El caso del diputado Rivas: condena por injurias y función parlamentaria

El juez del 8º juzgado de garantía de Santiago sentenció al diputado Gaspar Rivas por el delito de injurias graves en contra del empresario Andrónico Luksic. Le aplicó la pena de 180 días de reclusión menor en su grado mínimo, la accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el mismo plazo y una multa de 40 UTM. Pero enseguida le concedió el beneficio de remisión condicional previsto en el art. 4 de la ley Nº 18.216, que le permite cumplir la pena en libertad con ciertas restricciones por el plazo de un año (Ver texto de sentencia).

Es claro que el diputado no ha incurrido en una causal de cese del cargo, ya que para que ello sucediera debería haber sido condenado a pena aflictiva, es decir, a 3 años y 1 día o más (art. 37 del Código Penal). Así se desprende de la relación entre varios preceptos de la Constitución Política de la República: el primero dispone que cesará en su cargo el diputado que pierda “algún requisito general de elegibilidad” (art. 60 inc. 7º), entre los cuales se encuentra el ser ciudadano con derecho a sufragio (art. 48), derecho que se pierde por “condena a pena aflictiva” (art. 17 Nº 2).

Por ello, si una vez desaforado el parlamentario para ser sometido a proceso penal es absuelto o es condenado a una pena que no sea aflictiva, no tiene impedimentos para retornar al Congreso habiéndose extinguido la suspensión de funciones producida por el desafuero (art. 61 inc. 4º Const.). El constitucionalista José Luis Cea en su tratado afirma: “si la condena no es cumplir esa pena [aflictiva] vuelve al Congreso, pero naturalmente, el diputado o senador que se reintegra en esa condición lo hace con una imagen deteriorada ante la ciudadanía” (Derecho Constitucional chileno, Ediciones UC, 2013, t. III, p. 316).

Desde este punto de vista no habría problemas para que el diputado Rivas se reintegrara al Congreso y, lógicamente, siguiera percibiendo su dieta. La cuestión se complica cuando consideramos que, si bien su pena de reclusión no fue aflictiva, se le impuso como pena accesoria la de suspensión de cargo u oficio público, la que, según el Código Penal, “inhabilita para su ejercicio durante el tiempo de la condena” y más aún “priva de todo sueldo al suspenso mientras ella dure” (art. 40 CP). A ello hay que agregar que la pena principal le fue remitida conforme al art. 4 de la ley Nº 18.216.

Para esclarerecer el tema nos parece que deben analizarse tres aspectos por separado: 1º) si la pena principal ha sido remitida, ¿puede aplicarse la pena accesoria de suspensión?; 2º) ¿La pena de suspensión del art. 40 del Código Penal se aplica a los cargos parlamentarios aunque no tenga respaldo constitucional? y 3º) en caso de que fuera procedente, ¿queda el diputado sin la posibilidad de percibir la dieta parlamentaria durante el tiempo de la suspensión?

Intentamos analizar estas tres cuestiones. Debe decirse que la primera –esto es, si se aplica la pena accesoria de suspensión cuando se ha remitido la pena principal– no es novedosa porque ya se ha planteado respecto de otros funcionarios públicos. La Contraloría General de la República ha sostenido dos posiciones: en un primer tiempo, dictaminó que si la pena de reclusión era remitida no era procedente aplicar la accesoria de suspensión del empleo público (Dictámenes Nº 17825 de 28 de julio de 1986 y Nº 2372 de 25 de enero de 1989). Sin embargo, desde 1998 ha variado esta opinión para sostener que declarar si la pena accesoria de suspensión se aplica o no, corresponde al juez que impuso la pena ya que se trataría de una función privativa de los tribunales de justicia según el art. 76 de la Constitución (Dictámenes N° 12671, de 7 de abril de 1998; N° 37.284 de 17 de agosto de 2007; Nº 68.710, de 27 de agosto de 2015; N° 66.595, de 20 de agosto de 2015; Nº 33.543, de 6 de mayo de 2016 y N° 51.332, de 12 de julio de 2016). Considerando esta última posición, la Cámara de Diputados debería consultar al juez de garantía que impuso la sanción si el beneficio de la remisión de la pena principal envuelve la de suspensión del cargo público. A nuestro juicio, por el principio de accesoriedad, la respuesta debiera ser afirmativa.

La segunda cuestión es, a nuestro juicio, más ardua, ya que implica resolver si prima la ley penal que condena a la suspensión de la función parlamentaria o la Constitución que no contempla dicha suspensión y, por tanto, alterar los quórum para las votaciones. Por razón de jerarquía uno debería considerar como de aplicación preferente la normativa constitucional. A esta conclusión podría llegarse igualmente si se compara el texto del art. 38 del Código Penal, que contiene los efectos de la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, y la del art. 40 que se refiere a la pena más suave de simple suspensión del cargo u oficio público. En el primero, se dice expresamente que produce la “privación de todos los honores, cargos, empleos y oficios públicos y profesiones titulares de que estuviere en posesión el penado, aun cuando sean de elección popular” (énfasis añadido). Esta úlima frase no se incluye en el art. 40 lo que es un indicio de que los cargos y oficios públicos que pueden suspenderse no incluyen los cargos de elección popular como los de diputado o senador.

Si se concluyera lo contrario, a saber, que la pena de suspensión se aplica también a los parlamentarios, surge la interrogante sobre si ello implica la pérdida temporal del derecho a percibir la dieta parlamentaria establecida por el art. 62 de la Constitución, ya que el art. 40 del Código Penal dispone que la pena de suspensión produce la pérdida del “sueldo”. Nuevamente, deberíamos dar preeminencia a la Constitución que no contempla esta extinción aunque temporal del derecho a la dieta. Ni siquiera lo hace mientras el parlamentario está suspendido de sus funciones por haber sido desaforado. Por cierto, el diputado Rivas podría, si así lo desea, renunciar a la dieta o disponer de ella en favor de alguna institución de beneficencia.

Aclaremos, por último, que no parece razonable acceder a la petición del diputado Rivas, para el evento de que se le suspenda su dieta, en el sentido deque se le dispense de la prohibición de ejercer su profesión de abogado, para poder así ganarse la vida durante el tiempo de cumplimiento de la pena. Lo que la Constitución prohíbe a los parlamentarios no es ejercer la profesión de abogado sino actuar “como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio” (art. 60 inc. 4º Const.). Lo único que no podría hacer el diputado es patrocinar o representar a un cliente en un asunto judicial contencioso, pero claramente la profesión de abogado es mucho más diversa y contempla labores que, siendo tan o más lucrativas, no exigen asumir el papel de litigantes. No hay peligro, entonces, de que pueda quedarse sin los recursos necesarios para subvenir a sus necesidades y las de su familia.

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2 comentarios en “El caso del diputado Rivas: condena por injurias y función parlamentaria”


  1. Que bueno que no fui abogado, puchas la cuestión alambicada.
    En todo caso se agradece el análisis brillante, porque así uno opina seriamente y no por panfletos, algo …típico-chileno….

  2. El caso del diputado Rivas: condena por injurias y función parlamentaria – Abogado Hernan Corral T. – Fernando A. Lepiman L. Says:

    […] a través de El caso del diputado Rivas: condena por injurias y función parlamentaria — Derecho y Academia […]


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