¿Puede una persona jurídica sin fines de lucro remunerar a sus directores?

El Ministerio de Justicia anunció que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), una corporación regida por el título XXXIII del libro I del Código Civil, habría incurrido en una infracción legal al remunerar mensualmente a su Presidente, Sergio Jadue y cinco directores más. Se otorgó un plazo de 30 días a la entidad para que hiciera sus decargos o, en su caso, dejara sin efecto estos pagos y los directores restituyeran los dineros indebidamente percibidos.

La ANFP declaró que no compartía la interpretación del Ministerio de Justicia, ya que, en su parecer, las remuneraciones de los directores eran plenamente legales ya que estaban expresamente establecidas en los estatutos de la persona jurídica, tras una modificación de ellos que no fue objetada por los organismos públicos encargados de revisarla.

Efectivamente, los estatutos de la ANFP señalan que “Los cargos de Presidente y de Directores tendrán derecho a una asignación de dieta mensual que será determinado por el Consejo de Presidentes en el mes de enero de cada año, considerando sus funciones de Director Ejecutivo y/o asistencia a sesiones” (art. 14, inc. 2º).

Al parecer, esta norma proviene de una modificación estatutaria realizada con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.500, de 2011, que reformó las normas del Código Civil que regulan las corporaciones y fundaciones como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Esta reforma introdujo un nuevo art. 551-1 que establece a la letra: “Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.– Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieren lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la asamblea o, tratándose de fundaciones, al directorio.– La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación encomiende alguna función remunerada”.

Lamentablemente, la historia fidedigna del establecimiento de la ley ayuda poco o nada para desentrañar el sentido de las normas introducidas por la reforma. La ley Nº 20.500 tuvo una tramitación larga y accidentada. Su origen está en el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados por el Presidente Ricardo Lagos el año 2004 para promover la participación ciudadana en la gestión pública. El proyecto no contenía ninguna modificación al régimen general de las corporaciones o fundaciones, sino que establecía un estatuto especial para que las “asociaciones voluntarias” pudieran constituirse como personas jurídicas. Así fue aprobado por la Cámara de Diputados el año 2007, sólo que ahora se habla de “asociaciones sin fines de lucro”. En el Senado, en cambio, hubo resistencia por considerar varios senadores que la iniciativa podía politizar estas organizaciones al hacerlas depender del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Al no alcanzarse el quórum necesario el proyecto fue rechazado por la Sala el año 2008. Ante ello se procedió a conformar una Comisión Mixta, la que se constituyó el año 2009 bajo la presidencia del senador Ricardo Núñez. Pero en el siguiente período parlamentario comenzado el 11 de marzo del 2010, cesó en su cargo el referido senador, por lo que el Presidente del Senado convocó nuevamente a la Comisión Mixta, la que ahora fue presidida por el senador Hosaín Sabag. En este período el gobierno del Presidente Piñera presentó una propuesta de modificaciones al proyecto (15 de septiembre de 2009) que no alcanzó a ser estudiado. Es así como el nuevo gobierno de la Presidenta Bachelet, el 4 de marzo de 2010 presentó una nueva propuesta que cambió fundamentalmente la iniciativa. Según expresara el entonces Director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Francisco Estévez, durante el mes de febrero de ese año se conformó un equipo de trabajo con el señor Enrique Barros, Presidente del Colegio de Abogados, con la finalidad de revisar el proyecto. En esta nueva propuesta se sustituye la idea de establecer un estatuto especial de personalidad jurídica, por una modificación al estatuto general contenido en el título XXXIII, del libro I del Código Civil. Aquí aparece por primera vez, y con su mismo texto, lo que llegará a ser el art. 551-1 del referido Código. El informe de la Comisión Mixta no entrega información sobre el sentido de la norma, puesto que ella que no fue objeto de observaciones por parte de los integrantes de la Comisión, la que aprobó todo el proyecto el 5 de octubre de 2010.

A falta de antecedentes en la historia del establecimiento del precepto, tenemos que basarnos en los demás elementos de interpretación, principiando por el mismo texto legal. En nuestra opinión, la norma se refiere a tres posibles formas de desembolsos de la corporación o fundación en favor de un director: 1º) Los que representen una retribución o remuneración por el ejercicio de las funciones propias de ese cargo; 2º) Los destinados a reembolsar gastos que hubieren hecho en el desempeño de su función; y 3º) Los destinados a remunerar o retribuir servicios prestados a la persona jurídica que no corresponden a la función de director.

Respecto del primer supuesto: remuneración por el cargo de director, la norma la prohíbe al establecer que los directores “ejercerán su cargo gratuitamente”. Es claro que gratuito significa sin contraprestación alguna (cfr. art. 1386 CC). El tenor imperativo de la norma conduce a considerar que se trata de una norma de orden público que no puede ser modificada por los los estatutos. Se aclara, sin embargo, que si el director en el ejercicio de su función se hace cargo de gastos con su propio patrimonio (segundo supuesto), puede pedir reembolso de lo que pagó, justificando el pago y siempre que dicho gasto haya sido autorizado por el directorio.

Por último, si se trata de lo tercero, esto es, retribuciones por servicios diversos a los que corresponden a la función de directores, son admisibles en la medida en que sean adecuadas al servicio prestado, hayan sido autorizadas por el directorio y se dé cuenta a la asamblea, en el caso de las corporaciones o al mismo directorio si se trata de fundaciones (que carecen de asamblea). Esta disposición tiene carácter supletorio; es decir se aplica en la medida en la que los estatutos no hayan establecido lo contrario.

Entendemos que se permite, por tanto, que los directores sean remunerados siempre que realicen actividades o servicios que no les correspondan en su calidad de tal: por ejemplo, si un director lleva la contabilidad de la institución o si un director que es abogado patrocina un juicio en la que ella es parte. La norma no se opondría, en principio, a que la remuneración se entregue a título de un contrato de trabajo celebrado por la persona jurídica y la persona natural que tiene el cargo de director. Sin embargo, la existencia de una auténtica relación laboral puede ser puesta en duda por faltar el requisito de la subordinación o dependencia (cfr. arts. 3, letra b y 7 CT), ya que el trabajador en este caso integra el órgano de gobierno y administración de su mismo empleador. No habrá inconvenientes, en cambio, para que estas labores se remuneren a través de un contrato civil de prestación de servicios (con boleta de honorarios).

La solución legislativa no nos parece la más adecuada ya que minusvalora el aporte que deben hacer los directores en el gobierno y la administración de una persona jurídica con fines de lucro. Es cierto que permitir la retribución por estas funciones implica el riesgo de que por esa vía se extraigan indebidamente las utilidades generadas por la actividad de la institución y se termine transformándola en una organización con fines de lucro. Pero la prohibición actual no elimina completamente ese riesgo e incluso puede incentivar a encubrir las dietas de los directores mediante contratos de prestación de servicios que no corresponden a la realidad. También la exigencia de gratuidad de las funciones de los directores va en el sentido contrario a la necesaria profesionalización de estos cargos, como se ha hecho valer con razón en el caso de la ANFP.

Finalmente, cabe discutir la constitucionalidad de esta prohibición legal de una retribución por la prestación de servicios que no sólo es lícita sino útil para la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Una prohibición absoluta como la señalada vulnera la autonomía de los grupos intermedios en los cuales se organiza la sociedad (art. 1 inc. 2º Const.), así como el derecho de asociación sin permiso previo (art. 19 Nº 15 Const.), esto desde el punto de vista de la persona jurídica y de las personas que la constituyen. Desde la perspectiva de los directores se puede advertir una lesión al derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo “con una justa retribución” (art. 19 Nº 16 Const.). Además, puede sostenerse que estamos ante una discriminación arbitraria que vulnera la igualdad ante la ley (art. 19 Nº 2 Const.), puesto que a personas jurídicas, también sin fines de lucro, con un régimen legal especial no se les exige que sus directores ejerzan el cargo gratuitamente; así sucede tratándose de Juntas de Vecinos y otras organizaciones comunitarias (Ley Nº 19.418); Asociaciones de consumidores (Ley Nº 19.496) y Asociaciones gremiales (D.L. Nº 2757).

No descartamos, en consecuencia, que en caso de escalar el conflicto entre el Ministerio de Justicia y la ANFP se termine requiriendo que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art. 551-1 del Código Civil en cuanto impide que por los estatutos se pueda establecer una retribución a los directores de una corporación o fundación por las funciones que realizan, en su calidad de tales, en beneficio de la persona jurídica.

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18 comentarios en “¿Puede una persona jurídica sin fines de lucro remunerar a sus directores?”

  1. alejandro Says:

    Estimado en la fundacion imagen chile sale en su pagina web las remuneraciones, se puede o no gracias?

    • hcorralt Says:

      La Fundación es anterior a la modificación de la ley Nº 20.500. Lo que es discutible es si pueden seguir percibiendo esas remuneraciones después de que la ley que lo prohíbe entrara en vigencia. Mi opinión es que no (si bien ello puede ser inconstitucional).

  2. Ingrid Says:

    Estimado, si los socios fundadores son además parte del directorio, pueden ejercer su profesión de forma remunerada en su propia fundación? Al postular a proyectos del estado (senadis) hay dificultades en que sean los mismos fundadores los que ejerzan su profesión?

    • hcorralt Says:

      Como se señala en el post la prohibición es la de remunerar a los directores por las funciones que desarrollen como tales. No tiene relevancia que sean o no fundadores. Si se trata de una función diversa a la de directores (gerente, contador, abogado, etc.) entonces pueden remunerarse esos servicios profesionales.


  3. Estimado, agradecida desde ya por la labor informativa ciudadana que ejerce con tanta claridad. Saludos

  4. Eliseo Martínez Says:

    A ver si damos un ejemplo al riesgo que se apunta: “puede incentivar a encubrir las dietas de los directores mediante contratos de prestación de servicios que no corresponden a la realidad”. Presento el caso: Una Corporación sin fines de lucro se asocia con una Universidad Estatal, el gerente de la corporación es contratado por el Rector de tal Universidad a honorarios para que haga tal o cual trabajo.
    Pregunta: ¿Se lesiona el principio de la probidad?

    • hcorralt Says:

      Estimado: los ejemplos pueden ser muy variados, pero no me atrevo a pronunciarme sobre el que propone porque tendría que conocer los antecedentes. En principio, si el gerente realmente desarrolla un servicio para la Universidad fuera de las horas laborales que dedica a la corporación no habría problemas.

  5. afalxp Says:

    Gracias por esta información y (mas importante) por la claridad al momento de entregarla.

  6. carmen vergara Says:

    Profesor…un verdadero agrado leerlo… una verdadera contradicción que las personas que tienen la responsabilidad de sacar adelante una organizacion sin fines de lucro (el directorio) no puedan percibir una remuneracion en forma transparente por mínima que esta sea… Como creo una ONG o una fundación o como incentivo su desarrollo si la Ley me obliga al sacrificio total siendo miembro del directorio? … de esta forma, a mi entender, fomentamos el aprovechamiento del vacío legal o la búsqueda del subterfugio para justificar aquello…

    • hcorralt Says:

      Estoy de acuerdo, la exigencia de gratuidad de los servicios de director en corporaciones y fundaciones es perjudicial (y a mi juicio, podría considerarse inconstitucional), pero no veo que pueda modificarse la ley dada la atmósfera política que ha demonizado el “lucro”.

  7. LV Says:

    Consulta: como no me manejo en el tema: si tuviera una personalidad jurídica sin fines de lucro, (centro cultural) puedo contratar a plazo indefinido a músicos para hacer una gira de conciertos musical (cualquier tipo de música da igual!) y pagarle a estos músicos por sus servicios y de esta gira recibir dinero por los servicios musicales a quienes me contraten o nos contraten entregando que se yo, factura o boletas con los datos de la personalidad jurídica sin fines de lucro?? AGRADECIDO DE SU AYUDA Y RESPUESTA.

    • hcorralt Says:

      Las personas jurídicas sin fines de lucero pueden realizar actividades económicas y remuneradas, pero lo que obtengan deben ser reinvertidos en sus fines institucionales, sin distribuirlo entre sus miembros o controladores.

  8. Valentina Toro Says:

    Llegué acá a propósito de la ley REP (20.920), que señala que los productores de productos prioritarios que quieran gestionar sus productos de manera colectiva deben forman una persona jurídica. El problema es que señala que debe ser sin fines de lucro, pero además señala que se “podrá” remunerar a sus directores, pero no sé si me puede confirmar que en nuestro ordenamiento no existe una figura que pueda satisfacer dichos requisitos, a menos que se forme una corporación que no remunere a los directores. Gracias.

    • hcorralt Says:

      Entiendo que se refiere al art. 20 de la ley Nº 20.920. La exigencia es que se trate de una persona jurídica sin fines de lucro y que tenga miembros, lo que claramente indica que debe tratarse de una corporación del Código Civil. Entiendo también que esa corporación podrá establecer remuneración para sus directores, porque debe primar la ley especial (art. 20 ley Nº 20.920) po sobre la general (art. 551-1 Código Civil).


  9. Entonces si yo soy director de una fundación perfectamente podría prestar servicios en la misma dentro de mi profesión y recibir una remuneración, eso es bueno tenerlo claro; mi consulta es, puedo ser fundador y presidente de una fundación al mismo tiempo???

    Saludos y gracias, estoy con ganas de formar una fundación, pero me preocupa no poder trabajar en ella misma !

    • hcorralt Says:

      El fundador es quien instituye la fundación y le da su patrimonio. No tiene ningún rol en su desarrollo. El directorio debe nombrarse como prevé el estatuto, y no hay ninguna prohibición de que se nombre como director a quien fue el fundador de esa misma institución. Otra cosa es si un director (sea o no el fundador) puede recibir remuneraciones. El Código Civil dice que no puede ser remunerado por sus funciones en cuanto director, pero sí por otro tipo de prestaciones que haga a la persona jurídica. Pero esto debe ser acreditable y no una mera forma de remunerar la labor directiva burlando la prohibición legal. Respecto de si puede un director tener un contrato de trabajo con la persona jurídica aunque sea por funciones distintas a la de director se plantea el problema de que no habría realmente una relación de dependencia. Pero no habría inconvenientes, a mi juicio, a que se prestaran servicios a honorarios.


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