La imagen del senador Pizarro

Indignado se mostró el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, por el spot publicitario de una compañía de telefonía móvil en el cual aparece un actor simulando a una autoridad que no se nombra pero con caracteristicas similares a él, que primero se fotografía junto a una víctima de una catástrofe y luego aparece disfrutando de un partido del mundial de rugby y rechazando molesto una llamada a su teléfono celular procedente de La Moneda. El aviso termina con la leyenda: “si quieres una compañía que sí se preocupe por ti, cámbiate a XX”.

El comercial alude a las críticas recibidas por el parlamentario por haber viajado a su región azotada por el terremoto del pasado 17 de septiembre, y al día siguiente abordar el avión para viajar a Inglaterra para asistir al mundial de rugby, deporte que practicó en su juventud y del que es conocido aficionado.

Dejando a un lado el problema de la ofensa al honor, el episodio nos permite reflexionar sobre los atentados al derecho a la propia imagen. En principio, este derecho protege a la persona para impedir que la representación de sus características corporales pueda ser utilizada por terceros sin su consentimiento. Ordinariamente el derecho a la imagen se transgrede por la reproducción de fotografías o videos donde aparece una persona, ya sea de cuerpo entero o en parcialidades que permiten su identificación. Pero la protección de la imagen se ha ido ampliando para cubrir otras formas de representación de los aspectos identificatorios de la persona, como son los dibujos, las caricaturas, la imitación humorística, la reproducción o imitación de la voz, la utilización de los llamados dobles (personas físicamente muy parecidas a celebridades), etc.

Dentro de esta interpretación amplia del concepto de imagen, debiera caber la representación que hace un actor del senador Pizarro, con un manifiesto afán de imitar su forma de vestir, su peinado, y sus gestos y rasgos corporales. Por ello, podría concluirse que la exhibición del aviso por televisión o por redes sociales a través de un video de youtube puede considerarse, en principio, una utilización abusiva de la imagen del senador, dado que es manifiesto que no ha contado con su autorización, ni expresa ni tácita. Más aún, el senador repudió el aviso calificándolo de burdo y poco imaginativo.

La empresa de telefonía móvil podría defenderse señalando que si bien usó (por la vía de la imitación actoral) la imagen del senador Pizarro, esa utilización está legitimada por tratarse de una figura pública, sujeta al escrutinio ciudadano, por lo que las críticas a su actuación deben ser amparadas por la libertad constitucional de opinar y de informar por cualquier medio y sin censura previa, conforme con el art. 19 Nº 12 de la Constitución. A ello se puede añadir lo que dispone la ley Nº 19.733, de 2001, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en cuanto a que se reputan hechos de interés público “los referentes al desempeño de funciones públicas” (art. 30), así como que “No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva…” (art. 29 inc. 2º).

En este sentido puede señalarse que, en general, se piensa que las caricaturas, parodias o imitaciones humorísticas de políticos o autoridades públicas quedan justificadas por la libertad de expresión y el nivel de mayor exposición que dichas personas han aceptado al acceder a esas funciones. Pero es discutible que la libertad de expresión llegue a amparar a quien, a pretexto de parodiar críticamente a un político, utiliza su imagen con fines publicitarios. El mismo art. 29 de la ley Nº 19.733, señala que no constituyen “injurias” las apreciaciones de crítica política, “salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar”. Aplicando analógicamente este precepto legal, podemos considerar que sí existe una conducta ilícita en el uso de la imagen cuando, además de criticar, existe otro ánimo, como sería el de lucrar a través de la publicidad para una empresa que no tiene ninguna función relacionada con la política.

Puede concluirse, en consecuencia, que al utilizarse la figura del senador en el spot publicitario se ha producido una vulneración de su derecho a la propia imagen. Pero, ¿está este derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico? En forma expresa, claramente no. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestros tribunales lo ha reconocido como una faceta del derecho al respeto y protección de la vida privada contenido en el art. 19 Nº 4 de la Constitución o, incluso, tratándose de usos comerciales de la imagen, entendiendo que ésta es un bien incorporal que puede ser protegido por el derecho de propiedad garantizado en el art. 19 Nº 24 de la Carta Fundamental. Todo ello a los efectos de hacer posible una acción de protección para proteger al afectado (art. 20 Const.).

En Derecho civil, podemos considerarlo uno de los derechos de la personalidad, que emanan directamente del reconocimiento de la dignidad de todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición (art. 55 del Código Civil). Siendo así, su vulneración dará lugar a responsabilidad civil extracontractual, tanto en su modalidad preventiva (art. 2333 del Código Civil) como en su modalidad indemnizatoria (art. 2314 y ss. del Código Civil). Debe señalarse que en estos casos no se aplica la exclusión del daño moral prevista en el art. 2331 del Código Civil, ya que esta norma dispone que ese daño no puede reclamarse cuando se trate de “imputaciones injuriosas”, y aquí hemos dejado aparte el problema del agravio al honor del ofendido, para centrarnos únicamente en la afectación de su derecho a la propia imagen.

Si se trata de solicitar una indemnización, sin embargo, no bastaría la vulneración del derecho, aunque algunos estiman que su sola lesión ya constituiría un perjuicio o a lo menos una presunción de su existencia. Hoy parece prevalecer la opinión de que es necesario que se acredite, además de la lesión, que ella ha provocado perjuicios ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales.

En el caso del senador Pizarro una prueba del perjuicio causado podría ser la posición como presidente de partido con la peor imagen pública (65% de evaluación negativa) que le asigna la encuesta Cadem-Plaza pública, dada a conocer el 23 de noviembre pasado. Por cierto, podría discutirse si el spot fue la causa exclusiva de esa pérdida de prestigio, ya que es manifiesto que la ciudadanía no vio con buenos ojos que el senador no haya cancelado su viaje al percatarse de la gravedad de la catástrofe padecida por la región cuya población representa.

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