Falsos exonerados

A muchos disgustó que la Corte Suprema por sentencia de 23 de agosto de 2016 (ver texto de sentencia) declarara que debía absolverse a una persona que, aduciendo falsamente la calidad de exonerada política, había obtenido una pensión. La razón: el delito imputado, sancionado como una forma de fraude en el art. 470 Nº 8 del Código Penal, se encontraría prescrito por haber transcurrido el plazo legal contado desde la fecha en que se le otorgó el beneficio (2 de noviembre de 2006).

La Corte desechó de esta manera el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia de segunda instancia que había asumido el mismo criterio. El Consejo alegaba que el delito no se encontraba prescrito ya que seguía cometiéndose de manera continuada cada vez que la acusada recibía la pensión que incrementaba su patrimonio y disminuía el de la víctima del delito: el Fisco.

El mayor escándalo se produce, más allá de la discusión sobre cuando se consuma el delito, porque pareciera que de esta manera se sanea el otorgamiento de una pensión obtenida con fraude, de modo que los falsos exonerados, aunque se compruebe su dolo, podrían seguir gozando de dicho beneficio. Esto claramente es inaceptable y confunde las funciones del Derecho Penal con las del Derecho Civil. Que no exista sanción penal no quiere decir que el acto jurídico por el cual se consiguió la pensión no pueda ser declarado nulo, y por tanto privarlo de sus efectos.

La nulidad de la resolución administrativa que concedió la pensión podría haber sido declarada por la misma Administración Pública invocando las facultades de invalidación de sus propios actos que le concede el art. 53 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, ley Nº 19.880, de 2003. Pero esta facultad tiene una limitación que dificultará su aplicación a estos casos: ella sólo puede ejercerse dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto (art. 53 inc. 1º).

Pero nada impide que el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco, deduzca una demanda de nulidad del acto jurídico por el cual se concedió indebidamente la pensión. No nos parece necesario recurrir a la teoría de la nulidad de derecho público que tiene tan débil sustento normativo. Bastará con que se deduzca una acción de nulidad civil.

Procedería, en principio, la nulidad por vicio del consentimiento, ya que es evidente que la Administración fue engañada para emitir su declaración de voluntad. Estaremos frente al dolo como vicio del consentimiento. Como se trata de un acto unilateral será suficiente con que el dolo sea principal o determinante, sin que sea aplicable el requisito de que provenga de la otra parte, que sólo rige para los actos jurídicos bilaterales (cfr. art. 1458 CC). Sin duda estamos ante una conducta dolosa que ha sido determinante para que la Administración emitiera el acto jurídico por el cual se concedió la pensión, ya que de haber sabido que la beneficiaria no cumplía los requisitos establecidos en la ley no lo habría ejecutado.

El problema de la alegación de dolo es que sólo da derecho a solicitar la nulidad relativa y esta acción prescribe en cuatro años desde la fecha del acto, conforme con el art. 1691 del Código Civil. Como la resolución administrativa es del año 2006, la beneficiaria podría oponer la prescripción de la acción.

Dejando de lado el vicio de dolo hay que tener en cuenta que, además, estamos ante un acto jurídico obtenido por medio de un fraude que incluso está tipificado penalmente, de modo que bien puede sostenerse que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta por las causales de objeto y causa ilícitos. Hay objeto ilícito por cuanto se trata de un acto que contraviene el derecho público chileno (art. 1462 CC), al vulnerarse de una manera flagrante las disposciciones de la ley Nº 19.234, de 1993, sobre beneficios previsionales para personas exoneradas por motivos políticos. Del mismo modo, puede señalarse que concurre la causal de causa ilícita ya que el fin del acto está prohibido por la ley o es contrario al orden público (art. 1467 CC).

La acción de nulidad absoluta tiene también un plazo de prescripción, pero es de diez años (art. 1683 CC). Como la resolución administrativa que concedió la pensión es de 2 de noviembre de 2006, el Consejo de Defensa del Estado puede interponer la acción hasta el 2 de noviembre de 2016. Esto si se cuenta el plazo de prescripción desde la fecha del acto, pero a nuestro juicio no es posible que se sanee un acto que sigue produciendo efectos contrarios al ordenamiento jurídico más allá de ese lapso. Así, por ejemplo, nadie aceptaría que un pacto sobre sucesión futura, pasados diez años, pasara a ser válido y eficaz, a pesar de que sea un caso tradicional de objeto ilícito que da lugar a la nulidad absoluta (art. 1463 CC). Lo mismo puede decirse de contratos de adhesión que contienen cláusulas abusivas y que han tenido una vigencia superior al plazo de prescripción de la acción invalidatoria. No por ello las cláusulas abusivas pasan a ser legítimas sin que pueda pedirse su nulidad.

Por ello, pensamos que en el caso que comentamos la acción para pedir la nulidad no prescribe mientras se mantenga vigente la causa y el objeto ilícito. Otra forma de llegar a la misma conclusión, sería que el Estado se negara de hecho a pagar la pensión y que, ante la demanda de la beneficiaria, oponga la excepción de nulidad, excepción que según la opinión mayoritaria no se extingue por el paso del tiempo.

Una vez declarada la nulidad proceden las restituciones mutuas previstas en los arts. 1687 y siguientes del Código Civil. De esta manera, la beneficiaria deberá restituir a las arcas fiscales lo indebidamente percibido y, además, será considerada poseedora de mala fe, por lo que deberá pagar intereses corrientes, al aplicarse por analogía lo que se dispone respecto del pago de lo no debido cuando quien lo recibe está de mala fe, según lo indica el art. 2300 inc. 2º del Código Civil.

Todo esto se hubiera evitado si el Consejo de Defensa del Estado hubiera ejercido la acción civil de nulidad junto con la acción penal. Cierto es que por las fechas de comisión de los delitos era aplicable el antiguo Código de Procedimiento Penal, pero conforme al art. 10 de ese Código era perfectamente posible intentar ante el juez penal las acciones civiles que tuvieran por objeto “reparar los efectos civiles del hecho punible” (art. 10 CPP), y entre ellas cabe entender incluida la acción civil de nulidad del acto jurídico que fue el resultado del delito imputado.

Este organismo podría reparar la omisión, demandando cuanto antes la nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron pensiones a quienes aparentaron fraudulentamente haber padecido una exoneración por motivo políticos.

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