Honorables anticipos

Nuevas y agrias críticas contra los parlamentarios se levantaron cuando se conoció que la Cámara de Diputados facilitaba sumas de dinero a los diputados para que fueran descontadas en diferentes cuotas de sus propias dietas. El descuento se hacía por la misma cantidad nominal de dinero, sin aplicación de reajustes ni intereses, aunque fueran extensos los plazos de devolución. Según el informe de auditoría externa de la consultora Ossandón y Ossandón sobre el ejercicio contable del año 2014, y que fue revelado por el diario El Mercurio del 5 de enero de 2016, se trata de créditos cuyo pago puede llegar hasta las 28 cuotas (mensuales). Prendidas las alarmas por este tema, se supo que un tipo similar de “anticipos de sueldos” ocurría en el Senado y que sólo el 2015 hubo siete senadores que los habrían recibido.

En defensa de estos procedimientos se ha dicho que la ley no los prohíbe y más aún que ellos estarían autorizados por el art. 68 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Consitucional del Congreso Nacional. Respecto de lo primero, debe tenerse en cuenta un dictamen de la Contraloría General de la República que señala que una institución pública “no puede conceder anticipo de remuneraciones sin que exista norma legal que lo permita, pues para que se devengue la remuneracion es requisito esencial que previamente, el trabajador preste los servicios correspondientes” (Dictamen Nº 653, de 1990). Por otro lado, la invocación del art. 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso no parece pertinente ya que esta norma sólo dispone que “Cada Cámara establecerá la forma en que se distribuirán los fondos que le correspondan” y que “Las normas sobre traspasos internos y el procedimiento que regulará el examen y aprobación de las cuentas de gastos respectivas serán fijados por cada Cámara”. Resulta claro que la autonomía para decidir los gastos y llevar las cuentas del Senado y de la Cámara de Diputados no es una especie de “cheque en blanco” que valide cualquier tipo de operación.

Aunque en materias laborales suele distinguirse entre anticipos de remuneración y préstamos a los trabajadores descontables “por planilla” (ver, por ejemplo, el dictamen de la Dirección del Trabajo Nº 7051/332, de 1996), desde un punto de vista civil no vemos que haya diferencias esenciales entre ambas figuras. Normalmente se habla de anticipo cuando el empleador adelanta un cantidad de dinero al trabajador que se descuenta inmediatamente en el pago de la remuneración del mes siguiente, y por ello se trata de montos inferiores a dicha remuneración. Si lo anticipado es una cantidad que supera un mes de remuneración y cuya restitución se contempla en cuotas descontables de las remuneraciones mensuales de varios períodos, se habla no de un anticipo sino de un préstamo que la empresa hace el trabajador y que se paga en cuotas con cantidades deducidas de los sueldos de varios meses.

Nos parece, con todo, que en ambos casos se está celebrando un contrato de mutuo de dinero, con una modalidad de pago por compensación sobre la base de lo ganado por el deudor como remuneración por sus labores. El anticipo no es más que un mutuo o préstamo de consumo, por el que una de las partes “entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con el cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad” (art. 2196 del Código Civil). En este caso, la cosa fungible entregada es dinero. Lo singular es que, como se prevé que el mutuante (el empleador) será pronto deudor de una cantidad de dinero en favor del trabajador, al contraer de la obligación de pagar a este último la remuneración, la restitución de lo dado en mutuo se produce mediante una compensación legal. Recordemos que esta forma de extinción de obligaciones tiene lugar, en términos generales, cuando existen dos personas con obligaciones recíprocas de dinero, líquidas y actualmente exigibles y que por ella ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores (art. 1656 del Código Civil). Así, si se “adelantaron” 100 a una persona que a fin de mes va a ganar 500, cuando llegue ese plazo, ambas deudas se extenderán extinguidas hasta concurrencia de la menor valor, por lo cual el trabajador beneficiado por el anticipo no deberá nada (extinción total) mientras que el empleador verá reducida su deuda remuneracional a 400 (extinción parcial).

Esto mismo puede pactarse con sumas superiores a una mensualidad remuneracional (dieta en el caso de los parlamentarios), que se irán compensando con cuotas en varios períodos futuros. También aquí estaremos frente a un mutuo con compensación, en la medida en que se vayan haciendo exigibles las cuotas en las que concedió el crédito.

Siendo así corresponde determinar si este mutuo genera reajuste e intereses. Después de la derogación del art. 2199 del Código Civil, que establecía el llamado principio nominalista, por el Decreto Ley Nº 455, de 1974, la regla general es que las obligaciones en dinero deben pagarse con un valor actualizado, por medio del correspondiente ajuste conforme a la variación del costo de la vida.

Para efectos de la procedencia de interés por sobre el reajuste debe distinguirse entre si se trata de un mutuo meramente civil, que se rige por las normas del Código Civil, o de una “operación de crédito de dinero”, que se rige en cambio por una ley especial: la ley Nº 18.010. El contrato de mutuo civil es naturalmente gratuito, es decir, si nada estipulan las partes no se deben intereses (art. 2205 del Código Civil), sino solamente el capital (reajustado). En cambio, si el mutuo constituye una operación de crédito de dinero pasa a ser naturalmente oneroso, esto es, si nada se dice el deudor debe pagar los intereses corrientes, según el tipo de operación (art. 12 ley Nº 18.010)

No parece haber duda que los “anticipos” de dietas parlamentarias deben calificarse como operaciones de crédito de dinero, al tenor de la definición legal: “Son operaciones de crédito de dinero aquéllas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención” (art. 1 ley Nº 18.010). Por ello, desde el punto de vista del Derecho privado, si nada se pactó al momento de transferir el dinero prestado a los diputados o senadores, debe considerarse que estos han debido restituir no sólo el capital, sino el reajuste que corresponda, más los intereses corrientes.

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