De Paredes y televisores

El conocido jugador de Colo Colo, Esteban Paredes, fue formalizado por el delito de receptación, al haber adquirido tres televisores que provenían de un robo. Según el fiscal, Paredes habría comprado estos televisores, de 65 pulgadas, a una persona con residencia en las cercanías del Estadio Monumental, que le cobró $ 750.000 por cada uno, a pesar de que su valor comercial se aproxima a los $ 2.000.000. A su vez, Paredes le vendió uno de los televisores a su compañero en el equipo albo, el arquero paraguayo, Justo Villar, quien este viernes declaró voluntariamente ante la Fiscalía para dar su versión de los hechos.

Más allá de la responsabilidad penal que pueda afectar a ambos jugadores, nos interesa comentar sus aspectos civiles, en especial el derecho del dueño para recuperar los bienes que le fueron sustraídos. Las versiones de la prensa señalan que los televisores habían sido tomados el 20 de octubre pasado, de un camión que transportaba esta mercadería. Parece ser que el propietario, entonces, es alguna empresa comercializadora, persona natural o jurídica.

Como dueño, el ofendido por el delito tiene derecho a ejercer la acción civil que corresponda, en este caso aquella que le permite recuperar la cosa de un poseedor, como lo es quien ha comprado los bienes al ladrón (receptador). Es cierto que los bienes están incautados, pero la posesión permanece en aquel que se creía, legítima o ilegítimamente, señor y dueño de la cosa, asumiendo el Ministerio Público un deber de custodia, lo que lo convierte en mero tenedor (cfr. art. 188 CPP). La acción que corresponde ejercer es la acción reivindicatoria. El Código Procesal Penal, sin embargo, no le da ese nombre y habla en forma genérica de “acción de restitución de la cosa”, disponiendo que esta acción, a diferencia de la indemnizatoria por responsabilidad civil, debe necesariamente ser interpuesta en el proceso penal: “La acción civil que tuviere por objeto únicamente la restitución de la cosa, deberá interponerse siempre durante el respectivo procedimiento penal…” (art. 59 inc. 1º CPP; cfr. art. 171 COT). En general, la acción restitutoria de la cosa se tramita como incidente ante el juez de garantía, pero la resolución que lo falle debe limitarse a reconocer el derecho del actor y la restitución deberá esperar a que sea ordenada por la sentencia definitiva que recaiga en el proceso penal (art. 348 inc. 3º CPP). Pero si se trata de cosas hurtadas, robadas o estafadas, el procedimiento es más simple y puede tener lugar en cualquier estado del proceso: a simple petición del dueño o legítimo tenedor, el juez o tribunal podrá ordenar la entrega de las cosas reclamadas, una vez comprobado su dominio o tenencia, lo que podrá hacerse “por cualquier medio” (art. 189 inc. 1º CPP). Previamente debe establecerse el valor de las especies y dejar constancia de ellas mediante fotografías u otros medios que resultaren convenientes (art. 189 inc. 2º CPP).

Si la cosa se ha perdido o destruido procederá perseguir el valor de la cosa, conforme a lo dispuesto en el art. 900 inc. 1º del Código Civil, pero en tal caso el dueño debe ejercer, no la acción propiamente restitutoria, sino una que queda incluida en la expresión “las restantes acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible” que, según el art. 59 inc. 2º del Código Procesal Penal, pueden interponerse ante el tribunal civil o en el procedimiento penal. Si se interponen en este último, esto debe hacerse mediante demanda civil, que deberá ser resuelta en la sentencia, sea de condena o absolutoria (art. 342 letra e CPP). También deberán seguir este mismo procedimiento todas las pretensiones referidas a las prestaciones mutuas por frutos, deterioros y otros perjuicios que se le hubiere causado al propietario.

Surge aquí la cuestión de si debe considerarse a los jugadores implicados, poseedores de buena o mala fe. Esto tiene importancia para determinar el plazo de prescripción: tratándose de cosas muebles, la buena fe permitiría que tengan la posesión regular y adquirir la cosa por prescripción ordinaria de 2 años. Además, las prestaciones que el poseedor vencido debe al reivindicante son diversas según la buena o mala fe del primero.

En las declaraciones formuladas a la prensa por Paredes, y que han sido apoyadas por autoridades de Colo Colo, ha tratado de explicar su conducta señalando que no sabía que se trataba de televisores robados y que de haberlo sabido no los habría comprado: “Cometí un error –declaró el jugador–. No debería haber comprado, son cosas que le pueden pasar a cualquier persona”. Algo similar podrá señalar Justo Villar por el televisor que le compró a Paredes.

Suponiendo que efectivamente esto haya sido así, esto es, que ambos jugadores al momento de la compra ignoraban el origen ilícito de las cosas, habría que convenir que padecieron un error. Se daría el supuesto con que el art. 706 inc. 2º del Código Civil ilustra el caso de posesión de buena fe por invocación de un título traslaticio de dominio (por ejemplo, la compraventa): “la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato”.

Pero tenemos que hilar más fino: no todo error es compatible con la buena fe. Debe tratarse de un error de hecho (no de derecho) y que sea excusable, en el sentido de que cualquier persona de mediana prudencia o cuidado hubiera incurrido en él. Por eso, el art. 706 inc. 3º del Código Civil precisa que “un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe”. Como se ve, la ley exige que el error sea “justo”, esto es, justificado, razonable o disculpable.

¿Puede considerarse “justo error de hecho” aquel en que habrían incurrido los jugadores al comprar los televisores? Si nos atenemos a las informaciones de prensa la respuesta debiera ser negativa: ambos compraron un producto con características de nuevo o sin uso, no de un proveedor establecido, sino de personas que no se dedican a su venta, sin documentos como facturas o boletas, y además por un precio muy inferior a su valor comercial. De este modo, bien puede señalarse que, aun en el caso de que ellos no hubieran sabido que se trataba de especies robadas, cualquier persona con mediana diligencia debería haberse representado esa posibilidad y habría requerido información suficiente antes de consumar la compra. Si no lo hicieron, aunque aleguen error o ignorancia, esa alegación no les servirá para ser considerados poseedores de buena fe, porque su error no se considerará “justo” en el sentido del art. 706 inc. 3º del Código Civil.

De este modo, incluso en el caso de que pudieran ser sobreseídos del cargo de receptación de especies robadas, al no poder probarse el dolo requerido por el tipo penal del art. 456 bis del Código Penal (“El que conociendo su origen o no pudiendo menos de conocerlo…”), para efectos civiles deberían restituir los televisores al propietario con los deberes propios de los poseedores de mala fe.

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