Caída al mar, muerte presunta y comprobación judicial de la muerte

Cuando como profesor nos toca explicar la causal de declaración de presunción de muerte por desaparecimiento prevista en el art. 81 Nº 8, inc. 3º del Código Civil, que consiste en la caída al mar o a tierra de un tripulante o viajero ocurrida durante la navegación o aeronavegación, los alumnos miran con cara de incredulidad como si estuviéramos imaginando un supuesto más bien fantástico y de imposible ocurrencia.

Esa impresión quedará desmentida por el trágico desaparecimiento del joven chef chileno que, según los antecedentes que conocemos por la prensa, habría caído al mar durante la navegación del crucero Queen Mary 2 en su recorrido desde Southampton (Reino Unido) hacia Nueva York (EE.UU.), con escala en Halifax (Canadá). Según las primeras informaciones la ausencia del joven fue advertida cuando no se presentó a su turno en la mañana del sábado 15 de agosto de 2015; ello mientras la nave estaba por arribar al puerto de Halifax. Al sospecharse que habría caído al mar, el capitán ordenó regresar al lugar donde probablemente se habría producido el hecho y pidió a los pasajeros que ayudaran a mirar en medio de la niebla. Cinco horas de búsqueda, desgraciadamente, no dieron resultados. La empresa naviera propietaria del trasatlántico declaró en un comunicado que “tras haber conversado con expertos, no hay posibilidad de que un miembro de la tripulación pudiera haber sobrevivido todo ese tiempo en el agua. Por lo tanto, presumimos que ha muerto”.

El triste caso nos proporciona la oportunidad para volver sobre algunos aspectos jurídicos de la desaparición de las personas. En particular, la diferencia entre declaración de muerte presunta y comprobación judicial de la muerte (la nueva institución incorporada por la ley Nº 20.577, de 2012 en los arts. 95 a 97 del Código Civil: Ver comentario en este mismo blog) y la competencia de los tribunales chilenos para conocer de este tipo de procedimientos cuando la desaparición se produce fuera del territorio nacional.

La gran diferencia entre muerte presunta y comprobación judicial de la muerte se pone de manifiesto al confrontar los arts. 80 y 95 del Código Civil. El primero se refiere a la presunción de muerte, señalando que ella procede cuando un individuo ha desaparecido “ignorándose si vive”, mientras que el segundo precepto dispone que la comprobación judicial de la muerte debe declararse cuando “la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado”. En términos simples, entonces, puede señalarse que la muerte presunta procede cuando existe incertidumbre sobre la existencia del desaparecido, mientras que la comprobación judicial de la muerte exige un juicio de certeza de que el desaparecido ha fallecido. En la primera institución, podría decirse, está desaparecida la persona; en la segunda, en cambio, lo que ha desaparecido es el cadáver de alguien que no puede estar sino muerto.

Al parecer, por los informes de los que ha dado cuenta la prensa, en el caso del chef chileno estaríamos frente a un caso de muerte cierta con falta de hallazgo del cadáver y, por tanto, procedería la comprobación judicial de la muerte. Sin embargo, debe observarse que el art. 81 Nº 8 inc. 3º, que no procede de la regulación original del Código Civil sino que fue introducido por la ley Nº 17.775, de 1972, establece que, para que el juez declare la muerte presunta de pasajeros o tripulantes que hayan caído al mar o a tierra, “deberá haber constancia en autos de que en el sumario instruido por las autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas”. Si se atiende a esta exigencia, hemos de llegar a la conclusión de que en tales casos, incluso para declarar la muerte presunta, no basta con acreditar que se ignora que la persona vive o ha muerto, sino que debe haber certeza de que ha fallecido, es decir, que es imposible que haya sobrevivido a la caída. Por ello, hemos sostenido, ya antes de la introducción de la comprobación judicial de la muerte, que este era un supuesto de muerte cierta con falta de hallazgo del cadáver, insertado anómalamente en el diseño de la muerte presunta, que está construido sobre la base de la incertidumbre y cuando más la probabilidad (no seguridad) de que el desaparecido ha fallecido (cfr. Corral T., Hernán, Desaparición de personas y presunción de muerte en el Derecho Civil chileno, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2000, pp. 254 y ss.). Lamentablemente, al dictarse la ley Nº 20.577, no se advirtió este detalle y no se dispuso, como debería haberse hecho para mantener la coherencia del sistema, la derogación de la causal de muerte presunta de caída al mar o tierra contenida en el art. 81 Nº 8 inc. 3º del Código Civil.

En consecuencia, en casos como el que comentamos los familiares podrán recurrir a uno u otro procedimiento: muerte presunta o comprobación judicial de la muerte, para obtener que la constatación de la muerte en el Registro Civil. Afortunadamente, las regulaciones no tienen mayores diferencias, ni en su substanciación ni en sus efectos.

Lo mismo sucede en cuanto a cuál es el juez competente: el art. 81 Nº 1 señala que es competente para declarar la muerte presunta el “juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile”, mientras que el art. 95 dispone casi lo mismo para la gestión de comprobación judicial de la muerte: ésta debe pedirse al “juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile”. Con estas normas, tenemos que preguntarnos: ¿tienen los tribunales chilenos competencia para declarar la muerte presunta o la comprobación judicial de la muerte en el caso del chef chileno que habría caído del Queen Mary 2? Al parecer, el joven había constituido domicilio en el extranjero, ya que llevaba varios años trabajando fuera (desde septiembre del 2012). Surge, entonces, la duda de si la expresión “último domicilio que el desaparecido/difunto haya tenido en Chile” se refiere al domicilio que tenía la persona cuando se produce el desaparecimiento de su persona o de su cadáver, o es sencillamente el último domicilio que haya tenido en territorio chileno aunque el desaparecimiento haya ocurrido años después y habiendo constituido domicilio en otro país.

Nos parece, que, conforme al espíritu de la ley y la posibilidad de allegar informaciones y pruebas por autoridad de un juez chileno, hemos de entender que la interpretación más correcta es la primera. Pero esto debe tener una excepción cuando la persona que desaparece teniendo como último domicilio un lugar en el extranjero, ostenta la nacionalidad chilena, ya que en tal caso debe aplicarse el art. 15 Nº 1 del Código Civil, que dispone que los chilenos permanecen sujetos a la ley de su país en todo lo referido al “estado de la personas”. Es evidente que tanto la muerte presunta como la comprobación judicial de la muerte se refieren al estado civil de las personas, de modo que la ley chilena les es aplicable aunque hayan desaparecido teniendo su último domicilio en el exterior. Por analogía, el juez chileno competente será el del último domicilio que haya tenido la persona desaparecida en el territorio chileno. Por lo que se sabe, el joven era oriundo de Rancagua. Serán pues los tribunales civiles de esta comuna los que podrán instruir el respectivo proceso, a requerimiento de las personas legitimadas para ello.

Todo lo anterior, por cierto, se aplicará siempre que el desaparecimiento y sus circunstancias se confirmen por las investigaciones oficiales que deberán hacerse.

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