El subsecretario y el “derecho de admisión”

La pasión futbolística le jugó una mala pasada al Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, conocido hincha del cuadro azul (Universidad de Chile), que se sintió obligado a acudir al estadio Monumental (perteneciente al equipo rival, Colo Colo) para poder presenciar el partido entre Bolivia y Chile por las clasificatorias del Mundial de Rusia 2018. En su muro de facebook posteó: “Hice el sacrificio de venir al basural. Ratones guarenes, pericotes, pulgas, piojos y olor a meao [sic]. Pero aquí estamos, gritando por Chile”.

Rápidamente el agresivo mensaje, dirigido implícitamente contra los hinchas de Colo Colo, se difundió por las redes sociales y llegó a la prensa. Pese a que el subsecretario ofreció disculpas por lo que consideró no era más que “una broma de hincha”, tanto el Club Social y Deportivo Colo Colo como la sociedad Blanco y Negro, protestaron por lo que estimaron un acto de violencia verbal y de incitación al odio inaceptable en una autoridad de gobierno.

Pero los dirigentes colocolinos no se quedaron sólo en las declaraciones, sino que anunciaron que se prohibiría el ingreso de Francisco Díaz al Monumental, en ejercicio del llamado “derecho de admisión”. Emitieron el siguiente comunicado: “Informamos a toda la comunidad Colocolina que debido a las injurias proferidas anoche por el Sr. Francisco Díaz Verdugo, Subsecretario del Trabajo denostando nuestro Estadio e Institución, Blanco y Negro S.A. ha decidido aplicar desde el día de hoy la ‘reserva del derecho de admisión’ de manera permanente al Estadio Monumental de Colo-Colo al señor Díaz” (Ver comunicado). Los medios han hecho ver que tal medida implica que el subsecretario no podrá ingresar a ningún estadio de fútbol en Chile.

No es nuestro propósito justificar el desatino de las expresiones del subsecretario en contra del club albo, pero su repudio no empece a que se reflexione sobre esta especie de proscripción, adoptada por particulares, sin proceso previo alguno, y de duración permanente o indefinida, que se ha fulminado en su contra. Comprobamos, sin embargo, que el proceder de Blanco y Negro se ha ajustado, a lo menos a primera vista, a la legalidad vigente.

Fue el año 2015 en que se reformó la ley Nº 19.327, conocida como ley de violencia en los estadios, y que justamente por dicha reforma lleva el título actual de “Ley de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional”, cuando se reguló la institución que se está aplicando en el caso. Según el art. 3 de la ley reformada, entre los deberes de los organizadores se encuentra el de “ejercer el derecho de admisión, conforme lo establezca el reglamento, respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o cuando existan motivos que justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad” (art. 3 letra e). Es bastante raro, dicho sea de paso, que la ley hable del “deber de ejercer un derecho”… En todo caso, una vez adoptada la medida, el organizador debe comunicarla a la “entidad superior del fútbol profesional” (entendemos que se refiere a la ANFP), para que ésta la remita a la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. La ley ordena que “en la información que se remita se deberán incorporar los antecedentes de la decisión e individualizar a los afectados” (art. 29 letra d). Recibida la decisión por la Subsecretaría, ella la deberá incluir en una sección del Registro de la ley Nº 19.327 denominada “sección de registro de sanciones y exclusiones de la ley” (arts 29 y 30). Esta provisión es reveladora, primero de que lo que eufemísticamente se llama “derecho de admisión”, en realidad es un derecho a la exclusión, y segundo que su ejercicio es equiparado a las sanciones penales e infraccionales que establece este cuerpo legal.

Una vez inscrita la decisión de exclusión, ella se hace extensiva a todos los demás organizadores de espectáculos de fútbol profesional: “el organizador deberá impedir el acceso al recinto deportivo a aquellas personas respecto de quienes, éste o cualquier otro organizador, hubiere ejercido el derecho de admisión y que ello haya sido informado e incorporado al registro…” (art. 3, letra e). El cumplimiento de estas exclusiones se encomienda al personal de seguridad contratado por cada organizador (art. 7), y debe ser respetado por Carabineros de Chile (art. 21).

Se observa que no estamos frente al ejercicio del derecho de admisión, que ya en materia de protección de consumidores es mirado con sospecha por implicar muchas veces una forma de discriminación arbitraria, si no de la aplicación de una pena por una entidad de carácter privado que no ejerce jurisdicción y además por hechos no precisados y que son valorados sin ninguna de las garantías del debido proceso. Se trata, además, de una sanción que en principio es permanente, que obliga a terceros que no han participado de ninguna manera en su imposición y que no está sujeta a control alguno por parte de un juez u otra autoridad pública.

En estas circunstancias, no puede sino concluirse que este sistema de exclusiones instaurado por la reforma de la ley Nº 20.844, de 2015, no cumple con las exigencias mínimas contenidas en nuestra Constitución, particularmente en lo referido al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y a gozar de las garantías de un justo y racional procedimiento (art. 19 Nº 3 Const.). Téngase en cuenta que esta exclusión en sus efectos coincide perfectamente con la pena accesoria de prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional que la ley contempla expresamente como pena accesoria y que sólo puede ser perpetua en caso de reincidencia en delitos de la mayor gravedad (homicidio, mutilación, castración, etc.) (cfr. art. 16, letra b).

Nos parece, de este modo, que el subsecretario, así como cualquier afectado por esta facultad de los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, podría deducir una acción de protección para ante la Corte de Apelaciones respectiva con el objeto de que se deje sin efecto la medida. Frente a la posible alegación de la entidad recurrida de que habría actuado conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.327 y no estaríamos frente a un acto “ilegal”, bien podría replicarse que tanto el art. 3, letra e) como el art. 29 letra d), hacen depender la posibilidad de ejercer el “derecho de admisión” a que se cumpla con las exigencias previstas en el reglamento. Pero resulta que el reglamento vigente de la ley Nº 19.327, contenido en el D. Sup. Nº 225, de 2013, no contiene norma alguna relativa al ejercicio de esta forma de exclusión de los estadios, ya que este cuerpo reglamentario es anterior a la reforma legal del 2015 y el Poder Ejecutivo no lo ha actualizado. Hemos de concluir entonces que, para estos efectos, no existe Reglamento y al no existir no puede aplicarse la norma legal que se remite a él, haciendo caer en ilegalidad todos los actos que hayan pretendido aplicarla.

Más allá de esta posible impugnación, a la que habría que agregar la posibilidad de recurrir de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, podemos abrigar la esperanza de que el incidente del subsecretario y su “sacrificio”, pueda servir para que se advierta lo abusivo y arbitrario del “derecho de admisión” tal como quedó regulado por la reforma del 2015 y se proceda a suprimirlo, o al menos a enmendarlo para someterlo a las garantías constitucionales del debido proceso.

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