Revolución censurada o in claris non fit interpretatio

En el proceso de constitución como partido político del movimiento Revolución Democrática, liderado por el diputado Giorgio Jackson, la Directora (s) del Servicio Electoral dictó una resolución por la que plantea varias objeciones a los estatutos y antecedentes presentados por los constituyentes, una de las cuales se refiere el mismo nombre del futuro partido.

Textualmente, en esta parte la resolución señala: “3.1. Teniendo presente la normativa general sobre interpretación de la Ley, especialmente lo establecido en los artículos 19 y 20 del Código Civil, que señalan que ‘cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu’ y que ‘las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, y según el uso general de las mismas palabras’, así como lo señalado en el artículo 8º de la Ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, ‘No serán aceptados como nombres, siglas, símbolos ni lemas los siguientes: c) Imágenes contrarrias a la moral, a las buenas costumbres o al orden público y d) Banderas, uniformes, imágenes, palabras o locuciones, de origen nacional o extranjero, reconocidamente representativos de partidos, grupos, movimientos, objetivos, actos o conductas contrarios a la Constitución o a la ley” y la definición que efectúa el Diccionario de la lengua española, obra de referencia de la Real Academia Española de la palabra ‘revolución’, en que la mayoría de sus acepciones implican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y la paz social, lo que viene a vulnerar los artículos 4º y 19º número 15 de la Constitución Política de la República y las obligaciones establecidas en el artículo 2º de la citada Ley Nº 18.603, procede reemplazar o modificar el nombre y símbolo indicados en la escritura pública y su correspondiente procololización”.

Además del art. 8, letras c y d, de la Ley Nº 18.603, se citan en apoyo de la resolución dos normas de la Constitución: el art. 4, que dispone que “Chile es una república democrática”, y el art. 19 Nº 15, en la parte –cabe suponer–, que declara que “son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política”. La resolución, finalmente, alude a las “obligaciones” previstas en el art. 2 de la Ley Nº 18.603, con lo que entendemos se refiere a su inciso 4º que reza “Los partidos deberán siempre propender a la defensa de la soberanía, independencia y unidad de la Nación y contribuir a preservar la seguridad nacional, los valores esenciales de la tradición chilena y la paz social”.

Esta decisión ha sido unánime y duramente criticada: se la ha calificado de ridiculez, torpeza, descriterio, despropósito y hasta de “censura”. Sin necesidad de ir tan lejos, lo que hay es, nada más ni nada menos, que un error de interpretación. La jurisprudencia de los tribunales ha sentado hace ya mucho tiempo que el sentido natural y obvio de las palabras no necesariamente se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y que este no es más que uno de los medios que pueden ser utilizados sin que tenga carácter vinculante. Por otro lado, si se recurre a dicho Diccionario, que en su edición 22ª se encuentra disponible en línea, se puede ver que de las siete acepciones que contempla la palabra “revolución” sólo tres son pertinentes a la materia interpretada: la nº 2: “Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación”; la nº 3: “Inquietud, alboroto, sedición” y la nº 4: “Cambio rápido y profundo en cualquier cosa”. Es muy grueso el argumento que antes estas acepciones debe optarse por un criterio cuantivativo: la mayoría gana, para sostener que la palabra “revolución” remite necesariamente a conductas contrarias al orden público, sin atender a que la acepción nº 4 es más adecuada, sobre todo si se toma en cuenta que el sustantivo “revolución” esta calificado por el adjetivo “democrática”.

El único que ha salido a defender la resolución con bríos dignos de mejor causa, ha sido el Presidente del Consejo del Servicio Electoral, Patricio Santa María. Sus argumentos se centran en imputar el resultado absurdo de la decisión, no a quien la emitió, sino a la ley Nº 18.603, la que no estaría en consonancia con los valores republicanos y democráticos por haberse dictado en 1987 en plena dictadura o gobierno militar. En diversos medios, hizo declaraciones exculpando al Servel por estar “amarrado” por la ley, la que le impediría hacer interpretaciones que vayan más allá de su texto. Estas son algunas de sus explicaciones: “nosotros como órgano administrativo electoral, no tenemos muchas posibilidades de entrar a interpretar la ley y existe una norma expresa, el artículo 8° de la Ley de Partidos Políticos -que hay que recordar que fue dictada el año 1987, vale decir no en democracia sino que en dictadura-, establece que no puede utilizarse este tipo de palabras”; “Para ser bien preciso, conversamos con el diputado Jackson y otros de los constituyentes y les planteamos que uno de los problemas con que nos podíamos encontrar era hacer ese reparo porque la ley no nos permite hacer interpretaciones”; “Estamos amarrados tenemos que aplicar la ley, no es un tema de criterio”.

Observamos que bajo esta forma de argumentación subyace la misma idea que durante mucho tiempo predominó entre los tribunales, al entender que el art. 19 inc. 1º del Código Civil contenía una orden de aplicar la ley según el significado literal de sus palabras. Esto se reflejaba en la usual afirmación de que los jueces se limitan a aplicar la ley, sin interpretarla. En apoyo de esta posición se aducía el antiguo adagio, cuya raíces parecen provenir de Cicerón, que reza “in claris non fit interpretatio” (no se hace interpretación de lo que es claro). Esta doctrina, así como el mismo brocardo, han sido fuertemente criticados por las teorías modernas de la hermenéutica jurídica, que han puesto de relieve que dada la naturaleza del lenguaje no es posible determinar la claridad u oscuridad de una norma sin previamente interpretarla. Entre nosotros, se hace ver, además, que el art. 19 no dispone que cuando el tenor literal es claro debe el intérprete sujetarse a él, sino que esto debe suceder solo cuando “el sentido” de la ley sea claro, y este sentido sólo puede determinarse una vez concluido el proceso de interpretación. En suma, no es posible aplicar una norma legal a un caso concreto sin que primero se la interprete. Guzmán Brito ha defendido que el brocardo “in claris non fit interpretatio” utiliza la palabra “interpretación” de un modo restringido, como refiriéndose a los casos en que el proceso hermenéutico da por resultado una ampliación o restricción del ámbito de aplicación de la norma. Por lo que no vendría a decir que cuando el texto es claro no debe hacerse interpretación alguna, sino, más bien, que cuando el sentido de la ley coincide con la significación de sus palabras, obviamente no hay nada más que hacer y se aplicará la ley conforme a su tenor literal, pero no porque este sea lo más importante, sino en cuanto expresa el genuino sentido de la norma legal (Guzmán Brito, Alejandro, Las reglas del Código Civil de Chile sobre interpretación de las leyes, LexisNexis, Santiago, 2007, pp. 111 y ss.).

En suma, parece claro que no estamos aquí ante un defecto de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, ya que por mucho que haya sido dictada bajo un régimen autoritario, ha sido aplicada por más de una década de régimen democrático siendo objeto de múltiples modificaciones, la última por ley Nº 20.840, de 5 de mayo de 2015, o sea, hace solo unos cuantos meses. Por mucho que el Presidente del Consejo del Servel quiera defender su institución echándole la culpa al texto legal, mirado objetivamente el problema no hay duda que se trató de una interpretación errada de la expresión “Revolución Democrática” y de las normas del art. 8 de la ley Nº 18.603.

Sí es efectivo que el proceso no está terminado, ya que los constituyentes del partido en formación ahora deben responder a las objeciones planteadas y podrán invocar las razones por las cuales el nombre propuesto no transgrede las normas legales invocadas. Si el Director del Servel persistiera en su propósito de excluir la palabra “revolución”, los constituyentes tienen derecho a recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (art. 13 ley Nº 18.603), el que deberá resolver la controversia.

Prevemos que, con toda la polvareda levantada, no será necesario llegar a esta instancia, y Revolución Democrática podrá inscribirse como partido político con dicho nombre, una vez que la Dirección del Servel reflexione un poco más profundamente sobre lo equivocado de la interpretación literal que asumió en un primer momento.

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One Comment en “Revolución censurada o in claris non fit interpretatio”


  1. Estimado Profesor:

    Coincido con usted que esta es una falla más no de la ley en sí (y su origen como aducen la autoridad citada) sino de una interpretación de la norma jurídica.

    a) En lo que toca a la autoridad vinculante que parece tener el Diccionario de la Lengua Española, pues bástenos con citar a Pablo Rodríguez Grez, quien en su obra “Interpretación Jurídica” (2a., Ed. Jurídica de Chile,Santiago, reimpresión de 2012), las palabras de uso corriente (artículo 20 del Código de Bello) deben ser entendidas en “su sentido natural y obvio, conforme al uso que la comunidad dé a dichas palabras” (p. 76)

    b) No nos cabe duda de que el artículo 19 del Código Civil se ciñe a la precisión que hace Alejandro Guzmán Brito en relación a un adecuado análisis del brocardo latino, es decir, si el espíritu de la norma se ciñe a su tenor literal, pues queda perfeccionado el proceso interpretativo

    Con estos antecedentes, queda en claro la interpretación errada del ente administrativo, la cual debiese corregirse.

    Por otro lado, y ya en un ángulo más histórico, nada más antidemocrático que el partido comunista, el que no tuvo reparos de ninguna clase en su creación y existencia.

    Notable me parece sobre este punto lo dicho por Mario Verdugo Marinkovic en entrevista que consta en el siguiente enlace de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B_W9d3Dh9Y8 (espero que pueda verla completa, pues es rescatable absolutamente).

    Saludos cordiales,

    Gustavo Westermeier Tuki.


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