Salvado de los leones

Un león y una leona debieron ser sacrificados para salvar la vida de un joven que ingresó a su jaula en el Zoológico del Parque Metropolitano de Santiago no se sabe bien si con fines de suicidarse o para desafiar a las fieras, pero en todo caso con sus facultades mentales seriamente perturbadas. La noticia dio la vuelta al mundo y en nuestro país dio pie para mucha discusión en las redes sociales y en los medios.

Son varios los aspectos jurídicos que pueden comentarse de este insólito caso. Uno – quizás el que más polémica ha suscitado–, es si los funcionaros del Zoológico hicieron lo correcto al matar a dos leones para salvar la vida de un solo hombre de mente extraviada – “un loco” se decía peyorativamente– . Con motivo de otro incidente similar, el caso del Tigre Pampa, nos hemos referido a esta cuestión (Ver post ) y ahora sólo podríamos agregar que el trastorno o patología psiquiátrica del joven no disminuye en nada la dignidad inviolable que le reconoce no sólo la Constitución sino el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tampoco sería una excusa el que haya querido suicidarse ya que la vida es un derecho irrenunciable.

Otro punto que podría analizarse es el de una posible acción de responsabilidad civil del Zoológico en contra del joven para que se cobre en su patrimonio (si es que lo tiene) la reparación de los daños causados. Pero sobre la responsabilidad civil de un inimputable por enajenación mental también hemos dado nuestra opinión en este blog (Véase aquí).

Un tercer aspecto, en cambio, sobre el que no hemos tenido ocasión de reflexionar anteriormente, es la de una posible acción de responsabilidad civil pero en contra del Zoológico del Parque Metropolitano por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que una persona con perturbaciones mentales ingresara a las jaula de los leones, con las consecuencias conocidas.

Los demandantes podrían ser el mismo joven, personalmente o representado por su curador, como víctima directa y sus familiares como víctimas por repercusión. El objeto de la demanda del primero sería la reparación de los daños sufridos, esto es, además de los gastos médicos, el daño corporal y los daños extrapatrimoniales. Los familiares podrían demandar el daño moral por el sufrimiento que les habría ocasionado el maltrato sufrido por la víctima directa.

Importante es determinar el legitimado pasivo, es decir, a quién se demandaría. Ello nos dará también indicios sobre el régimen de responsabilidad aplicable. El Zoológico de Santiago tiene su origen en la ley Nº 3. 295, de 28 de septiembre de 1917 que autorizó al Presidente de la República Juan Luis Sanfuentes a expropiar o comprar los terrenos del cerro San Cristóbal. Dos años más tarde, se dicta la ley Nº 4.648, de 11 de septiembre de 1929, por la cual se crea el Jardín Zoológico de Santiago como una institución con personalidad jurídica propia y financiada por el presupuesto del Estado. Durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva se incluye al Zoológico en lo que pasó a denominarse “Parque Metropolitano de Santiago”, cuyo estatuto se fijó por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 264, de 1960 (texto refundido por D. Sup. Nº 891, de 1966). El Parque fue configurado como un servicio con personalidad jurídica propia y dependiente del Ministerio del Interior. Posteriormente, la ley Nº 16.582, de 1966 dispuso que el Parque pasara a depender del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que “la representación legal, judicial y extrajudicial del Parque, como persona jurídica, la tendrá el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano” (art. 13). En 1976, se reorganizó el Ministerio de la Vivienda y se extinguió la Corporación de Mejoramiento Urbano, mediante el D. L. Nº 1305, y respecto del Parque Metropolitano se estableció: “mantendrá su situación jurídica el ‘Parque Metropolitano de Santiago’, correspondiendo su administración al Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanización mientras se determinan su dependencia, organización y régimen definitivo” (art. 5º transitorio).

No hemos encontrado ninguna norma posterior que determine el régimen definitivo, y más bien, al parecer, se ha olvidado la atribución de la administración al SERVIU Metropolitano, ya que en su estructura orgánica no aparece ninguna referencia al Parque. Según las resoluciones dictadas por los Ministros de Vivienda, pareciera que se ha asumido que la administración del Parque pertenece directamente al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Así se presenta en su página web: “Somos un servicio público dependiente administrativamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo” (Ver web)

En cualquier caso, estaríamos dentro de una repartición pública a la que se aplica la ley Nº 18.575, con texto refundido por D.F.L. Nº 1, de 2001, y, por tanto, que responde por falta de servicio, según lo establecido en el art. 42 de ese cuerpo legal. Siendo un servicio descentralizado, que tiene personalidad jurídica propia, se debería demandar al Director del Parque que tiene la representación judicial del mismo (art. 36).

La cuestión central es: ¿puede imputarse al Parque Metrolitano de Santiago una falta de servicio al no adoptar medidas de seguridad que hubieran impedido el acceso del joven a la jaula de los leones? Casos análogos pueden encontrarse en la jurisprudencia extranjera en los que se hace responsable a establecimientos hospitalarios por el suicidio de enfermos que sufren perturbaciones síquicas por no haber adoptado las medidas de seguridad que habrían evitado ese fatal descenlace. El juicio de previsibilidad es clave para determinar si las medidas adoptadas han sido suficientes, así son más exigibles en los casos en los que el paciente ingresado tiene antecedentes suicidas o en que la enfermedad tiene riesgo de que atente contra su vida.

Por cierto, la situación no es del todo equivalente porque en los casos de responsabilidad por suicidio estamos hablando de establecimientos o instituciones que están preparadas para recibir personas que presentan trastornos mentales, lo que no sucede con servicios públicos como el Parque Metropolitano, al que acceden personas de todo tipo. ¿Debería el Parque Metropolitano adoptar medidas de seguridad por si acaso alguna de las personas que ingresan tienen una enfermedad mental como la padecida por el joven de nuestro caso? La escasa frecuencia de este tipo de episodios puede excusar de implementar medidas de seguridad y vigilancia tan intensas y costosas. En cambio, es manifiesto que un zoológico debiera adoptar medidas de seguridad especiales para evitar que niños puedan sufrir daños por parte de los animales que se exhiben en él.

Finalmente, puede preguntarse si, en caso de considerarse que hubo falta de servicio por no adoptar medidas que evitaran el ingreso del joven a la jaula de los leones, debiera reducirse la indemnización en virtud del art. 2330 del Código Civil, esto es, porque éste se habría expuesto imprudentemente al daño. Aquí nos encontramos con la discusión sobre si la culpa de la víctima requiere o no la capacidad delictual de ésta. En nuestra opinión, lo relevante es la intervención de la conducta en la relación de causalidad que da lugar al daño, de modo que no debe hacerse distinciones entre si quien se expone imprudentemente es una persona capaz o incapaz. De esta manera, podrá reducirse la indemnización que pueda ser debida tanto al joven como a sus familiares sobre la base de que la conducta imprudente (objetivamente) desarrollada por la víctima sin duda ha contribuido a los perjuicios causados.

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