El abogado de la Patria Vieja

El pasado 19 de agosto un ánfora con los restos mortales de Juan Martínez de Rozas fue llevada a la ciudad de Concepción. El abogado e integrante de la Primera Junta de Gobierno, cuyo 205º aniversario celebramos en estos días, murió el año 1813 en la ciudad de Mendoza. El año 1889 sus restos fueron repatriados y permanecían en el Cementerio General de Santiago. Gracias a gestiones de la Municipalidad de Concepción, los herederos del ilustre fallecido dieron la autorización para que fueran trasladados a esa ciudad para ser sepultados junto con los de su mujer:  María de las Nieves Urrutia de Mendiburu, en el Panteón de la Patria que se espera inaugurar en el mes de octubre. Entre tanto, el ánfora permanecerá en el cementerio general penquista.

Justo es que los restos de Juan Martínez de Rozas descansen en Concepción con los de la mujer con la que se casó en 1795, ya que por ese matrimonio terminó de integrarse a la alta burguesía de esa ciudad. Su suegro, José de Urrutia, fue uno de los más acaudalados comerciantes de la región. Ya antes, en 1788, Ambrosio O’Higgins, intendente de Concepción lo había nombrado su asesor y cuando don Ambrosio asumió gobernador de Chile, Martínez lo sucedió como intendente interino. Este penquista por adopción había nacido en Mendoza el año 1759, en tiempos en los que esa ciudad y todo Cuyo pertenecían a la Capitanía General de Chile. En 1780, con 21 años, se afinca en Santiago y hace sus estudios de Derecho civil y canónico en la Universidad Real de San Felipe hasta obtener el grado de bachiller (1781). La Real Audiencia le expide el título de abogado en 1784 y durante el año siguiente ejerce el oficio de pobres. También se dedicó a la enseñanza en el Real Convictorio Carolino, el principal colegio de Santiago –que más tarde sería integrado al Instituto Nacional–, en las cátedras de filosofía y física. Después de tres años obtuvo la cátedra de leyes en el mismo colegio, la que ejerció hasta 1787. Entre tanto prosiguió sus estudios jurídicos hasta conseguir el grado de doctor en cánones y leyes (1786). Durante este tiempo fue miembro y secretario de la Academia de Leyes y Práctica Forense. Su interés por el Derecho público le llevó a aprender francés, para así poder leer obras de autores como Rousseau y Montesquieu.

Comenzó, entonces, su labor de asesor letrado de altas autoridades públicas. Después de asesorar al intendente de Concepción, Ambrosio O’Higgins, pasará a desempeñarse como asesor interino del Gobernador Gabriel de Avilés en 1790, pero no fue ratificado y volvió a Concepción.

Una eficaz actuación como abogado le cupo en la defensa de los derechos de Francisco García Carrasco, a quien, conforme a la disposición de Carlos IV de 1806, le correspondía asumir como Gobernador en su calidad de militar de más alta graduación en la Capitanía. No extraña que García Carrasco, al ejercer su cargo, se haya confiado a sus consejos. Aquí el abogado comienza a derivar en político, inclinándose cada vez más a la causa de la independencia que comenzaba a germinar en el país. Así convenció a García Carrasco de que aumentase en 12 el número de regidores del Cabildo de Santiago y de que nombrase a personas nacidas en Chile (criollos) en los nuevos cargos. Después del incidente llamado de los “tres Antonios” y del escándalo de la nave Scorpio, el Cabildo destituyó a García Carrasco en julio de 1810. El cargo de Gobernador recayó en el Conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano.

Martínez, afectado también por el episodio de la Scorpio, había regresado otra vez a Concepción, donde intentó captar la adhesión del ejército de la frontera y mantuvo correspondencia con patriotas de Buenos Aires. Los acontecimientos se precipitaron y el Cabildo abierto de Santiago del 18 de septiembre de 1810 proclamó la Primera Junta de Gobierno. Su prestigio era tal que, incluso en ausencia, Martínez de Rozas fue nominado por unanimidad segundo vocal de esa Junta. Cuando regresó a la capital el 1º de noviembre fue recibido con festejos y honores públicos. Las muertes de Toro y Zambrano y de Martínez de Aldunate, presidente y vicepresidente de la Junta, pusieron el liderazgo del gobierno en manos del abogado ahora ya convertido en gobernante: “Era él en realidad –dirá don Diego Barros Arana– el brazo más firme que contaba nuestra revolución en su cuna, la inteligencia más elevada y el hombre que arrastraba mayor prestigio de cuantos habían abrazado su causa” (D. Juan Martínez de Rozas, en Galería Nacional de Hombres Célebres de Chile, p. 9: Ver texto).

De su firmeza de carácter dará contundente prueba cuando el teniente coronel Tomás de Figueroa intenta derribar al nuevo gobierno. No le tembló la mano y asumió la dirección de la defensa, llegando incluso a comandar, a pelo de caballo, un piquete de soldados leales que persiguió y, finalmente, apresó al sublevado. Haciendo uso de sus conocimientos jurídicos, redactó la sentencia que lo condenó a muerte, la que fue ejecutada de inmediato (2 de abril de 1811).

Se preocupó de difundir las nuevas ideas a través del periódico “Despertador americano” y más tarde con una especie de curso elemental de Derecho Público que llamó “Catecismo Político”. Entre sus ideas, destaca la de formar una especie de Confederación de las provincias hispano-americanas, a través de un Congreso General, iniciativa por la que merece ser considerado un precursor de la utopía bolivariana.

Sin embargo, el gobierno autoritario de Martínez de Rozas comenzó a ser resistido por la aristocracia de Santiago, ampliamente representada en el Cabildo, y se produce una pugna por ganar la mayoría del Primer Congreso Nacional cuya convocatoria se había atrasado por el motín de Figueroa. En este conflicto el abogado saldrá derrotado: el 4 de julio de 1811, se inician las sesiones del Congreso y la Junta que él presidía deja de funcionar. Martínez nuevamente se repliega a Concepción, donde hay molestia por el predominio capitalino en el Congreso. No requiere de mayor esfuerzo para organizar una Junta Provincial que desconoce la autoridad nacional del Congreso. Mientras tanto, el Congreso cae bajo el poder del joven oficial José Miguel Carrera, el que después de dos golpes de fuerza, terminará disolviéndolo. Carrera en el poder envía a Bernardo O’Higgins para negociar con Martínez de Rozas. La guerra civil inminente es evitada a través del acuerdo del 12 de enero de 1812 y, más tarde, mediante una entrevista entre ambos líderes en Fuerte Destruido, cerca de Duao (Licantén, Curicó). Pero las cosas no estaban calmadas en Concepción y un movimiento, instigado por Carrera, se levanta contra la Junta Provincial y la disuelve. Martínez de Rozas es obligado a trasladarse a Santiago, para luego ser desterrado a Mendoza en noviembre de 1812. Meses más tarde, el 3 de marzo de 1813, fallece y cu cuerpo es inhumado en la Iglesia Matriz de esa ciudad.

Poco más de un año después (en octubre de 1814), también llegarán a Mendoza, primero O’Higgins y luego Carrera. Ambos debieron pedir refugio después de que en la batalla de Rancagua las tropas patriotas fueran derrotadas por el ejército realista de Mariano Osorio. Había terminado el período histórico de la llamada Patria Vieja, que pondría las bases para la consecución posterior de la emancipación de Chile como nación soberana.

La sepultura de Juan Martínez de Rozas en el Panteón de la Patria de Concepción, debiera contribuir a conservar el recuerdo del aporte de este abogado, al que Barros Arana consideró justo merecedor del título con el que, paradójicamente, lo trataron de infamar los recelosos realistas: “fundador y maestro de la revolución chilena” (“El doctor don Juan Martínez de Rozas”, en Barros Arana, Diego, Obras completas, Imprenta Cervantes, Santiago, 1911, t. XI, p. 77).

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2 comentarios en “El abogado de la Patria Vieja”

  1. Gonzalo Vásquez Villanueva Says:

    Estimado Profesor:
    Como siempre, un interesante y ameno artículo que genera en el lector lector ganas de conocer más del tema. Con todo respeto le hago una pregunta no carente de retórica: ¿por qué son patriotas los revolucionarios cuya particular revolución finalmente triunfó -en gran parte por el veredicto de las armas- sobre el soberano de entonces y sobre las otras revoluciones que a ésta se opusieron? ¿era menos -o mal- patriota el coronel Figueroa, mandado fusilar por Martínez de Rosas, o la Junta Provincial de Concepción? ¿U otras juntas que hubiesen aparecido por ahí? ¿Qué pensar si hoy aparece una junta en los arrabales de Temuco proclamando su particular patria? Créame que no lo pregunto desde la vereda del separatismo revolucionario, sino desde la opuesta. ¿No eran patriotas los que dieron la vida luchando lealmente en defensa del rey al que habían jurado fidelidad y de la patria de sus antepasados, la que llevaba por el mundo el estandarte de Cristo? La historiografía que prevalece desde los albores de la república nos describe una guerra entre realistas y patriotas; ¿no le parece que esa terminología lleva de contrabando cierta calificación moral de los contendientes y esconde algo esencial del conflicto; el hecho que éste fue una guerra civil entre hermanos de la misma patria? Un afectuoso saludo, Gonzalo Vásquez Villanueva.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario, que me parece muy pertinente. Claramente todas las guerras de independencia son en parte guerras civiles.La historia de la nación que logró la independencia califica de patriotas a los que lucharon en su favor, pero es cierto que también eran patriotas aquellos que luchaban por mantener la integridad del Estado originario. En este sentido, los realistas eran también patriotas que sentían que Chile debía seguir integrando la Corona española. La cuestión valorativa es muy complicada porque pasa por dirimir la justicia de la causa independentista. Saludos.


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