Declaración jurada

Contrastando con las polémicas que ha generado el proyecto de ley antidelincuencia (Boletín Nº 9.885-07-1), en materia de control de identidad preventivo y de sanción a quienes violen el secreto de la investigación penal (filtraciones), comentarios positivos ha recibido la norma también incluida en dicho proyecto por la que se modifica la Ley Nº 18.290, del Tránsito, (texto refundido por D.F.L. Nº 1, de 2009), para establecer que en caso de accidentes ya no será necesario dejar constancia en Carabineros para hacer efectivo el seguro que pueda favorecer al dueño del respectivo vehículo, y que esa constancia se sustituiría por una declaración jurada simple. Esto quedaría establecido como un segundo inciso del art. 168 de la Ley del Tránsito, cuyo texto sería el siguiente: “Para hacer efectivos los seguros de daños a terceros o propios, el interesado deberá informar el siniestro mediante declaración jurada simple presentada ante la respectiva compañía aseguradora, la que no requerirá de otro trámite”.

La propuesta da pie para indagar sobre la relevancia de esta gestión que parece tan incorporada a la vida cotidiana que suele pasarnos desapercibida como instrumento jurídico: la declaración jurada. Son innumerables las leyes y reglamentos que para la comprobación de diversos hechos: el estado civil, el patrimonio, intereses y participaciones en sociedades, el domicilio o residencia, etc., se exige al interesado presentar una declaración jurada sobre ellos. La institución está lejos de ser algo del folklore jurídico chileno, ya que este tipo de declaraciones existe en muchos otros ordenamientos jurídicos. Es más, no sólo opera en el sistema latino-continental, sino también en los países del Common Law, en los que la declaración bajo juramento recibe el nombre de “affidavit”, expresión que proviene de una contracción del latín medieval y que significa literalmente “Él ha declarado bajo juramento” (del latín ad-fidare, de fidus: confianza, fe).

En Chile, la declaración jurada puede ser simple u otorgada ante ministro de fe, normalmente un notario. En ambos casos, se trata de un instrumento privado ya que el hecho de que la declaración se haya suscrito ante notario no la convierte en instrumento público, pues aquí el notario no autoriza el acto sino que simplemente da fe del hecho de la firma y de la identidad del declarante.

¿Cuál es la razón por la cual se atribuyen a la declaración jurada dosis más fuertes de veracidad que una declaración simple o incluso ante notario pero en la que no se incluye el juramento? Por cierto, algo de ese mayor valor proviene de la tradición religiosa por la cual no decir la verdad bajo juramento es más que una simple mentira; es mentir utilizando a la divinidad para avalar un engaño. La malicia o pecaminosidad se incrementa fuertemente, tanto que, en la confesión cristiana, adquiere el carácter de un pecado grave que, por su sola comisión, podría conducir a la condenación eterna. Sólo así se entiende que Sir Tomás Moro prefiriera afrontar la muerte corporal antes que jurar que el contenido de la Ley de Sucesión de Enrique VIII era bueno y legítimo. Lo único que se le exigía era un juramento, que hasta los obispos católicos no tuvieron problemas en prestar, salvo el obispo de Rochester, John Fisher, el que por ello sufrió la misma pena que Moro. Es más, varios de sus familiares cercanos hicieron el juramento, y pensaban que el ex Canciller del reino mostraba una obstinación insensata. Su hija Margaret trató de persuadirlo haciéndole ver que casi todos sus amigos habían jurado, de modo que no se entendía que él sostuviera que su conciencia se oponía a prestar el juramento requerido por el rey. Moro le responde que no puede ligar su conciencia a la de los demás: “No hay ningún hombre en la vida, del que mientras él viva, pueda estar yo seguro. Algunos pueden hacer algo por favor y otros por miedo, y así llevarían mi alma por un camino errado. Y alguno acaso pudiera construirse una conciencia pensando que, como lo hizo por miedo, Dios lo perdonará. Y otros pueden tal vez pensar que se arrepentirán y se confesarán, y que así Dios se lo remitirá. Otros quizá son de la opinión que, si dicen una cosa y piensan mientras la contraria, Dios mira más a su corazón que a su lengua, y por consiguiente piensan que el juramento es sobre lo que piensan y no sobre lo que dicen… Pero Margaret, no puedo usar esos caminos en un asunto tan grave…” (Moro, Tomás, Un hombre solo. Cartas desde la torre, trad. A. Silva, Rialp, 3ª edic., Madrid, 1990, p. 53).

En nuestro tiempo, no parece que el riesgo de condenación en la otra vida sea algo que pueda llevar a las personas a no mentir cuando juran. La fuerza probatoria de la declaración jurada, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, se basa en una amenaza más mundana: la de incurrir en una pena por el delito de perjurio. Este delito está recogido por el art. 210 del Código Penal con el siguiente texto: “El que ante la autoridad o sus agentes perjurare…, sufrirá penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.

Sobre este delito escribe Alfredo Etcheberry que actualmente “la función del juramento es la de una formalidad especialmente solemne para hacer objetivamente apreciable el momento a partir del cual la persona que presta declaraciones se encuentra en la obligación jurídica de decir la verdad, la que de ordinario no existe” (Etcheberry, Alfredo, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 2005, t. IV, p. 194).

De esta manera, pensamos que cuando la declaración jurada debe ser presentada ante una autoridad pública por su propia disposición o porque así lo ha establecido una ley, decreto o reglamento, el que firma la declaración se obliga a decir la verdad bajo la pena de incurrir en el delito de perjurio y de ser castigado con las penas contempladas en el art. 210 del Código Penal. Como el tipo penal no distingue, no habrá diferencia entre si se trata de una declaración jurada simple o una firmada ante notario. En este último caso, sí, será más fácil acreditar la autoría de la declaración.

No habría delito de perjurio, en cambio, cuando la declaración jurada es exigida por un particular; por ejemplo, si un arrendador le exige al arrendatario una declaración jurada de que nunca ha tenido juicios por arriendos anteriores. Tampoco lo habría si la declaración jurada es presentada ante una autoridad pública pero de modo espontáneo, sin que ni la ley ni otra disposición jurídica lo haya impuesto.

Si estamos en lo correcto, puede que la declaración jurada sobre los siniestros en accidentes del tránsito no tenga la fuerza que le entrega el castigo penal del perjurio, considerando que, si bien la ley la estaría exigiendo, no se estaría presentando ante una autoridad o sus agentes, sino ante una empresa privada como lo son las compañías de seguros. Quizás habría que extender el delito de perjurio a todos los casos en los que la ley exige su presentación sin distinguir entre si el receptor es una autoridad pública o una persona o institución privada.

En cualquier caso, no deja de sorprender que en un mundo cada vez más secularizado y en el que el Estado asume una laicidad no confesional, el invocar a Dios y ponerlo por testigo y garante de que se dice la verdad tenga un alcance que va más allá de la particular creencia religiosa que tengan los ciudadanos. Como en tantas otras materias (procesiones, santuarios, animitas, bailes), la pretensión de que una comunidad sea absolutamente neutral e incluso hostil a toda manifestación pública de lo religioso, se revela como utópica y deshumanizante.

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3 comentarios en “Declaración jurada”

  1. Alvaro Astaburuaga Gatica Says:

    Estimado profesor: me parece que a veces recurrimos a las declaraciones juradas porque quizá le concedemos poco valor a la mera aseveración que nos hace una persona (acerca de su estado civil, sobre la vigencia de sus poderes, etc.).
    Eso me lleva a pensar que quizá recurrimos al juramente más de lo debido y que quizá para castigar una mentira no debería ser necesario que sea hecha bajo juramento. Podría, en vez de recurrirse a Dios, decirse “declaro solemnemente decir verdad respecto de …….”.
    Muchas gracias!

    • hcorralt Says:

      Es posible, pero no deja de ser significativo que se contemple la idea de la divinidad en las relaciones sociales. Es cierto, por otra parte, que en los Evangelios Jesús manda decir la verdad sin necesidad de recurrir el juramento. Pero la enseñanza de la Iglesia es que el juramento es lícito en casos graves y justos (Catecismo de la Iglesia Católica 2154), y me parece que las declaraciones juradas se exigen en ese tipo de casos.


  2. Estimado Profesor:

    Un interesante comentario, como siempre, sobre todo pensando en que el Derecho chileno tiende a ser cada vez más laico, y, no obstante ello, se exigen esta clase de actos que involucran a Dios.

    En otro orden de cosas, quisiera invitarlo a hacer algún comentario sobre la Ley 20.886 que introduce la Tramitación Digital de los Procedimiento Judiciales, modificando al efecto el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales para dichos efectos (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1085545). Sin duda un cambio que ha pasado un tanto desapercibido por el Foro.

    Saludos cordiales,

    Gustavo Westermeier Tuki.


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