El estreno del Diario Oficial digital

El miércoles 17 de agosto de 2016 transcurrió para la mayoría de los ciudadanos, incluyendo abogados, jueces, notarios y demás profesionales jurídicos, en una aparente normalidad. Pocos habrán notado que ese día dejó de publicarse el tradicional Diario Oficial, cuya edición, hasta unos años atrás, muchos de ellos revisaban religiosamente a primera hora de cada mañana para conocer las novedades legislativas. En los medios de prensa el hecho apenas fue mencionado en alguna nota un tanto perdida. Pero justamente esta falta de trascendencia del cambio prueba que éste se hacía ya inevitable, porque en la práctica la versión digital del Diario Oficial, junto a otras aplicaciones en línea que permiten conocer la legislación, se había impuesto por sobre la lectura y revisión del diario en papel.

El hecho demuestra igualmente que, si bien posibilitar el conocimiento del Derecho y de las normas que lo conforman es una exigencia mínima de justicia, los medios por los cuales se da cumplimiento a ella son –y lo han sido– variados y dependientes del avance de las técnicas de comunicación. Antes de que la población alcanzara un alto nivel de alzabetización, las leyes o decretos eran anunciados en forma oral en plazas y lugares públicos mediante pregoneros, junto con algunas ediciones publicadas primero en placas de metal o de madera y más tarde en documentos en papel enviados a las autoridades locales encargadas de difundirlas. Al parecer, la idea de hacer públicas las leyes (promulgatio) mediante la inserción de su texto en un periódico de aparición regular y dedicado exclusivamente a ese propósito, surge en el seno de la Revolución Francesa, uno de cuyos ideales era justamente que las leyes fueran simples, claras y accesibles al ciudadano común. Fue en 1794 que apareció, por decreto de la Convención, el Bulletin des Lois, que perduraría en Francia hasta 1931. En Chile, también fue la república la que mostró tempranamente su interés por publicar las leyes en algún medio de prensa en papel, sirviendo para ello el primer periódico del país, la Aurora de Chile y luego su sucesor, el Monitor Araucano. Más tarde se pensaría en publicaciones dedicadas a este único propósito y aparecería la Gaceta Ministerial de Chile, y en 1823 el Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno de Chile. Pero como este medio presentaba la dificultad de que no era periódico sino que se editaba cuando se completaba un número suficiente de textos para justificar un volumen, en 1830 se dispuso que se tendrían por auténticas las leyes y resoluciones que se publicaran en el diario de aquel entonces, El Araucano. Cuando se dicta el Código Civil (1857) se establece en forma general e indeterminada que “la promulgación deberá hacerse en el periódico oficial” (art. 6). Esto vino realmente a realizarse sólo en 1876, bajo el gobierno de don Aníbal Pinto, por decreto de 15 de noviembre, en virtud del cual se crea el Diario Oficial de la República de Chile. El 26 de febrero de 1877 se ordena que leyes y decretos se publiquen en él.

En 1949, la ley Nº 9.400 modificó los arts. 6, 7 y 8 del Código Civil y junto con distinguir la promulgación de la publicación de las leyes y suprimir los plazos de vacancia legal según la distancia de la capital de las distintas ciudades de la República, dispuso que la publicación de la ley “se hará mediante su inserción en el Diario Oficial”. La Constitución de 1980 será el primer texto constitucional que se refiera a la publicación de la ley, pero sin indicar el medio a través del cual ella se puede llevar a efecto (art. 72, inc. 2º, hoy art. 75, inc. 2º).

El cambio del Diario Oficial en papel a un Diario Oficial digital fue dispuesto por el Decreto Supremo Nº 22, Ministerio del Interior, publicado el 19 de abril de 2016, que aprobó el Reglamento sobre organización y funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile (Ver texto). Según el reglamento, “El Diario Oficial será publicado electrónicamente en el sitio web del Diario Oficial, de conformidad a lo dispuesto en las leyes y este reglamento e incluirá todas las publicaciones que conforme al ordenamiento jurídico deben hacerse en él” (art. 6). Aunque publicado en forma digital o electrónica, el medio sigue siendo un diario, es decir, debe publicarse un ejemplar numerado cada día del año, salvo domingos y festivos. Para garantizar la autenticidad y fijeza de los textos de los actos oficiales incluidos, el Reglamento señala que todos los documentos que se incluyan en cada edición del Diario deben ser suscritos con firma electrónica avanzada del Director. Además, se dispone que esos documentos deben contar con “sellado de tiempo provisto por un certificador de firma electrónica acreditado por la Subsecretaría de Economía, como garantía de autoría, integridad, no repudio y exactitud del momento en el cual fue suscrita la edición respectiva del diario” (art. 7).

La edición electrónica estará disponible gratuitamente en la página web del Diario Oficial (ir a página web), pero además se permite su difusión libre por cualquier medio: “cada edición electrónica podrá ser libremente reproducida, puesta a disposición del público y distribuida por terceros, públicos o privados, debiendo citar la fuente y respetando las condiciones de uso que el Diario Oficial dispondrá en su sitio Web”. Se agrega que los documentos publicados mantendrán el carácter de auténticos mientras la firma electrónica avanzada del Director del Diario Oficial se mantenga íntegra (art. 11).

El Reglamento estableció que entraría en vigencia transcurridos 120 días desde su publicación en el Diario Oficial. Este plazo se venció el día 17 de agosto de 2016, por lo que, en estricto rigor y aplicando la regla del Código Civil que señala que los plazos de días deben entenderse de días completos y corren hasta la medianoche del último día del plazo (art. 48 CC), el primer diario oficial digital debió aparecer el jueves 18. Pero la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior Nº 3068, de 1º de agosto de 2016, que señaló las formas de representación impresa del Diario Oficial, adelantó –ilegalmente, a nuestro juicio– la fecha de entrada en vigencia del Reglamento, al señalar que ella misma comenzaría a regir el 17 de agosto de 2016, y ordenando su publicación mediante su inclusión en la página web del Diario Oficial (Ver texto).

¿Era necesario alterar las normas constitucionales o legales para introducir este cambio de soporte del Diario Oficial? Ya vimos que la Constitución sólo ordena que se haga la publicación de la ley en un determinado plazo sin señalar un modo específico de publicación, de manera que no era necesario introducir ningún cambio en dicha norma. Más problemáticas resultan ser las normas del Código Civil, y particularmente el art. 7, que reza: “La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria. – Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial. – Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia”.

Vemos que el Código exige que la ley se publique en un “Diario Oficial”, no exige que sea en formato papel, pero sí que sea un diario, es decir, un periódico que se publique todos los días hábiles. Además, ordena que el Diario tenga una fecha, ya que esa fecha será la de la ley, y por regla general, desde esa fecha entrará en vigor. Como hemos visto, el Reglamento no convierte al diario oficial en un mero sitio web donde se almacenan digitalmente los textos legales que se van aprobando, justamente porque esto no podría calificarse de “diario”. En cambio, manda que, aunque en formato digital, cada día hábil aparezca una edición numerada del Diario Oficial, en el que se irán publicando los documentos que correspondan a ese día, y será éste el documento oficial. Se mantiene, entonces, la calidad de “diario” de la publicación y además con una fecha fija a la que se puede atribuir el nombre de la ley y su entrada en vigencia. Lo único que podría prestarse para alguna duda sería la interpretación del verbo que utiliza el Código para aludir a la forma en que deben publicarse las leyes en el Diario Oficial: habla de que la publicación se hará mediante “su inserción” (del texto de la ley) en el referido diario. Pero si se consulta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se verá que una de las acepciones de insertar es “dar cabida a una información en las columnas de un periódico o de una revista”, sin que se distinga si el periódico o revista se edita en soporte papel o en soporte electrónico.

Confesamos que abrigábamos una inquietud frente a esta digitalización de las formas de publicación de las leyes, porque el formato papel ha demostrado una enorme capacidad para subsistir en el tiempo mientras que el formato digital todavía no cumple 50 años, e incluso en este tiempo uno puede observar cómo el mismo avance de la tecnología va provocando que textos que estaban en un determinado lenguaje electrónico ya no son legibles en los nuevos medios (cualquiera que haya trabajado con los otrora famosos disquettes lo podrá comprobar si necesita recuperar algún archivo que está en esos antiguos formatos).

Pero comprobamos que esta inquietud ha sido considerada por el nuevo Reglamento, ya que impone que de todo diario oficial que se edite digitalmente deberán hacerse algunas ediciones impresas en papel, concretamente dos ejemplares para el Diario Oficial, uno para la Biblioteca del Congreso Nacional, uno para la Corte Suprema, y los que sean legalmente exigidos para el Archivo Nacional (art. 11 Reglamento). Esta edición impresa debe hacerse conforme a la resolución Nº 3068, de 1º de agosto de 2016, la que exige que los documentos incluidos en el Diario Oficial impreso tendrán un mecanismo de verificación denominado Código de Validación Electrónica (CVE), que permitirá acceder electrónicamente a verificar el contenido y exactitud de la edición o publicación específica (nº 3).

Esperamos que la gestión de este nuevo Diario Oficial digital sea exitosa, para que esta forma de edición, junto con preservar el texto oficial de leyes y actos administrativos, haga más accesible a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, el conocimiento de las normas que rigen nuestra convivencia.

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3 comentarios en “El estreno del Diario Oficial digital”

  1. Abogado Sanchez Caro Says:

    Reblogueó esto en abogadosanchezcaroblog.

  2. Gustavo Westermeier Tuki Says:

    Estimado Profesor:

    Una interesante nota, y que da cuenta además de la nueva tendencia nacional (y quizás global) de la digitalización de la información.

    Ahora bien, luego de ver un Seminario realizado en la ciudad de Talca sobre la Ley 20.886, que tiende también a la digitalización de los procesos judiciales, me queda la duda de que esta medida de alguna forma acota el conocimiento de las publicaciones que se efectúan en el Diario Oficial a un medio inmaterial como lo es Internet, y es que conocido es que no todos tienen acceso al mismo (sea porqué simplemente no les acomoda emplearlo o por situaciones técnicas, v. g. una conexión deficiente). El asunto es: ¿estos cambios se hacen pensados en los usuarios o simplemente teniendo a la vista las necesidades del Servicio que los proporciona? (esta nueva modalidad ciertamente que importará ahorros al Diario [digital] Oficial) ¿Internet es tan democrático como se postula comúnmente? ¿Y si yo deseo acceder a mi acostumbrada edición impresa? ¿No se conmina a los usuarios a “evolucionar” en el uso de las tecnologías?, estas y otras preguntas son las que tengo sobre este movimiento digitalizador, y es que uno apunta a los que no son, como dicen los expertos del área, a los que no son “nativos digitales” o inclusive “Neardentales digitales”. El asunto es complejo a mi juicio, pues los desadaptados quedan en la historia o ignorancia.

    Saludos cordiales.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario. Pero no estoy seguro si el acceso a la información del diario oficial era más fácil para la población mediante el diario en papel que en formato digital. Para la mayoría de las personas no era nada fácil conseguir un diario oficial. Creo que en ese sentido ahora les será más fácil, porque podrán consultarla en su computador o, si no lo tienen o no lo saben ocupar, podrán acudir a un amigo o vecino. Ideal sería que las bibliotecas municipales tengan terminales en los que se pueda consultar este tipo de información.


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