Compensación económica: la relevancia del artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil

Una de las instituciones que mayor aplicación práctica ha tenido desde que entrara en vigencia la ley Nº 19.947, de 2004, Ley de Matrimonio Civil, ha sido la compensación económica en caso de divorcio y nulidad matrimonial. No es extraño entonces que se hayan elaborado interpretaciones diversas respecto de su procedencia. Básicamente, la cuestión principal se centra en cómo armonizar los arts. 61 y 62 de dicha ley, ya que por una parte el primero de los preceptos concede el derecho a compensación económica al cónyuge que haya sufrido un menoscabo económico por causa del divorcio o la nulidad, “si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, […] no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería”. Pero, a continuación, el art. 62 dispone que “Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación…”, el juez debe considerar especialmente factores como la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

No ha sido sencillo determinar cuál es la relación entre ambos preceptos. Según la opinión más común, el art. 61 contendría los requisitos de procedencia de la compensación, mientras que el art. 62 establecería sólo los criterios para determinar su cuantía, una vez constatados los requisitos del artículo precedente.

Esta lectura, sin embargo, omite que el art. 62 dice expresamente que los criterios que señala deben usarse no sólo para fijar la cuantía, sino “para determinar la existencia del menoscabo económico”, de modo que ellos también tienen incidencia para evaluar la procedencia del beneficio. Para intentar dar cuenta de esta parte de la norma, se ha propuesto que los criterios del art. 62 pueden servir para descartar la compensación, a pesar de que uno de los cónyuges, normalmente la mujer, cumpla los requisitos del art. 61. Por nuestra parte, hemos sostenido que el art. 62 puede operar también de modo positivo, es decir, determinar la procedencia de la compensación económica en casos en los que no se presentan los supuestos del art. 61. Esta postura identifica como el requisito esencial de la compensación, no la dedicación al hogar que cause imposibilidad de desarrollar, total o parcialmente, una actividad remunerada o lucrativa, sino que uno de los cónyuges sufra un menoscabo económico como efecto de la terminación del matrimonio por la sentencia de divorcio o de nulidad. Este menoscabo económico puede establecerse de dos maneras: por la constatación de haberse dedicado al hogar y no haber podido trabajar, según el art. 61, o por la acreditación de dicho menoscabo por uno o más de los criterios mencionados por el art. 62.

La jurisprudencia ha seguido, en general, la opinión común, pero en la práctica ha ido relajando las exigencias de la dedicación al hogar, al señalar que ella se da incluso si el cónyuge beneficiario ha tenido la ayuda de trabajadores domésticos y determinando que aun cuando haya trabajado fuera de la casa, igual procede la compensación porque se trata de un trabajo parcial o de ingresos reducidos debido a la dedicación que ese cónyuge prestaba a los hijos comunes o al hogar común.

Dentro de este panorama parece relevante la decisión adoptada por la Corte Suprema por sentencia de 21 de agosto de 2016, rol Nº 24.295-16 (Ver texto de la sentencia), al rechazar un recurso de casación que impugnaba la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, a su vez, confirmaba la de primera instancia que concedió una compensación económica de $ 30.000.000 a una mujer que, al estar jubilada, no ha trabajado fuera de la casa.

En el caso, se trataba de un matrimonio celebrado el 31 de octubre de 1999. La mujer se desempeñaba como meteoróloga de la Dirección General de Aeronáutica en Santiago, mientras el marido era empresario dedicado a la agricultura en la zona próxima a San Vicente de Tagua Tagua (VI Región). Al año de celebrado el matrimonio la mujer pidió su retiro anticipado, después de 29 años de trabajo, y obtuvo una pensión un poco inferior a la habría obtenido si hubiere esperado el plazo legal. La relación conyugal se complica y en diciembre de 2013 se rompe la convivencia. La mujer demanda a su marido por divorcio fundado en la causal del Nº 1 del art. 54 de la Ley de Matrimonio Civil (“atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos”) y pide, además, que se le compense económicamente sobre la base del menoscabo que ha padecido al haberse retirado y dedicado al hogar por todos los años de su matrimonio. El juez de San Vicente considera acreditada la causal y declara terminado el divorcio por sentencia de 24 de diciembre de 2015. Impone al demandado el pago de 30 millones de pesos a título de compensación, en el mes siguiente a aquel en que quede ejecutoriada la sentencia. Apelada ésta, la Corte de Rancagua la confirmó pero con declaración de que la compensación se pagaría en 30 cuotas mensuales de $ 1.000.000 cada una.

El marido interpone un recurso de casación en el fondo en contra del fallo de segunda instancia alegando, entre otras cosas, que no habría menoscabo económico ya que la mujer había renunciado voluntariamente a su trabajo y la jubilación que había obtenido era muy similar a la que habría tenido derecho si se hubiera mantenido en sus funciones, diferencia que en todo caso no puede calificarse de perjuicio ya que el marido sufragó la totalidad de los gastos del hogar común, y ella se dedicó a realizar “actividades de naturaleza recreativa”.

El caso plantea el problema de que en estricto rigor no se dan los requisitos del art. 61, ya que no puede decirse que fue la dedicación al hogar la que impidió a la mujer realizar una actividad remunerada o lucrativa, pero por la diferencia de patrimonios se podía advertir que la extinción del estatuto del matrimonio producía un menoscabo económico a la mujer. El marido había adquirido importantes bienes en forma personal y a través de su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, mientras que la mujer sólo contaba con su pensión que en parte dedicaba a un tratamiento psicológico motivado por los hechos imputables al demandado. Siendo así procedía que se entendiera que la existencia del derecho a compensación económica en este caso se deriva no del art. 61, pero sí del art. 62 que dispone que “para determinar la existencia del menoscabo económico” se debe considerar “la situación patrimonial” de los cónyuges.

La Corte Suprema no llega a sacar expresamente esta conclusión porque mantiene la idea de que deben aplicarse las condiciones del art. 61, pero junto con interpretar amplísimamente este precepto (señala que lo que “justifica el resarcimiento de orden económico es la actitud que uno de los cónyuges adoptó en pro de la familia y la consecuente postergación personal”), añade que “conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, la situación patrimonial de los cónyuges al momento de decretarse el divorcio es uno de los elementos a considerar para determinar la existencia del menoscabo económico, esto es, el detrimento de esa naturaleza experimentado por aquél que es acreedor de la compensación económica…”. De esta manera, la Corte parece sugerir, si bien aún de un modo indirecto, que la consideración de la situación patrimonial de los cónyuges al momento de la sentencia de divorcio puede fundar, por sí sola, la procedencia de la compensación económica, en cuanto pone de manifiesto el menoscabo económico sufrido por el cónyuge beneficiario.

Esperemos que esta línea jurisprudencial pueda ser explicitada y profundizada en futuras decisiones de manera que la protección al cónyuge más débil, principio contenido en el art. 3 de la Ley de Matrimonio Civil, no se vea restringida sólo a los supuestos en los que el cónyuge beneficiario se ha dedicado al cuidado del hogar y los hijos y por esa causa no haya podido desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, que si bien es el caso más frecuente, no es el único en que un cónyuge (normalmente la mujer) puede sufrir un menoscabo económico relevante al extinguirse el estatuto protector del matrimonio por una sentencia de divorcio o nulidad.

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