Nacionalidad por gracia: ¿tiene efecto retroactivo su revocación?

El sacerdote irlandés John Joseph Reilly, más conocido como John O’Reilly, según informó el diario El Mercurio esta semana, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de un decreto de expulsión del país. Recordemos que por sus servicios en el ámbito de la educación y la juventud, el Congreso le otorgó la nacionalidad por gracia mediante la ley Nº 20.311, de 5 de enero de 2009. Sin embargo, después de haber sido condenado como autor del delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, esa nacionalidad le fue revocada por la ley Nº 20.886, de 14 de abril de 2015. Esta ley consta de un artículo único del siguiente tenor: “Revócase la nacionalidad chilena, concedida por especial gracia, al sacerdote irlandés John Joseph Reilly L.C., otorgada en virtud de la ley Nº 20.311”. En este mismo blog, comentamos en su momento esta iniciativa de ley (Ir al post)

O’Reilly se encuentra actualmente cumpliendo la pena de cuatro años y un día de presidio con la medida alternativa de libertad vigilada. Al leer el recurso de protección (causa rol Nº 69439-2016) se advierte que la situación es un poco distinta: no hay decreto de expulsión, sino dos actos administrativos; primero, una resolución del año 2015 por la que se revoca el permiso residencia permanente que le había sido otorgado a O’Reilly en 1985, y segundo, una resolución de 12 de abril de 2016, por la cual se desestima un recurso de reconsideración que había sido interpuesto por el interesado contra la primera. Esta última fue notificada por carta certificada de 9 de junio. El 6 de julio el sacerdote interpuso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago por considerar que la última resolución constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera su derecho constitucional a la igualdad ante la ley (art. 19 Nº 2).

Sin entrar en otros detalles invocados por el recurso, la cuestión planteada nos permite analizar algunos puntos en relación con la siempre compleja materia de los efectos de la ley en el tiempo y su posible aplicación retroactiva

Precisemos que la resolución impugnada justifica la decisión de revocar el permiso de residencia en los delitos por los cuales fue condenado el sacerdote que son calificados como atentados a bienes jurídicos de alta relevancia como la integridad, libertad e indemnidad sexual y la seguridad pública. Se señala que tales hechos determinan la aplicación del art. 65 Nº 3 de la Ley de Extranjería (D.L. Nº 1094, de 1975) que ordena revocar un permiso de residencia cuando el extranjero con posterioridad a su otorgamiento realizan actos que quedan comprendidos en el Nº 2 de su art. 15, entre los cuales se encuentran “actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres”. Además, la resolución señala que también puede fundarse la revocación en el art. 66 de la misma ley en relación con su art. 64. El art. 66 señala que los permisos “pueden” ser revocados cuando el extranjero por actuaciones realizadas después del otorgamiento del permiso queda comprendido en alguno de los casos previstos en el art. 64, el primero de los cuales se refiere a “los condenados en Chile por crimen o simple delito”.

Como podrá observarse, la autoridad ha procedido a considerar la situación como si John O’Reilly no hubiera gozado nunca de la nacionalidad chilena y se hubiera mantenido en la situación de extranjero con permiso de residencia permanente desde que le fue concedido en 1985 hasta el día de hoy. Esto equivale a sostener que la ley que revocó la nacionalidad por gracia surtió efectos retroactivos, que se remontan a la fecha en que entró en vigor la ley que le concedió dicha nacionalidad.

A nuestro juicio, este efecto retroactivo que se atribuye a la ley revocatoria de la nacionalidad por gracia es contrario a derecho. Ni siquiera una ley que deroga a otra puede tener ese efecto, ya que la ley derogada no es suprimida como si no hubiese existido o hubiese sido nula. La derogación sólo pone término a la vigencia de la ley desde que entra en vigor la ley derogatoria y de allí en adelante. Es más, incluso puede haber situaciones que sigan rigiéndose por la ley derogada (por ejemplo, si se han celebrado contratos mientras se encontraba en vigor) dándose el fenómeno conocido como “ultractividad” de la ley. Es cierto que podría conferirse expresamente efecto retroactivo a la ley derogatoria, pero aún en esos casos la retroactividad no podría vulnerar el principio de legalidad penal, el derecho de propiedad y el valor de la cosa juzgada de los procesos judiciales, ya que de lo contrario incurriría en inconstitucionalidad (arts. 19 Nº 3, 19 Nº 24 y 76 Const.).

Todo esto si estuviéramos en un caso de derogación, pero no es así: la Constitución es clara al señalar que la nacionalidad se pierde no por una ley que deroga la que concedió la nacionalidad, sino a una ley que la “revoca”; y la revocación es una categoría de ineficacia que se distingue tanto de la nulidad como de resciliación (mutuo disenso). En general, se conoce como revocación la privación de efectos de un acto o contrato en virtud de una declaración de voluntad unilateral del autor del acto o de una sola de sus partes: así, se habla de “revocación” de la oferta, del testamento, de una donación o de un mandato. De esta manera, la Constitución dispone que así como el legislador puede a su libre discreción conceder la nacionalidad, de la misma manera puede ponerle término, por su voluntad unilateral y sin que se necesite la aceptación del beneficiado por la nacionalidad otorgada.

En todos los casos de revocación esta implica que el acto o negocio jurídico revocado ha existido y producido efectos durante todo el tiempo que transcurrió desde su celebración hasta su extinción. Así por ejemplo si se revoca un mandato, el mandante debe cumplir las obligaciones que en su nombre contrajo el mandatario con anterioridad a la revocación y pagar la remuneración pactada o la usual.

¿Y si el Congreso expresamente le diera efecto retroactivo a la ley revocatoria? Se observa que la ley Nº 20.886 por la que se revocó la nacionalidad del sacerdote O’Reilly no expresa que dicha revocación tenga efectos retroactivos. Nos parece que aún si así hubiera sido, tampoco procedería aplicarla retroactivamente. El art. 11 de la Constitución señala claramente que por las causales que señala, dentro de las cuales está la ley revocatoria de la nacionalidad por gracia, la nacionalidad chilena “se pierde”, lo que supone implícitamente que para el tiempo anterior debe considerarse que el afectado ha tenido dicha nacionalidad. El inciso final de la norma reitera esto al hablar de la posible rehabilitación de estas personas que son denominadas “los que hubieren perdido la nacionalidad chilena”, y, como es lógico, sólo pueden haberla perdido aquellos que la han tenido. De esto puede deducirse que si la ley revocatoria hubiera dispuesto que dicha revocación operaráía con efecto retroactivo, tal disposición sería inconstitucional.

Como los hechos por los cuales fue condenado el sacerdote O’Reilly ocurrieron entre los años 2010 y 2012, ellos no pueden considerarse como cometidos por un extranjero con residencia permanente, sino por un chileno que más tarde perdió esa nacionalidad. No resultan, entonces, aplicables las normas invocadas por la resolución administrativa que pretende revocar dicho permiso de residencia permanente. Desde que el sacerdote obtuvo la nacionalidad chilena hasta que la perdió no fue un extranjero residente sino un chileno que no necesitaba autorización alguna para permanecer en el territorio nacional.

Asumiendo lo anterior, la resolución que funda en la condena penal la cancelación del permiso de residencia ­–lo que traerá consigo necesariamente su expulsión del país–, evidencia que la autoridad administrativas se ha excedido en sus facultades al pretender aplicar la pena de extrañamiento, sanción que, estando expresamente prevista en nuestro Código Penal (art. 34 CP), no fue impuesta por el Tribunal que condenó a O’Reilly.

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One Comment en “Nacionalidad por gracia: ¿tiene efecto retroactivo su revocación?”


  1. muy claro y aportador, los argumentos y aspectos legales, esgrimidos….rezamos para el Padre se quede con nosotros…. que ademas tengo fundadas , dudas de su culpabilidad…. mas allá del lucro obtenido , por las presuntas victimas….


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