Muerte presunta e indefensión: a propósito de una reciente sentencia de la Corte Suprema

A pesar de que los procesos para obtener una declaración de la presunción de muerte de una persona desaparecida son más frecuentes de lo que se cree, casi no hay jurisprudencia emanada de los tribunales superiores. Tratándose de una gestión de jurisdicción voluntaria, raramente se llega a la fase de la apelación, y menos a la de casación en el fondo para ante la Corte Suprema. Por eso, nos sorprendió leer el fallo de 8 de octubre de 2015, por el cual nuestro Tribunal Supremo se pronuncia sobre uno de estos casos.

Los hechos son los siguientes: una señora solicita la declaración de muerte presunta de su marido ante un juzgado de letras de San Miguel (Santiago). Invoca que éste desapareció hace 29 años, cuando hizo abandono del hogar común y desde entonces no se han tenido noticias sobre su paradero ni existencia. Según los antecedentes y testimonios del expediente, el desaparecido procedía de Estados Unidos y llegó al país el 22 de mayo de 1982, contrajo matrimonio con la solicitante el 17 de junio de ese año y, dos meses después (el 19 de agosto), regresó a su país de origen. El tribunal de primera instancia rechazó declarar la muerte presunta requerida. La solicitante apeló de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero ésta confirmó la decisión negativa. Ante ello, la solicitante interpone un recurso de casación en el fondo para ante la Corte Suprema.

Nuestro máximo tribunal no se hace cargo de las alegaciones de la recurrente y, en cambio, utiliza la facultad para casar de oficio una sentencia cuando, conociendo por vía de apelación, consulta o casación, advierte que la resolución adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma (art. 775 del Código de Procedimiento Civil). Según la Corte, la resolución de la Corte de Apelaciones que confirmó la sentencia de primera instancia, incurrió en la causal de casación en la forma, consistente en “haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley…” (art. 768 Nº 9 del Código de Procedimiento Civil). ¿Cuál sería este trámite esencial que habría sido omitido? Este sería el previsto en el Nº 4 del art. 795 del Código Procedimental, esto es, “la práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión”. En este sentido, la Corte señala que esta norma debe ponerse en relación con el art. 81 Nº 4 del Código Civil que dispone que el juez oirá al defensor de ausentes en todos los trámites o pruebas que proponga en relación al desaparecimiento. En el caso, el informe del defensor público fue evacuado y cumplidas todas las diligencias sugeridas, salvo una consistente en despachar oficio a la Embajada en Chile de los Estados Unidos de Norteamérica a fin de que se informe si el desaparecido se encuentra dentro de los ciudadanos de su país, sus últimos domicilios, los últimos trámites realizados y la circunstancia de encontrarse o no en el Registro de Defunciones de dicho país. El informe añadía que “si con ocasión de los resultados de las diligencias practicadas se registran domicilios del presunto ausente, se debe intentar su búsqueda en los mismos”.

La Corte estimó que al no haberse practicado esta diligencia, se habría incumplido con lo dispuesto en el art. 81 Nº 4 del Código Civil en el sentido de que el juez oirá al defensor de ausentes en todos los trámites o pruebas que proponga en relación al desaparecimiento: esta exigencia habría sido “desatendida” en la tramitación de la solicitud “pudiendo producir con ello la indefensión de la interesada en la declaración” (cons. 6º: Ver texto).

De esta manera, la Corte Suprema invalida de oficio la sentencia de apelación y ordena que se retrotraiga el estado de tramitación de la causa para que pueda practicarse diligencia recomendada por el defensor público, ante juez no inhabilitado.

El fallo que comentamos nos deja un tanto perplejos. En primer lugar, porque lo que es un trámite esencial del proceso de muerte presunta es oír al defensor público para proceder a la declaración (art. 81 Nº 4 del Código Civil), pero la ley no impone al juez el deber de decretar todo lo que le recomienda ese informe. En el caso, el defensor fue debidamente oído y a esto no obsta que el juez haya estimado que no era necesario practicar alguna de las diligencias sugeridas. Los ministros de la Sala parecen reconocer la debilidad de esta argumentación al intentar apoyarla con un fundamento que, aunque relacionado, es diferente: “se advierte –dicen– que la sentencia impugnada, al confirmar la de primera instancia, ha resuelto sin que se hubieren agotado las posibles diligencias para averiguar el paradero del presunto desaparecido…” (cons. 4º). O sea, la deficiencia de los jueces de instancia no habría sido desatender lo que recomendaba el defensor, sino no haber agotado las diligencias necesarias para averiguar el paradero del ausente. Esto parece más razonable, pero la ley considera sólo como causal de casación en la forma la omisión de diligencias probatorias que pueda causar indefensión. La sentencia de casación sólo afirma –pero no fundamenta–, que al no haberse oficiado a la Embajada, se podría producir indefensión “a la interesada en la declaración” (cons. 6º). Pero no vemos cómo la omisión de una diligencia encaminada a ubicar el paradero del desaparecido, puede dejar en indefensión a quien está interesada en solicitar la declaración de su muerte presunta. Más plausible sería decir que esta falta de diligencia podría dejar en indefensión al desaparecido ya que, de no practicarse, podría ser declarado presuntivamente muerto. Pero resulta que en el caso la muerte presunta había sido rechazada, con lo que la posible indefensión no había perjudicado los intereses del desaparecido, representados de alguna forma por el defensor público.

Es posible que la Corte haya tenido a la vista circunstancias de justicia que se nos escapan por no haberse reproducido en la sentencia. Por ejemplo, resultaría interesante saber cuál fue la razón por la cual los tribunales de instancia no dieron lugar a la petición de muerte presunta. En cualquier caso, resulta provechoso que este tipo de materias jurídicas, tan relevantes para la buena protección de los derechos de las personas, reciba la ilustrada atención de la Corte Suprema.

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