Sicario

La investigación de la misteriosa muerte de una contadora de Puerto Varas, cuyo cadáver fue encontrado después de 42 días, en el entretecho de su misma casa, tuvo un inesperado vuelco cuando un carpitero de la zona confesó la autoría material del homicidio y declaró que lo había hecho por encargo del marido, quien le había ofrecido 5 millones de pesos si asesinaba a su mujer. Según su confesión, el marido le habría pagado sólo $ 2.000.000 y luego se habría resistido a enterar el resto del precio convenido. Ambos presuntos autores, intelectual y material, fueron formalizados ante la jueza de garantía de la ciudad, la que decretó su prisión preventiva como medida cautelar.

No sabemos cómo continuará el proceso penal, y si efectivamente se comprobará la participación del marido como autor intelectual en el crimen, cosa que él ha negado. Aún así, el caso nos presta utilidad para examinar el acuerdo jurídico por el cual una persona se compromete con otra a realizar un delito que favorece a la primera, a cambio de un precio o remuneración por el servicio prestado.

Digamos, primeramente, algo sobre el origen de la palabra “sicario”, con el que se ha identificado en este caso al carpintero que dio muerte a la contadora. Según dan cuentas las fuentes del Derecho Romano, la voz latina “sicarius” proviene de la palabra “sica” con la cual se designaba un cuchillo de hierro pequeño y curvo (Inst. J. 4. 18. 5). Por su dimensión y forma, este tipo de arma era idónea para que un asesino la ocultara entre sus ropas y pudiera acercarse a sus desprevenidas víctimas, darles el golpe moral y luego escapar. Por eso se designó como “sicarii” (plural de sicarius) a los que cometían homicidios por estos medios violentos al igual que aquellos que utilizaban el veneno. El año 81 a. C. el dictador Sila propuso una ley cuyo título aseguró la fama al nombre: “Lex Cornelia de Sicariis et Veneficis” (Ley Cornelia sobre sicarios y envenenadores). Sus principales disposiciones se conservan en el Digesto (D. 48.8).

Más tarde, en los primeros siglos de la era cristiana los romanos denominaron “sicarios” a un grupo de radicales judíos que luchaban violentamente contra la ocupación de Judea por las tropas del imperio. Al parecer la secta desapareció después del suicidio masivo de los rebeldes que resistieron el asedio de las tropas romanas en la fortaleza de Masada (año 73 d.C.).

Hoy el uso de la palabra sicario, se ha reducido a un tipo de homicidio o asesinato: el que se realiza por encargo de otro y con la única motivación de obtener dinero u otros bienes patrimoniales por el hecho. Es el llamado “asesino a sueldo”.

Es claro que el mandante y el sicario celebran un contrato análogo al arrendamiento de servicios, es decir, un contrato por el cual las dos partes se obligan recíprocamente, la una a prestar un servicio (matar a un tercero) y la otra a pagar por este servicio un precio determinado. En el caso del crimen de la contadora, el precio fue pactado en una suma de dinero, con una cuota pagada anticipadamente y la otra diferida para después de la prestación del letal servicio.

Debe preguntarse: ¿podría ahora el carpintero demandar la ejecución del contrato y cobrar los $ 3.000.000 que, según su declaración, no le fueron enterados, pese a que él dio cumplimiento a su parte del trato? Si así fuera los efectos del derecho penal y del derecho civil irían por caminos separados: el derecho penal le impondría una pena o sanción, pero el civil le aseguraría el cumplimiento de la obligación contractual de su contraparte. Como se imaginará tal cosa sería absurda; por ello, la ley civil se niega a respaldar este tipo de contratos que son claramente ilícitos, y por el contrario los sanciona con la nulidad absoluta. El motivo de la nulidad es la causa ilícita que, según el Código Civil, es el motivo que, induciendo al acto o contrato, es prohibido por la ley, contrario a las buenas costumbres o al orden público (art. 1467 inciso segundo). Por si quedara alguna duda el ejemplo que nos proporciona don Andrés Bello para ilustrar la causa ilícita es justamente el tipo de acuerdo que estamos analizando: “Así… la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene causa ilícita”.

Pero debemos avanzar un paso más: si el sicario pide la ejecución del contrato, el llamado a invocar la nulidad por causa ilícita sería quien contrató con él para encargarle la comisión del delito. Pero resulta que el art. 1683 del mismo Código Civil nos advierte que la nulidad absoluta puede ser alegada por todo el que tenga interés en ello, “excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba”. La excepción se aplicará al marido que encomendó el crimen de su cónyuge, ya que sabía que estaba celebrando un acuerdo ilícito al mandar asesinarla. ¿Cómo podría entonces evitarse que el sicario pudiera recibir la parte del precio que no le fue pagada? La solución queda en manos del juez, ya que éste, si bien deberá rechazar la excepción del demandado, tiene la facultad y el deber de declarar de oficio la nulidad absoluta, puesto que ella aparece de manifiesto en el acto o contrato (art. 1683 del Código Civil).

Veamos ahora la arista contraria: ¿podría el marido que encargó el homicidio reclamar que el carpintero le devuelva el dinero que pagó, ya que el contrato es nulo por causa ilícita y deberían proceder las restituciones mutuas que dejen a cada parte en el mismo estado en que se encontrarían de no haberse celebrado el contrato nulo?

Tenemos, en primer lugar, el impedimento para alegar la nulidad absoluta por tratarse de quien ha celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio. Pero, ¿qué sucede si el juez declara de oficio la nulidad por aparecer de manifiesto en el contrato? ¿Debería ordenar la restitución de los $ 2.000.000 pagados, más reajustes e intereses? En este punto es donde se revela toda la importancia del art. 1468 del Código Civil que dispone que “no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”. Por ello, el art. 1687 inciso primero, que ordena las restituciones mutuas, hace la salvedad de que ello es “sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”.

De esta forma, aunque se haya declarado nulo el contrato, quien encargó el crimen no puede recuperar lo que dio o pagó al sicario para realizarlo. Se trata, por cierto, de una sanción civil, pero que de alguna manera beneficia a quien recibió algo en virtud del contrato con causa ilícita. En nuestro caso, el carpintero habría ganado definitivamente los $ 2.000.000 que se le dieron como adelanto.

Esta consecuencia civil, sin embargo, puede ser neutralizada por el derecho penal, en la medida en que se aplique la pena de comiso establecida en el art. 31 del Código Penal. Recordemos que esta disposición señala que “Toda pena que se imponga por un crimen o simple delito, lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito”. Entendemos que el dinero que se pagó al sicario para que cometiera el crimen, debe ser decomisado porque se trata de “efectos” que provienen del mismo. Lo cual supone, claro está, que dicho dinero pueda ser habido en el patrimonio del hechor, lo que, dado el tiempo transcurrido y la condición económica de éste, puede ser más que dudoso.

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