Caso “Quemados” y cosa juzgada en materia civil

El Ministro Mario Carroza sometió a proceso, conforme a las reglas del procedimiento penal antiguo (que corresponde aplicar por la fecha del delito), a siete ex militares por la responsabilidad que les puede caber en la muerte de Rodrigo Rojas De Negri y las lesiones graves de Carmen Gloria Quintana, ambas causadas el día 2 de julio de 1986 en el marco de una de las protestas en contra del gobierno presidido por el General Augusto Pinochet. La medida fue precedida por la aparición en los medios de las declaraciones de uno de los conscriptos que participó en los hechos y que confirmarían que ellos no se produjeron por accidente, sino con la intención de castigar a los que participaban en la protesta, de manera que ambos jóvenes, después de ser detenidos, fueron rociados con la bencina que portaban para hacer una barricada y luego uno de los militares les prendió fuego con un encendedor.

Estas revelaciones, que vienen a corroborar las versiones de los testimonios de las víctimas, plantean el problema de la cosa juzgada de las sentencias que se han dictado sobre el caso, tanto en el plano penal como en el civil.

En el ámbito penal los hechos fueron juzgados por los tribunales militares pero finalmente fue la Corte Suprema la que condenó como único culpable al entonces teniente Pedro Fernández Dittus, por los cuasidelitos de homicidio y de lesiones graves con la pena de 600 días de presidio. En el ámbito civil, por las noticias que hemos podido consultar por la red, sólo Carmen Gloria Quintana demandó al Fisco por los daños patrimoniales y morales que sufrió por las extensas quemaduras y las intervenciones médicas que lograron salvarle la vida. En agosto de 1997 se dictó sentencia de primera instancia por la cual se condenó al Fisco a pagarle una indemnización de 240 millones de pesos por daños morales y 11 millones por daños patrimoniales. El Consejo de Defensa del Estado apeló dicha sentencia pero finalmente el año 2000 se avino a aprobar una transacción por la que se indemnizó a la demandante en 215 millones de pesos (Fuente). El contrato de transacción, como se sabe, produce el efecto de cosa juzgada de sentencia de última instancia (art. 2460 del Código Civil).

Dejaremos a un lado los problemas que suscitará la cosa juzgada en materia penal, para ocuparnos sobre si procedería que se revisara el juicio civil terminado por transacción. Por cierto, está la posibilidad de pedir la nulidad de la transacción y también la interposición de un recurso de revisión. Pero es necesario preguntarse con qué objeto se volvería a replantear la responsabilidad civil. La única respuesta posible es: para incrementar la indemnización ya obtenida, sea por una nueva demanda contra el Fisco o con otras demandas civiles a los que ahora resulten condenados en el nuevo juicio penal. Pero, ¿en qué se fundaría esta petición de mayor indemnización? Lo único que podría cambiar, tras las declaraciones del ex concripto, es que las lesiones de la víctima se habrían producido con intención y no por mera negligencia; es decir, en el lenguaje del Código Civil, estaríamos frente a un delito (hecho ilícito doloso) y no ante un cuasidelito (hecho ilícito cometido con culpa). ¿Tiene esto alguna importancia en la determinación del monto de la reparación? En otros sistemas, como el del common law, en los que existen los llamados “daños punitivos” la pregunta tiene una respuesta afirmativa. No es así en un régimen de responsabilidad civil como el nuestro cuya función esencial es la reparación o compensación del daño. Esto significa que el monto de la indemnización se modula según la cuantía del daño, sin que tenga relevancia la mayor o menor culpabilidad del autor del hecho ilícito. En consecuencia, para efectos de la determinación de los perjuicios indemnizables y para a su avaluación en dinero, no tiene incidencia que el hecho haya sido provocado con dolo o con culpa.

Lo anterior se reafirma cuando es un tercero civilmente responsable quien debe responder, como ha sucedido en este caso en que el Fisco ha sido condenado a pagar el daño causado por sus agentes. Da lo mismo que el autor directo del daño haya actuado con dolo o con culpa: el tercero civilmente responsable debe asumir la obligación de reparar la totalidad del daño causado.

Si estamos en lo correcto no parece que los nuevos antecedentes permitan revisar el juicio de responsabilidad civil ya terminado. En cuanto a la demanda contra el Fisco, porque no tendría ninguna importancia que se haya tratado de un delito en vez de un cuasidelito. Si se demandara a los autores directos, éstos podrían oponer la excepción de no proceder la responsabilidad civil por cuanto se trata de un daño que ya ha sido reparado.

En cambio, sí podría proceder que el Fisco pidiera reembolso de la indemnización pagada respecto de quienes ahora aparezcan como autores del daño. Se aplicará, como derecho común supletorio, el art. 2325 del Código Civil que dispone que “Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas depende, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere, y si el que perpetró el daño lo hizo sin orden de la persona a quien debía obediencia…”. El problema que se presenta es si, por el tiempo transcurrido, esta acción de reembolso no estaría prescrita. Según el art. 2332 del mismo Código, el plazo de prescripción es de cuatro años desde la perpetración del acto, pero la doctrina ha señalado que, tratándose de la acción de reembolso del art. 2325, la prescripción debe contarse desde que el tercero civilmente responsable pudo ejercer dicha acción, lo que normalmente sucederá una vez que haya pagado la indemnización. En este caso, el pago se realizó el año 2000 por lo que la acción de reembolso estaría prescrita.

Por otro lado, aunque así no fuera, parece claro que el patrimonio de los que pudieren ser condenados penalmente no sería suficiente para hacer frente a esa obligación. Por eso, con realismo, el art. 2325 señala que el tercero civilmente responsable puede reclamar reembolso sobre los bienes del autor directo “si los hubiere”. De hecho, no hemos encontrado noticias de que el Consejo de Defensa del Estado haya ejercido dicha acción contra el primer condenado penalmente por estos hechos.

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