El Código Civil y los inmigrantes

Durante la semana uno de los temas que ha copado la agenda pública ha sido la situación de los inmigrantes que han ingresado a nuestro país, ya sea legal o ilegalmente. Quizás por la idea de encontrar en nuestro país las mismas tendencias anti-inmigración que se han visto que dan rédito político en Estados Unidos o en Europa, algunos políticos han puesto el acento en la asociación entre inmigrantes y delincuencia. El senador Ossandón abrió los fuegos con “Hay que tener una política dura con los delincuentes que están llegando. Hay que expulsarlos”. El ex presidente Piñera en una entrevista agregó que “muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros”. Inmediatamente, la prensa sacó a relucir una propuesta del senador Guiller para perfeccionar la ley de extranjería y, entre otras cosas, “establecer mecanismos más expeditos para la expulsión de los condenados por sentencia judicial firme”.

Esta actitud hostil hacia el extranjero que pretende incorporarse a la sociedad chilena, puede considerarse un retroceso en relación con la apertura que, de manera vanguardista, consagró don Andrés Bello en nuestro Código Civil.

Contrariando la tendencia vigente en las leyes de su tiempo que restringían los derechos civiles de los extranjeros, incluido el Código Civil francés de 1804, don Andrés desde el Proyecto de 1853 estableció el principio de igualdad entre foráneos y nacionales, el que terminaría plasmándose en el art. 57 del Código Civil que entró en vigor el 1º de enero de 1857. La norma se mantiene inalterada hasta este momento y reza así: “La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código”. La norma se restringe a los derechos civiles, porque se entiende que respecto de los derechos políticos (a elegir y ser elegido) puede haber diferencias que estarán reguladas en la Constitución. En cambio, la expresión “que regla este Código” debe entenderse en un sentido amplio, recogiendo también las normas contenidas en leyes complementarias al Código y, en general, para todas las disposiciones de derecho privado.

La igualdad se refiere por una parte a la adquisición de derechos civiles, tanto derechos reales como créditos. En este sentido, debe destacarse la igualdad de trato de los extranjeros para disponer mortis causa de sus bienes y para suceder en las sucesiones hereditarias que se abran en Chile en igualdad de condiciones que los chilenos. El art. 997 del Código Civil dispone expresamente que “los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos”. Pero además de la igualdad en la adquisición (y pérdida) de los derechos, el extranjero puede “gozar” de los derechos civiles del mismo modo que los nacionales. En la palabra “goce” deben entenderse incluidas todas las formas de uso, disfrute o explotación de un derecho.

Las autores suelen señalar algunas excepciones recogidas en el mismo Código Civil. Se indica así que los extranjeros no domiciliados en Chile no pueden ser testigos en un testamento solemne (art. 1012 Nº 10 CC) ni testar en país extranjero ante agentes diplomáticos chilenos (art. 1028 Nº 1 CC). Los extranjeros no domiciliados en el país tampoco pueden ser guardadores (art. 497 Nº 6 CC) o albaceas (art. 1272 CC). Por su parte, la ley de Matrimonio Civil, Ley Nº 19.947, de 2004, no permite ser testigo de matrimonio a los que no entendieren el idioma castellano (art. 16 Nº 5).

Pero como se ve no es la condición de ser extranjero la que restringe los derechos de la persona, sino la no tener domicilio en Chile o no conocer el idioma castellano. Además que se trata, no tanto de derechos, sino más bien de oficios que conllevan deberes: ser testigos, guardadores o albaceas. Otra excepción más aparente que real es la que podría deducirse del art. 998 del Código Civil que aunque reconoce que la sucesión abierta en el extranjero se rige por las leyes del país donde se abrió, señala que los chilenos tendrán los derechos que les confieren las leyes chilenas, y que ellos pueden ejecutarse en los bienes que el causante tenía en el país. Pero es claro que la ley chilena puede disponer esta excepción sólo en beneficio de los nacionales, y en lo demás debe respetar que la ley extranjera determine los derechos de los sucesores.

La única excepción, si bien parcial, está contenida en los arts. 6 y siguientes del Decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. En estas disposiciones se prohíbe que puedan adquirir inmuebles los extranjeros en general o aquellos nacionales de países fronterizos, en las zonas geográficas próximas a los límites del territorio nacional. El motivo aducido es el resguardo de la soberanía nacional y la protección de las fronteras. El respaldo constitucional de estas restricciones parece estar en el art. 19 Nº 23 de la Constitución que, si bien asegura a todas las personas la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, señala que una ley de quórum calificada, cuando lo exija el interés nacional, “puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes”. Por ser anterior a la Constitución de 1980, el Decreto Ley Nº 1.939 se mira como ley de quórum calificado (disposición transitoria cuarta).

En el último tiempo, la Corte Suprema debió resolver dos recursos de protección presentados por extranjeros inmigrantes, un húngaro y una dominicana, que pretendían casarse con una mujer y un varón chilenos, respectivamente, y a los que el Registro Civil se negaba a dar fecha y hora para la celebración del matrimonio porque estaban ilegalmente en el país. La Corte Suprema acogió los dos recursos acudiendo a la idea de que la Constitución de 1980 habría derogado las normas legales que, según lo invocado por el Registro Civil, le impedían realizar una gestión en favor de extranjeros con residencia ilegal. Las dos sentencias llevan fecha 30 de agosto de 2016, y tienen Roles Nº 35.236-2016 y 35.237-2016. Pensamos que la Corte no hubiera necesitado recurrir a los extensos argumentos en favor de la igualdad de chilenos y extranjeros derivados de la historia constitucional y hubiera podido llegar a la misma conclusión mediante una interpretación armónica de las normas legales invocadas por el Registro Civil con el precepto del art. 57 del Código Civil, ya que claramente se trataba del ejercicio de un derecho civil reglamentado por las leyes complementarias al Código, la Ley de Matrimonio Civil, la que a mayor abundamiento dispone expresamente que “la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello” (art. 2, ley Nº 19.947, de 2004), sin hacer ninguna distinción entre chilenos y extranjeros, ni tampoco entre estos últimos según la regularidad o no de su residencia en Chile.

Es de esperar que el debate sobre la inmigración en nuestro país, sin disminuir la importancia de la seguridad pública y el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los extranjeros que deseen integrarse a la sociedad chilena, asuma la misma actitud de acogida y apertura que don Andrés Bello dejó consagrado en nuestro Código Civil.

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2 comentarios en “El Código Civil y los inmigrantes”


  1. Como es frecuente, muy buena y completa columna.
    Cordiales saludos.


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