El “Calvo” fantasma que pena a la candidatura presidencial de Guillier

El senador Alejandro Guillier, uno de los precandidatos a la Presidencia de la República que han proliferado en el último tiempo, ha sido criticado por su polémica participación en el incidente por el cual el ex juez Calvo debió renunciar al revelarse, mediante el uso de cámaras ocultas, que era cliente de un sauna frecuentado por personas homosexuales. El entonces periodista, ahora dedicado a la política, ha respondido recordando que fue absuelto en el proceso penal en que se persiguió la responsabilidad criminal de los implicados. También ha defendido el uso de las cámaras ocultas y ha dicho que “el deber de los periodistas cuando hay hechos de gran acontecimiento es difundir” y que “si un juez de la República que está analizando un caso de corrupción de cadenas de gente importante que abusaba de menores, y tiene un comportamiento que no da garantías, el deber de ese magistrado era hacerse a un lado y si no lo hace el deber de la prensa es plantearlo”.

Vale la pena confrontar estas declaraciones con lo que dicen las sentencias que los tribunales dictaron en el caso. Revisemos, en primer lugar, la sentencia que la Corte Suprema emitió en el proceso penal iniciado por querella del ex juez Daniel Calvo por los delitos previstos en el art. 161-A del Código Penal en contra de seis personas, entre las cuales está Alejandro René Eleodoro Guillier Álvarez (sentencia de 9 de agosto de 2007, Rol N° 3005-06: Ver sentencia).

Los hechos son establecidos por la sentencia de la siguiente forma: el entonces Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo, había sido nombrado Ministro en Visita para investigar el llamado “caso Spiniak” sobre delitos de abuso sexual a menores que había impactado a la sociedad chilena por lo deleznable de los hechos y además porque se denunció que políticos de alto nivel se encontraban involucrados, lo que después se reveló falso. Un joven que administraba un sauna gay aseguró a algunos periodistas de Chilevisión que conocía al ministro Calvo porque éste concurría a ese lugar. Para comprobar sus dichos se tramó una grabación oculta. Haciéndose pasar por un estudiante en periodismo, un reportero del canal solicitó una audiencia al Ministro Calvo, la que le fue concedida para el día 4 de noviembre de 2003. Ese día, alrededor de las 13:50 horas, previamente concertados, el reportero, un productor del programa y el administrador del sauna gay, este último portando una cámara oculta en su mochila, ingresaron al Palacio de Tribunales y llegaron al despacho del juez. El falso estudiante conversó con Calvo en la antesala de su oficina privada, y al salir dejó la puerta abierta. El administrador del sauna aprovechó esa oportunidad, ingresó a la antesala teniendo ya encendida la cámara y pidió al juez tener una conversación personal con él. Calvo accedió y lo hizo pasar a su despacho privado. El administrador graba la conversación que más tarde Chilevisión utilizará para presionar al juez y dar a conocer los hechos. Según la sentencia, “la programación y realización de tal grabación con la cámara oculta, para la que se concertaron los tres individuos -que resultaron ser, un periodista, un productor periodístico y un tercero [el administrador del sauna]- contaron con la autorización y apoyo técnico y respaldo de ciertos ejecutivos [sic] del canal de televisión Chilevisión S.A.”.

En este proceso, Guillier reconoce que, en su calidad de Director del Departamento de Prensa, participó en la elaboración del plan para que, mediante cámaras ocultas, se pudiera obtener una confirmación de lo que aseveraba el administrador del sauna gay, pero niega que conociera previamente la forma concreta en que los ejecutores materiales del hecho procedieron a obtener las imágenes. La Corte acepta esta defensa y señala que “Guillier Álvarez no participó de una manera inmediata y directa en el hecho mismo de la filmación, ni tampoco en la gestación, organización o elaboración del plan que, de modo ilícito, se llevó a cabo”, no siendo suficiente que haya autorizado la realización de una cámara oculta, “pues bien pudo tratarse de una autorización para filmar con cámara oculta en un lugar público o de libre acceso a él, lo que nada tiene de ilegal” (Nº 6 de sentencia de reemplazo). Por eso la Corte lo absuelve de responsabilidad penal en el caso, quedando condenados los tres periodistas y el administrador del sauna gay.

En el campo civil, el ex Ministro Calvo, junto con su cónyuge e hijos, demandaron a Chilevisión por responsabilidad civil extracontractual y pidieron que la empresa indemnizara los perjuicios que les causó la exposición de su vida privada con una información obtenida por una intrusión ilegítima. En primera y segunda instancia se dio lugar a la demanda, aunque la Corte de Apelaciones lo hizo sólo parcialmente, ya que rechazó la demanda de la cónyuge y los hijos. La Corte Suprema casó la sentencia y finalmente concedió también indemnización a los familiares como víctimas indirectas o por repercusión (20 de agosto de 2015, Rol Nº 22835-2014: Ver sentencia).

Pero lo que nos interesa es el papel del actual senador Guillier. A este respecto, cabe examinar el recurso de casación en la forma que interpuso Chilevisión contra el fallo de la Corte de Apelaciones y que, en síntesis, alegaba que la sentencia contenía disposiciones contradictorias ya que, por una parte, se basa en la sentencia penal para establecer el hecho ilícito dañoso pero en cambio la descarta en lo que se refiere a la absolución de los únicos directivos implicados: Jaime de Aguirre y Alejandro Guillier. Según el recurso si estos directivos no participaron en los hechos, mal podría la empresa responder por sus actos. La Corte desecha la alegación porque destaca que tanto De Aguirre como Guillier sí participaron en los hechos que produjeron los daños, ya que la absolución penal del director de prensa (Guillier) y del director ejecutivo del canal de televisión (De Aguirre) sólo demuestra que no tuvieron conocimiento previo de que el uso de la cámara oculta se haría en el despacho privado de Calvo, pero que ello “no descarta la intervención y apoyo previo por parte de estos ejecutivos, pues es un hecho determinado que ambos aceptaron comprobar la seriedad y certeza de la denuncia que Rodríguez [el administrador del sauna gay] hiciera a los periodistas de Chilevisión en cuanto a la conducta privada del Juez y que posteriormente, al estimar incompletas e insuficientes las grabaciones telefónicas de lo conversado por R. [el administrador del sauna] con Calvo, autorizaron la realización de una cámara oculta” (cons. 5º).

La sentencia reproduce también lo aseverado en el fallo de segunda instancia sobre la actuación posterior a la grabación que no fue rechazada por Guillier, sino que empleada para presionar al juez, que finalmente opta por adelantarse y hacer una declaración pública el día 5 de noviembre a las 9:30 horas: “una vez practicada la grabación, los señores Guillier y Reyes concurrieron personalmente al Palacio de los Tribunales el día 5 de noviembre de 2003, se reunieron con el actor principal [Calvo] y junto con informarle de la existencia de la grabación, le ofrecieron el derecho a réplica, momento en que el actor resolvió hacer pública la situación a través de la declaración emitida a las 9:30 horas del mismo día” (cons. 4º). En suma, la actuación de Guillier, si bien no fue considerada como punible penalmente, sí fue declarada como un comportamiento ilícito que contribuyó a producir un daño injusto al juez y a su familia, por el que finalmente debió responder su empleador: la empresa Chilevisión, en virtud de la responsabilidad por el hecho de sus dependientes establecida en los arts. 2320 y 2322 del Código Civil.

Siendo así –y esto ya es una reflexión nuestra–, de acuerdo a lo previsto en el art. 2325 del mismo Código, la empresa tiene derecho a ser reembolsada por la indemnización pagada a las víctimas con cargo a los bienes del o los dependientes que ejecutaron el hecho dañoso. Esta acción de reembolso nace desde que se hace efectivo el pago y prescribirá en el plazo cuatro años previsto en el art. 2332. Necesariamente el pago ha debido hacerse después de la fecha en que habrá quedado ejecutoriada la sentencia de término, es decir, después de agosto de 2015, de manera que la acción de Chilevisión se encuentra aún vigente.

El senador, ahora aspirante a la presidencia, debiera, entonces ser un poco más cauto en sus explicaciones, porque la verdad judicialmente asentada es que fue ilícita su intervención en el triste episodio y sólo se liberó de responsabilidad penal, pero no de la civil, la que aún hoy podría hacerse efectiva en su contra.

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