el estado civil. Esto quiere decir que la personalidad jurídica adquirida conforme a la ley vigente a la fecha de la constitución de la entidad, subsistirá aunque esa ley pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones anexos a la personalidad, se subordinarán a la ley posterior, sea que esta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos (cfr. art. 3 LERL).

Las normas sobre disolución dicen relación con los derechos y obligaciones de la persona jurídica, por lo que la nueva ley que establece una forma diferente de extinción de la persona jurídica por incumplimiento de esas obligaciones, debiera prevalecer por sobre la ley vigente al momento de su constitución.

A la misma conclusión debe llegarse si se asimila la personalidad jurídica a un derecho real, para el cual la referida Ley sobre Efecto Retroactivo dispone que “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley” (art. 12) (énfasis añadido).

Por cierto, descartamos la posibilidad de que una nueva ley agregue causales de extinción diversas de las que existían al momento de adquirirse el derecho o la personalidad jurídica con el propósito indirecto de eliminar el derecho o extinguir una persona jurídica indeseada, pues ello constituiría un fraude de ley al violentar el principio de que el derecho adquirido o personalidad constituida conforme a las normas de una ley puede subsistir aunque esta sea derogada. Tampoco podría aceptarse que se pida la disolución de uan persona jurídica por una causal introducida por una nueva ley, pero invocando hechos que han ocurrido antes de que haya entrado en vigor.

A favor de la cancelación administrativa no puede invocarse el art. 25 del Reglamento alegando que este no ha sido derogado expresamente por otro que lo reemplace y lo adapte a la reforma de la ley Nº 20.500. Lo cierto es que ese precepto ha devenido en ilegal (o ha sido derogado, si se adhiere a tesis de que la norma superior puede derogar una norma de inferior jerarquía), por lo que no podría ser aplicado.

Hemos de concluir que las declaraciones de la Ministra de Justicia sobre una eventual cancelación de la personalidad jurídica de la ANFP deben interpretarse en el sentido de que dicha cartera podría solicitar al Consejo de Defensa del Estado, con los debidos fundamentos, para que éste pida la disolución de la corporación ante los tribunales de justicia.

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