Liberando al rehén: la cláusula de “salida” de Sampaoli

Gran impacto causaron las declaraciones en el exterior del entrenador de la Selección Nacional de fútbol, Jorge Sampaoli, por las que dijo sentirse como un “rehén” del Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Arturo Salah. La metáfora hace alusión a la negativa de éste a liberar al técnico del contrato que lo obliga a permanecer en el cargo hasta el Mundial de Rusia 2018, o en caso contrario a pagar más de 6 millones de dólares en virtud de lo que se ha dado en llamar “cláusula de salida”.

Sampaoli se ha quejado de incumplimiento de la cláusula de confidencialidad del contrato. El texto del contrato, o más bien el de su regularización del 2015, se ha divulgado y es posible encontrarlo en la web, pero en caso de llegarse a juicio el entrenador tendría que probar que la filtración es imputable a la entidad empleadora. Lo que nos interesa comentar ahora tiene que ver con la naturaleza de la cláusula que, supuestamente, tendría “prisionero” a Sampaoli.

El original del contrato se firmó en 2012, pero con fecha 16 de noviembre de 2015, al parecer con el objeto de regularizar la duplicidad de contratos que permitieron el pago de recursos en el extranjero sin tributar en Chile, se suscribió un nuevo convenio cuyo fin sería “fijar el sentido y alcance del contrato suscrito con fecha 3 de diciembre del año 2012”. El convenio fue suscrito, por una parte, por la ANFP, representada por el Vicepresidente Jaime Baeza y el miembro del directorio, Cristián Varela, y por la otra, por los integrantes de lo que en el contrato se denomina “cuerpo técnico”, esto es, Jorge Sampaoli (entrenador), Sebastián Beccacece (ayudante técnico) y Jorge Desio (preparador físico) como trabajadores y personas naturales, pero también como representantes cada uno de una sociedad off shore constituidas bajo la legislación de las Islas Vígenes Británicas en cuanto titulares de los derechos de imagen de los técnicos y que por este contrato ceden, bajo ciertas condiciones y a cambio de altas sumas de dinero, a la ANFP.

En realidad, las llamadas “cláusulas de salida” son dos: una para la terminación del contrato de los trabajadores como personas naturales, el cuerpo técnico, y otra para la terminación del contrato de comercialización de los derechos de imagen con las sociedades. Ambas son cláusulas recíprocas, es decir, se aplican tanto a si la terminación del contrato se hace por decisión unilateral de la ANFP o por parte de los componentes del cuerpo técnico o de las sociedades. Se trata de las cláusulas 14ª y 15ª del contrato, las que llevan el mismo título: “Terminación anticipada e indemnizaciones”. Atendidos los hechos, interesa la parte de las cláusulas en lo que concierne a la terminación anticipada del contrato por parte del cuerpo técnico y de las sociedades.

La primera reza así: “a) En el evento de que el Cuerpo Técnico decidiere poner término unilateralmente al presente contrato ya sea por la causal de renuncia voluntaria durante la vigencia del contrato o por cualquier otra causal, deberá resarcir a la ANFP, mediante el pago de una indemnización de perjuicios que se pacta en calidad de cláusula penal, por el equivalente a la remuneración anual pactada en la cláusula quinta del presente contrato, declarándose además extinguido de pleno derecho el monto no pagado de la remuneración bruta convenida para los derechos de imagen”.

En la cláusula siguiente se pacta que: “En el evento que las Sociedades titulares de los derechos de imagen que por este acto se transfieren, decidieren ponerle término unilateralmente al presente contrato, estarán obligadas al pago de una pena que será equivalente a lo que les reste por recibir como pago, conforme a lo establecido en la cláusula sexta y séptima más un incremento de un 20 %”.

Como se ve, el tenor literal de las cláusulas induce a pensar que lo que se convino fueron sendas cláusulas penales, regidas por los arts. 1535 y siguientes del Código Civil (CC). La primera dice que se debe “resarcir” a la ANFP mediante una “indemnización de perjuicios” y que esta “se pacta en calidad de cláusula penal”. La cláusula 15ª es menos categórica, pero también habla del pago “de una pena”.

La calificación de la estipulación como una cláusula penal tiene importancia práctica. De partida porque de ser así no se podría cobrar la pena sin antes constituir en mora al deudor (art.   1538 CC), pero además porque el acreedor, en este caso, la ANFP, podría elegir entre el cumplimiento forzado o la pena (art. 1537 CC) o entre ésta y la indemnización ordinaria de perjuicios (art. 1543 CC). La pena podría estar sujeta a reducción ya sea por cumplimiento parcial de la obligación (art. 1539 CC) o por enormidad (art. 1544 CC).

No obstante, y siguiendo la regla fundamental de interpretación de los contratos recogida en el art. 1560 del Código Civil en cuanto a que debe estarse más a la intención de las partes que a lo literal de las palabras, nos parece que no estamos ante una auténtica cláusula penal, simplemente porque esta procede como garantía, sanción y avaluación anticipada de perjuicios ante el incumplimiento de una obligación principal que es aquella asegurada por la pena (art. 1535 CC), mientras que en el contrato de Sampaoli no se impone ninguna obligación a los técnicos y a las sociedades, sino que se concede la facultad de poner término anticipado al contrato de manera unilateral, previo pago de una suma de dinero. Se trata, por tanto, de lo que la doctrina, siguiendo la expresión francesa de “clause de dédit”, suele denominar cláusula de retracto: es decir, la prestación hace las veces de precio de la facultad de dejar sin efecto unilateralmente un contrato. En nuestro Derecho civil, una forma de cláusula de retracto son las llamadas arras penitenciales del contrato de compraventa (art. 1803 CC), con la única singularidad de que debe haber una entrega previa de dinero u otras cosas, las que después se pierden o se restituyen dobladas según quién sea la parte que ejerce la facultad de retractarse del contrato.

Tiene razón la prensa, en hablar de “cláusula de salida”, en lo que parece ser una influencia de la terminología contractual anglosajona (exit clause), y no como reza el tenor literal del contrato, de cláusula penal. Por ello, como es evidente que Sampaoli desea terminar anticipadamente el contrato e incluso podría decirse que ya tácitamente ha puesto término unilateral a la relación contractual al señalar que no le es posible continuar en sus funciones, estará obligado a pagar lo establecido en el contrato.

Cabe recordar que “obligación” proviene del latín “obligatio”, cuyo origen se encuentra en la unión de las palabras “ob”, que significa “alrededor”, y “ligare”, que quiere decir “atar”, “amarrar”, “ligar”. Es esa “ligadura” libremente autoimpuesta la que en realidad retiene al entrenador de nuestra selección. Pero él mismo tiene la forma de cortar la amarra, mediante su cumplimiento o pago, que también los romanos llamaban “solutio” (solución), que viene del verbo “solvere” que significa “soltar” o “liberar”.

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6 comentarios en “Liberando al rehén: la cláusula de “salida” de Sampaoli”

  1. Gonzalo Vásquez Villanueva Says:

    Estimado Pofesor:
    Como siempre, un artículo muy claro e ilustrativo, incluso para los legos.

    Me queda rondando una duda: usted demuestra que Sampaoli efectivamente tiene que pagar lo estipulado en la cláusula penal sí él mismo decide poner término anticipadamente al contrato. Lo anterior, considerando que ya ha manifestado su intención de hacerlo.

    Sin embargo, ¿cómo afecta a lo anterior el hecho que Sampaoli se haya visto presionado a situarse en su posición actual por la animadversión demostrada públicamente hacia su persona por la nueva directiva de la ANFP, los medios de prensa deportivos y la gran masa (casi unánime) opinando en su contra a través de las redes sociales? No lo pregunto desde la vereda del bien del fútbol, por el cual tengo muy poco interés y conocimientos, sino del derecho puro: si un empleado (en este caso Sampaoli) es vilipendiado y hostigado con publicidad por su propio empleador (ANFP) y los clientes de éste (los hinchas) hasta el punto en que el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato se le hacen sumamente ingratas (y hasta peligrosas, considerando la agresión de que fue objeto a su llegada al aeropuerto días atrás). ¿No puede ese escenario configurar una situación en la cual el contratista o empleado está verdaderamente de “rehén” de su contrato? O incluso, ¿no será el hostigamiento mediático hacia Sampaoli la vía de la ANFP para deshacerse de él sin pagarle la penalización que corresponde si es ésta la que pone término anticipado al contrato?

    Desde mi poca cultura futbolística, no puedo dejar de sentir simpatía por quien está obligado por contrato a seguir trabajando como DT de la selección de un país donde ya no lo quieren e insultan a destajo minuto a minuto.

    Un afectuoso saludo,

    Gonzalo Vásquez Villanueva

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Me imagino que la defensa de Sampaoli habrá ocupado argumentos similares. Pero lo cierto es que la hostilidad de la opinión pública la provocaron sus propias declaraciones en medios extranjeros.

  2. Felipe Arellano Says:

    Es interesante el tema, aunque a mi modo de ver la autonomía privada inter partes ópera de forma clara en el contrato de Sampaoli, ahora En esta situación no se respeta el 1545 del Código de bello, como debiese ser
    Le propongo un tema profesor, quizás no tan jurídico, pero sí de importancia para todos los estudiantes de derecho
    Como aboradar el estudio? Por ejemplo cuando estamos en presencia de un ramo con diversas clasificaciones y efectos, los cuales muchas veces es muy complejo aprenderse o recordar
    De acuerdo a su experiencia cual o cuales son mecanismos que pueden ayudar o facilitar el estudio?
    Un afectuoso saludo

  3. Cristian Says:

    Sin conocer en detalle el contrato de Sampaoli, creo que habría que analizar la naturaleza jurídica del mismo. Si en lo que respecta a sus obligaciones como personas naturales (no me inmiscuiré en lo de las sociedades y derechos de imagen) se puede catalogar de contrato de trabajo, entiendo que la renuncia es un derecho que les asiste a los integrantes del cuerpo técnico. Es derecho de todo trabajador a poner fin al contrato de trabajo mediante la renuncia, y los derechos en este ámbito son irrenunciables. De allí que hubiese intentado plantear la ilegalidad de la indemnización pactada, pues estaría imposibilitando (o dificultando en demasía) el ejercicio de un derecho irrenunciable. Saludos

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Habría que ver si se trata de un contrato de trabajo regulado por los arts. 152 bis del Código del Trabajo, y luego ver si el derecho a renuncia en ese tipo de contratos no puede estar sujeta al pago de una indemnización.


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