Inmueble adquirido por subsidio habitacional y sociedad conyugal

Uno de los post que más lectoría ha recibido en este blog ha sido uno por el que comentamos una sentencia de la Corte Suprema que resolvía a qué patrimonio de la sociedad conyugal debía ingresar la casa comprada por la mujer mediante la ayuda del subsidio habitacional (Ir al post). Se ve que el tema interesa a muchas personas. Al ver que la semana pasada nuestro máximo tribunal se ha pronunciado nuevamente sobre el tema mediante una sentencia de casación, nos ha parecido conveniente volver sobre el punto.

El caso fallado en esta oportunidad es diferente porque no se trata de una disputa entre la mujer y su marido, sino más bien entre ambos, aunque ya divorciados, y un tercero acreedor. En un juicio ejecutivo planteado por una sociedad en contra del exmarido la sociedad ejecutante obtuvo el embargo de la casa pese a que fue adquirida por la exmujer mediante compraventa cuyo precio pagó en parte por ahorro previo para la vivienda y un subsidio habitacional, y en la cual ella sigue viviendo después del divorcio, acompañada de las dos hijas nacidas del matrimonio. La compradora interpone una tercería de dominio alegando que por tratarse de un bien adquirido por subsidio habitacional el inmueble no ha entrado a la sociedad conyugal y, por el contrario, en aplicación del art. 150 del Código Civil, sería de su dominio exclusivo. Pide, entonces, que se alce el embargo. El juez de primera instancia rechazó la tercería y su sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Talca, al entender que el inmueble sí había ingresado a la sociedad. La Corte Suprema, por sentencia de 24 de enero de 2017, rol Nº 76253-2016, en cambio, acogió el recurso de casación en el fondo presentado por la mujer y dictó sentencia de reemplazo ordenando alzar el embargo.

La Corte se funda en algunas de las normas especiales que regulan la adquisición de vivienda con ayuda del Estado: la ley 16.392, de 1965 y el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, D. Sup. Nº 355, Ministerio de la Vivienda, de 1976. El art. 11 de la ley Nº 16.392 dispone que “La mujer casada que adquiera, hipoteque o grave en la Corporación de la Vivienda o en la Corporación de Servicios Habitacionales, en Asociaciones de Ahorro y Préstamos o Instituciones de Previsión, una vivienda, sitio o local, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración del contrato correspondiente, y regirán, respecto de ella, todos los derechos que se establecen en el artículo 150° del Código Civil para la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o industria, separados de los de su marido”. El art. 69 del D. Sup. 355, por su parte, actualiza la norma respecto de los organismos autorizados a intervenir en estos casos y los reemplaza por el SERVIU; en lo demás la norma es idéntica: “la mujer casada que adquiera del SERVIU una vivienda, sitio o local, o que los hipoteque o grave en favor del mismo, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración del contrato correspondiente y regirán, respecto de ella, todos los derechos que se establecen en el artículo 150° del Código Civil para la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido”.

La Corte estima que estas normas contemplan un estatuto especial por el cual la mujer casada en sociedad conyugal que adquiere un inmueble a través del mecanismo de subsidio para la vivienda en que interviene el SERVIU “continuador legal de uno de los organismos mencionados en el artículo 11° de la Ley N° 16.392”, se encuentra separada de bienes respecto de la vivienda comprada, “rigiendo a su favor todos los derechos que se establecen en el artículo 150 del Código Civil” y de ello se “colige que la propiedad materia del contrato de compraventa, no obstante haber sido adquirida a título oneroso, no ingresa al haber de la sociedad conyugal” (cons. 9º).

La sentencia agrega que no se trata simplemente de normas que tienden a suplir la posible incapacidad de la mujer casada para celebrar la compraventa sin intervención del marido “sino que tienen un carácter sustantivo que no puede desconocerse en cuanto a hacer aplicables, tal como se desprende de su propio tenor literal, todos los derechos que contempla el artículo 150 del Código Civil, es decir, del instituto del patrimonio reservado” (cons. 10º). De esta manera, se concluye que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho al estimar que el inmueble había ingresado al haber absoluto de la sociedad conyugal, cuando debió haber determinado que el inmueble tenía “el carácter de bien propio” (cons. 11º) respecto de la actora (Ver texto).

Esta conclusión llama la atención porque en estricto rigor los bienes que ingresan al patrimonio reservado no son bienes propios de la mujer; son bienes sociales aunque administrados por ésta y cuyo destino depende de, si al disolverse la sociedad, la mujer acepta o renuncia los gananciales. Si los acepta, expresa o tácitamente, los bienes mantienen su calidad de sociales y pasan a formar parte de la comunidad que se genera al disolverse la sociedad conyugal. Si la mujer renuncia a los gananciales, los bienes reservados se consideran de su propiedad exclusiva. En el caso, la sociedad conyugal se encontraba disuelta por sentencia de divorcio pero la sentencia de casación parece prescindir de este hecho, así como de la necesidad de clarificar si la mujer aceptó los gananciales o renunció a ellos. No obstante, la sentencia de reemplazo sí se hace cargo de este punto y aclara que la mujer renunció a los gananciales por escritura pública acompañada al proceso, de modo que el inmueble debe ser considerado de su propiedad (cons. 2º de la sentencia de remplazo).

Con todo, parece dudoso que los preceptos legal y reglamentario citados por la Corte se apliquen al caso por mucho que el SERVIU sea el continuador legal de los organismos citados en la ley Nº 16.392. Como puede verse de su propio texto, tanto el art. 11 de la referida ley como el art. 69 del D. Sup. 355, se ponen en la situación de que la mujer adquiera el inmueble del organismo público (SERVIU) y no que lo adquiera de una empresa privada si bien pagando parte del precio con un subsidio otorgado por el Estado a través del SERVIU. El fallo no tiene en cuenta, en cambio, la ley Nº 18.196, de 1982, que es posterior a los dos cuerpos jurídicos referidos y que expresamente se refiere a las mujeres beneficiarias del referido subsidio. La ley dispone que “La mujer casada beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo e hipotecas relacionados exclusivamente con la adquisición de la vivienda para la cual se les haya otorgado dicho subsidio” (art. 41 inc. 2º ley Nº 18.196).

Se trata de una norma que sí se circunscribe a otorgar plena y autónoma capacidad a la mujer para adquirir la vivienda, sin establecer un régimen especial sustantivo en relación con el inmueble adquirido. Sobre éste deberán aplicarse entonces las reglas generales; al tratarse de una adquisición a título oneroso, el bien ingresará al haber absoluto de la sociedad conyugal (art. 1725 Nº 5 CC).

Como el matrimonio había sido disuelto por sentencia de divorcio, la sociedad conyugal también habrá expirado y se habrá convertido en una comunidad sujeta a liquidación. No habiéndose efectuado ésta, el inmueble debía considerarse de propiedad común entre los excónyuges. Si estamos en lo correcto, correspondía que se hubiera mantenido el embargo aunque reducido a los derechos cuotativos que le correspondían al exmarido en dicho bien.

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9 comentarios en “Inmueble adquirido por subsidio habitacional y sociedad conyugal”

  1. José Luis Belmar Olmos Says:

    Estimado profesor,

    Un caso complejo. Al respecto y sólo para abrir las opciones quiera decir que no parece tan clara vuestra interpretación cuando usted señala que de que el art. 41 inc. 2º ley Nº 18.196 sólo se estaría circunscribiendo meramente a dotar de capacidad de ejercicio a la mujer sin otorgarle en el fondo precisamente un beneficio sustantivo relativo al régimen de bienes al que quedaría sujeto la adquisición de un inmueble según dicha norma preceptúa. Si se lee de otra manera dicho artículo (sin restringir el sentido de la palabra “celebración”) lo que se ve claramente es que se está reformulado la antigua norma que en esos casos otorgaba validez operacional al art. 150 del C.C., y que naturalmente no solo se está otorgando en dicho caso una capacidad de ejercicio a la mujer en cuanto tal, sino que adicionalmente se le está otorgando a la mujer casada un régimen de bienes, esto es el de separación de bienes para los efectos de la celebración de los actos que menciona dicho artículo 41 y lo que implica sujetarla a un mejor estatus que simplemente someterla al referido art 150 por cuyas disposiciones se somete a la mujer casada en sociedad conyugal a tener que elegir al momento de disolverse aquella para definir si el bien adquirido por subsidio se considera o no un bien social sobre el cual los acreedores podrían tener intereses (cuando acepta los gananciales) , lo cual bien podría perjudicarla, y en ese sentido la ley lo que hace simplemente es despejar dudas y permitir a la mujer casada, especialmente aquellas casadas en sociedad conyugal (la ley no distingue), que el bien pertenezca de pleno derecho (sin ninguna duda) al estatuto de un régimen de separación de bienes. No se ve por qué la ley solo quería haber dado un capacidad a la mujer para la ejecutar legalmente los actos formales de celebración, pero desligándose precisamente de ayudarla y mejorar su situación patrimonial en un sistema de subsidios que tiene como fin la ayuda social, en especial cuando se trata de las mujeres a quienes históricamente les ha costado mucho más obtener los beneficios que la ley otorga a los hombres. En ese sentido si bien la Corte Suprema no tomó en cuenta este artículo que usted señala (debiendo haberlo hecho), en la práctica intuitivamente ha actuado impartiendo Justicia en un caso que perfectamente podía ser defendible tal como lo he señalado. Slds.

    • hcorralt Says:

      Gracias por el comentario, pero su interpretación no me convence porque se trataría de una separación parcial exótica y no regulada en el Código Civil. Además, me parece desproporcionado que la mujer pueda hacerse de la mitad de los bienes adquiridos por el marido, mientras ella mantiene la propiedad exclusiva de la vivienda adquirida mediante subsidio.

      • José Luis Belmar Olmos Says:

        Estimado Profesor,

        Efectivamente a primera vista mi interpretación parece exótica, pero quizás no lo es tanto si se tiene a la vista que no es extraño al C.C. que en paralelo a la sociedad conyugal exista la posibilidad efectiva de coexistencia con un régimen de separación parcial de bienes tal como por ejemplo lo dispone el art. 166 del mismo C.C. que excluye la administración al marido en los casos que señala, si bien morigera su consecuencias en tal sentido al adoptar ciertas reglas que balancean la situación en frente a los principios de la sociedad conyugal. Me gustaría Insistir en que para que el 41 inc. 2º ley Nº 18.196 tenga sentido debe implicar un mejoramiento en relación a la anterior remisión al Art 150 cuando se trata de subsidios habitacionales. De lo contrario se habría insistido en la aplicación de dicho art 150 del C.C. Creo que en materia de Derecho no siempre la proporcionalidad es sinónimo de Justicia y en ese sentido sabemos que hasta la fecha a nivel global la mujer – no solo por ser casada en sociedad conyugal – simplemente por ser tal no tiene las mismas ventajas sociológicas que el hombre, y ese es un hecho real que ha ido empujando el que legalmente en Chile se hayan estado imponiendo reformas legislativas en las últimas décadas, de manera que para hacer justicia la Ley muchas veces debe romper con una determinada proporcionalidad (o igualdad aritmética si se quiere) para equilibrar lo que carece en la práctica de equilibrio especialmente cuando estamos en presencia de una situación en la que se ha otorgado a la mujer un subsidio por razones económicas que afectan a las mujeres de menores ingresos que persiguen principalmente la obtención de una vivienda para la familia (biológicamente es una necesidad muy fuerte en las mujeres). Claramente desde el punto de vista del derecho privado es una situación jurídicamente excepcional pero así es atendidas las circunstancias socio-económicas. Qué duda cabe que el derecho Civil también opera en la búsqueda de lo que muchos llaman Justicia Social. De otro lado sabemos que el mismo régimen de sociedad conyugal desde un inicio implicaba una desproporción en relación a hombre y mujer al darle al marido mejores prerrogativas de administración, incluyendo los bienes propios de la mujer y que además hasta antes de la reforma de la Ley Nº 18.802, se mantenía a la mujer casa en sociedad conyugal como la relativamente incapaz (Incluso después de la reforma señalada, una mujer casada en sociedad conyugal aun siendo plenamente capaz para contratar, no tiene la libre administración de sus “bienes propios” (por regla general), salvo cuando se generase un patrimonio en régimen de separación parcial de bienes (Art 166 del C.C). Por tanto no se ve por donde esa situación desproporcionada fuese justa, pero era ley de la Republica tal como ahora lo es la situación en comento donde se está beneficiando a la mujer casada en la situación prevista en el art. 41 inc. 2º ley Nº 18.196 donde para mí claramente se establece un régimen de separación de bienes relativo a los actos que dicha disposición señala. Recuérdese lo que se dispone en el Art. 23 del C.C. cuando sabiamente se señala que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación (quizás un principio propio del derecho positivo). Ahora bien, si mi interpretación es posible habrá que dirimir si en este régimen (exótico) de separación parcial de bienes instituido por el art. 41 en comento debe sujetarse o no a las disposiciones del art. 166 del Código Civil. Quizás don Hernán pueda en ese caso aceptarlo precisamente porque implicaría un balance en relación al marido, pero yo me inclinaría por la negativa precisamente en razón a que creo que el legislador tenía como objetivo al sustituir la mención a Art. 150 del C.C. por una presunción (de derecho) de separación de bienes, lo cual tiene como efecto un auténtico mejoramiento para la mujer casada que es beneficiaria de un subsidio habitacional que naturalmente en ese nivel socioeconómico busca la protección de la familia, pues no es otra cosa que la búsqueda del sueño de una casa propia para todos sus integrantes (incluyendo al marido si es que se lo merece y vive con ella, me corregirán las mujeres). Esto me recuerda uno de los principios consagrados en nuestra Constitución Política cuando en su Art. 1º dice entre otras cosas que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. El derecho de un país finalmente siempre es una cuestión política como lo enseñaba Couture. Y la política (en el gran sentido) tiene variadas motivaciones, fundamentos, principios y valores muchas veces contradictorios entre sí. Slds

  2. Manuel Llaneza Jove Says:

    Estimado Profesor Corral, en el fondo, lo que el fallo comentado con anterioridad y casos similares, lo que realmente demuestra es que se requiere una reforma legislativa que sea útil a la gente y le permita a la mujer casada en sociedad conyugal, muchas veces separada de hecho, administrar libremente el bien que adquirió con su propio esfuerzo y ahorro, acabando así con la injusticia que supone que adquiere separada de bienes, pero que tiene que enajenar casada en sociedad conyugal. La norma vigente que pretendía favorecerla, la ha perjudicado a tal punto que inmoviliza su patrimonio, favorece a inescrupulosos maridos que se aprovechan del poder excedido que les dispensa la legislación en estos casos y complica todos los negocios jurídicos sucesivos. En la sociedad actual no se entiende que persista una norma tan retrograda y perjudicial para la mujer esforzada, madre de familia. Urge una reforma simple y directa en este sentido.

    • hcorralt Says:

      Sí, hace falta una norma que clarifique la situación de la mujer, pero me parece bien que se entienda formar parte del patrimonio reservado, porque sería injusto que la mujer pueda quedarse con los gananciales adquiridos por el marido pero quedarse en exclusiva con la vivienda conseguida a través del subsidio.


  3. […] a través de Inmueble adquirido por subsidio habitacional y sociedad conyugal — Derecho y Academia […]


  4. Prescindiendo del aspecto de fondo (que merece un comentario aparte, suscribiendo desde ya la idea de una reforma legislativa), me sorprende que la Corte acepte la fundamentación y la procedencia del recurso con motivo de la infracción de un decreto supremo, en circunstancias que se sabe que la casación en el fondo solo opera en casos de infracción “de ley”.

    Si bien hasta hoy no existe consenso en la doctrina y en la jurisprudencia en cuanto a si se debe considerar dentro de la voz “ley” a las normas de la Constitución o las disposiciones de un contrato, queda claro (o quedaba claro, hasta ahora) que no era procedente la casación en el fondo cuando la norma infringida era de jerarquía menor a la legal. Así, se cuentan por decenas las sentencias de la Suprema que, interpretando correctamente el art. 767 CPC a mi juicio, rechazaban la procedencia de este recurso extraordinario por infracción de decretos supremos, instrucciones, reglamentos, circulares, auto-acordados, etc.

    Una lástima que las buenas intenciones de la Corte (resguardar el patrimonio de la mujer, que en todo contribuyó a la adquisición del inmueble y en nada a la ejecución del ex-marido) se vean opacadas por la torsión manifiesta de las normas procesales.

    Si la antedicha causal que autoriza la procedencia de la casación en el fondo se ha modificado, agradecería la pertinente ilustración al respecto.

    • hcorralt Says:

      Tiene razón en que el CPC exige infracción de “ley” (no ha cambiado la causal) y que hay consenso en que se refiere a la definición de ley del art. 1º del Código Civil. Pero creo que el fallo puede salvarse del reproche que usted formula sobre la base de que la infracción se dirige a la ley 16.392, art. 11. Gracias por notar esta falencia de la sentencia.


      • Estimado profesor,

        Puedo entender que su benevolencia hacia el trabajo jurisdiccional de la Corte se deba a sus años “de cancha” y la flexibilidad que otorga la madurez profesional (no todo es blanco y negro; existen los matices). Pero aquello contrasta -y no se condice- con el rigorismo implacable de la Corte, que muchas veces no tiene escrúpulos para rechazar un recurso de casación si este, por ejemplo, ha sido interpuesto en la forma y en el fondo pero no existe certeza acerca de cuál de los ellos ha sido patrocinado por abogado habilitado (art. 772-4 CPC); o que en su contenido el recurrente solo diga que solicita la invalidación de la sentencia impugnada y no pida la correspondiente sentencia de reemplazo.

        Si la Corte no es compasiva en su justicia para con estos litigantes, aduciendo a su favor la estrictez con que debe entenderse un recurso extraordinario de este tipo, no veo por qué nosotros debiéramos ser flexibles con los errores que ella manifiestamente comete.

        Considerando décimo sentencia de casación: “Que de lo expuesto es posible concluir que los sentenciadores incurrieron en los errores de derecho denunciados por la recurrente, consistentes en infracción de los artículos 11 de la Ley N° 16.392 y 69 del Decreto Supremo N° 355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 1976, en relación ambos al artículo 150 del Código Civil…”

        (Que quede claro que le debo mi apreciación personal, en lo relativo al fondo del asunto).


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