Ley de Inclusión Escolar y nuevas formas de personas jurídicas sin fines de lucro

La primera ley de la reforma educacional que se publicó en el Diario Oficial el 8 de junio de 2015, la ley Nº 20.845, llamada Ley de Inclusión Escolar, tenía como uno de sus tres objetivos fundamentales, la prohibición del “lucro” de las instituciones privadas que perciban la subvención del Estado ( ver texto completo).

Para ello modificó el art. 46, letra a) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009 de manera de establecer que “todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos”. También modificó la letra a) del art. 6 del D.F.L. Nº 2, de 1998, Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, para señalar que los sostenedores particulares que deseen percibir la subvención, además de tener el reconocimiento oficial del Estado para sus establecimientos, “deberán estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como personas jurídicas de derecho público, como corporación o entidad educacional en los términos de esta ley o como otras personas jurídicas sin fines de lucro establecidas por leyes especiales”.

En esta enumeración de posibilidades aparecen dos formas de personas jurídicas sin fines de lucro que son inéditas en nuestro ordenamiento jurídico: las corporaciones educacionales y las entidades educacionales. Su regulación está contenida en el nuevo título V que se inserta en el D.F.L. Nº 2, de 1998, y que se compone de los arts. 58 A a 58 H.

Las corporaciones educaciones, según esta regulación, serán personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro constituidas por dos o más personas naturales, cuyo objeto único es la educación. Se precisa que estas corporaciones “serán sostenedoras de establecimientos educacionales” y que, en tal condición, “podrán impetrar las subvenciones y aportes estatales con fines educativos de conformidad a la ley” (art. 58 A). Este propósito es tan esencial que la ley establece que, si transcurrido un año contado desde la fecha de obtención de la personalidad jurídica, la nueva corporación educacional no da cumplimiento a los requisitos legales para que su o sus establecimientos educacionales obtengan el reconocimiento oficial, caducará de pleno derecho su personalidad jurídica (art. 58 E).

La constitución de estas nuevas personas jurídicas se hará mediante el depósito de copia del instrumento constitutivo y de los estatutos en la Secretaría Regional Ministerial que corresponda –entendemos que será la del lugar del domicilio de la corporación–. El acto constitutivo y los estatutos deben constar en escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública. Junto con el depósito se procederá a la inscripción de la corporación en un registro especial que deberá llevarse para estos efectos, y cuya regulación se encomienda a un reglamento.

Según la ley, la corporación educacional gozará de personalidad jurídica por el solo hecho del depósito. Para acreditar este efecto, la Secretaría Regional deberá autorizar una copia del instrumento constitutivo, en la cual se anotará la fecha del depósito y el número del registro.

Si bien la Secretaría Regional no puede negar el depósito y registro, cuenta con el plazo de 90 días para realizar observaciones si estima que falta algún requisito o si los estatutos no se ajustan a la ley Nº 20.845 o sus normas complementarias. Si formula observaciones, la corporación debe subsanarlas en el plazo de 60 días. Si no contesta o no las subsana, caduca la personalidad jurídica por el solo ministerio de la ley y la Secretaría procederá a eliminarla del registro.

La ley establece normas especiales sobre la dirección y administración (arts. 58 C y 58 D), su fiscalización por la Superintendencia de Educación (art. 58 G) y la cancelación de su personalidad jurídica y disolución (arts. 58 E y 58 F).

La segunda persona jurídica que crea la Ley de Inclusión Escolar para que pueda ocuparla un sostenedor de establecimientos educacionales es la que denomina “entidad educacional”. El nombre es bastante anodino y poco significativo de la novedad que representa en nuestro ordenamiento, comparable sólo con la creación de las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, por la ley Nº 19.857, de 2003. Se trata, en efecto, de una especie de persona jurídica sin fines de lucro de integración unipersonal. Se dispone, así, que “una persona natural podrá constituir entidades individuales educacionales, que serán personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto de la persona natural que la constituye, cuyo objeto único sea la educación” (nuevo art. 58 H). Nuevamente, se exige que el objeto de la persona no sólo sea la educación sino ser sostenedora de establecimientos educacionales, para en tal calidad poder impetrar las subvenciones y aportes estatales con fines educativos.

La “entidad educacional” se constituye del mismo modo que las corporaciones educacionales, es decir, mediante depósito y registro del instrumento constitutivo y de sus estatutos en la Secretaría Regional de Educación que corresponda. La ley precisa que en sus estatutos, además de las menciones requeridas por el art. 548-2 del título XXXIII del libro I del Código Civil, debe precisarse la individualización de la persona natural que la constituye, indicando su nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil, edad y domicilio.

Para reglar la administración de estas personas jurídicas, la ley se remite a algunas normas de la ley Nº 19.857, sobre Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, que regulan la separación patrimonial entre la persona jurídica y su constituyente (art. 8), la forma de administración y representación judicial y extrajudicial (art. 9), los supuestos de autocontratación entre el constituyente y la persona jurídica (art. 10) y los casos en los que el constituyente debe responder, por excepción, con su propio patrimonio de las deudas de la persona jurídica (art. 12).

De la remisión que se hace al art. 8 de la ley Nº 19.587 se concluye que, a semejanza de las fundaciones, para instituir una entidad educacional es necesario que la persona natural que la constituye se comprometa en el instrumento constitutivo a realizar un aporte que constituirá el patrimonio inicial de la persona jurídica.

Sin duda estas innovaciones de la Ley de Inclusión Escolar facilitarán la organización jurídica de los sostenedores privados como personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, no nos resulta justificable la figura de las “corporaciones educacionales”, ya que después de que el régimen general de las corporaciones y fundaciones fuera flexibilizado por la reforma de la ley Nº 20.500, de 2011, era de esperar que se revirtiera la tendencia del legislador de establecer formas de constitución de personas jurídicas por leyes especiales. Hubiera bastado, pensamos, con señalar que los sostenedores debían organizarse como fundación o corporación de objeto único, sin necesidad de establecer todo un nuevo modo de constitución que no tiene diferencias sustanciales en cuanto a la rapidez y expedición con el ahora contemplado en las reglas del Código Civil.

No se puede decir lo mismo de las nuevas personas jurídicas de integración unipersonal, las entidades educacionales, porque, aunque parecidas a la fundación, son diferentes por la relación que se da entre el constituyente y el control y administración de la persona jurídica. Aquí uno se pregunta por qué este tipo de personas jurídicas sin fines de lucro sólo podrán crearse para fines educativos y no para otros propósitos igualmente benéficos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, tanto para las corporaciones como para las entidades, la ley considera el Título XXXIII del libro I del Código Civil como derecho supletorio (arts. 58 A y 58 H).

Finalmente, digamos que estas normas entran en vigencia, junto con la generalidad de las disposiciones de la ley Nº 20.845, el 1 de marzo de 2016 (art. 1º transitorio). El plazo para que los actuales sostenedores organizados como sociedades se transformen en alguna de las varias personas jurídicas sin fines de lucro (las del Código Civil u otras leyes especiales o las nuevas corporaciones o entidades educacionales) parece ser el 1 de enero de 2018, ya que la ley señala que hasta el 31 de diciembre de 2017 estas instituciones podrán transferir la calidad de sostenedor a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro (art. 2º transitorio).

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7 comentarios en “Ley de Inclusión Escolar y nuevas formas de personas jurídicas sin fines de lucro”

  1. Beatriz Palma Says:

    Estimado profesor, qué gusto poder leerlo en este bolg.
    Me gustaría saber si Ud considera que la transferencia de la calidad de sostenedor es sólo de dicha calidad o implica también que se transfiere el inmueble del establecimiento educacional, cuando el sostenedor es propietario de tal bien desde antes de esta ley?

    • hcorralt Says:

      Me parece que lo que se traspasa es la calidad de sostenedor, no los bienes que pertenecen a la sociedad anterior. Pero el sostenedor debe ser propietario de los bienes que conforman el establecimiento educacional, salvo algunos casos en los que se admite el arrendamiento.

  2. Beatriz Palma Says:

    Si, en el caso que planteo el sostenedor es el propietario del inmueble. Pero si se transfiere sólo la calidad de sostendor, el propietario (que ya no será sostenedor), podrá vender el inmueble a la persona jurídica sin fines de lucro a la cual se transfirió la calidad señalada?

  3. Camilo Says:

    Profesor, la ley 20.845 regula en su artículo segundo transitorio el “traspaso de la calidad de sostenedor”. Dicha calidad corresponde a una suerte de investidura administrativa, que se otorga a una persona jurídica (natural en normativas anteriores) para permitirle obtener beneficios como las subvenciones.
    Sobre el traspaso de la calidad de sostenedor, dos preguntas:
    1) Considerando que la calidad de sostenedor puede tener asociado un nombre o una marca ¿es posible efectuarla a título oneroso?;
    2) La ley 20.845 otorga efectos al traspaso de la calidad de sostenedor, en específico lo designa como una suerte de continuador legal de las obligaciones que hubiere contraído el sostenedor con ocasión del servicio educativo, traspasando las obligaciones desde el patrimonio del sostenedor original, al Nuevo Sostenedor que se cree al efecto. La pregunta es: ¿cómo se protegen los acreedores de esta novación por cambio de deudor?

    Saludos.

    • hcorralt Says:

      No soy experto en derecho administrativo, pero en principio no veo inconveniente en que el traspaso de la calidad de sostenedor se haga a título oneroso. En cuanto a lo segundo no puede haber novación sin el consentimiento del acreedor, por lo que éste podrá demandar al deudor original o a su sucesor según lo estime conveniente. Saludos.

  4. Maria Jose Espejo Says:

    Estimado Profesor; me encanta leer sus artículos son muy claros y precisos. Quisiera hacerle unas consultas, si es posible me pueda ayudar. Qué pasará con los Particulares subvencionados? En un caso puntual hay uno de este tipo de colegio que se entregó en concesión la administración del mismo a una Sociedad anónima hasta el 2022 y se le entregó en concesión un terreno municipal; ¿qué figura convendría en ese caso y que pasaría con esa concesión? Es un poco complejo y por más que he dado vuelta al tema, no tengo una idea clara. Muchas gracias por compartir sus conocimientos!! Saludos

    • hcorralt Says:

      Estimado: no me atrevo a dar una opinión sobre un caso como el que me señala sin conocer todos los antecedentes, pero en principio no veo problemas en el traspaso de la calidad de sostenedor de la persona jurídica actual a una nueva persona jurídica sin fines de lucro que pueda crearse. Ello, sin embargo, supone la extinción del contrato de administración a la sociedad anónima. Para ello puede alegarse el caso fortuito, por orden de la autoridad según el art. 45 del Código Civil.


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