Reclamación de paternidad contra los herederos del supuesto padre

La reforma que hizo la ley Nº 10.271, de 1952, al Código Civil permitió por primera vez, aunque con severas exigencias probatorias, que un hijo natural (no matrimonial) reclamara judicialmente el establecimiento de la paternidad, pero siempre que la demanda se hubiera notificado en vida del supuesto padre o madre (art. 272 inc. 1º).

La aparición de las pruebas géneticas de paternidad dio lugar a la ley Nº 19.585, de 1998, que modificó profundamente todo el régimen de las acciones de filiación. Durante la tramitación del proyecto de ley en Congreso se discutió si la acción de reclamación de paternidad o maternidad podría ejercerse después de la muerte del supuesto padre o madre.

El proyecto original lo permitía para lo cual señalaba expresamente que la acción podía ejercerse contra los herederos en el plazo de dos años contados desde la muerte. Este criterio suscitó críticas por la incertidumbre que produciría y finalmente en el Senado se concluyó que era más prudente mantener la exigencia de que la demanda se presentara en vida del supuesto padre o madre, con dos excepciones en las cuales se hacía evidente que era muy difícil que la acción se pudiera haber presentado en vida del progenitor: 1º cuando el hijo es póstumo (es decir, el padre fallece antes del nacimiento) y 2º cuando el padre o madre fallece después del parto, pero en un tiempo muy breve que se fijó en 180 días (6 meses aproximadamente). Para estos casos se estableció un plazo para ejercer la acción de 3 años, que se cuenta de diversa manera si el hijo es incapaz o capaz; si todavía es incapaz (esto es, la acción la ejercita su representante legal) los 3 años se cuentan desde la muerte del supuesto padre o madre; pero si alcanza la plena capacidad el plazo corre justamente desde ese momento (normalmente desde que el hijo llega a la mayoría de edad: 18 años).

Todas estas reglas se dispusieron en el art. 206 del Código, que quedó con el siguiente tenor: “Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

Además, para aquellos posibles demandados que hubieran muerto antes de que la ley Nº 19.585 entrara en vigencia (27 de octubre de 1999), se previó que sólo podría ejercerse la acción de reclamación en contra de los herederos en los casos excepcionales del art. 206, dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigor de la reforma (art. 5 trans. inc. 4º).

Estas normas han sido objeto de una discusión doctrinaria y jurisprudencial que ha llegado desde hace varios años al Tribunal Constitucional. Una última sentencia de este último Tribunal dictada el 28 de julio de 2016 (rol 2965-16) nos permite volver sobre una cuestión a la que tempranamente pusimos atención (Ver artículo publicado en G.J. 2009 ).

Como en la mayor parte de los casos anteriores decididos por la justicia constitucional, se trata de un requerimiento planteado por el juez que conoce de una acción de reclamación de paternidad planteada por un supuesto hijo en contra de los herederos de quien alega habría sido su padre, ya fallecido. La demandante es una mujer que sostiene que su padre tuvo una relación sentimental con su madre, de la cual nació ella en 1942 y a pesar de saber perfectamente quien era así como la nueva familia que había formado, nunca tuvo contactos con él. El supuesto padre falleció el 22 de octubre de 1993, esto es, mucho más de 180 días desde el nacimiento (no se aplica el 206 del Código Civil). Además la demanda se presentó en octubre de 2015, esto es, ya vencido con exceso el plazo de un año que prevé el art. 5 transitorio de la ley Nº 19.585. En la audiencia preparatoria, el juez de familia de Paillaco resolvió presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el que pide se declare inaplicable al juicio por inconstitucional el art. 206 del Código Civil por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el art. 19 Nº 2 de la Constitución.

Resulta curioso que el requerimiento no haya invocado, como sucedió en otros casos, la violación del derecho a la identidad como derecho a conocer los orígenes filiativos, que se contempla en el art. 7 de la Convención de Derechos del Niño, aplicable en Chile por el art. 5 de la Constitución. Igualmente es inexplicable que el juez no haya requerido la inaplicabilidad del plazo de caducidad de la acción para los casos de muertes anteriores a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.585 que se establece en su art. 5 transitorio. El Tribunal podría haber declarado inadmisible el requerimiento al constatar que la inaplicabilidad del art. 206 no hubiera por sí sola determinado la procedencia de la acción de reclamación ya que subsistía la eficacia de la caducidad contemplada en el art. 5º transitorio.

Al contrario de la primera sentencia que se pronunció sobre el tema y que acogió la inaplicabilidad, esta vez el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, aunque por mayoría de 6 votos (ministros Carlos Carmona, Iván Aróstica, María Luisa Brahm, Domingo Hernández, José Ignacio Vásquez y Cristián Letelier, el que redacta el fallo) contra 4 (ministros Marisol Peña, Gonzalo García, Juan José Romero y Nelson Pozo) ( Ver texto del fallo ).

Sin embargo, en la mayoría no hay uniformidad sobre el fundamento de la constitucionalidad del precepto legal. Para los ministros Iván Aróstica, María Luisa Brahm, José Ignacio Vásquez y Cristián Letelier, el art. 206 restringe la acción de reclamación de la paternidad en caso de muerte del padre o madre, pero con ello no vulnera la igualdad ante la ley ya que la diferencia no es arbitraria ya que se funda en un hecho objetivo como la muerte del presunto progenitor y en la necesidad de preservar la estabilidad de la familia del fallecido: “La norma jurídica impugnada por el requerimiento encuentra su fundamento en un hecho objetivo, como lo es, la muerte del presunto padre o madre demandado y […] el legislador al establecerla lo hizo sobre parámetros racionales, con el propósito de concretar la armonía familiar y la seguridad jurídica que la familia requiere” (cons. 12º). Se hace ver que los supuestos de excepción se justifican porque la ley consiente en prolongar la vigencia de la acción en aras de proteger a los hijos más vulnerables, como son los póstumos y los que devienen en huérfanos a los pocos meses de vida (180 días), y ello impide considerar que se esté ante una vulneración del principio de igualdad ante la ley; se trataría más bien de “una excepción al ejercicio de la acción a la que se refiere la presente sentencia” (cons. 12º).

Los ministros Carmona y Hernández concurren a la parte resolutiva del fallo pero por una razón distinta. Según su opinión no resulta procedente declarar inaplicable por inconstitucional un precepto legal cuando es posible una interpretación alternativa que lo haga compatible con la Constitución. Es lo que sucedería en este caso ya que existe una tesis amplia, basada en la primacía del art. 317 del Código Civil, que permite que la acción de reclamación sea interpuesta por el hijo contra los herederos del padre o madre en cualquier caso y no sólo en los contemplados en el art. 206, siendo esta tesis acogida por varios fallos de la Corte Suprema que van desde 2004 al 2011. Se añade que la imprescriptibilidad de la acción no está consagrada en el texto constitucional, de modo que la Constitución atribuye competencia al legislador para determinar los plazos de prescripción o caducidad de las acciones.

Finalmente, la minoría compuesta por los ministros Peña, García, Romero y Pozo sostiene que no es posible pretender que el juez pueda optar por una tesis amplia sobre la base del art. 317 del Código Civil, puesto que conforme a las normas de interpretación de la ley (arts. 19 a 24 del Código Civil) se encuentra obligado a dar aplicación al art. 206 como norma especial que prima por sobre la general del art. 317. Siendo así – argumentan los disidentes– se genera una diferencia de trato entre hijos nacidos en los casos previstos en el art. 206 del Código Civil y aquellos cuyos padres fallecen fuera de esos supuestos, en cuanto los primeros pueden reclamar la filiación de sus progenitores fallecidos mientras que a los segundos se les niega ese derecho. Esta diferencia –añaden– debe ser calificada de arbitraria por no resistir el test establecido por la jurisprudencia del Tribunal que exige que finalidad perseguida por el legislador haga que la diferencia de trato sea necesaria, idónea y tolerable para el afectado. En el caso, la finalidad del legislador (la tranquilidad de la familia y de los herederos frente a demandas falsas o tendenciosas), no satisfaría ninguno los requisitos de dicho test porque la distinción no es ni necesaria ni idónea ni tolerable. La intolerabilidad se fundaría en la lesión inferida al derecho fundamental a la identidad contenido en la necesidad de respetar la dignidad humana, la que se afirmaría cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen.

El ministro Nelson Pozo concurre a la disidencia agregando que el derecho a la identidad debe considerarse recepcionado en nuestro ordenamiento como un derecho esencial a la naturaleza humana garantizado por tratados internacionales ratificados por Chile, como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Por nuestra parte, compartimos lo sostenido por los ministros disidentes en cuanto a que la interpretación correcta, teniendo en cuenta además la historia del establecimiento de la ley, es aquella que sostiene la primacía del art. 206 del Código Civil en cuanto a la legitimación pasiva de la acción de reclamación de la filiación en caso de muerte del supuesto padre o madre, por sobre la regla claramente general y de clausura del art. 317 del mismo Código.

Pero pensamos que esa norma no vulnera la Constitución Política ni por lesión de la igualdad ante la ley ni del derecho a la identidad en su dimensión de acceso al conocimiento de los orígenes de la persona. Coincidimos en esto con la mayoría que formó fallo, en que la diferencia no puede ser calificada de arbitraria y que presenta altas dosis de razonabilidad. Nos parece sin embargo que debiera aclararse cuál es la diferencia de trato que se analiza, porque en el caso parecen mezclarse dos que son distintas. Una es la que compara a los hijos cuyos padres no han fallecido que pueden reclamar su filiación sin limitaciones con los hijos cuyo padre o madre ha muerto, que por regla general no pueden reclamar la filiación sino en los muy restringidos casos previstos en el art. 206 del Código Civil. Otra diferencia de trato es la que confronta la situación de hijos cuyos padre o madre han fallecido y los divide entre aquellos cuya horfandad ocurre en las circunstancias previstas en el el referido precepto, que pueden reclamar la paternidad o maternidad, y aquellos cuya orfandad se produce fuera de esos supuestos excepcionales, los que carecen de dicho derecho.

La primera diferencia se justifica porque existe un hecho objetivo que permite distinguir las situaciones: si a quien se atribuye la paternidad es una persona viva o una persona fallecida. Es importante no prejuzgar sobre la realidad de la paternidad porque lo que se discute es sólo la posibilidad de emplazar al supuesto padre o a sus herederos, sin que sepamos si efectivamente es o no el progenitor del demandante. En esta tesitura es claro que se trata de situaciones diferentes: cuando el demandado está vivo puede defenderse con conocimiento de causa; en cambio, si ha fallecido, sus herederos no tienen cómo conocer las circunstancias en las que pudo o no su causante engendrar al demandante. Además, en este segundo caso será necesario exhumar el cadáver, con todo lo que ello puede significar para la familia y pone en peligro la estabilidad de todas las sucesiones hereditarias. El trato diferenciado se presenta, entonces, como razonable.

La segunda diferencia de trato se justifica, como señala el fallo, en que la ley permite y ahora con un plazo de caducidad de manera excepcional la interposición de la acción de reclamación por tratarse de hijos que muy dícilmente habrían podido deducir su acción en vida del padre. En cambio, en la mayor parte de los casos, como en el que provoca esta sentencia, el supuesto hijo tuvo bastante tiempo para ejercer la acción y sólo ha venido a hacerlo cuando el pretendido padre o madre ha muerto.

Debe considerarse igualmente que el derecho a la identidad no es absoluto, como queda claro en el art. 7 de la Convención de Derechos de Niño que declara el derecho del niño a conocer a sus padres “en la medida de lo posible” y, en todo caso, debe ser objeto de una ponderación cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales como la integridad síquica, la honra y el respeto de la vida privada de la familia. Nos parece que en esa ponderación es posible conceder al legislador un margen de apreciación para hacer prevalecer estos últimos por sobre el derecho a conocer al padre, sobre todo teniendo en cuenta que en estos casos más que la noble aspiración a conocer los orígenes lo que parece guiar a los demandantes es un interés más prosaica: un incremento de su patrimonio a través de su acceso a la herencia del padre ya fallecido.

En el caso que comentamos, esto queda patente porque se dice expresamente que la demandante siempre supo quien era su padre. Su acción de reclamación difícilmente podría entonces fundarse en un derecho a la identidad que le permitiría conocer sus orígenes filiativos.

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