Tribunal Constitucional: ¿acaso puede no ser una “tercera cámara”?

Desde hace un tiempo se ha venido criticando la existencia y funcionamiento del Tribunal Constitucional, el órgano compuesto por diez Ministros al que la Constitución encarga la labor de controlar la constitucionalidad de las leyes. Se le ha tachado de antidemocrático, contramayoritario y “binonominalizado”, críticas que se han condensado en el mote de constituir una “tercera cámara”. Esta denominación quiere señalar que tendría la última palabra después de que las leyes han sido aprobadas por las dos Cámaras que componen nuestro Congreso Nacional: la Cámara de Diputados y el Senado. Al mismo tiempo, se quiere señalar que no falla conforme a derecho sino que hace una nueva deliberación política sobre el mérito de las decisiones legislativas, y permite que las minorías del Congreso, después de perder las votaciones, terminen imponiéndose a las mayorías. Todo esto se incrementaría porque la forma de nominación de los integrantes, al requerir de altos quórums en el Senado, lleva a que los nombramientos sean pactados por las dos grandes coaliciones políticas.

Todas estas críticas se han reeditado esta semana cuando se votó el proyecto de ley de aborto en el Senado y los parlamentarios contrarios a la iniciativa anunciaron que presentarían requerimientos frente el Tribunal Constitucional por entender que dicho proyecto vulnera los derechos consagrados en la Constitución. Así, mientras la senadora Goic dijo que era lamentable que se pidiera la intervención del Tribunal “para torcer la voluntad de la gente, que se expresa en el Parlamento”, el senador Guillier planteó la idea de suprimir o reformular este órgano jurisdiccional.

Pero, ¿podría no ser el Tribunal Constitucional un órgano supramayoritario si se le ha encomendado la labor de verificar que los poderes legislativos se sometan a la Carta Constitucional? La misma Constitución es un instrumento jurídico que tiene como función limitar las decisiones de mayorías políticas que pudieran avasallar sus derechos fundamentales o saltarse las reglas de organización y limitación del poder. Un órgano al que se encomienda la labor de asegurar el respeto del texto constitucional es, por esencia, limitativo de las mayorías y defensor de la minorías.

La historia del surgimiento de esta especial institución está ligada al pensamiento de uno de los juristas más conocidos por ser uno de los mayores exponentes del positivismo legalista, el austriaco Hans Kelsen (1881-1973). Después de la primera guerra mundial, al organizarse la república de Austria, el Canciller pidió a Kelsen que trabajara en un proyecto que llegaría a ser la Constitución de 1920, y en la cual figura por primera vez un Tribunal concebido como el gran defensor de la Constitución, en oposición a Carl Schmitt que propugnaba que ese defensor debía ser el líder del Gobierno. Kelsen se comprometió tanto con su proyecto que fue nombrado integrante del Tribunal y se desempeñó en él por una década.

En la idea de Kelsen el Tribunal Constitucional es, lato sensu, un poder legislativo pero de carácter negativo, es decir, que puede dejar sin efecto normas aprobadas por el Congreso que sean juzgadas contrarias a la Constitución, pero que no puede aprobar o establecer otras en su sustitución.

En Chile, ni la Constitución de 1833 ni la de 1925 contemplaron un Tribunal Constitucional. Fue la doctrina iuspublicista la que en la década del sesenta del siglo pasado propuso crear este órgano sobre las bases del Tribunal de Austria, es decir, bajo el modelo kelseniano. Finalmente, la reforma constitucional de la ley Nº 17.284, de 23 de enero de 1970 incorporó este órgano a la estructura orgánica de la Constitución de 1925. Fue suprimido por el gobierno militar después del golpe de Estado de 1973, pero reaparece en la Constitución de 1980, y se mantiene hasta hoy. La reforma constitucional del 2005 (ley Nº 20.500 de 26 de agosto de 2005) aumentó el número de sus integrantes, determinó la forma de su nombramiento y amplió y reforzó sus atribuciones.

Por la función llamado a desempeñar, la interpretación de la Constitución, es natural que los integrantes del Tribunal, además de ser juristas o profesionales jurídicos destacados en su campo, sean seleccionados teniendo en cuenta sus sensibilidades políticas o ideológicas. Esto no es propio ni exclusivo de nuestro Tribunal sino de todos los tribunales llamados a juzgar si las leyes que dicta el Congreso respetan las normas constitucionales. La Corte Suprema de Estados Unidos se compone de nueve miembros y son conocidas sus inclinaciones políticas y morales, así como sus teorías sobre cómo debe interpretarse la Constitución. Esperar que los jueces que integren un tribunal constitucional sean meros operadores jurídicos, políticamente y moralmente neutros, más que una ingenuidad es una insensatez.

Lo que sí se puede pedir es que esos jueces hagan un decidido esfuerzo para ceñirse estrictamente a lo que corresponde a una interpretación leal y suficientemente razonada del texto constitucional, evitando dos actitudes extremas: el activismo y la excesiva deferencia. Por una parte, deben alejarse del ánimo voluntarista de pretender imponer artificialmente sus preferencias políticas o morales con lecturas que se apartan del sentido del natural del texto constitucional que debe interpretar. Como solía decir el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antony Scalia (q.e.p.d.), si un juez desea que la Constitución diga algo que en realidad no dice, debe dejar la magistratura, formar un partido político, ganar las elecciones, llegar al Congreso y obtener la aprobación de una enmienda constitucional.

A la inversa, los jueces constitucionales no pueden incurrir, por temor a la presión de otros poderes de Estado o a los medios de comunicación, en dejación de deberes y, bajo pretexto de una deferencia al legislador, inhibirse de ejercer sus atribuciones para evitar que se aprueben leyes que vulneren la Constitución y, sobre todo, los derechos fundamentales de las personas, es decir, de operar como “tercera cámara”, en cuanto legislador negativo.

Kelsen escribió que no puede sostenerse que el ejercicio de este poder sea una limitación indebida de la soberanía del Parlamento, ya que la soberanía pertenece a todo el orden jurídico y puesto que “la legislación se encuentra subordinada a la Constitución absolutamente de la misma forma en que lo están a la legislación, la jurisdicción y la administración” y que sostener lo contrario no sería sino “disimular el deseo del poder público, expresado en el órgano legislativo, de no dejarse limitar –en contradicción patente con el Derecho positivo– por las normas de la Constitución” (La garantía jurisdiccional de la Constitución, trad. Rolando Tamayo, Instituto de Investigaciones Científicas, UNAM, México, 1974, p. 491).

Anuncios
Explore posts in the same categories: Abogados, Derecho de la persona, Derecho Público

Etiquetas: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

5 comentarios en “Tribunal Constitucional: ¿acaso puede no ser una “tercera cámara”?”


  1. Estimado Profesor,

    Comparto sus argumentos. En efecto el Tribunal Constitucional (TC) puede y debe ser una poderosa herramienta de “Supremacía Constitucional” no importando si sus decisiones son o no contramayoritarias, pues es claro que las necesidades de Justicia Constitucional no se satisfacen sólo por ser una consecuencia o aplicación de tal o cual visión política (aunque el derecho sea en gran parte uno de sus resultados), pues de lo que se trata es de realizar una interpretación de una norma jurídica en el nivel más alto de la jerarquía teniendo a la vista las técnicas de interpretación del derecho y que le dan en la práctica una connotación más estricta a sus posibles alcances, teniendo presente que tampoco es un problema ni una contradicción el que pueda haber muchos criterios que permitan obtener una o más conclusiones interpretativas válidas desde el punto de vista de la norma constitucional, algo que el común de las personas lamentablemente no logra entender y que ocasiona en muchos una sensación de injusticia sólo por producirse resultados no aceptables desde una particular perspectiva. Adicionalmente nunca sobrará decir que la Constitución corresponde a una norma de superior nivel frente al simplemente legal, algo que es de una aceptación casi unánime incluso entre quienes no tienen formación jurídica. De manera que es obvio que el problema de la existencia del TC no debería tornarse en un ataque a la “Supremacía Constitucional”, aunque a algunos así les gustaría que fuese sólo porque no es de su agrado la Constitución que nos rige actualmente y que abogan para que sus mecanismos de reforma sean más dúctiles y flexibles para que el Poder Legislativo pudiese en base a un quórum de mayoría menos exigente tomar decisiones para todo el sistema jurídico, incluyendo el nivel constitucional, a su sola voluntad sólo por ser la supuesta encarnación del pueblo (o de una mayoría) en un momento dado.

    Ahora bien, las objeciones sobre la composición del TC puede ser muy legítimas y en virtud de ello bien podrían realizarse mejoras especialmente en cuanto al número de sus integrantes y al método actual de elección que para muchos sólo favorece un sistemático y endémico “cuotismo”, pero no es lo único ni de lejos lo más importante que se requiere para contar con un órgano constitucional que ejerza de forma plausible el rol jurisdiccional que se le ha asignado y que opera dentro de un entramado normativo cuyo objetivo es el recíproco control político al interior del Estado considerado como un “Todo” y muy especialmente respecto de los actos de la autoridad del Poder Legislativo y Ejecutivo en su relación con cualquier individuo, lo que apunta al desarrollo de una autentica Sociedad Abierta que defiende la existencia de un catálogo de derechos fundamentales de tipo Universal (Derechos Humanos) que afortunadamente en Chile tiene rango constitucional. En ese sentido además de la fortaleza de los argumentos que deben establecerse en cada fallo como objetivo primario en atención a los diferentes valores y bienes jurídicos cuya existencia la Constitución promete garantizar a todos, incluso si se encuentran en contradicción unos con otros bajo ciertas circunstancias, también es relevante la existencia de un conjunto de normas que impliquen “la responsabilidad” de los ministros sentenciadores precisamente para reforzarlo y que desde otro punto de vista no es más que la aplicación de la tan apreciada “Igualdad ante la Ley”, uno de los principios más relevantes del edificio constitucional. Así, para obtener una mejora en la legitimidad del TC se haría necesario profundizar este último aspecto que a mi juicio ha sido soslayado al impedir por un lado la llamada “responsabilidad política” en caso de incurrir los ministros del TC en “notable abandono de sus deberes” y también por la aparente exención de “responsabilidad penal” respecto de aquellos ilícitos que el Código Penal sanciona como actos de prevaricación y torcida administración de justicia por parte de los jueces (Libro II, Título V, Párrafo IV) al no haber sido establecido con claridad un tipo penal especifico que permita perseguir su participación culpable por actos cometidos específicamente con ocasión del ejercicio de sus funciones, todo lo cual exigiría una adecuada y razonable sistematización de las distintas figuras que pudiesen ser punibles. Al igual como ocurre en la discusión sobre la aplicabilidad de algunos tipos penales de prevaricación señalados en el Código Penal respecto de la conducta de los miembros de nuestra la Corte Suprema, debido a la existencia del inciso 2º del Art. 324 del C.O.T. que curiosamente les exime de responsabilidad en lo relativo a “la falta de observancia de la leyes que reglan el procedimiento como en caso de denegación y torcida administración de justicia”, no parece justificable que los miembros de un órgano constitucional estén “blindados” precisamente cuando cometan ese tipo de ataques contra el orden constitucional que la propia Carta Fundamental les ha encargado defender. La misma discusión se hace necesaria a propósito de la “responsabilidad civil” y al respecto baste mencionar la claridad con que el mismo C.O.T. se ha encargado de establecer sus bases en tal sentido respecto del accionar de los jueces, por la comisión de delitos o cuasidelitos, de conformidad a los Artículos 325 y siguientes de dicho cuerpo legal.

    De otro lado y por razones de certeza jurídica y de perfeccionamiento de un adecuado sistema de sanciones jurídicas en el nivel constitucional sería interesante contar con una correcta regulación de la nulidad de derecho público que pudiese contemplarse expresamente como una específica acción constitucional de nulidad en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, pues si bien en contra de las resoluciones de éste último no hay posibilidad de recurso jurisdiccional ante otro tribunal en las materias de su competencia, ello no obstaría a la posibilidad de establecer o declarar la nulidad de sus resoluciones -mediante un racional y justo procedimiento por efecto de los Artículos 6º y 7º de la Constitución – que se hayan dictado con violación de la misma o fueren el simple producto de actos de prevaricación o de torcida administración de Justicia.

    Corregir estas situaciones tendería a fortalecer la autoridad jurisdiccional del TC (en el sentido de “auctoritas”) estableciendo correctos contrapesos en el ejercicio de sus funciones y bajando a sus miembros de un aparente pedestal de infalibilidad jurisdiccional, lo que bien podría ayudar a dejar de estar continuamente discutiendo sobre la legitimidad de su existencia por meras consideraciones doctrinarias basadas en la incombustible doctrina de “la soberanía popular”, ésta última que bien puede derivar en irracionalismo cuando el sistema permite la aparición de “la tiranía de la mayoría” incluyendo su más cruel versión: el totalitarismo. En ese sentido sostener que el TC constituye una especie de Tercera Cámara (política) que violentaría las bases de la “Democracia” sólo es factible de justificar bajo un peligroso y dogmático enfoque de tipo rousseauniano que tantos se esfuerzan por defender acríticamente. Slds/JLB.-

    • hcorralt Says:

      Gracias por sus comentarios. Sin duda puede haber perfeccionamientos de la normativa del Tribunal, pero no estoy seguro de que hacer responsables constitucional o penalmente a sus ministros sea una buena idea. Le veo más riesgos que beneficios.


  2. Estimado Profesor

    Creo que en nuestro sistema jurídico ya está bien asentado el principio de la responsabilidad funcionaria y de que no puede haber ninguna magistratura ni persona privilegiada que quede exenta de responsabilidad en caso de incurrir en conductas contrarias al derecho con ocasión del ejercicio de su rol profesional. Por ello mi posición favorable a que precisamente los miembros del TC respondan por sus específica labor funcionaria, permitiría al menos dibujar un TC que esté sometido totalmente a la misma Constitución que deben resguardar, pues de mantenerse la situación actual sólo redunda en una mala percepción y un cuestionamiento a la legitimad de un órgano que es muy relevante y necesario para mantener el control del poder político en nuestro Estado de Derecho y principalmente para defender la necesaria “supremacía constitucional” que se da en el plano valórico-jurídico. Si hasta los miembros de la Corte Suprema podrían ser responsables penalmente si dictan una sentencia tan aberrante que derive en un caso de prevaricación señalados en el CP que se les pueda aplicar legalmente y hasta ser objeto de juicio político por notable abandono de sus deberes, no veo el por qué los miembros del TC deban quedar tan protegidos. Sería mucho mejor presentar los argumentos que justifiquen esa última posición y revisar su racionalidad, pues para asentar un principio de “no responsabilidad” a objeto de proteger una cierta independencia para el juzgamiento de los casos que se le sometan a su consideración, aquella sólo debería operar en situaciones muy limitadas y restrictivas y no establecerla como una regla general. Slds/JLB.-

    • hcorralt Says:

      Pienso que su análisis es teóricamente impecable, pero no tiene en cuenta que en el Derecho las cosas no son exactas y que hay mucho de interpretación y discrecionalidad. Poner a una Corte por encima del Tribunal Constitucional podría significar que el verdadero intérprete de la Constitución fuera esa Corte. Mejor es que los jueces o ministros tengan una duración limitada en el cargo, y así pueden ser reemplazados.


  3. Concuerdo en que es un problema legítimo el que Ud. señala, pero precisamente debe buscarse una solución que atempere un regimen de “no responsabilidad funcionaria”. ¿Cuál seria la solución para un caso de prevaricación o de notable abandono de sus deberes por parte de los miembros del TC ? Quizás una limitación en la duración del cargo podría ser parte de una mejora, pero para un caso de prevaricación actualmente no hay una sanción y eso me parece inquietante. Por ello incluso me atreví a considerar el tema de la nulidad de derecho público como una eventual respuesta legítima dentro del marco constitucional. ¿Cómo hacerla efectiva? ¿Ante quién? El profesor Eduardo Soto Kloss ha expuesto de manera brillante la tesis de que el inciso 3º del Art. 7º de la Constitución tiene operatividad directa respecto de la nulidad de derecho público, la cual debe ser declarada judicialmente, respecto de todo acto en contravención a las normas que regulan la competencia de los órganos del Estado, lo cuales deben someter su actuaciones a la Constitución y a los procedimientos previstos en ella, y que junto con el Art. Art. 6 de la misma tienen como objetivo asegurar la supremacía de la Constitución. Recalca el profesor Soto Kloss que “…no cabe la autotutela en nuestro derecho (salvo expresa excepción) y, por ende, ni la autoridad ni el particular pueden declarar por sí o ante sí nulo un determinado acto si ello significa una controversia de derecho ..” (Véase La Nulidad de Derecho Público: Su actualidad en Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XVIII (1997; Eduardo Soto Kloss).

    Hay que considerar que el juzgamiento de un acto que reviste la características de un delito penal es una materia típicamente entregada al conocimiento especializado del Poder Judicial en conformidad a nuestra Constitución por mandato del artículo 76 de la CPR. Entonces si los miembros del TC puede ser imputados y condenados por toda clase de delitos en la actualidad, ¿por qué no podrían serlo precisamente por prevaricación cometida en el ejercicio de sus funciones, y adicionalmente emitirse una declaración de nulidad del acto contrario a la Constitución que sea producto de dicha prevaricación? Slds/JLB


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: