El “escándalo de la semana”: mensajes eróticos desde la Cámara de Diputados

La noticia se tomó las redes sociales y las portadas de los medios de prensa: un diputado de larga trayectoria había sido fotografiado cuando en plena sesión de la Cámara enviaba por su celular mensajes de wathsaapp. El problema mayor es que las imágenes reproducían la pantalla del teléfono celular y dejaban ver el texto de los mensajes: se trataba de intercambios de alto contenido erótico y que ponían de manifiesto la orientación homosexual del diputado, quien hasta entonces no había hecho pública esta condición.

En general, la actuación de los medios que captaron y difundieron las imágenes (primero Agencia Uno y luego el diario electrónico El dínamo) fue objeto de un amplio y enérgico repudio por invadir, sin justificación alguna, la vida privada de una persona. Más de alguien, con razón, hizo ver que no ha sido esta la reacción en otros casos similares de intrusión en las comunicaciones privadas, como sucedió con la interceptación y posterior difusión de correos electrónicos intercambiados entre los Cardenales Ezzati y Errázuriz o con la captación de las pantallas de celulares de imputados en el caso Penta. El mismo diario El dínamo que, ante las críticas, retiró las imágenes con los mensajes eróticos pidiendo disculpas a quien pudiera haber ofendido, mantiene en su página web la pantalla del celular del imputado por el caso Penta donde se lee el mensaje recibido (curiosamente de otro diputado).

Así y todo, es saludable que haya una reacción contra este tipo de periodismo, si es que puede dársele ese nombre, que promueve el sensacionalismo y explota la curiosidad y el morbo. No faltan los que alegan que en estos casos hay un interés público que autoriza la exposición, olvidando que dicho interés puede justificar la difusión de hechos de la vida privada pero nunca la intromisión en espacios personales reservados a la mirada y el fisgoneo de los demás. De allí la ilicitud absoluta de las “investigaciones” mediáticas que utilizan las llamadas cámaras ocultas.

Los tribunales resolverán sobre si corresponde aplicar los delitos previstos en el art. 161-A del Código Penal. Por nuestra parte nos interesa el aspecto civil del caso: ¿podría el diputado ejercer una acción para reclamar indemnización de perjuicios contra los que captaron y difundieron el contenido de sus mensajes? Es manifiesto que podría interponer una acción civil por una vulneración de derechos de la personalidad, que además están consagrados constitucionalmente, como son el derecho al respeto de la vida privada, (y más particularmente de la inviolabilidad de las comunicaciones), y además el derecho a la honra (art. 19 Nº 4 y 5 de la Constitución). Se trata de dos ilícitos que, aunque puedan concurrir en muchos casos, son de naturaleza diferente: por el primero, indebidamente se accede a, o se difunden, hechos que pertenecen a la intimidad de la persona, aunque ellos en nada afecten su consideración o reputación social. En cambio, se afecta el honor o la honra cuando se difunden injustificamente hechos, falsos o verdaderos, que inducen a menoscabar la fama o la reputación que ostenta alguien en el medio social. Así se vulnera la vida privada aun cuando el hecho revelado sea éticamente indiferente o incluso meritorio: por ejemplo, si se revela, sin autorización, que alguien por las noches sale a ayudar a personas en situación de calle. También puede darse el caso inverso: afectación de la honra sin vulneración de la intimidad: por ejemplo, si alguien difunde sin necesidad ni utilidad pública alguna, que un individuo en el pasado fue sancionado en el colegio por llegar ebrio a clases.

Es cierto, sin embargo, que en muchos casos, como parece ser el que comentamos, confluyen lesiones a ambos derechos: hay inmiscusión indebida en el ámbito privado y difusión de hechos que denostan o menoscaban la fama o la honra de la persona (en este caso, al ponerla como culpable de infidelidad conyugal).

El problema es que la reparación del daño que se cause en ambos casos tiene diferencias que no parecen razonables. Tratándose de lesión al derecho a la vida privada puede reclamarse la indemnización de todo tipo de daños, incluidos los de carácter extrapatrimonial (daño moral). En cambio, si se trata de una lesión del derecho al honor nos encontramos con el precepto del art. 2331 del Código Civil que dispone: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”.

Como se ve, la norma restringe el derecho a la indemnización por imputaciones injuriosas contra el honor a los perjuicios patrimoniales: daño emergente y lucro cesante, negándose así la resarcibilidad del daño moral o extrapatrimonial. En parte esta restricción puede ser superada si la lesión del honor es cometida por un medio de comunicación social regido por la Ley Nº 19.733, de 2011, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, ya que esta normativa prevé expresamente que la responsabilidad civil debe incluir la indemnización del daño moral, pero la condiciona a que esa lesión pueda ser calificada como delito penal de injuria o calumnia (art. 40 inc. 2º). Si no se logra condena penal por injuria, la responsabilidad civil “se regirá por las reglas generales” (art. 40 inc. 1º), esto es, se aplicará la exclusión del daño moral ordenada por el art. 2331 del Código Civil.

Por ello, aunque el atentado al honor del diputado de marras haya sido cometido por medios de comunicación social resultará difícil que el ofendido pueda accionar de responsabilidad civil para pedir reparación del daño moral causado. Normalmente, los medios se liberan de la condena por injurias invocando que no ha habido ánimo de insultar u ofender, sino de informar o exponer algo que interesa el público.

Hay que hacer notar que el Tribunal Constitucional ha dictado numerosas sentencias por las que declara inaplicable por inconstitucional el precepto del art. 2331 del Código Civil (Roles N°s 943; 965; 1185, 1463, 1679), pero cuando se trató de declararlo definitivamente inconstitucional, lo que conlleva la derogación de la norma (art. 93 Nº 7 Const.), la Asociación Nacional de la Prensa se opuso por estimar que la inclusión del daño moral de manera general en estas materias podría poner en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y de información. Finalmente, no se logró el quórum necesario (Rol N° 1.723), de modo que la vigencia del controvertido artículo 2331 se mantuvo.

Se trata, sin embargo, de una norma que no resulta coherente con nuestro sistema de reparación de daños y menos con la protección de derechos de la personalidad tan relevantes como la honra. Como hemos sostenido con anterioridad, sería recomendable que el legislador tomara el problema en sus manos y derogara o modificara el art. 2331 del Código Civil.

No está demás recordar el proyecto de ley que pretendía regular la responsabilidad civil por atentados contra la honra y la vida privada de la persona que alcanzó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero que también sucumbió frente a la oposición corporativa de los medios de comunicación (Proyecto de ley sobre protección civil del honor y la intimidad de las personas, Boletín 2370-07, archivado por acuerdo del Senado el año 2007). Quizás sea la oportunidad para su desarchivo y discusión legislativa.

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2 comentarios en “El “escándalo de la semana”: mensajes eróticos desde la Cámara de Diputados”

  1. Alicia Gómez Says:

    Estoy de acuerdo con el respeto a la privacidad pero me queda una pregunta
    ¿El uso de los teléfonos celulares y los medios de comunicación social como whatsapp,chat, skype, Facebook, etc. ESTA PERMITIDO EN LAS SESIONES O REUNIONES ?
    Porque si las publicaciones hechas son falta de ética; EL ESTAR HACIENDO OTRA COSA EN LAS SESIONES y más si se trata de mensajes o en general cualquier cosa sea personal o incluso comentarios a otros de dentro o fuera de la sala CONSIDERO QUE ES UNA FALTA DE ÉTICA Y RESPETO A TODA LA SOCIEDAD QUE LES HA CONFIADO LA TAREA DE LEGISLAR.
    Es un mal ejemplo: ¿Cómo pedir que los niños, adolescentes, jóvenes no lo hagan en clases o reuniones?
    Y es mal precedente ¿Cómo exigir que no lo hagan en los trabajos?
    Por último, ésta u otras noticias sobre personas del congreso o del senado que durante las sesiones se dedican a hacer otra cosa, se duermen, leen periódicos o libros, o se ausentan constantemente; es una falta de respeto y falta de responsabilidad frente al país y más aún si consideramos los millones de pesos que reciben como salario sin contar viáticos.
    Una persona cualquiera que en el trabajo hiciera esto, posiblemente, sería sancionada o despedida.
    HAY INTERROGANTES ABIERTOS Y SIN LUGAR A DUDAS SE FILTRA UNA CLARA SITUACIÓN DE INJUSTICIA E IRRESPONSABILIDAD SOCIAL

    • hcorralt Says:

      Me parece que eso es un pretexto. Si fuera así hubiera bastado con mostrar al diputado usando su celular durante la sesión, sin necesidad de mostrar el texto de sus mensajes. Me temo que es poco realista pensar que las personas no puedan usar el celular mientras están en el trabajo.


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