Archive for the ‘Abogados’ category

El testamento de Hugo Bravo y el desheredamiento del cónyuge

13 agosto, 2017

El que fuera gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo López, y cuyas declaraciones detonaron los procesos judiciales por el financiamiento irregular de la política a través de facturas ideológicamente falsas, falleció el 26 de febrero de 2017. En estos días se ha informado que meses antes, el 26 de agosto de 2016, otorgó testamento ante el notario público Cosme Gomila. En este acto, junto con desheredar a su cónyuge Paulina Restovic Montero, instituyó herederos universales a sus dos hijos, a los que dejó la mitad legítimaria y además las cuartas de mejoras y de libre disposición, aunque estas últimas condicionadas a que el beneficiario “durante los tres años anteriores a la fecha de mi muerte no haya entablado litigio alguno, reclamo, denuncia o cualquier otra acción civil, penal, administrativa, laboral, comercial, etc., en mi contra o en contra de alguna de las sociedades de las que formo parte directa o indirectamente”. También dejó legados en dinero (medidos en unidades de fomento) a tres de sus sobrinos (ver nota de prensa).

Varios aspectos podrían ser comentados desde el punto de vista jurídico de este testamento, pero sin duda lo que parece más relevante y menos frecuente es el desheredamiento del cónyuge.

Veamos lo que dispone el Código Civil sobre esta institución. Como sabemos, el cónyuge, desde la reforma de la ley Nº 19.585, de 1998, ha pasado a ser asignatario de legítimas, y por tanto participa en la mitad del acervo líquido del causante. La participación del cónyuge, en caso de concurrir dos o más hijos, es equivalente al doble de lo que corresponde a cada hijo. En el caso de la sucesión de Hugo Bravo, habiendo dos hijos, el cónyuge debe computarse por dos, de modo que la mitad legitimaria se dividiría en cuartos: un cuarto para cada hijo y dos cuatros (un medio) para la cónyuge. Al ser desheredada, los hijos pasan a aumentar al doble su participación en la mitad legitimaria, a lo que se agregará lo que les corresponda en las cuartas de mejoras y de libre disposición.

Los requisitos para que la desheredación sea eficaz son los siguientes: 1º) Que exista causal legal; 2º) Que se exprese en el testamento y 3º) Que se prueben judicialmente los hechos de la causal. En el caso, se ha invocado la causal del Nº 1 del art. 1208 del Código Civil, que consiste en “haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes…”. Ella se ha expresado y especificado en el testamento como exige el art. 1209 del mismo Código. El testamento declara sobre esto: “Fundo la causal de desheredamiento expresada en los actos y omisiones cometidos por Paulina, las amenazas y extorsión que hizo en mi contra para obtener un pago por no divulgar públicamente información mía y de mis empresas, denuncias falsas de maltrato psicológico y económico, y denuncias de tenencia ilegal de armas y amenazas condicionales, y demás acciones tendientes a obtener el enriquecimiento personal a costa del patrimonio mío y de mis hijos”.

Pero no basta con invocar una causal, el art. 1209 del Código Civil dispone que, además, debe probarse judicialmente, ya sea en vida del testador o después de su muerte. En este último supuesto, que parece ser el de nuestro caso, la demanda para constatar la causal debe ser interpuesta por las personas interesadas en el desheredamiento, es decir, por los herederos que se benefician de la exclusión del desheredado. En este caso, los llamados a interponer la acción serían los hijos del testador, los que deberían demandar a su propia madre.

No obstante, aunque no se pruebe la causal, si el desheredado no reclama su legítima a través de la acción de reforma del testamento en el plazo de cuatro años desde la apertura de la sucesión, ya no podrá hacerlo después (art. 1209 inc. 2º CC). Por ello, se señala que los interesados, si están en posesión de la herencia, pueden esperar a que el desheredado ejerza la acción de reforma de testamento durante los cuatro años siguientes a la apertura, y si lo hace, en ese mismo proceso, probar los hechos en que se basa el desheredamiento, lo que llevará al juez a rechazar la acción.

Una última cuestión se presenta en estos casos de desheredamiento y es su extensión. Por cierto, se incluye la legítima, pero además, y aunque el testador no lo haya dicho, el desheredado pierde el derecho a toda otra asignación por causa de muerte y a las donaciones que le hubiere hecho. En cambio, los alimentos no se pierden salvo que se trate de un caso de injuria atroz (art. 1210 CC). Para saber en qué casos se configura una injuria atroz en contra del testador, hay que aplicar analógicamente lo que se dispone para la indignidad sucesoria (que es una especie de desheredamiento legal) en el art. 979 del Código Civil, en el sentido de que sólo en caso de las causales del art. 968 se pierde el derecho de alimentos. Esto es corroborado por el art. 324 que señala que se entiende que hay injuria atroz los casos del art. 968.

De las causales contempladas en el art. 968, la que más calza con los hechos invocados por el testador es la de “atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata” (causal 2ª).

Habría que plantearse si, en el caso de estimarse que hay desheredamiento válido sin que los hechos constituyan injuria atroz, podría la cónyuge desheredada reclamar la asignación forzosa de alimentos legales conforme a los arts. 1168 y siguientes del Código Civil, ya que el cónyuge tiene un derecho legal a alimentos (art. 321 Nº 1 CC). Normalmente, se señala que como los asignatarios de alimentos son a la vez legitimarios, no pueden pedir la asignación alimenticia ya que carecería de las necesidades económicas que se exigen para que la obligación alimenticia se concretice (art. 330 CC). Pero en este caso, si la cónyuge no tuviere suficientes bienes propios para subsistir modestamente y conforme a su posición social, al no tener derecho a la legítima podría reclamar la asignación forzosa de alimentos, alegando que el desheredamiento no constituye injuria atroz y no la priva del derecho del alimentos.

Esto puede significar entrar en la discusión de los requisitos de determinación que se exigen para reclamar esta asignación alimenticia mortis causa: si deben estar decretados judicialmente en forma previa, si deben haberse prestado voluntariamente, si basta el título legal, etc. Pero eso daría para otro –u otros– comentarios.

El hijo de Gervasio y su demanda por un peso

6 agosto, 2017

En el programa televisivo “La mañana de Chilevisión”, el hijo mayor del cantante uruguayo afincado en Chile, Gervasio, de nombre Leandro Viera, informó que había presentado una demanda civil en contra del Estado de Chile por considerar que su muerte el 28 de octubre de 1990 no había sido el resultado de la acción suicida del cantante, sino que había diso provocada intencionalmente por “agentes del Estado”. Obviamente, se trata de una demanda por responsabilidad civil del Estado por la que se pide una indemnización del daño moral causado a sus familiares, como víctimas indirectas o por repercusión.

Lo curioso y, que toda la prensa destacó, es que Viera dijo que sólo había pedido como indemnización la cantidad de un peso. Textualmente señaló: “Lo que nos moviliza a nosotros no es quitarle plata al fisco ni mucho menos, en realidad no es por un tema monetario lo que nosotros estamos peleando, por lo tanto, la demanda es por un peso o lo que el juez dictamine correcto” (Ver noticia).

¿Es admisible en nuestro sistema jurídico que se demande indemnización por los daños causados por un acto ilícito y se le valorice en un monto ínfimo y meramente simbólico, como el de un peso? Este tipo de demandas han sido utilizadas en Europa como un modo de establecer la antijuridicidad de una conducta reprochable. En Francia se han dado varios casos de demandas, y condenas, por un franco y, más tarde, por un euro.

En general, la Corte de Casación francesa ha considerado que, si el juez a quo ha argumentado las razones por las cuales considera procedente establecer esa indemnización, la sentencia no puede ser invalidada. No obstante, la cuestión es dudosa porque las demandas de responsabilidad civil se distinguen de las acciones de responsabilidad penal o infraccional justamente en que no sólo buscan que se declare que un determinado acto ha sido contrario a Derecho, sino que a consecuencia de ello se ha producido un daño real y efectivo. Pero, ¿puede decirse que hubo daño si el mismo demandante lo valoriza en un peso, que en el fondo podría parecer una especie de confesión de que no ha sufrido un perjuicio que tenga una envergadura suficiente para ser reparado, es decir, que no hay daño? Y si no hay daño, no cabe hablar de responsabilidad civil.

Es cierto que el régimen de responsabilidad civil puede cumplir otras funciones que la meramente reparatoria. Se habla así de funciones de prevención de daños, punitivas o de sanción por el dolo o culpa, y demarcativas o de delimitación (garantía) del ámbito de libertad de las personas. En esta última, podría incluirse la declaración de la ilicitud de un determinado comportamiento, que podría cumplirse a través de estos juicios de responsabilidad con indemnizaciones de valor ínfimo. Se podría decir que si bien no se cumple con la función reparatoria, sí se cumpliría una función demarcativa e incluso también una punitiva, ya que al declararse en la sentencia la ilicitud de la conducta del demandado su publicidad serviría para sancionar dicha conducta al menos en el plano moral y social.

En contra, ha de decirse que, siendo verdad que el sistema de responsabilidad civil, tiene funciones diversas de aquella que consiste en la reparación del daño, es esta última la que lo justifica y lo define como tal. Por ello, las demás funciones pueden operar en forma concurrente y siempre con el límite de no ir más allá que la reparación del daño causado. Así, es cierto que la obligación de indemnizar puede sentirse como una sanción por parte del condenado a ella, pero esa función punitiva no autoriza a que se impongan indemnizaciones superiores al monto en que se avalúa el daño. En esto nuestro sistema se distingue del Derecho de Torts de Estados Unidos que permite en ciertos casos añadir a la indemnización del daño una cantidad de dinero que se impone como multa o pena civil: son los llamados punitive damages. Estos daños punitivos no están contemplados en nuestro sistema. Lo mismo puede decirse de la función preventiva y demarcatoria: son funciones que pueden concurrir, pero nunca sustituir a la función reparatoria, que es la esencial. Si no hay pretensión de reparación del daño, no es posible un proceso judicial de responsabilidad civil.

De esta manera, nos parece que, en principio, una demanda que se limite a pedir una indemnización avaluada en un peso puede ser impugnada mediante la correspondiente excepción dilatoria de ineptitud del libelo, por falta de enunciación de las peticiones que se someten al fallo del tribunal (art. 254 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil). Se podría decir que la demanda sí cumple con este requisito ya que la indemnización por un peso es una petición clara y precisa que se somete al tribunal, pero lo cierto es que se trata de una pretensión que carece de seriedad en relación con la naturaleza de la acción deducida. Si la demanda no es objeto de excepción dilatoria, el juez deberá tramitarla, pero en su sentencia debería rechazarla ya que el mismo demandante al limitar su pretensión a una cantidad ínfima de dinero, está declarando que, o ha renunciado a que se le indemnice, o ha confesado que el daño no existe.

Así y todo, hay que convenir en que no es necesario que se reclame una reparación en dinero y que pueden reclamarse otras medidas que tiendan a eliminar o, al menos, a atenuar las consecuencias nocivas del ilícito. Por ello, si se pide indemnización por un peso, pero además se piden otras medidas de reparación del daño en naturaleza, como por ejemplo que el Estado haga un acto de desagravio o construya un monumento en memoria del cantante supuestamente asesinado, o financie una terapia psicológica para los familiares afectados por su deceso, etc., el proceso de responsabilidad civil se verá justificado porque estas medidas se entienden como reparatorias o compensatorias del daño causado.

También es posible que el actor sencillamente no determine la cuantía del daño y pida que se reserve esta fijación para la ejecución del fallo o para otro juicio diverso, invocando la facultad que concede el art 173 del Código de Procedimiento Civil. Si bien tradicionalmente se ha entendido que esta facultad sólo rige para las demandas de responsabilidad contractual, la tendencia actual es aplicarla también a los procesos de responsabilidad aquiliana o extracontractual, ya que el texto del precepto sólo se refiere a “indemnización de perjuicios” y esta puede tener por fundamento el incumplimiento de un contrato o un ilícito extracontractual. Pero debe advertirse que en todo caso esta reserva no exime al actor de probar que el hecho del demandado le produjo perjuicios. La existencia del daño es un elemento esencial en la responsabilidad civil. Lo que se puede discutir a posteriori es su tasación o determinación del valor pecuniario que debe alcanzar la indemnización.

Volviendo a la demanda del hijo de Gervasio si ponemos atención a lo declarado podemos ver que cuando señala que sólo está pidiendo una indemnización por un peso, agrega “o lo que el juez dictamine correcto”. Lo más probable, entonces, es que, como suele suceder en las demandas de indemnización de perjuicios, se haya contemplado una frase que tiende a dar libertad al juez ya sea para disminuir o aumentar la estimación hecha en la demanda, todo ello conforme a lo que resulte probado, sin que se le impute haber incurrido en ultra petita. De esta manera, las demandas suelen decir en la parte petitoria que se “Ruega a US. condenar al demandado a indemnizar los perjuicios por tanto, o a la cantidad que US. tenga a bien determinar en su sentencia”. En tal caso, en realidad lo que se está pidiendo es la indemnización que ascienda a los perjuicios que han logrado acreditarse en el probatorio del juicio. Si se trata de daño moral, aunque la jurisprudencia a veces entiende que este daño no requiere prueba como cuando se trata del dolor por la muerte de un ser querido, pensamos que debe rendirse prueba ya sea mediante informe pericial psicológico, testigos, confesión o, finalmente, por presunciones judiciales fundadas en hechos probados o no discutidos en el proceso.

Es cierto que normalmente la frase pretende darle facultades al juez para conceder una indemnización menor a la solicitada, pero no vemos por qué no podría aplicarse en caso de que se prueben perjuicios por un monto superior al solicitado inicialmente. De este modo, si se demanda por un peso pero se agrega que se está a lo que el juez en su prudencia determine, lo que se está solicitando que el juzgador pueda fijar una indemnización de perjuicios real cuya valoración surja de las probanzas aportadas en el pleito.

¿Interrumpe la prescripción la demanda ante tribunal incompetente?

30 julio, 2017

Muchos aspectos interesantes de analizar contiene la sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema de 27 de julio de 2017, rol Nº 68.818-2016, por la cual rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que lo condenó a indemnizar a las hijas de una trabajador fallecido a consecuencias del tsunami posterior al terremoto del 27 de febrero de 2010. Se examina el concepto de falta de servicio, la irresistibilidad del caso fortuito, la relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño, los hechos notorios y la acreditación del daño moral. Nos interesa comentar en esta ocasión un aspecto quizás menos sustantivo pero que fue lo que dividió la votación de los jueces que conformaron la sala: la consideración de si la acción estaba o no extinguida por la prescripción (Ver texto).

Una primera discrepancia que se observa en la sentencia se refiere a si la acción de responsabilidad civil contra la Administración del Estado por falta de servicio prevista en el art. 42 de la ley Nº 18.175, está sujeta a la prescripción extintiva. Cuatro de los jueces están de acuerdo en que, en ausencia de disposiciones especiales, debe aplicarse el art. 2332 del Código Civil que establece un plazo de cuatro años para interponer la acción por responsabilidad extracontractual. El Ministro Sergio Muñoz discrepa, y en una prevención al fallo, insiste en la tesis de que el Código Civil no puede aplicarse al Derecho público, por lo que la acción de responsabilidad civil por daños causados por el Estado debería considerarse imprescriptible.

Los cuatro integrantes de la sala, si bien concuerdan en la aplicación de la prescripción del art. 2332 del Código Civil, difieren respecto a si fue interrumpida civilmente o no por la demanda de las actoras. La controversia se produce porque hubo en primer lugar una demanda que se interpuso ante un tribunal que más tarde fue declarado incompetente por la Corte de Apelaciones, por lo que hubo que deducirse nuevamente ante otro tribunal. La primera demanda, interpuesta ante el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, fue notificada el día 7 de febrero de 2014 (es decir, antes de que vencieran los cuatro años desde el tsunami que causó la muerte al padre de las demandantes). El Fisco opuso la excepción dilatoria de incompetencia invocando los arts. 48 y 134 del Código Orgánico de Tribunales. Ante el rechazo de la excepción, el Fisco apela y la Corte le da la razón por entender que por la calidad del demandado el juicio debía ser conocido por un tribunal de asiento de Corte, y por tanto la competencia correspondía a un juzgado civil de la ciudad de Concepción. La resolución de la Corte se dictó el 2 de diciembre de 2014. Las demandantes interpusieron un libelo del mismo tenor ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que fue notificado el 14 de enero de 2015, es decir, excedido el plazo de cuatro años desde la ocurrencia del daño. El problema, entonces, se plantea sobre la virtud que tendría la primera demanda, notificada dentro del plazo de cuatro años del art. 2332, para configurar una interrupción civil de la prescripción, lo que exige una interpretación de los arts. 2518 y 2503 Nº 1 del Código Civil.

El art. 2518 dispone que “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. – Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. –Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo 2503”. Por su parte, el art. 2503 señala que “Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aun él en los casos siguientes: 1º. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal…”.

La ministra María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Álvaro Quintanilla estiman que si la demanda fue interpuesta ante un tribunal incompetente, su notificación no ha sido hecha “en forma legal”, ya que esta expresión exige que la notificación sea hecha “con sujeción a la ley procesal de manera que permita trabar debidamente la litis, circunstancia que no se verifica cuando el libelo pretensor ha sido presentado ante un tribunal incompetente, cual aconteció en este caso”. El Ministro Manuel Valderrama y el abogado integrante Jaime Rodríguez sostienen la tesis contraria, a la que adhiere el Ministro Sergio Muñoz, consiguiéndose así la mayoría para hacer fallo.

Los principales argumentos de esta posición son los siguientes:

1º) La prescripción busca la seguridad y la estabilidad de las relaciones jurídicas, pero contemplando por el lado opuesto a las personas de mala fe, deudores poco honestos o inescrupulosos (con. 13º).

2º) La interrupción civil de la prescripción contemplada en el art. 2518 es aplicable a la prescripción del art. 2332, pero debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha estimado que la expresión “demanda judicial” debe entenderse en sentido amplio como “cualquier gestión en la cual el acreedor pone en juego la facultad jurisdiccional para obtener o proteger su derecho” (cons. 15º).

3º) Al contener la demanda que fue tramitada, las mismas peticiones de la interpuesta en primer lugar, debe entenderse que las actoras manifestaron oportunamente su voluntad de no resignar su derecho a la indemnización, y que con ella desapareció la inactividad que funda la prescripción (cons. 16º).

4º) La excepción del Nº 1 del art. 2503 debe interpretarse restrictivamente, por lo que no cabe aplicarlo a un caso como éste en que ya por la primera demanda se trabó la litis con el Fisco, debiéndose la modificación de tribunal a una circunstancia especial que rige para ese demandado y no a negligencia de las demandantes ni a hechos que les son imputables. No corresponde aplicar, así, la sanción que es la prescripción (cons. 16º).

La verdad es que la posibilidad de que la demanda interpuesta ante tribunal incompetente tenga la eficacia para interrumpir civilmente la prescripción no es una novedad en nuestro Derecho. La unanimidad de los autores que han tratado el tema, entre los cuales pueden mencionarse a Somarriva, Alessandri, Meza Barros, Luz Bulnes, Domínguez Benavente y Barros Errázuriz, concuerdan en que esta es la mejor y más razonable interpretación de los arts. 2518 y 2503. En el último tiempo, esta doctrina ha recibido el refuerzo de la monografía de Ramón Domínguez Águila, La prescripción extintiva (Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004). En ella se observan razones similares a las contenidas en el fallo que comentamos, como que “No debe olvidarse que uno de los fundamentos de la prescripción es el abandono, la negligencia de la persona contra la cual se prescribe, y uno de los principios de la interrupción, es que el acreedor rompe dicha negligencia y exige su derecho… “ y que “Estos principios están presentes… en la demanda ante tribunal incompetente” (p. 257). Siguiendo a la doctrina italiana, Domínguez sostiene que la notificación de la demanda aunque sea ante tribunal incompetente permite la expresión de voluntad del acreedor de exigir su derecho y que ésta sea conocida por el deudor: “La prescripción es cuestión substantiva y no procesal, lo que interesa es que la demanda es un medio de expresión de la voluntad del acreedor de salir de su pasividad y es por ello que la ley le confiere efecto interruptivo, de forma que la incompetencia del tribunal tiene efectos procesales; pero no como medio de manifestación de aquella voluntad” (p. 256).

Por nuestra parte, podemos añadir que una interpretación apegada al texto del Nº 1 del art. 2503 debiera llevar a la misma conclusión. La norma señala que el acreedor no puede alegar el efecto interruptivo de la acción interpuesta “si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal”. La norma exige que la demanda haya sido notificada y que esta notificación se haya hecho “en forma legal”. Lo que interesa, en consecuencia, es si la notificación se ha practicado con respeto a las formalidades que establece la ley. Si ella después pierde su eficacia porque se ha declarado la incompetencia del tribunal, sigue siendo una notificación, que en cuanto diligencia procesal, ha sido “hecha en forma legal”.

Siendo así, no debe aplicarse la excepción prevista en el art. 2503 Nº 1 y estamos entonces ante una demanda judicial que, al ser notificada con apego formal a la ley, interrumpe civilmente la prescripción extintiva.

Tribunal Constitucional: ¿acaso puede no ser una “tercera cámara”?

23 julio, 2017

Desde hace un tiempo se ha venido criticando la existencia y funcionamiento del Tribunal Constitucional, el órgano compuesto por diez Ministros al que la Constitución encarga la labor de controlar la constitucionalidad de las leyes. Se le ha tachado de antidemocrático, contramayoritario y “binonominalizado”, críticas que se han condensado en el mote de constituir una “tercera cámara”. Esta denominación quiere señalar que tendría la última palabra después de que las leyes han sido aprobadas por las dos Cámaras que componen nuestro Congreso Nacional: la Cámara de Diputados y el Senado. Al mismo tiempo, se quiere señalar que no falla conforme a derecho sino que hace una nueva deliberación política sobre el mérito de las decisiones legislativas, y permite que las minorías del Congreso, después de perder las votaciones, terminen imponiéndose a las mayorías. Todo esto se incrementaría porque la forma de nominación de los integrantes, al requerir de altos quórums en el Senado, lleva a que los nombramientos sean pactados por las dos grandes coaliciones políticas.

Todas estas críticas se han reeditado esta semana cuando se votó el proyecto de ley de aborto en el Senado y los parlamentarios contrarios a la iniciativa anunciaron que presentarían requerimientos frente el Tribunal Constitucional por entender que dicho proyecto vulnera los derechos consagrados en la Constitución. Así, mientras la senadora Goic dijo que era lamentable que se pidiera la intervención del Tribunal “para torcer la voluntad de la gente, que se expresa en el Parlamento”, el senador Guillier planteó la idea de suprimir o reformular este órgano jurisdiccional.

Pero, ¿podría no ser el Tribunal Constitucional un órgano supramayoritario si se le ha encomendado la labor de verificar que los poderes legislativos se sometan a la Carta Constitucional? La misma Constitución es un instrumento jurídico que tiene como función limitar las decisiones de mayorías políticas que pudieran avasallar sus derechos fundamentales o saltarse las reglas de organización y limitación del poder. Un órgano al que se encomienda la labor de asegurar el respeto del texto constitucional es, por esencia, limitativo de las mayorías y defensor de la minorías.

La historia del surgimiento de esta especial institución está ligada al pensamiento de uno de los juristas más conocidos por ser uno de los mayores exponentes del positivismo legalista, el austriaco Hans Kelsen (1881-1973). Después de la primera guerra mundial, al organizarse la república de Austria, el Canciller pidió a Kelsen que trabajara en un proyecto que llegaría a ser la Constitución de 1920, y en la cual figura por primera vez un Tribunal concebido como el gran defensor de la Constitución, en oposición a Carl Schmitt que propugnaba que ese defensor debía ser el líder del Gobierno. Kelsen se comprometió tanto con su proyecto que fue nombrado integrante del Tribunal y se desempeñó en él por una década.

En la idea de Kelsen el Tribunal Constitucional es, lato sensu, un poder legislativo pero de carácter negativo, es decir, que puede dejar sin efecto normas aprobadas por el Congreso que sean juzgadas contrarias a la Constitución, pero que no puede aprobar o establecer otras en su sustitución.

En Chile, ni la Constitución de 1833 ni la de 1925 contemplaron un Tribunal Constitucional. Fue la doctrina iuspublicista la que en la década del sesenta del siglo pasado propuso crear este órgano sobre las bases del Tribunal de Austria, es decir, bajo el modelo kelseniano. Finalmente, la reforma constitucional de la ley Nº 17.284, de 23 de enero de 1970 incorporó este órgano a la estructura orgánica de la Constitución de 1925. Fue suprimido por el gobierno militar después del golpe de Estado de 1973, pero reaparece en la Constitución de 1980, y se mantiene hasta hoy. La reforma constitucional del 2005 (ley Nº 20.500 de 26 de agosto de 2005) aumentó el número de sus integrantes, determinó la forma de su nombramiento y amplió y reforzó sus atribuciones.

Por la función llamado a desempeñar, la interpretación de la Constitución, es natural que los integrantes del Tribunal, además de ser juristas o profesionales jurídicos destacados en su campo, sean seleccionados teniendo en cuenta sus sensibilidades políticas o ideológicas. Esto no es propio ni exclusivo de nuestro Tribunal sino de todos los tribunales llamados a juzgar si las leyes que dicta el Congreso respetan las normas constitucionales. La Corte Suprema de Estados Unidos se compone de nueve miembros y son conocidas sus inclinaciones políticas y morales, así como sus teorías sobre cómo debe interpretarse la Constitución. Esperar que los jueces que integren un tribunal constitucional sean meros operadores jurídicos, políticamente y moralmente neutros, más que una ingenuidad es una insensatez.

Lo que sí se puede pedir es que esos jueces hagan un decidido esfuerzo para ceñirse estrictamente a lo que corresponde a una interpretación leal y suficientemente razonada del texto constitucional, evitando dos actitudes extremas: el activismo y la excesiva deferencia. Por una parte, deben alejarse del ánimo voluntarista de pretender imponer artificialmente sus preferencias políticas o morales con lecturas que se apartan del sentido del natural del texto constitucional que debe interpretar. Como solía decir el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antony Scalia (q.e.p.d.), si un juez desea que la Constitución diga algo que en realidad no dice, debe dejar la magistratura, formar un partido político, ganar las elecciones, llegar al Congreso y obtener la aprobación de una enmienda constitucional.

A la inversa, los jueces constitucionales no pueden incurrir, por temor a la presión de otros poderes de Estado o a los medios de comunicación, en dejación de deberes y, bajo pretexto de una deferencia al legislador, inhibirse de ejercer sus atribuciones para evitar que se aprueben leyes que vulneren la Constitución y, sobre todo, los derechos fundamentales de las personas, es decir, de operar como “tercera cámara”, en cuanto legislador negativo.

Kelsen escribió que no puede sostenerse que el ejercicio de este poder sea una limitación indebida de la soberanía del Parlamento, ya que la soberanía pertenece a todo el orden jurídico y puesto que “la legislación se encuentra subordinada a la Constitución absolutamente de la misma forma en que lo están a la legislación, la jurisdicción y la administración” y que sostener lo contrario no sería sino “disimular el deseo del poder público, expresado en el órgano legislativo, de no dejarse limitar –en contradicción patente con el Derecho positivo– por las normas de la Constitución” (La garantía jurisdiccional de la Constitución, trad. Rolando Tamayo, Instituto de Investigaciones Científicas, UNAM, México, 1974, p. 491).

Rompe, paga… papá

18 junio, 2017

Ante las tomas de colegios y los destrozos que ellas generan, el Alcalde de Santiago ha anunciado que, además de ejercer acciones penales contra los autores de los daños, interpondrá demandas de responsabilidad civil en contra de los apoderados de los alumnos, haciendo valer la responsabilidad por hecho ajeno que el Código Civil impone sobre los padres por los perjuicios causados por sus hijos menores de edad. Otras autoridades municipales han anunciado que seguirán también este curso de acción.

La primera demanda, según señala un comunicado de la Municipalidad de Santiago, fue interpuesta en contra de los padres de cinco dirigentes del Centro de Alumnas del Liceo 7 Bicentenario Teresa Prats de Sarratea que habrían llamado a efectuar la toma. El monto de los daños que se demanda reparar, es de 3 millones trescientos mil pesos.

La noticia ha puesto en la palestra el tema de la responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos que, en general, ha sido poco estudiada por la doctrina, a pesar de su interés práctico.

Veamos primero los textos legales, para luego reflexionar sobre algunos problemas de interpretación que pueden presentarse.

El art. 2320 del Código Civil contiene una regla general según la cual una persona no sólo responde de sus propios actos (dolosos o culposos) sino también de los actos de otras personas que están bajo su cuidado: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, dispone el inciso primero de la norma. Luego esta regla general es concretizada en varios casos particulares, y el primero de ellos es el de los padres: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa” (art. 2320 inc. 2º). La responsabilidad de los padres se fundamenta en los deberes de cuidado y vigilancia que la misma ley le asigna a los progenitores sobre los hijos menores. Pero no se trata de una responsabilidad absoluta, ya que el Código permite exonerarse de ella: “cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” (art. 2320 inc. 5º). Esta causal de exoneración no opera si se prueba que los ilícitos dañosos de los hijos son el producto del incumplimiento del deber, no ya de vigilancia, sino de educación que tienen los padres. En estos casos, la responsabilidad adquiere la forma de una presunción de derecho que no admite prueba en contrario: “Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir” (art. 2321 CC).

Un primer problema que puede presentarse, pero que no interesa para la política del “rompe y paga”, es el de los hijos menores de 7 años (aplicable también a los menores de 16 declarados sin discernimiento). Según el art. 2319 éstos son incapaces para cometer ilícitos civiles, y por ello responden las personas que estuvieren a su cargo, “si pudiere imputárseles negligencia”. La mayoría de la doctrina piensa que la frase implica que se debe probar la culpa del guardián del incapaz, y ello revelaría que en tales casos no se aplica la presunción de responsabilidad por hecho ajeno del art. 2320. Pero esto genera el contrasentido de que mientras más chico sea el menor más difícil es imputar responsabilidad a los padres, lo que parece ir contra el sentido común.

Otra cuestión, y ésta sí puede plantearse en el caso de las demandas contra los padres de los estudiantes que participan en una toma, es la diferencia que hace la norma del art. 2320 entre el padre y la madre, ya que le asigna en primer lugar responsabilidad al primero, mientras que la segunda sólo responde “a falta” del padre. Alessandri, comentando esta diferencia, señala que ella se justifica porque el Código declaraba que los hijos estarán especialmente sujetos al padre, de modo que éste tendría un deber más intenso de vigilancia, deber en que se fundamenta la regla. Pero dicha norma ya no está vigente (fue derogada con la reforma de la filiación por la ley Nº 19.585, de 1998). Hoy los deberes de la autoridad paterna son los mismos para ambos padres (arts. 222 y ss. CC), de modo que la distinción por sexo no se justifica, máxime si la norma siguiente (art. 2321), que impone responsabilidad por incumplimiento del deber de educación, no hace ninguna diferencia entre padre y madre. Sería conveniente que el texto legal fuera reformado para igualar en estas materias a ambos progenitores. Entre tanto, pensamos que podría buscarse una solución demandando al padre por el inciso segundo del art. 2320 y a la madre por la regla general del inciso primero de la misma norma. Habrá sí que probar que el hijo estaba también bajo el cuidado de la madre.

Un tercer problema es la superposición de responsabilidades por el hecho ajeno en estos casos, ya que si bien el padre o la madre son responsables por los hechos de sus hijos menores, si estos son alumnos de un establecimiento de enseñanza también estarán sujetos al cuidado del director del colegio. El inciso 4º del art. 2320 declara: “Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado”. ¿Podrían los padres excusarse de responder señalando que cuando los hechos dañosos se cometieron estaban bajo el cuidado de las autoridades del establecimiento educativo, de guisa que la responsabilidad por el hecho de los menores debe atribuirse a esos directivos antes que a ellos? Nos parece que, en principio, si confluyen dos o más responsables por el hecho de un dependiente, la víctima podrá elegir entre cualquiera de ellos si se cumplen los requisitos legales exigidos para cada caso. Sin embargo, es bastante dudoso que pueda decirse que los alumnos están “bajo el cuidado” de los jefes del colegio, cuando fuera del horario de clases ingresan al establecimiento para tomárselo. Y aún si así fuera, es bastante probable que se acepte la causal de exoneración de responsabilidad del inciso final del art. 2320, porque justamente el hecho de la toma hace evidente que “con la autoridad y el cuidado” que su “calidad les confiere y prescribe” no han podido impedir el hecho.

Finalmente, y quizás sea lo más complejo de la demanda presentada, es que se ha demandado a los padres de las estudiantes que dirigían el centro de alumnas y no de aquellas que habrían causado los destrozos. El abogado de la Dirección de Educación Municipal dijo a la prensa que: “No es que hicieron los daños, lo que pasa es que ellos tienen una responsabilidad, infringieron un deber de cuidado como centro de alumnos. Un centro de alumnos no puede llamar a realizar un acto que tenga una condición delictual, como una toma” (Ver nota en emol). Pero el solo hecho de que se haya llamado a una actividad ilegal como la toma –que claramente lo es– no implica necesariamente incurrir en responsabilidad civil, que, hay que insistir, no tiene por función sancionar un hecho ilícito sino reparar los daños que se hayan producido por su causa. Se trata, por tanto, de verificar si existe una relación de causalidad entre la conducta ilícita imputada: llamar a tomarse el colegio, con los daños cuya reparación se exige: destrozos en las instalaciones. Seguramente la defensa de los padres se basará en este punto, arguyendo que sus hijas nunca llamaron a causar destrozos, por lo que aquí existiría un hecho de terceros (los autores materiales de los daños) que rompe el nexo causal. En contra, la Municipalidad podrá aducir que, dada la experiencia de tomas anteriores, las dirigentes han debido prever que la acción a la que ellas invitaban iba a resultar en daños en la infraestructura del colegio, por lo que, bajo un análisis de la causalidad jurídica basada en la probabilidad o en el incremento del riesgo ordinario, resulta posible conectar causalmente el llamado a la toma con los daños sufridos por el establecimiento. Veremos qué decide el juez, y las Cortes, si la autoridad municipal tiene la paciencia y la firmeza para llevar el juicio hasta su decisión final. Hay que recordar que, tratándose de un juicio ordinario, su completa tramitación podría tomar uno o más años.

Prat, defensor de Uribe

21 mayo, 2017

El 21 de mayo de 1879, a las 12:10 horas después de tres espolonazos del acorazado Huáscar, la vieja corbeta Esmeralda se hunde en la rada de Iquique, al mando del teniente 1º Luis Uribe Orrego. Su Comandante titular, Arturo Prat, había caído acribilliado en un frustrado intento por tomar por abordaje la nave enemiga.

Esas mismas dos personas: Uribe y Prat, cuatro años antes, el 1º de abril de 1875 se encontraban en las posiciones de acusado y de defensor. El teniente Uribe era sometido a un Consejo de Guerra, integrado por el contralmirante Jorge Bynon, los capitanes de fragata Galvarino Riveros y Luis Alfredo Lynch, los capitanes de corbeta Oscar Viel y Luis Pomar, el auditor de guerra Ramón Huidobro y el secretario Constantino Bannen, por los delitos militares de desobediencia e insulto a sus superiores. El fiscal acusador era el capitán Luis Ignacio Gana.

Los hechos en que se fundaba la acusación decían relación con la misión que le fue encomendada al almirante José Anacleto Goñi de supervisar la construcción y entrega de las naves que habían sido encargadas por el gobierno chileno, y que serían los dos blindados Blanco y Cochrane y la cañonera Magallanes. En junio de 1872, Goñi con varios oficiales a su cargo, entre ellos Uribe, emprendió rumbo a Inglaterra. El almirante se radicó en Londres mientras los oficiales se distribuyeron en Hull y Blackwall, donde estaban los astilleros en que se construían las naves. Uribe se afincó en Hull donde se encontraba el astillero Earle’s Shipbuilding Co., que construía el blindado que originalmente fue denominado “Valparaíso” y que más tarde se rebautizaría como “Blanco Encalada”.

En Hull, el teniente se enamoró de Elizabeth Newlove, joven viuda de un Sr. Morley, por lo que era conocida como Elizabeth Morley. Y aquí fue donde empezaron los problemas. Deseando contraer matrimonio con la joven viuda inglesa, Uribe pidió se le concediera la respectiva licencia, y la solicitó por el conducto regular: su superior, el almirante Goñi. Pero éste se negó a enviar la solicitud, al parecer porque no veía con buenos ojos el matrimonio de su subordinado con la Srta. Morley. Ante ello, Uribe, con conocimiento de Goñi, mandó directamente a Valparaíso la solicitud de autorización para casarse al Comandante General de la Marina, Francisco Echaurren. Pero sin esperar respuesta contrajo matrimonio civil con la viuda en abril de 1873, lo que indignó al almirante. Uribe supo que Goñi decía tener informaciones contra la reputación moral de su ahora cónyuge, y comisionó a otro oficial, el capitán Molina, para que hablara con el almirante a fin de que revelara las fuentes de las calumnias. Goñi dijo a Molina que tenía informaciones que hablaban contra la moralidad de la mujer de Uribe pero que no podía dar a conocer la identidad de las personas que las habían proporcionado. Frente a ello, el teniente recogió informes en Londres que desmentían las difamaciones y aprovechando la oportunidad en que estaban reunidos el almirante y los demás oficiales, con ocasión de la tercera prueba de la Magallanes el 23 de febrero de 1874, al descender al muelle de Blackwall, pretendió interpelar al almirante y probarle con los antecedentes recogidos, la falsedad de sus imputaciones. Uribe alcanzó a decir: “Caballeros, el señor almirante me ha calumniado haciendo desgraciada a una familia antes de formarse” cuando, según la versión de Prat, Goñi se habría abalanzado furioso contra él cogiéndolo por el cuello y blandiendo un paraguas para golpearle, lo que habría sido impedido por los oficiales presentes. Fuera de sus cabales, el almirante ordenó el arresto de Uribe, lo que no pudo llevarse a efecto porque estaban en suelo extranjero y la Magallanes aún no había sido entregada. El oficial volvió a su hogar en Hull y cayó enfermo con una fiebre que lo mantuvo en cama.

Presentó entonces una solicitud de retiro y la entregó al embajador de Chile en Inglaterra y Francia, Alberto Blest Gana, para que la remitiera a Chile, pero éste se negó a hacerlo y, en un intento de lograr una reconciliación, dio a conocer a Uribe que el almirante decía que nunca había hablado mal de su mujer y que el asunto quedaría olvidado si se cumplían tres condiciones: que se excusara ante el almirante, que retirara su renuncia y que se embarcara en la Magallanes pronta a zarpar para Chile. Uribe aceptó la dos primeras, pero dijo que no podía cumplir la tercera por razones de salud. Blest Gana informó negativamente al gobierno y éste dispuso primero la suspensión del empleo y luego su baja de la Marina. Uribe intentó regresar a Chile y solicitó a Blest Gana poder embarcarse en el Cochrane, pero el embajador le negó el permiso. Finalmente consiguió que los contratistas, los Sres. Green, se compadecieran de él y lo admitieran como pasajero privado. Al llegar a Valparaíso se puso a disposición de la autoridades de la Armada, fue detenido a bordo del portón Thalaba y sometido a proceso.

La elección de Prat como abogado defensor debe haberse basado, por una parte, en los lazos de amistad familiar que unía a los dos oficiales desde la infancia. Aunque Prat era un año menor, los dos ingresaron a la Escuela Naval el mismo año (1858) y formaron parte del que más tarde se llamaría el “curso de los héroes”. Ambos tuvieron como apoderado a don Jacinto Chacón, tío por parte de madre de Prat, y padrastro de Uribe, ya que se casó en segundas nupcias con su madre, Rosario Orrego, que había enviudado al morir su anterior marido Juan José Uribe. Don Jacinto fue un gran abogado y jurista, que escribió una obra que se consulta hasta el día de hoy: Exposición Razonada del Código Civil (1880).

Pero además de la amistad y confianza que existía entre el acusado y el defensor, se ha debido tener en cuenta que Prat estaba terminando sus estudios de Derecho, y había ya conseguido el grado intermedio de Bachiller en Leyes. Durante 1875 estaba realizando la práctica profesional y afinando su memoria. Al año siguiente se convertiría en licenciado después de rendir el examen de grado en la Universidad de Chile y pocos días después el título de abogado, luego de examinarse ante la Corte Suprema, presidida por el ya anciano ex presidente Manuel Montt.

La defensa de Prat se ha conservado porque él mismo la escribió y la dejó entre sus papeles. Es una pieza de retórica que desmiente con pasión y energía las acusaciones del fiscal, pero siempre tratando con respeto al almirante Goñi, a quien conocía y apreciaba, ya que había servido bajo se mando unos años antes.

El alegato se basa en la justificación de la conducta de Uribe y pone de relieve su patriotismo y paciencia ante lo que se estima fue una verdadera persecución en su contra por sus superiores. Prat se muestra comprensivo con el romance que inició todo el entuerto: “Como era natural –señala–, esta amistad entre jóvenes que se hallan en la edad de las ilusiones, dio pronto lugar a un sentimiento más íntimo cuyo desenlace natural era el matrimonio”. El defensor señala que al dar su palabra de matrimonio, Uribe hizo todo lo posible para obtener la licencia y que ante la negativa de su superior, la envió a Chile, hecho lo cual contrajo matrimonio civil con la viuda. Formalmente la acusación en este punto era certera: se había casado sin obtener la licencia exigida por las ordenanzas de Marina. Prat ingeniosamente recurre al Código Civil y alega que ese matrimonio no tiene validez en Chile y cuando más podría considerársele un contrato de esponsales, es decir, una promesa de matrimonio. En realidad, el art. 119 del Código que él expresamente invoca podía prestarse para una conclusión contraria, ya que su inciso primero establecía que “El matrimonio disuelto en país extranjero en conformidad a las leyes del mismo país, o a las leyes chilenas, producirá en Chile los mismos efectos civiles, que si se hubiese celebrado en territorio chileno”. Prat debe, sin duda. referirse al inciso segundo de la norma que reza: “Sin embargo, si un chileno o chilena contrajese matrimonio en país extranjero, contraviniendo de algún modo a las leyes chilenas, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiese cometido en Chile”. De este modo, Prat parece entender que la falta de autorización en caso de oficiales chilenos produciría la invalidez del matrimonio contraído en Chile, por lo que el matrimonio en el extranjero contraído conforme a las leyes del lugar pero contraviniendo de este modo a las leyes chilenas sería ineficaz también en Chile. Lo que no puede justificarse con el texto de la norma es su equiparación a un contrato de esponsales: “Uribe –dice el defensor– contrayendo matrimonio civil sólo cumplía con un compromiso de honor, válido ante la ley inglesa, acto que ante el art. 119 de nuestro Código Civil sólo importa un contrato de esponsales…”.

Respecto del incidente de Blackwall, Prat justifica el actuar del acusado por su interés en limpiar la honra de su mujer y en que se trató de un hecho enteramente privado, que no fue denunciado por el almirante Goñi más allá de su absurdo intento de arrestar al oficial. Finalmente, frente al incumplimiento de la orden de embarcarse, Prat alega fuerza mayor ya que Uribe estaba padeciendo una enfermedad que se lo impedía, la cual fue certificada por un médico de Hull. Si sus superiores tenían dudas sobre la efectividad de esta afección, no se entiende –retrucó Prat­– por qué no ordenaron al oficial-cirujano que integraba la misión que examinara a Uribe y verificara su estado de salud (el texto íntegro de la defensa de Prat, puede verse en la biografía de Rodrigo Fuenzalida, Vida de Arturo Prat, Editorial Andrés Bello, 1976, pp. 193 y ss.).

Aunque por un error de Vicuña Mackena se ha extendido la versión de que el alegato de Prat fue de tal contundencia que el tribunal absolvió al acusado, la verdad es que la sentencia fue condenatoria, si bien de menor severidad de lo que ameritaban los cargos imputados, y en este sentido debe decirse que la defensa resultó victoriosa. El Consejo de guerra condenó a Uribe a seis meses de prisión, a los que se abonaban los tres en los que había estado detenido antes del juicio. Es posible que la alegación de que el matrimonio contraído sólo valía como esponsales en Chile no fuera aceptado por los jueces, y en esto parecen haber llevado razón. Apelada la sentencia, la Corte la confirmó. Un decreto del Presidente Errázuriz de 26 de julio de 1875 reincorporó al condenado en la Armada en el mismo grado de teniente primero.

Algunos han pensado ver la mano de Goñi, que en 1879 alcanzaría la Comandancia en Jefe de la Armada, en la designación de Prat como comandante de la destartalada Esmeralda, y el encargo –hasta cierto punto humillante– de mantener el bloqueo de Iquique mientras la Armada dirigida por Juan Williams pretendía asaltar a la escuadra peruana en el puerto de Callao. No hay antecedentes que lo demuestren, pero si fuera así, le deberíamos a la defensa del cuasi abogado Prat, haber dado la ocasión para la gesta heroica del 21 de mayo, que lo inmortalizó como el mayor y más completo héroe patrio de Chile.

Pedro Montt y la masacre de Santa María de Iquique

2 abril, 2017

Mucha polémica causó la propuesta del concejal de la municipalidad de Valparaíso, Claudio Reyes, de cambiar el nombre a la Avenida Pedro Montt por Avenida Violeta Parra. Las razones que esgrimió son básicamente que así se daría un homenaje a la folklorista en el centenario de su nacimiento y se quitaría el nombre de quien fuera el Presidente que habría sido responsable de la masacre de trabajadores en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907.

La calle se bautizó con el nombre del Presidente en 1915 como agradecimiento por el empeño que éste tuvo en la reconstrucción de la ciudad después del terrible terremoto que la asoló en 1906.

Pedro Montt Montt (1849-1910) fue el octavo hijo del matrimonio de Manuel Montt y su prima Rosario Montt Goyenechea. Se educó en el Instituto Nacional y luego abrazó la carrera de su padre estudiando Derecho en la Universidad de Chile y recibiendo el título de abogado el 3 de enero de 1870, el que probablemente recibió de las manos de su padre que, después de dejar la Presidencia (1861), se reintegró a sus funciones de Presidente de la Corte Suprema, cargo que ejerció hasta su muerte en 1880. Desde muy joven le interesó la política y ya en 1876 ganó su primera elección como diputado suplente por Petorca. Desde 1879 fue diputado por esa localidad siendo reelegido en ella por varios períodos, hasta que postuló a la senaturía por Cautín, que ganó en 1900. Fue candidato a la presidencia en 1901, pero le derrotó Germán Riesco. Durante esos años la situación económica y moral del país se detorioró sustancialmente, por la crisis bursátil y las emisiones inorgánicas de dinero, de modo que en las siguientes elecciones presidenciales se pensó en que Montt, con su integridad moral y su austeridad, podría liderar un proceso de “regeneración”. Ganó las elecciones el 25 de julio de 1906, contra Fernando Lazcano. No tuvo mucha fortuna el nuevo Presidente ya que, aparte de cosechar la molestia social del período anterior, poco antes de asumir un fuerte terremoto afectó la zona central y practicamente destruyó la ciudad de Valparaíso (16 de agosto de 1906). Su gobierno debió hacer frente a las tareas de reconstrucción, y tuvo que olvidar su ideal de volver al padrón oro para evitar la inflación. La economía no mejoró y con ello la llamada cuestión social que venía arrastrándose con diversas huelgas y movimientos sindicales se agudizó durante su mandato. Así y todo, legó al país una red ferroviaria que conectaría Tacna con Puerto Montt. Con su salud quebrantada y por consejo de sus médicos viajó a Alemania pero nada más desembarcar en el Puerto de Bremen, murió el 16 de agosto de 1910. Sus restos fueron repatriados, y sus funerales fueron acompañados por un sentimiento de gratitud y admiración en toda la sociedad chilena.

Sin embargo, su figura histórica ha sido minusvalorada y a veces estigmatizada por la matanza de miles de trabajadores a manos de la metralla militar en los sucesos del día 21 de diciembre de 1907, que más tarde serían inmortalizados por el compositor Luis Advis en la Cantata de Santa María de Iquique (1969) interpretada por Quilapayún.

Pero, ¿qué responsabilidad puede asignarse al Presidente Montt en estos trágicos hechos? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero todo indica que ninguna. En breve síntesis, ­–en la que seguimos a Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), t. II, Santillana, Santiago, 1981, pp. 890 y ss. y la colección de documentos de la época reunidos por Pedro Bravo Elizondo, Santa María de Iquique 1907: documentos para su historia, Ediciones de El Litoral, Santiago, 1993–, la gran huelga de diciembre de 1907 fue detonada por las deplorables condiciones laborales de los trabajadores de las salitreras, agudizada por la baja producción acordada por las Calicheras para tratar de sostener el precio del salitre, más la acción de algunos anarquistas que ayudaron a planificarla. La idea fue no sólo paralizar las faenas sino que los obreros bajaran en masa hacia la ciudad de Iquique. Así desde el 12 de diciembre comenzaron a paralizar una a una las salitreras, y el 16 se acumulaban en Iquique varios miles de trabajadores, muchos de ellos con sus mujeres y niños. En ausencia del titular, el intendente suplente, Julio Guzmán, decidió que los obreros se asentaran en la Escuela Santa María y en la plaza aledaña que curiosamente llevaba el nombre del padre del Presidente: Manuel Montt. Los trabajadores eligieron un Directorio Central, de unos cuarenta miembros pero cuyos líderes eran dos presuntos anarquistas (Luis Olea y José Briggs). Redactaron un petitorio que, visto con los ojos de hoy, parece más que razonable y moderado pero los administradores de las salitreras se empecinaron en que no podían negociar nada, ni siquiera aceptar un arbitraje de un tercero, mientras los trabajadores no se reintegraran a sus faenas.

Al gobierno llegaban los pedidos de auxilio de una población atemorizada que veía que los huelguistas asumían más y más el control de la ciudad: otorgaban salvaconductos para los carruajes, establecían “erogaciones voluntarias” y llegaban a decir que “permitirían” el funcionamiento de los servicios de electricidad para que la ciudad no quedara sin alumbrado público. En el gobierno no se vio más que el problema del orden público y la necesidad de imponer el orden con la fuerza si fuere necesario. Así se habían resueltos movimientos similares, como la gran huelga de Valparaíso de 1903 o el “motín de la carne” de Santiago en 1905. Hay que recordar que no existía el cuerpo de Carabineros, por lo que las autoridades no tenían otra posibilidad que acudir al empleo del Ejército y la Marina. En esta ocasión, además, se produjo la desafortunada coincidencia de que el Ministro del Interior que manejó el problema desde Santiago, Rafael Sotomayor, y el General de Ejército al que se encomendó la dirección de las tropas enviadas, Roberto Silva Renard, eran personas de un carácter fuertemente autoritario y que sostenían, y siguieron sosteniendo después, que el uso de la fuerza era la única manera de contener los desórdenes públicos. Esta actitud de los principales encargados fue reforzada por la férrea posición de los dueños de las oficinas salitreras (mucho de ellos ingleses) de no negociar nada sin que se depusiera el paro.

Sotomayor envió al Intendente titular, Carlos Eastman, y al general Silva Renard en los cruceros Esmeralda y Zenteno, con un contigente militar y naval de 1.650 hombres, armados con metralla. Las naves llegaron al puerto el 19 de diciembre. En descargo de Sotomayor y Silva, debe tenerse en cuenta que esperaron una serie de gestiones empredidas por el intendente para tratar de deponer la huelga, pero que se frustraron ante negativa absoluta de los empleadores, que aducían que si se accedía a cualquier petición a los huelguistas sin que estos se reintegraran a sus labores, ellos “perderían el prestigio moral, el sentimiento de respeto, que es la única fuerza del patrón sobre el obrero”. Como medida alternativa el intendente ofreció que los trabajadores salieran de la escuela y se trasladaran al hipódromo que estaba en las afueras de la ciudad. El día 21 de diciembre, recurrió a los buenos oficios del viejo líder obrero Abdón Díaz, el que se trasladó a la Escuela para conversar con los dirigentes. A la una de la tarde, Díaz comunicó el fracaso de su gestión: los trabajadores no saldrían de la Escuela con las manos vacías.

El general Silva reunió unos 700 hombres, los arengó y ordenó que roderan la escuela y la plaza. Durante una hora siguieron los esfuerzos para convencer a los trabajadores de que abandonaran la escuela, pero estos sabían que si lo hacían todo el movimiento sería desarmado. Silva lanzó un ultimatum, los soldados dispararían si no se desalojaba la escuela. El Directorio Central subió a la azotea bajo una bandera chilena. Los soldados hicieron fuego sobre los dirigentes, los que cayeron fulminados. Lo posterior es confuso y existen varias versiones, pero lo más probable es que la turba de trabajadores, mujeres y niños, aterrorizados al ver cumplir la amenaza de Silva, se lanzó hacia los costados y al frente, donde estaban las dos ametralladoras. Al temer que serían envueltos, los soldados encargados dispararon a la muchedumbre. Sólo duró segundos o minutos, pero las bajas fueron cuantiosas, y los que sobrevivieron fueron conducidos al Hipódromo y luego subidos en trenes hacia las salitreras. El gobierno reconoció 130 o 140 muertos; otros hablaron de más de mil. Nicolás Palacios sostiene que fueron 195 muertos y 390 heridos. Vial piensa que este es el dato más objetivo.

El movimiento fue así ahogado con la represión armada, lo que, según Vial, terminó por quebrar el último de los consensos en los que se mantenía la institucionalidad: el social.

Como se ve, el Presidente Montt no tuvo participación en el manejo del conflicto, entregado totalmente a su Ministro del Interior. Por ello los pocos diputados que se atrevieron a denunciar la masacre (Bonifacio Veas, Malaquías Concha y Arturo Alessandri) centraron sus críticas en Sotomayor, sin que en ningún momento reprocharan algo al Presidente. Es más, en un informe del Intendente Eastman éste deja constancia que el Presidente le comunicó que el gobierno estaba dispuesto a financiar la mitad del aumento de salarios que pedían los trabajadores para bajar la huelga. Los salitreros contestaron que no hacían cuestión de dinero sino de pérdida del necesario prestigio moral del patrón

En suma, Montt no tuvo más culpa que la ceguera compartida por la generalidad clase política de la época sobre la grave situación de pobreza y explotación de campesinos y obreros, que terminaría por desatar el quiebre del régimen constitucional, cuando suenen los sables en el Congreso en septiembre de 1924.