Caso “Tsunami”: suspensión condicional del procedimiento e indemnización de perjuicios a las víctimas

La jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, después de largas audiencias para escuchar a las numerosas víctimas del proceso penal instruido en contra de varias autoridades de gobierno, la Onemi y el Shoa por su eventual responsabilidad penal en la muerte de personas que sucumbieron en el tsunami provocado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, accedió a la petición de la Fiscalía, con acuerdo de los imputados, y decretó la suspensión del procedimiento. Esto desató la indignación de las víctimas y de los querellantes particulares que hicieron sentir su disgusto por lo que perciben como una forma de asegurar la impunidad en el caso y además una denegación de justicia que les impediría hacer valer sus derechos como principales perjudicados.

Ante ello nos proponemos analizar brevemente en qué consiste esta alternativa al juicio penal oral y cuáles son sus consecuencias en relación con el derecho de las víctimas a obtener una reparación del daño sufrido por la vía civil.

La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa al juicio penal oral, por la cual se suspende provisionalmente la tramitación del proceso, quedando el imputado sujeto a ciertas condiciones fijadas por el juez para que les dé cumplimiento en un determinado plazo, de modo que si son cumplidas se extingue la acción penal y se le sobresee, mientras que si no las cumple se revoca la medida y se continúa el proceso hacia el juicio oral. El art. 237 del Código Procesal Penal establece los requisitos para que proceda la medida, la que en todo caso debe contar con el acuerdo de fiscal y del imputado. Estos requisitos son 1º) que la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de tres años de privación de libertad; 2º) que el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y 3º) que el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso.

El juez al decretar la suspensión debe fijar el plazo, que puede ir entre uno y tres años, y determinar las condiciones que deberá cumplir el imputado en dicho plazo. El Código Procesal Penal establece algunos ejemplos de condiciones como abstenerse de frecuentar determinados lugares, asistir a algún programa educacional o de capacitación, fijar domicilio, pero ellas no son las únicas ya que el fiscal puede proponer al juez otras condiciones que sean adecuadas a las circunstancias del caso (art. 238 CPP). Hemos de destacar que entre las condiciones que se ejemplifican está la de “pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicios, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago”, pudiendo el juez autorizar el pago en cuotas o en un plazo que no sea superior al de la suspensión (art. 238 letra e CPP).

En el caso “Tsunami” esta condición fue expresamente contemplada: los imputados deben pagar distintas sumas que hacen un total de 235 millones de pesos, a las 104 víctimas que comparecieron en la acusación, sumas que se entregarán a título de indemnización de perjuicios.

Pero, cabe preguntarse: ¿es obligatorio para las víctimas contentarse con la suma fijada como condición en la resolución que decreta la suspensión provisional del procedimiento? La respuesta es negativa. El art. 237 del Código Procesal Penal advierte enfáticamente, en su inciso final, que “la suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho”. Esta disposición es reiterada por el art. 240 del mismo Código que dispone que “la suspensión condicional del procedimiento no extingue las acciones civiles de la víctima o de terceros”. De manera que, aunque se llegue a extinguir la responsabilidad penal, las víctimas o terceros perjudicados podrán interponer una demanda de indemnización de perjuicios a título de responsabilidad civil extracontractual y obtener la reparación de todos los daños que hayan padecido, lógicamente en la medida en que se cumplan los requisitos contemplados en la ley para que pueda hacerse efectiva dicha responsabilidad.

Pensamos que la acción civil podrá dirigirse no sólo contra el imputado que ha sido beneficiado con la suspensión provisional sino contra otros que resulten responsables por sus hechos, como podría ser, en este caso, el mismo Estado, ya sea que se invoque la responsabilidad por hecho del dependiente o la responsabilidad por falta de servicio. En caso de obtener una indemnización superior a la pagada en virtud de la suspensión condicional, esta última deberá imputarse a la que se decrete en el juicio civil. Así se deduce del art. 240 del Código Procesal Penal que indica que “si la víctima recibiere pagos en virtud de lo previsto en el artículo 238, letra e), ellos se imputarán a la indemnización de perjuicios que le pudiere corresponder”. Esta imputación procederá aunque la demanda civil se dirija con un tercero civilmente responsable que no sea el imputado, ya que se tratará de un daño ya reparado y por el cual no se puede pedir una segunda indemnización.

Y ¿qué sucede si en toda esta gestión en la vía penal se consumen más de los cuatro años que fija el art. 2332 del Código Civil como plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual? En tal evento, debe tenerse en cuenta que las gestiones preparatorias de la demanda civil en el mismo procedimiento penal interrumpen el curso de la prescripción de la acción civil (art. 61 inc. 3º CPP). Si el procedimiento se suspende la prescripción continuará interrumpida pero la víctima debe interponer su demanda ante el tribunal civil en el término de 60 días siguientes a aquél en que quede a firme la resolución que ordena la suspensión del procedimiento. Si la demanda no se interpone en ese plazo, se reanudará el transcurso del plazo de la prescripción (art. 68 incs. 1º y 2º CPP).

No queda claro, sin embargo, si esta interrupción procede sólo respecto de la acción en contra del imputado o también contra los terceros civilmente responsables por los hechos de aquel. Opinamos que la interrupción sólo procede respecto de la prescripción de la acción en contra del imputado, ya que ésta es la acción civil que puede interponerse en el proceso penal. La acción contra el tercero civilmente responsable debe presentarse necesariamente ante los tribunales civiles y, no dependiendo de que se dicte sentencia penal respecto del autor directo, no hay justificación para considerarla interrumpida por incidencias ocurridas en el proceso penal. En consecuencia, habiendo pasado más de seis años desde los lamentables hechos que causaron el daño, no podrían los familiares afectados por la pérdida de sus seres queridos demandar ahora al Estado, invocando la suspensión condicional del procedimiento que se decretó respecto de los imputados penalmente por esos mismos hechos.

En todo caso, habrá que esperar la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago ya que los querellantes particulares han anunciado que apelarán de la resolución que declaró suspendido el procedimiento, y puesto que, como ya hemos dicho, los efectos de esta salida alternativa, incluidos los de carácter civil, sólo se producirán una vez que dicha sentencia haya quedado ejecutoriada.

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