La memoria de Prat y el sistema electoral

A propósito de este 21 de mayo nos parece pertinente recordar la memoria de prueba que presentó el joven marino que más tarde sería el héroe de Iquique, Arturo Prat Chacón, para graduarse como licenciado en Derecho y jurar como abogado ante la Corte Suprema tres años antes de su muerte en la cubierta del Huáscar en 1879. Gracias a su publicación en una edición sencilla de 36 páginas más portada, hemos conservado el texto, el que incluso ahora se encuentra digitalizado (Ver texto en memoriachilena.cl).

La memoria tenía por objeto realizar un comentario de la ley de elecciones que fuera promulgada, después de una larga y reñida discusión, el 12 de noviembre de 1874, es decir, menos de dos años antes de que el tesista Prat abordara su estudio (Ver texto de la ley) . Esta ley tiene mucha importancia en nuestra historia constitucional porque contribuyó a perfeccionar la democracia, ampliando el derecho a sufragio, reduciendo el intervencionismo gubernamental y las captaciones de los electores por los partidos o facciones en disputa. Una de las principales reformas introducidas fue eliminar la facultad de los municipios de nombrar a los integrantes de las juntas calificadoras y de las juntas receptoras. Las juntas calificadoras eran las encargadas, a falta de un registro electoral permanente, de determinar si una persona tenía derecho a sufragar. Las juntas receptoras eran las encargadas de recibir los votos y luego escrutarlos. La integración de estas juntas pasó a ser decisión de un órgano colegiado que se reunía sólo para este objeto y que estaba compuesto por los llamados “mayores contribuyentes” del departamento respectivo, determinados por el intendente o el gobernador. Otra de las innovaciones fue establecer el llamado voto acumulativo en las elecciones de diputados, que consistía en que el elector podía acumular en un solo candidato todos los votos que tenía según los diputados a elegir en su departamento. Además, la ley intentó evitar las influencias o captaciones de electores procurando el secreto del voto, aunque aún no se concebía que el votante pudiera marcar su preferencia en una caseta o lugar privado. Quizás la reforma más aplaudida fue la extensión del derecho a sufragio por medio de una presunción de que todo ciudadano que tuviera la edad requerida y supiera leer y escribir tenía la renta que exigía la Constitución de 1833 (art. 8). No obstante, nadie, ni el mismo Prat, se cuestionará que no se considerara a las mujeres.

El trabajo del marino aspirante a Licenciado en Derecho es un comentario de los artículos que, a su juicio, presentan dificultades de interpretación, a pesar de que la ley de 1874 fue objeto de una ley aclaratoria del 17 de agosto de 1876, algunas de las cuales fueron puestas en evidencia por la aplicación práctica de la regulación en las primeras elecciones que se realizaron bajo su vigencia (15 de junio de 1876).

La tesis se divide en 16 secciones enumeradas con números romanos, que no llevan título, y que siguen un orden correlativo según los artículos de la ley electoral que suscitan dificultades de interpretación: comienza con el art. 3 y culmina con los arts. 103 y 104 relativos a la justicia electoral. Se utiliza un lenguaje claro, sereno y respetuoso. No se cita ni doctrina ni jurisprudencia y cuando se ilustran los conflictos de interpretación se habla genéricamente de opiniones de “algunos” o “muchos” sin individualizarlos. Sí se acude, aunque muy esporádicamente, a otros textos jurídicos como la Constitución, el Código Civil y la Ley de Municipalidades. En cada análisis el autor expresa sus conclusiones y propone soluciones, tanto de lege lata como de lege ferendae.

Los recursos interpretativos que Prat utiliza son variados, pero parece predominar el recurrir a la intención o espíritu de la ley. Así, por ejemplo, ante una imposibilidad de un alcalde rechaza la posibilidad de que se aplique la subrogación que establece la Ley de Municipalidades y que permite que sea reemplazado por un regidor designado por el gobernador o subdelegado: “Tal disposición, si ofrece un puerto de refugio en ausen­cia de otro más conveniente –explica el memorista–, no es el que se requiere, pues podría llegar un momento en que fuese el gobernador quien designare al regidor que debiera entender y fallar en los re­clamos a que diera lugar la lista de mayores contribuyentes formada por él mismo, conclusión en abierta contradicción con el principio dominante en la ley de elecciones de alejar estos actos, en lo posible, de la injerencia de la auto­ridad administrativa” (énfasis añadido). Sin embargo, cuando el texto de la ley ha sido claro Prat se resigna a darle preferencia por sobre el espíritu: así, sobre si los alcaldes que son empleados públicos nombrados por el Presidente de la República o sus agentes integran las juntas de escrutinio general, observa que, aunque “el espíritu general de la ley ha sido alejar de las funciones electorales […] a todo empleado por cuyo medio puedan in­fluir en las elecciones las autoridades de que dependen”, esto no puede ser suficiente razón para excluirlos dado que los arts. 49 y 58 le encargan a los alcaldes, sin distinción alguna, presidir las juntas escrutadoras.

Otro recurso interpretativo es la reductio ad absurdum. Lo podemos ver en el análisis que realiza sobre la norma que establece el voto acumulativo en los siguientes términos: “En consecuencia (cada elector) podrá inscribir en su boleto el nombre de una o mas personas tantas veces cuantas sea el número de diputados propietarios que la ley prescribe elegir” (art. 31). En una interpretación literal, dice Prat, se tendría que afirmar que, por ejemplo, si en Santiago deben elegirse 10 diputados, el elector podría emitir hasta 100 votos (10 por 10). El autor explica que no puede ser ese el sentido de la disposición, por lo que habrá que entenderlo como disponiendo que “podrá inscribirse el nombre de un candidato tantas veces como diputados propietarios corresponda elegir, o distribuir este número de votos entre varios, no excedien­do de esa cifra”.

Un tercer elemento interpretativo utilizado en la memoria es el efecto retroactivo de las leyes que declaran el sentido de otras leyes, aplicando expresamente lo previsto en el art. 9 inc. 2º del Código Civil, según el cual “las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas”. El problema se suscitó porque la ley electoral de 1874 confirió competencia para conocer de las contravenciones a sus disposiciones a un tribunal de cinco jurados, elegidos por tres años, por la junta de mayores contribuyentes. Pero luego se publicó la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (15 de octubre de 1875, en vigencia desde el 1º de enero de 1876) que suprimió los jurados y determinó que todas las cuestiones judiciales se sometieran a los tribunales establecidos en ella. Sin embargo, más tarde se dictó una ley aclaratoria de la ley electoral de 1874 por la que se rectificaron errores de redacción relativos al nombramiento de jurados para el conocimiento de las faltas y delitos públicos electorales. Frente a ello, dice Prat, algunos sostuvieron que en virtud de la ley aclaratoria se habría dado nueva vida al jurado electoral. No es esa su opinión, para fundar la cual acude al principio de que la ley interpretativa se entiende incorporada en la ley interpretada, de modo que la ley aclaratoria debe considerarse anterior a la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: “la ley de 17 de agosto como declarativa que es, debe entenderse in­corporada en la ley que aclara, como lo regla el artículo 9 del Código Civil, teniendo forzosamente que seguir la misma suerte que la ley de elecciones; si ésta muere, a la de aclara­ciones cabrá igual suerte”. Hemos de advertir que aquí el autor parece confundir la ley aclaratoria de agosto de 1875 con una segunda ley complementaria de 8 de noviembre de ese año, ya que es ésta la que es posterior a la promulgación de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

Desde el punto de vista político puede observarse que Prat aboga por un sistema democrático representativo con un sufragio amplio y secreto y con suficientes garantías institucionales ya que su diagnóstico de la situación que vive el país no es de los mejores: “nuestro estado de moralidad política, […] no puede ser menos hala­güeña”, dice incidentalmente. Prat reconoce que la ley de 1874 ha representado un positivo avance en la materia, pero piensa que no está exenta de deficiencias. Una de sus mayores críticas se refiere a la reserva del voto, ya que sostiene que la exigencia legal de que todos los votos sean de papel blanco no es garantía suficiente: “El papel blanco –observa–, sin faltar a la ley, puede ser de hilo, de algodón o de seda, todos esencial y visiblemente diversos a pesar de la uniformidad de su color.–Aun el papel de la misma clase tiene en su coloración distintos tonos, y si a esto agregamos las variantes de di­mensión, que los partidos utilizan en su campaña, tendre­mos que el secreto del voto es todavía una aspiración entre nosotros”. No deja de formular una propuesta de reforma para lograr la realización de esa aspiración: a su juicio la ley debería exigir que los votos se introdujeran en sobres: “Garantir la independencia del sufragio y evitar estos abusos sería, sin embargo, algo no difícil de obtener si se pusiese en práctica el voto bajo sobres iguales, suministra­dos por las municipalidades respectivas o por el gobierno, para toda la República”.

La conclusión de la tesis es breve pero elocuente: la ley requiere reformas para que pueda asegurar una democracia más plena: “Buena en el fondo, tiene necesidad de serias e importan­tes reformas en materia de reglamentación para alcanzar el alto objeto a que está destinada: ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional”.

No pasará inadvertida la actualidad que conserva la memoria de prueba del abogado Prat, ya que 140 años después esperamos que la reforma de la ley Nº 20.840, de 2015, que sustituyó el sistema electoral binominal por uno proporcional, contribuya a una mayor representatividad de nuestros diputados y senadores, sin menoscabar –y esto lo agregamos nosotros– la gobernabilidad del país.

Explore posts in the same categories: Abogados, Derecho Civil, Derecho Público

Etiquetas: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: