Pasajes a Estados Unidos a precio “de huevo”

La tarde del 20 de agosto de 2015 circuló por las redes sociales una gran noticia: en la página web de American Airlines podían comprarse pasajes a Miami, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos a precios asombrosamente bajos o, como se suele decir en Chile, a “precio de huevo”. Lo que normalmente valía más de 1 millón de pesos chilenos, podía adquirirse por exiguos $ 50.000 o 70.000, incluso en primera clase.

Después de una hora, la empresa ­–advertida de lo que sucedía–, interrumpió la posibilidad de compra a través de internet con un mensaje que decía que el sitio web estaba en mantención. Según declaraciones de algunos compradores, al comienzo salía el precio normal, pero al completar los datos y llegar al final de la compra y efectuar el pago, la cantidad a pagar se reducía a esas cantidades ridículamente bajas. Muchos, en vez de avisar al proveedor, transmitieron la noticia a amigos y familiares para que estos también “aprovecharan la oportunidad”.

Esta actitud, que parece derivar de la tradicional “pillería” del chileno, ha sido reprochada desde el punto de vista ético. No obstante, el presidente de la organización de consumidores, Conadecus, Hernán Calderón, se apresuró a declarar que la compañía aérea no podía anular esas ventas y debía respetar las ventas, pese al manifiesto error en el precio.

No es la primera vez que se tienen noticias de este tipo de episodios entre proveedores y consumidores en las llamadas ventas on line. Hace un tiempo sucedió algo parecido con la compra de notebooks de la empresa Dell Chile (2008). También la multitienda Falabella fue afectada por un desperfecto en su página web que permitió a usuarios comprar tablets a precios ínfimos (2014). En este caso, a pesar de que la empresa entregó los tablets (comprados en $ 6.000) a aquellos consumidores que recibieron aceptación por el sistema, el SERNAC interpuso en su contra una demanda en protección del interés colectivo de los consumidores por los hechos. El juicio se tramita en el 12º Juzgado Civil de Santiago (rol Nº C-6924-2015) y a la fecha se encuentra todavía pendiente.

Este tipo de casos pone en cuestión la misma naturaleza tutelar del Derecho de Consumo. Es claro que las normas que lo integran, entre nosotros contenidas en la Ley Nº 19.496, de 1997, tienen por objetivo proteger los derechos e intereses de los consumidores ante el desequilibrio de poderes y de información que se produce entre ellos y los proveedores. Pero la protección sólo se justifica cuando la parte débil de la relación es el consumidor frente a posibles abusos de los proveedores. No puede sostenerse que ante cualquier conflicto siempre y en todo evento debe darse prioridad el interés del consumidor por sobre el del proveedor. Si es el consumidor quien procede de mala fe y se aprovecha de una debilidad contingente que afecta al proveedor, el Derecho del Consumo no puede ya tutelarlo, y cobrará vigencia el principio general de Derecho de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

Pero, ¿qué argumentos pueden darse para que las empresas afectadas por este tipo de comportamientos oportunistas de los consumidores puedan evitar los perjuicios de estas compras con precios claramente equivocados?

Nos parece que puede haber varias vías para llegar a ese resultado. El primero podría residir en calificar el error técnico del servidor como un error de cálculo, que en el Código Civil está previsto en el art. 2458 en relación con el contrato de transacción: “El error de cálculo no anula la transacción, sólo da derecho a que se rectifique el cálculo”. No se ven razones para no aplicar este criterio de manera general para todo contrato. Aplicando esta norma, la empresa podría confirmar la compra pero rectificando el precio. En caso de que el consumidor no se avenga a completar el precio, el proveedor podrá rechazar la entrega del bien o servicio, ya sea por resolución contractual o simplemente mediante la excepción de contrato no cumplido.

Una segunda posición, es recurrir a la teoría del error sobre la declaración reconocida por varias legislaciones extranjeras, como el BGB alemán (§§ 119 y 120) y el Código Civil italiano (art. 1433). Este error puede producirse de dos maneras: una, cuando una persona realiza una conducta que puede ser entendida como una declaración de voluntad, mientras ella no ha querido emitir ninguna: por ejemplo, si alguien sin saber lo que ello significa levanta la mano en un remate público y su gesto se toma por voluntad de ofrecer una cantidad por la cosa que se subasta. La segunda forma se produce cuando se emite una declaración de voluntad pero existe un error entre lo que el emisor pretende y lo que se manifiesta y puede ser entendido por la otra parte; por ejemplo, si alguien manda una oferta por carta pero por un lapsus o error se equivoca en el tipo de contrato que ofrece celebrar. Este segundo tipo de error, según escribe De Castro y Bravo, puede versar sobre “el objeto o condiciones de los objetos de que se trate (p. ej., cosa que se compra, cantidad, precio o calidad)” (El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, pp. 123-124). Como puede verse, el error del proveedor puede concebirse como error en la declaración que versa sobre el precio. Hay discusión sobre si este tipo de error produce la nulidad de pleno derecho (inexistencia), la nulidad declarada judicialmente o el derecho a la rectificación con indemnización de perjuicios. En todo caso, existe consenso en que el error del declarante debe pesar sobre él si ha sido producto de su propia culpa y quien ha contratado con él ha legítimamente confiado en la exactitud de la declaración. En este sentido, el informe en Derecho del profesor Íñigo de la Maza presentado en el juicio “SERNAC con Falabella” señala que puede hablarse en este caso de un error en la declaración del proveedor que recae sobre un elemento esencial de la compraventa: el precio, y que este error ha de considerarse excusable por cuanto no ha podido generar una razonable confianza en la contraparte de estar celebrando válidamente el contrato, en atención a que el precio real estaba anunciado varias veces en la página web, y su absurda reducción se producía sólo en la fase final de la operación en línea.

Finalmente, debe señalarse que unánimemente la doctrina civil señala que uno de los requisitos del precio en la compraventa es que sea real, y que no lo son el precio simulado y el precio irrisorio. Este último es aquel que por su excesiva e insólita desproporción con el valor de la cosa hace manifiesto que no ha podido ser objeto de una declaración de voluntad seria por parte del vendedor. Es irrisorio tanto el precio ínfimo como el precio estratosférico. En estos casos, no se aplica la lesión enorme en la que se trata sólo de un precio injusto pero que es real y serio. Por ello, el precio irrisorio (literalmente, que da risa) no es un precio real, y la compraventa carecerá de ese elemento esencial y no producirá efectos. El contrato será nulo de pleno derecho (inexistente) o nulo de nulidad absoluta, según la posición doctrinaria que se siga sobre estas formas de ineficacia del acto jurídico.

Cualquiera de estas vías serían idóneas para evitar una desnaturalización del Derecho del Consumo mediante una aplicación ideologizada de sus normas, lo que puede tener dividendos a corto plazo, pero a la larga terminará por debilitar su legitimidad ante la ciudadanía. En este sentido debe compartirse lo aseverado por la Corte de Apelaciones de Santiago en un caso semejante: “…no es el espíritu de la ley N° 19.496, que un consumidor… pretenda beneficiarse de un yerro manifiesto … y pretenda obligar al proveedor a dar cumplimiento a una oferta errónea con evidente abuso del derecho” (C. Stgo. 25 de noviembre de 2013, rol Nº 1483-2013).

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7 comentarios en “Pasajes a Estados Unidos a precio “de huevo””

  1. Sebastián Hassi Says:

    Muy interesante su análisis profesor Corral. En su concepto, qué opinión le merecen las modificaciones que se discuten en el Senado a la ley 19.496 a la luz de casos como éste o el de las tablets de Falabella? Lo anterior, especialmente considerando las nuevas atribuciones que se le pretenden otorgar al Sernac. Le envío un cordial saludo.

    • hcorralt Says:

      El proyecto tiene muchas facetas. Lo que no me gusta son las facultades que se le confieren para aplicar sanciones infraccionales. Pienso que la dirección debería ser la contraria: que las sanciones sean aplicadas por los tribunales y no por servicios públicos de la administración. Gracias por el comentario.

      • Sebastián Hassi Says:

        Muchas gracias por su respuesta profesor. Frente a la misma, qué le parece el argumento de quienes sostienen que ya existen otros órganos administrativos que aplican sanciones y respecto de los cuales no se emiten cuestionamientos? (v.gr. las Superintendencias o los fiscalizadores de la Inspección del Trabajo)

  2. Juan Blogt Says:

    Estimado Sr. Corral:
    Llegué a su blog, porque lo sigo en twitter.
    La Cía. aérea, cuando vende sus pasajes por una plataforma que ellos administran, optaron por ese medio y no por otro, como sería el presencial o telefónico. Es más, cuando uno llama, lo instan a comprar por la página web y le dicen que todas las respuestas están ahí, conseguir hablar con una persona es casi como un milagro.
    Ellos optaron por esa plataforma y uno como consumidor cualquiera, no tiene como verificar si ese precio final, aunque resulte irrisorio, los es realmente, o por el contrario, es una “súper” oferta del momento, que lanzaron por el motivo que sea.
    En el caso de AA, es eso lo que pudo haber sucedido y ninguno de los que compró, sabía ni podía saber, si lo que estaba viendo era una súper o bien era un error del sistema que ellos voluntariamente optaron, para principalmente ahorrar costos, personal, etc.
    Supe de gente que compró los pasajes, lamentablemente no me avisaron, lo más probable es que hubiera comprado y en primera.
    En el caso particular, cuando estas empresas traspasen a sus consumidores, por ejemplo el verdadero precio del combustible que ha bajado en más de un 50%, como debería suceder, o bien, cuando el sujeto que va en el asiento de al lado, haya pagado el mismo precio que el que yo pagué por el mismo producto, tal como ocurre si Ud. va al supermercado y hoy ve un producto, no lo compra, tal vez vaya la próxima semana y lo más probable es que ese producto va costar lo mismo, a veces incluso menos. Esto no ocurre con estos señores con sus sistemas de trazabilidad. Si yo busco hoy un pasaje a Miami que me cuesta x, no lo compro, vuelvo a buscar una semana después y ocupo el mismo computador, ese mismo pasaje me puede costar el doble. Esto ocurre, porque cuando entré al sistema con mi computador, le metieron una cookie, que cuando vuelvo a entrar a ese sitio, sabe lo que estoy buscando y me aplica el nuevo precio, el sistema sabe que ya perdí una semana y tiene claro que quiero viajar o tengo que viajar, en consecuencia, me tienen vigilado y literalmente me revientan. A tal sofisticación ha llegado el sistema que ya no solo registran su computador, sino que ahora registran la IP, entonces desde el computador que sea, pero salga desde la misma IP, está en sus redes, en consecuencia está perdido, ellos ponen el precio y las condiciones.

    • hcorralt Says:

      Muchas gracias por los comentarios. Me parece que sus argumentos a favor de los compradores son dos: uno, que no podían darse cuenta de que fuera un error y no una “super” promoción. Entiendo que ello no pudo haber ocurrido porque en la página inicial se daba el precio correcto, sólo al momento de pagar el precio se reducía drásticamente sin explicación, lo que evidenciaba el error. En cualquier caso, si alguien pensó que compraba por una promoción, al enterarse de que se trató de un error no debería intentar que se cumpla un contrato que tiene tiene un precio irrisorio. El segundo argumento lo encuentro más débil, porque parece sostener que el hecho de que la compañía abuse con los consumidores justifica el abuso que estos hagan en su contra. Estoy en contra de todos los abusos, de los proveedores pero también de los consumidores.


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