Archive for the ‘Derecho Civil’ category

“Tú, el de la camisa azul…”

23 abril, 2017

El alcalde de la Municipalidad de las Condes, Joaquín Lavín, anunció que la próxima semana se comenzarán a utilizar drones para vigilar algunos lugares públicos de la comuna, con la particularidad de que estarán provistos de parlantes por medio de los cuales el operador podrá dar avisos a posibles infractores. El mismo Alcalde hizo una demostración mediante un video que muesta cómo un dron parece hablar con su voz y dice: “A la persona que está bebiendo alcohol, el de camiza azul, le pido que se retire; si no se retira en cinco minutos llegarán inspectores municipales y carabineros; el de camisa azul, no se puede beber alcohol en esta plaza, última advertencia”: ver video

El anuncio causó sorpresa y fue tomado en forma jocosa por algunos medios, pero la verdad es que el tema del uso de drones privados y públicos lleva ya tiempo suscitando complejas cuestiones jurídicas en países desarrollados. En Estados Unidos se incorpora a los drones y otros mecanismos que vuelan sin tripulación, y se habla en forma amplia de “Unmanned Aerial Vehicles” (UAV): vehículos aéreos no tripulados, o también de Remotely Piloted Aircrafts (RPA): aeronaves piloteada remotamente. Uno de los problemas más frecuentes que se están dando se refiere a la utilización de este tipo de artefactos por la policía o por la autoridad que invoca razones de seguridad pública para disponer drones con cámaras que puedan monitorear lugares públicos o alguna actividad que convoca a mucha gente en centros públicos: un concierto, un desfile, una manifestación política, una maratón, etc. También este tipo de drones pueden ayudar para tomar medidas en caso de un accidente o para encontrar personas que se han extraviado.

Se podría pensar que en tanto la aereovigilancia se limite a lugares o espacios de carácter público no habría problemas en cuanto a la tutela del derecho a la intimidad o vida privada de las personas, ya que ésta no existiría en tales ámbitos. No es así. Incluso en los espacios públicos las personas necesitan que se les garantice una razonable expectativa de privacidad que les permita interactuar sin la amenaza de que sus palabras, gestos o comportamientos sean difundidos y dados a conocer a una gama indeterminada de individuos. Hace ya varios años un recurso de protección presentado contra un diario que había publicado una fotografía de una joven en bikini tomando el sol en la playa sin su consentimiento, fue desechado por cuanto se consideró que al estar en un lugar público la afectada no habría considerado su exposición como parte de su vida privada (C. Santiago 1 de agosto de 1989, confirmada por C. Sup. 16 de agosto de 1989, en RDJ 1990, p. 126). La sentencia mereció fuertes críticas, y unos años más tarde en otro caso similar la Corte cambió de parecer y correctamente determinó que el hecho de estar la joven en traje de baño en una playa no puede considerarse consentimiento para la divulgación masiva de ese hecho por medio de una foto suya en la portada de un diario de circulación nacional (C. Santiago 8 de septiembre de 1997, confirmada por C. Sup. 17 de noviembre de 1997).

De esta manera las personas que transitan por una calle o los que acuden a un parque o plaza pública tienen derecho a que sus conversaciones y actos no sean observables más que por aquellos que están en sus proximidades. Sin embargo, es cierto que esa legítima expectativa de privacidad es sustancialmente menor que la que se puede tener en un recinto privado y además puede ser limitada por un objetivo de interés público, como puede ser justamente la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

Es lo mismo que se planteó el año pasado en el caso de los globos aereostáticos con cámaras de videovigilancia por cuya instalación las Municipalidades de Lo Barnechea y Las Condes fueron objeto de recursos de protección interpuestos por vecinos que alegaban que se violaba su derecho a la vida privada. La Corte de Apelaciones de Santiago dio la razón a los vecinos y ordenó el retiro de los globos. La Corte Suprema, en cambio, revocó los fallos y posibilitó, bajo ciertas restricciones la operatividad de los globos: “el incremento de la video-vigilancia en tales lugares [espacios públicos] – dice la sentencia en el caso de la Municipalidad de Las Condes– debe admitirse como una forma de mejorar la prevención y persecución de hechos delictivos, reduciendo las ocasiones en las se comete un delito sin ser descubierto y consiguiendo rapidez de actuación por parte de la policía y como eventual prueba en un proceso penal. Se trata de una reacción lógica de la sociedad ante determinados fenómenos delictivos” (C. Sup. 1 de junio de 2016, rol Nº 18.458-2016, cons. 11º). Pero, y aunque el tenor del fallo podría desprenderse lo contrario, la Corte también advierte que hay riegos de vulneraciones ilegítimas a la intimidad también en dichos lugares y condiciona las cámaras, además de que sólo capten imágenes en lugares públicos o recintos privados abiertos cuando se trate del seguimiento de un hecho ilícito, a que un inspector o delegado municipal certifique, al menos una vez al mes, que no se hayan tomado imágenes de recintos particulares; a que todas las imágenes recolectadas sean destruidas después de 30 días, salvo que hayan captado un hecho ilícito caso en el que la Municipalidad debe entregarlos a la autoridad competente y que se disponga la posibilidad de todo ciudadano de acceder a las imágenes en que hubiera sido presumiblemente grabado.

Pensamos que estas medidas deberían ser aplicadas a estos drones patrulleros, en lo posible con una regulación oficial por parte de las Municipalidades o del Ministerio del Interior, mientras no sea posible una normativa legal. Hay que recordar que en nuestro país la única regulación que existe es una Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 2 de abril de 2015 (DNA 251), que sólo da reglas sobre las características de los drones y de la certificación de sus operadores y señala de un modo muy genérico que el operador no podrá “violar los derechos de otras personas en su privacidad o intimidad” (art. 151.101, letra g, nº 3: Ver texto).

Por otro lado, sería conveniente que se anunciara de manera visible que el lugar respectivo está provisto de un sistema de drones parlantes para que los ciudadanos puedan evitar adoptar comportamientos que, incluso siendo lícitos, no desean que sean grabados por cámaras de vigilancia y ser materia de revisión por funcionarios municipales. Los operadores responsables deberían también ser muy prudentes a la hora de utilizar los parlantes de los drones para hacer amenazas o advertencias personalizadas a las personas que puedan estigmatizarlas innecesariamente ya que el alto sonido de los parlantes hará que todos los circundantes dirijan su atención hacia quien está siendo interperlado. Habrá que ser muy cuidadoso porque, además, si admonición es errónea (por ejemplo, si el individuo de camisa azul del ejemplo del alcalde, no estaba tomando alcohol sino limonada en una botella de cerveza) hará incurrir a la institución municipal en responsabilidad civil por vulneración no sólo de la vida privada sino de la honra de las personas.

En este sentido, nos parece que el ejemplo con el que el alcalde Lavín dio a conocer el inicio de la videovigilancia con drones, no fue el más afortunado.

Sobre la “no heredabilidad” del 5% de cotización adicional

9 abril, 2017

Una de las opciones que el gobierno estaría estudiando para la reforma al sistema de pensiones sería que un 5% adicional aportado por los empleadores vaya, en todo o en parte, a una cuenta individual de cada trabajador, pero que en caso de fallecimiento de éste en vez de pasar a sus herederos ingresaría a un fondo común destinado a financiar pensiones básicas.

Si se concretara esta propuesta, el 5% adicional no seguiría las reglas de los fondos de capitalización invididual y de ahorro voluntario administrados por las AFPs, a los cuales se aplica el art. 72 del Decreto Ley Nº 3.500. Este precepto parte de la base de que los fondos o el saldo de ellos que al fallecer el trabajador ya no pueda destinarse a pensiones, ingresa al patrimonio del causante y queda disponible para sus herederos. Así la norma señala que “El saldo que quedare en la cuenta de capitalización individual o en la cuenta de ahorro voluntario de un afiliado fallecido, que incremente la masa de bienes del difunto, estará exento del Impuesto que establece la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, en la parte que no exceda de cuatro mil Unidades de Fomento”. Para retirar esos fondos, los herederos deben acreditar su calidad por la resolución judicial o administrativa que conceda la posesión efectiva de la herencia. No obstante, el inciso segundo del referido art. 72 establece una excepción por la cual si los herederos son el cónyuge, conviviente civil, padres o hijos del causante, bastará que acrediten el parentesco para retirar el saldo, siempre que éste no exceda al valor de 5 Unidades Tributarias anuales.

La idea del gobierno de que los nuevas cotizaciones constituyan un fondo “no heredable” (técnicamente, no transmisible por causa de muerte) ha sido criticada por Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFPs porque esto demostraría que se está pensado en que el 5% adicional no sea de propiedad del trabajador: “Cuando la plata es del trabajador, como es hoy día, es heredable”, acotó. La Directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, Alejandra Candia, señaló que una medida como ésta “atenta contra los derechos de propiedad de las personas sobre su ahorro para la vejez”.

Vale la pena analizar esta cuestión desde el punto de vista del Derecho Civil y del Derecho Constitucional y determinar si efectivamente la propiedad privada de un bien exige necesariamente que sea transmisible por causa de muerte. Pero previamente habría que preguntarse si efectivamente existe un derecho de propiedad de los trabajadores sobre los fondos previsionales acumulados en sus cuentas. En realidad, siguiendo las categorías del Derecho Civil, lo que se produce es una especie de depósito irregular sobre dinero, acompañado de un mandato de inversión. Como ha puesto de relieve el reciente estudio del profesor Guzmán Brito (Los actos irregulares, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2016), cuando se trata de bienes fungibles, como el dinero, no cabe hablar de mera tenencia, de modo que su depósito no puede sino implicar una transferencia del dominio (un dominio en sentido amplio) desde el depositante al depositario. Lo que surge, en cambio, para el depositante es un crédito, un derecho personal, a que se le restituya el mismo valor en dinero, más las rentabilidades que se hayan obtenido en la ejecución del mandato de inversión. Por ello, en estricto rigor, los trabajadores no son dueños del dinero depositado en sus cuentas de capitalización individual o de ahorro voluntario. Son dueños del crédito (dominio sobre cosa incorporal) que les permitirá retirar ese dinero, con las condiciones fijadas por la ley, para conformar su pensión de jubilación mediante alternativas como el retiro programado o la compra de una renta vitalicia.

Aclarado esto, la pregunta es si ese crédito debe necesariamente ser transmisible por causa de muerte, de modo que habiendo un saldo en los fondos que ya no puede destinarse a pensiones, sea deferido a sus herederos o legatarios. ¿Lo exige el derecho de propiedad garantizado por la Constitución en el art. 19 Nº 24?

Esta cuestión debe plantearse desde dos puntos de vista: desde el de los sucesores mortis causa del trabajador difunto y desde el del mismo trabajador que muere. La perspectiva de los sucesores supone contestar la pregunta de si ellos tienen un derecho a heredar todos los bienes que pertenezcan al causante. Desde la perspectiva del trabajador, la pregunta es si su derecho de propiedad sobre sus bienes contempla como característica esencial la de disponer de todos ellos por causa de muerte.

Debemos constatar que nuestra Constitución, a diferencia de otras como la Constitución española y la peruana que reconocen “el derecho de propiedad y el de herencia” (art. 33), guarda silencio completo sobre la transmisibilidad de los bienes por muerte del propietario. Sólo el art. 19 Nº 24 inc. 2º, podría entenderse como refiriéndose a la sucesión por causa de muerte en cuanto modo de adquirir el dominio, que quedan reservados a la ley.

De esta manera, para determinar si está o no protegido el derecho a heredar habría que indagar sobre si queda comprendido en la garantía de la propiedad. Nos parece que no es posible contestar afirmativamente esta pregunta. Antes del fallecimiento y la delación de la asignación mortis causa, los herederos no tienen sino una mera expectativa y no un derecho. Si una ley declara intransmisible un determinado bien antes de que fallezca su propietario no está vulnerando ningún derecho de propiedad de sus herederos, los que deberán resignarse a recibir el patrimonio del causante sin el bien declarado intransmisible.

Si nos ponemos en la posición del trabajador propietario de los fondos, el derecho de propiedad que él tenga (sobre el crédito para retirar los fondos para el destino legal que está dispuesto) sí incluye la facutad de disposición ya sea entre vivos o por causa de muerte. En este sentido, debe considerársele incluida cuando el texto constitucional dispone que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio…”. Hay consenso en que las facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposición, y que ésta incluye la disposición por causa de muerte. Puede concluirse, en consecuencia, que entre nosotros no se garantiza el derecho a heredar, pero sí el derecho a disponer de la propiedad para después de la muerte del titular, en cuanto facultad esencial del dominio. Entonces, si se atribuye la propiedad de los fondos previsionales (o mejor, al crédito para recuperarlos del modo legal previsto) al trabajador, habrá que señalar que, en principio, dicho trabajador tiene derecho a transmitirlos a su muerte, ya sea por su voluntad expresa (sucesión testada) o por su voluntad presunta (sucesión intestada).

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el derecho de propiedad en nuestra Constitución admite limitaciones que se deriven de su función social, si ellas son establecidas por la ley y se justifican en los intereses generales de la Nación (art. 19 Nº 24 inc. 2º). Entendemos que la necesidad de brindar un sistema de seguridad social que asegure ciertos mínimos de bienestar a los más vulnerables de la sociedad puede ser considerada dentro de los intereses generales de la Nación, ya que la misma Constitución dispone que es deber del Estado “dar protección a la población” y “promover la integración armónica de todos los sectores de la nación” (art. 1º Const.). A la misma conclusión conduce considerar que la seguridad social está concebida como un derecho de toda persona, y que se ordene que “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas” (art. 19 Nº 18 Const.).

Siendo así no sería inconstitucional si se limita o restringe el derecho a transmitir los bienes por causa de muerte, excluyendo de la sucesión algunos de ellos, en la medida en que ello esté justificado por los intereses generales de la Nación, particularmente, en nuestro caso, en la de establecer un sistema de seguridad social más solidario y máxime si la intransmisibilidad es declarada en forma previa a la adquisición del derecho de los trabajadores sobre esos recursos.

Esto dicho desde el punto de vista estrictamente normativo. Pero hay que reconocer que las leyes tienen también un mensaje político-social y que éste debiera ser coherente. Por ello, si se señala que el 5% aportado por los empleadores será agregado a una cuenta de propiedad del trabajador, y se espera que así sea entendido por los ciudadanos, entonces, la “no heredabilidad” (transmisibilidad) en caso de muerte del trabajador contradice dicho mensaje, porque da la impresión de que, al negarse respecto de dichos bienes, la facultad de disponer por causa de muerte, se está admitiendo que el trabajador no es, en realidad, plenamente dueño de dichos recursos.

“Yo lo compré y lo puse a nombre de mis hijas”

26 marzo, 2017

La declaración ante la prensa de la Presidenta Bachelet sobre la parcela de media hectárea comprada por una de sus hijas en una zona cercana al proyecto minero Dominga, sorprendió a la opinión pública el pasado lunes 20 de marzo de 2017. La indignación de la Presidenta se debió a que el diario La Tercera publicó el domingo que su hija menor, a la sazón de 21 años, compró un terreno eriazo en la comuna de La Higuera, IV Región, de 5.000 metros cuadrados, por escritura pública de 24 de marzo de 2014, la que fue inscrita a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena el 9 de junio del mismo año. La vendedora fue la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, quien entre 2013 y 2014 había adquirido 12 lotes de media hectárea en el mismo lugar. El precio que aparece en la escritura, pagado al contado, fue de 6 millones quinientos mil pesos.

La reacción indignada de la Presidenta se debió a que se trató de ver en este hecho una de las causas por las cuales fue rechazado el proyecto Dominga. Por nuestra parte, lo que nos sorprendió fue ver a la Mandataria contar llanamente algo que, en principio, puede ser considerado irregular. Ello revela que la práctica de comprar un bien inmueble para “ponerlo a nombre” de un pariente está asumida como normal en nuestro país, lo que por cierto habla mal de nuestras instituciones jurídicas.

Convendría detenerse en el análisis de la figura desde el punto de vista del Derecho Civil, aunque sólo podemos hacerlo con los datos que nos proporcionan los medios que recogieron las declaraciones de la Presidenta. Un punto que resulta oscuro es por qué ella a veces habla de “sus hijas”, en plural, cuando la única que aparece en la escritura como compradora es una de ellas, su hija menor. Nos atendremos a este dato objetivo, ya que no conocemos la razón por la cual la Presidenta se refiere en ocasiones a sus hijas en general. Con esta prevención, los hechos podrían reconstruirse como sigue: la nuera de la Presidenta compró 12 lotes de media hectárea con fines recreativos. La Presidenta pensó en comprar uno de los lotes “pensando en algo familiar para el futuro” y para dejarle algo a su hija para tener un lugar cerca de sus nietos. Ella pagó los 6 millones quinientos mil, pero en la escritura de compraventa compareció como compradora su hija menor, y la propiedad fue inscrita a nombre de ésta.

Podemos descartar que estemos ante un contrato de persona por nombrar o una estipulación en favor de tercero, porque no fue la Presidenta la que compareció en la compraventa reservándose la facultad para nombrar a una persona que la sustituyera en su posición de compradora o directamente diciendo que compraba el terreno a favor de su hija menor.

Podría pensarse que estamos ante una simulación parcial en el sentido de que la compraventa fue en realidad celebrada con la Presidenta (la que pagó el precio), de modo que la comparecencia de su hija era meramente aparente. Pero no fue esa la intención de las partes, ya que la Presidenta dice que pagó el precio pero para que su hija quedara definitivamente como propietaria del inmueble.

De esta manera parece que lo que ocurrió en el caso, como en otros que son frecuentes en la práctica, es sencillamente que la hija compró el terreno a su cuñada, pero su obligación de pagar el precio fue cumplida por su madre. Con ello no se estaría más que aplicando la regla del art. 1572 del Código Civil que dispone que puede pagar por el deudor cualquiera persona, incluso sin su conocimiento o contra su voluntad. Hemos de entender que en el caso el pago se hizo al menos con conocimiento de la deudora (la hija compradora), por lo que la Presidenta tendría derecho a subrogarse en el crédito de la vendedora para que su hija le reembolse los 6 millones y medio que pagó por ella, conforme a lo previsto en el art. 1610 Nº 5 del Código Civil. La hija compradora sería deudora de la Presidenta, pero es más que claro, por las declaraciones de esta última, que no tiene ni tuvo intención alguna de pedir a su hija el reembolso de lo pagado. Concluimos que, junto con pagar, la Presidenta condonó la deuda contraída por su hija.

Ahora bien, esta remisión de deuda debe ser considerada una donación, según lo que señalan expresamente los arts. 1653 y 1397 del Código Civil. Siendo una donación está sujeta a insinuación (lo dice expresamente el art. 1653 del Código Civil) y al pago del impuesto de la ley Nº 16.271.

Claramente la insinuación es exigida, ya que el monto excede la cantidad que ridículamente, por falta de actualización, establece el art. 1401 del referido Código: dos centavos. Siguiendo esta norma, en todo lo que exceda a esa ínfima cantidad la donación es nula. Hay consenso de que se trata de una nulidad absoluta, por lo que debe ser declarada judicialmente a petición de alguien que tenga interés en ella (art. 1683 del Código Civil). En el caso no parece haber interesados en pedir la nulidad, de modo que la omisión de la insinuación no tendría mayor relevancia práctica.

Respecto del impuesto, el art. 2 de la ley Nº 16.271 señala que las donaciones que se efectúen al cónyuge y a cada ascendiente o a cada hijo estarán exentas de este impuesto en la parte que no excedan de cinco unidades tributarias anuales. Habría que ver entonces si al tiempo de la donación, esto es, en marzo de 2014, se excedió o no dicha cantidad. Según la página web del Servicio de Impuesto Internos, la UTA en 2014 fue de $ 518.376; la cantidad exenta entonces alcanzaba en ese tiempo a los $ 2.591.880. Esa cantidad debe descontarse entonces del monto donado (6.500.000), con lo que el impuesto debería computarse sobre $ 3.908.120, con la tasa dispuesta en el art. 2 de la ley Nº 16.271.

Surge la duda de si es posible estimar que esta obligación haya prescrito, por aplicación de los arts. 50 de la ley Nº 16.271 y 200 del Código Tributario, pero preferimos dejar el esclarecimiento de esta cuestión a los expertos en Derecho Tributario. En todo caso, la obligación de pagar el impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ley Nº 16.271, recae en el caso de las donaciones en el donatario, lo que en nuestro caso significaría que quien debería declarar y pagar el eventual impuesto debería ser la hija de la Presidenta, beneficiaria de la liberalidad.

Inmueble regularizado por el D.L. 2695 y sociedad conyugal

19 marzo, 2017

Un exalumno ha consultado mi opinión sobre una situación que afecta a un cliente suyo: después de haber comprado a una mujer un bien inmueble adquirido por ésta conforme al D.L. Nº 2695, de 1979, que permite la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, al intentar inscribir el inmueble a nombre del comprador, el Conservador de Bienes Raíces se habría opuesto por cuanto en su concepto, al haber sido adquirido a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal, el inmueble sería bien propio de la mujer, y su administración corresponde al marido según los arts. 1749 y 1754 del Código Civil.

Antes de analizar el punto específico, dejemos constancia que la adquisición del dominio mediante el procedimiento regulado por este decreto ley se produce a través de una prescripción adquisitiva de muy corto tiempo: un año a contar de la inscripción en el Registro de Propiedad de la resolución administrativa que reconoce la posesión material del inmueble por parte del o la solicitante.

Para determinar si un bien entra o no en el patrimonio de la sociedad conyugal se toman en cuenta su naturaleza mueble o inmueble, si la adquisición fue a título oneroso o gratuito y si ella ocurrió estando vigente la sociedad conyugal. Como en estos casos se trata de inmuebles, el análisis se limita a los otros dos factores. Para muchos autores, la prescripción es un modo de adquirir a título gratuito ya que no supone una contraprestación. Si esto lo aplicamos a la sociedad conyugal, obtenemos que el inmueble adquirido por prescripción siempre sería bien propio sin distinguir la fecha de su adquisición: si fue antes de la sociedad, se tratará de un bien aportado que no ingresa al haber social; si la adquisición se hace durante la sociedad, al tratarse de un bien raíz adquirido a título gratuito, igualmente será considerado bien propio del cónyuge prescribiente. Pero esto choca frontalmente con lo dispone el art. 1736 Nº 1 del Código Civil. Esta norma, en general, dispone que la fecha de la adquisición debe computarse según la data del título de la adquisición y no del modo. Como ejemplo señala: “No pertenecerán a la sociedad las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción […] con que las haya hecho verdaderamente suyas se […] verifique durante ella”. La norma nos dice, entonces, que cuando se trata de prescripción la fecha de la adquisición debe contarse no desde que se completa el plazo legal de la prescripción sino desde que se inicia la posesión; en suma que la prescripción opera con efecto retroactivo. Por esta razón, si uno de los cónyuges comienza a poseer antes del inicio de la sociedad conyugal y el plazo se completa durante ésta, se entiende que lo adquirió antes de la sociedad y se trata de un bien aportado, que al ser inmueble es considerado bien propio y no social. Pero, además, indirectamente, la norma nos dice que el bien será social si la posesión tiene su inicio después de contraído el matrimonio con sociedad conyugal y el plazo se completa durante o después de ella. Si se sostuviera que el modo prescripción es siempre a título gratuito, la regla devendría en superflua.

De allí que Alessandri, seguido y profundizado recientemente por una ponencia del profesor Juan Andrés Orrego en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Estudios de Derecho Civil X, Thomson Reuters, 2015, pp. 207-214), sostenga que, al menos para estos efectos, la prescripción debe considerarse a título gratuito u oneroso según lo sea el título de la posesión que dio lugar a la prescripción.

La Corte Suprema en algunos fallos ha dicho sencillamente que todo inmueble adquirido por prescripción durante la sociedad conyugal ingresa al haber social absoluto y no al haber propio del prescribiente, por lo que si el marido regulariza por el D.L. 2695 un bien raíz ese inmueble es social si la inscripción de la resolución administrativa que concede la posesión regular ha ocurrido vigente la sociedad conyugal (C. Sup. 12 de noviembre de 2014, rol Nº 2554-2014; C. Sup. 30 de septiembre de 2014, rol Nº 13561-2013).

Por nuestra parte, pensamos que respeta mejor el sistema de la sociedad conyugal el que se distinga según el título gratuito u oneroso de la posesión. En el caso de regularización por el D.L. 2695 esto se determinará al examinarse los antecedentes presentados por el solicitante para justificar su posesión material. Si invoca una compraventa o una promesa de compraventa, estaremos ante un título oneroso; si alega que el terreno le fue entregado en donación o como herencia, tendremos un título gratuito. Si la posesión se inicia durante la sociedad conyugal, en el primer caso, el inmueble pertenecerá al haber social y el otro cónyuge tendrá derecho a la mitad de la propiedad cuando la sociedad deba liquidarse; en el segundo caso – posesión con título gratuito– será un bien propio que pertenecerá en forma exclusiva al cónyuge que obtuvo la regularización.

Este esquema viene a alterarse si quien solicita la regularización es la mujer. En tal caso, el art. 37 del D.L. 2695 dispone, como regla especial, lo siguiente: “La mujer casada se considerará separada de bienes para los efectos de ejercitar los derechos que establece esta ley en favor de los poseedores materiales, y para todos los efectos legales referentes al bien objeto de la regularización”.

La norma presupone dos ámbitos de aplicación: uno, el referido a la capacidad de la mujer para solicitar, gestionar y obtener a su nombre la regularización del inmueble conforme a esta normativa, inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces y adquirirlo por prescripción. Otro, distinto, es el régimen legal al que debe sujetarse ese bien una vez ya adquirido por la mujer en cuanto a los distintos patrimonios de la sociedad conyugal y a las facultades para administrar o disponer del referido inmueble. Para ambos casos la norma nos indica que la mujer “se considerará separada de bienes”.

Para el primer ámbito de aplicación (capacidad de la mujer), la referencia podría ser suficiente en el sentido de disponer que la mujer puede actuar sin necesidad de la autorización o consentimiento de su marido. En realidad, después de la reforma del Código Civil efectuada por la ley Nº 18.802, de 1989, que eliminó la incapacidad relativa que afectaba a las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal, la norma ha devenido en irrelevante, porque si ella no existiera igualmente la mujer será considerada plenamente hábil para realizar este tipo de acto jurídicos, ahora conforme a las reglas generales.

En cambio, en el segundo ámbito de aplicación (estatuto o régimen del bien adquirido), la norma sí tiene utilidad, ya que por ella sabemos que el bien raíz regularizado no entrará al haber social aunque la posesión que justificó su adquisición estuviera fundada en un título oneroso. Lamentablemente, la norma es técnicamente deficiente porque se limita a decir que la mujer se considerará “separada de bienes”, pero sin especificar qué tipo de separación es la que cabe aplicar.

Obviamente, se trata de una separación legal parcial (que se limita al inmueble regularizado) pero queda la duda de si estaremos frente a la separación como la que produce el patrimonio reservado del art. 150 del Código Civil o la separación que se da cuando se dejan bienes a título gratuito a la mujer con la condición de que el marido nos los administre del art. 166 del mismo Código. La distinción tiene importancia para saber si se exigirá o no a la mujer la renuncia a los gananciales para que el bien pueda permanecer en su dominio exclusivo después de la disolución de la sociedad conyugal. Esa exigencia se da en el caso de separación legal parcial del art. 150, pero no en cuanto a los bienes del art. 166, aunque sí a sus frutos. Otra posibilidad es pensar que estamos a un tercer tipo de separación legal parcial no regulado por el Código Civil y que se regiría por sus propias reglas. Pero en tal caso el problema sólo se traslada y se convierte en decidir si se aplican, ahora analógicamente las reglas del art. 150 o las del art. 166.

Lo insólito de todo esto es que originalmente el art. 37 no contenía esta ambigüedad, ya que se remitía expresamente al art. 150 del Código Civil. Su texto señalaba: “La mujer casada se considerará separada de bienes en los términos del artículo 150 del Código Civil para los efectos de ejercer los derechos que establece esta ley en favor de los poseedores materiales”. La alusión desapareció por la reforma que hizo la ley Nº 19.455, de 25 de mayo de 1996. La idea de modificar el art. 37, fue producto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo a un proyecto de ley presentado por el senador Andrés Zaldívar en 1994, pero consistía en agregar que la mujer se consideraría separada de bienes conforme al art. 150, no sólo para ejercer el derecho a regularizar un bien raíz sino “para todos los efectos legales referentes al bien objeto de la regularización”. Así fue aprobado el proyecto por el Senado. Quedaba claro entonces que el estatuto que se aplicaría al bien regularizado era el del patrimonio reservado. Pero en segundo trámite, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara se acordó además suprimir en el art. 37 la referencia al art. 150 del Código Civil. El Informe de la Comisión no entrega luces sobre cuál fue el propósito de esta eliminación; sólo nos dice en general que “la sustitución [del art. 37] se funda en el hecho de que la tendencia actual es dar plena capacidad a la mujer casada” (Informe de 4 de abril de 1995). Más adelante, esta alteración introducida por la Cámara, será aceptada por el Senado sin mayor discusión, y así se convirtió en ley.

Tratando de salvar la torpeza de esta supresión habría que convenir que el legislador no quiso que se aplicara al bien regularizado por la mujer casada en sociedad conyugal el estatuto de la separación legal parcial regulada por el artículo 150 del Código Civil y que, no habiendo otra separación legal parcial más que la del art. 166 del mismo Código, la regularización originará un nuevo supuesto de este tipo de separación legal parcial. El inmueble pertenecerá a la mujer sin que pueda exigírsele que repudie los gananciales para que mantenga el dominio. La mujer, por tanto, puede enajenar o gravar el inmueble por sí sola, sin necesidad de autorización del marido o de la justicia en subsidio. No se trata de un bien propio administrado por el marido, sino de un bien separado de la mujer que se rige por el art. 166 del Código Civil.

Por cierto, y como hace ver el profesor Orrego en el trabajo que citamos más arriba, esto da lugar a una diferencia entre la regularización que hace el marido y la regularización que obtiene la mujer, si el título de la posesión es oneroso. Mientras el marido deberá compartir la propiedad del inmueble con su mujer (el inmueble ingresa al haber absoluto de la sociedad), la mujer no lo compartirá con su marido, y lo hará propio de manera exclusiva. Si se justifica o no esta diferencia podría ser materia de otro comentario, en todo caso el desequilibrio sería menos grave si, como preveía el texto original, se aplicara en estos casos el estatuto de los bienes reservados del art. 150 del Código Civil.

“Colusión del confort”, contrato por cuenta de quien corresponda y fideicomiso

5 marzo, 2017

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, que se autodenunció por haberse coludido con sus competidoras en el mercado del papel tissue, lo que periodísticamente se ha llamado el caso de la “colusión del confort”, el jueves 2 de marzo de 2017 informó que había depositado en el Banco Estado una cantidad equivalente en pesos a 150 millones de dólares (97 mil 647 millones de pesos) destinada a indemnizar a los consumidores perjudicados por esa conducta anticompetitiva. El monto, que según los cálculos permitiría cobrar 7.000 pesos a cada chileno mayor de edad, fue fijado en un acuerdo extrajudicial alcanzado en una mesa de mediación colectiva liderada por el Servicio Nacional del Consumidor y en la que participaron dos organizaciones de consumidores: Conadecus y Odecus.

La medida sorprendió porque se estaba a la espera de una decisión judicial en el sentido de aprobar el acuerdo, lo que parecía haberse dificultado por no estar claro cuál es el tribunal competente.

Para cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo, a pesar de la demora en la ratificación judicial, CPMC decidió efectuar un depósito a plazo a 32 días, renovable y que genera intereses. La empresa ha declarado que los intereses que se acumulen incrementarán el depósito para aumentar las indemnizaciones y no retornarán de manera alguna a su patrimonio.

Inmediatamente surgió la inquietud por si los perjudicados podían ya retirar esos dineros, ante lo cual el Banco Estado, mediante un comunicado de prensa, aclaró que esa institución no tomó parte del acuerdo y que éste no ha sido ratificado por los tribunales, por lo que entiende que se trata de un depósito a plazo como cualquier otro: “cabe precisar –continúa el comunicado­– que Banco Estado no forma parte del acuerdo suscrito y no cuenta con ninguna facultad o mandato para hacer uso de recursos que, en estricto rigor, pertenecen a la propia empresa CMPC. En el caso particular de la operación realizada por esta empresa en este banco, es importante considerar que se trata de una inversión que, con los respectivos intereses, le será reintegrada a ella en el plazo establecido, tal como Banco Estado hace con cualquiera de sus clientes”.

A pesar de esta declaración, parece claro que no estamos frente a un simple depósito de un cliente del Banco Estado, porque, aunque CMPC no haya dado expresamente instrucciones, es pública y manifiesta la intención de esta última de despojarse de este dinero y destinarlo a los perjudicados por la colusión que se determinen conforme al acuerdo con el Sernac. Al aceptar el Banco el depósito, hemos de entender que ha consentido en la modalidad bajo la cual se le entregó el dinero.

La figura contractual se asemeja a dos formas de contratos que no han sido acogidas expresamente por nuestro Código Civil, pero que son admisibles sobre la base del principio de la autonomía privada. Se trata del contrato por persona a nombrar y del contrato por cuenta de quien corresponda. Por el primero, una persona celebra un contrato con otra, pero reservándose el derecho para designar por un acto posterior a la o las personas que, al sustituirla como parte, asumirán los derechos y obligaciones del contrato de manera retroactiva. En el contrato por cuenta de quien corresponda, se celebra un contrato en el cual una de las partes no es determinada pero en el que se establecen los requisitos o procedimientos que servirán para determinarla. La distinción entre ambas figuras se centra en que en el primer caso el contratante que va a ser sustituido es parte del contrato, mientras que en el segundo quien actúa para que se celebre el contrato es más bien una parte formal pero no sustancial. Otra diferencia es que en el primero el nuevo contratante puede designar o no a su reemplazante (es una facultad), mientras que en el segundo una vez celebrado el contrato la parte incierta vendrá a ser determinada con independencia de la voluntad del partícipe que gestó la celebración del contrato (cfr. López Santa María, Jorge, Los contratos. Parte general, Thomson Reuters, 5ª edición, Santiago, 210, pp. 183-187).

A nuestro juicio, el depósito de CMPC se asemeja más a un contrato por cuenta de quien corresponda que a un contrato por persona a nombrar, ya que es claro que se ha hecho para cumplir el acuerdo con el Sernac, donde se establece la forma en la que se determinarán los consumidores que podrán retirar su parte del dinero depositado, por los mecanismos que en definitiva se establezcan. De esta manera, CMPC no es parte sustancial del contrato de depósito sino más bien un partícipe meramente instrumental. Conforme con esto, y contrario a lo que manifiesta Banco Estado, la empresa depositante no tendría derecho a retirar los dineros ni sus intereses, ni total ni parcialmente.

Más compleja es la situación respecto de terceros y si pensamos en el hipotético supuesto de un acreedor de la empresa que pidiera el embargo de los fondos depositados. El contrato por cuenta de quien corresponda no es oponible a un tercero que no ha participado en su celebración, por lo que el depósito sigue estando en el patrimonio (como crédito) de CMPC.

Ante este tipo de casos se echa en falta una regulación más amplia y actualizada de la institución del fideicomiso, que en nuestro Código Civil está regulada minuciosamente en sus arts. 732 y siguientes. La definición del art. 733 podría calzar perfectamente con la figura del depósito con fines de indemnización de los perjudicados en la colusión: “se llama propiedad fiduciaria aquella que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona, por el hecho de verificarse una condición”. El que tiene la propiedad bajo el gravamen es el propietario fiduciario mientras que aquel que se haría dueño de la cosa si la condición se cumple es el fideicomisario. Además, existe un constituyente que establece el fideicomiso por acto entre vivos o por testamento. En el caso que comentamos, el constituyente sería CMPC; el propietario fiduciario, Banco Estado y los fideicomisarios, los consumidores que adquirirán el derecho a su parte en el depósito una vez que se cumplan las condiciones que permita identificarlos.

Sin embargo, nuestro Código limita la constitución de fideicomiso a ciertos objetos: la totalidad o la cuota de una herencia o uno o más cuerpos ciertos (art. 734 CC). No se admite el fideicomiso de dinero por tratarse de cosa genérica, por lo que no sería aplicable en el caso. Además, si se considerara que el depósito fuera una especie o cuerpo cierto en cuanto crédito, no ha sido constituido por instrumento público como lo exige el art. 735 inc. 1º del Código Civil.

Es cierto que el fideicomiso romano ha sido utilizado con mejor eficacia por los países de Common Law que han construido la célebre institución del trust. Pero son muchos los países de tradición codificada que han dictado leyes especiales o han modificado sus Códigos, para crear un fideicomiso más flexible y funcional a las necesidades de la economía.

En Chile, sólo tenemos las comisiones de confianza bancarias y últimamente el llamado “fideicomiso ciego” para evitar conflictos de intereses en cargos públicos. Pero ambas modalidades no son propiamente fideicomisos porque no implican transferencia de la propiedad, sino una relación de comisión o mandato. Una regulación del fideicomiso propiamente tal, como se le entiende en el Derecho civil moderno, es todavía una tarea que nuestro legislador tiene pendiente.

Norma McCorvey y la sentencia Roe v. Wade

26 febrero, 2017

Producto de una insuficiencia cardiaca y a los 69 años de edad, el pasado 18 de febrero de 2017, murió en Texas una mujer cuyo nombre a muchos no dirá nada: Norma McCorvey. Sin embargo, ella solía decir apesadumbrada: “I am responsible for the death of 50 million unborn babies”/Soy responsable por la muerte de 50 millones de niños no nacidos. Y ello porque fue su caso el que aprovechó la Corte Suprema de los Estados Unidos para, bajo la intensa presión de los movimientos radicales feministas, imponer el aborto como un derecho de la mujer en todos los estados que componen la Unión. Se trata de la tristemente célebre sentencia Roe v. Wade. Quien aparecía como demandante era Norma McCorvey, pero bajo el nombre ficticio de Jane Roe. El demandado fue Henry Wade, el Fiscal de Distrito del Condado de Dallas, como representante del Estado de Texas. Como es usual en Estados Unidos el caso se conoce por los apellidos de demandantes y demandado: Roe (por Jane Roe, en verdad Norma McCorvey) v. (versus/contra) Wade (por Henry Wade).

En 1970, Norma era una joven de 21 años que estaba en su tercer embarazo (de distintos padre) y que había tenido una vida muy dura. Su caso fue utilizado por dos jóvenes abogadas de la Universidad de Texas: Linda Coffee y Sara Weddington, para impugnar la ley del Estado de Texas que consideraba delito procurar un aborto. La mujer no era penalizada y además se exceptuaba el caso del aborto realizado, por recomendación médica, con el propósito de salvar la vida de la madre (arts. 1191-1194 and 1196 del Código Penal).

La demanda que redactaron las abogadas expusieron el caso de Norma/Jean diciendo que se trataba de una mujer soltera que había resultado embarazada después de haber sido violada por pandilleros, y que la ley de Texas le impedía interrumpir el embarazo mediante un aborto practicado por médicos y con la seguridad sanitaria de un centro hospitalario, ya que el embarazo no ponía en riesgo su vida. En la demanda se pidió que se le diera acceso al aborto a ella pero también a toda mujer que estuviera en parecida situación (class action). El juez de Distrito dio lugar a la petición de la demandante, pero rechazó dejar sin efecto para otros casos la ley que sancionaba el aborto en Texas. Aquí las abogadas se olvidaron de su demandante porque, viendo que su real objetivo no se había conseguido, apelaron de la decisión y, finalmente, consiguieron, sin el acuerdo de Norma, que se escuchara en la Corte Suprema, la que finalmente pronunció sentencia el 22 de enero de 1973.

Por 7 votos contra 2, los jueces de la Corte juzgaron que el Estatuto de Texas que sancionaba penalmente el aborto era inconstitucional al violar el derecho a la privacidad de la mujer que estaría comprendido en la 14ª enmienda de la Constitución (cláusula del debido proceso) y que le permitiría decidir libremente practicarse un aborto. Respecto de la calidad del niño no nacido, la Corte señala que no es una persona desde el punto de vista constitucional, de modo que no tiene derechos fundamentales que puedan hacerse valer contra la voluntad de la madre. Con todo, la sentencia reconoce que los Estados tienen un interés legítimo en regular el aborto para proteger la salud de la madre y la vida potencial del conce ido, pero para que estos intereses puedan limitar o incluso impedir el derecho al aborto de la mujer deben tener un peso tal que pueda calificárseles de “compelling interests”. Ahora, ¿cuándo estos intereses de los Estados pueden tener dicho peso? La Corte recurre al procedimiento de dividir el embarazo en trimestres: en el primer trimestre, el derecho de la madre a abortar no puede ser restringido; en el segundo trimestre, los Estados pueden dictar regulaciones que tengan por objeto la protección de la salud de la madre; por último, ya en el tercer trimestre, por considerar que el feto tiene viabilidad para vivir fuera del seno materno, los Estados estarían legitimados para restringir o prohibir el aborto, incluso penalmente, en atención a la vida del nascituro, salvo que se trate de un aborto que sea considerado necesario por prescripción médica para proteger la salud o la vida de la madre (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 1973).

Casi dos décadas después la Corte, en un caso en que los demandantes fueron clínicas de Planned Parenthood, la gran organización pro aborto en Estados Unidos y el mundo, la Corte reafirmó que el aborto es un derecho protegido constitucionalmente, aunque modificó el criterio de los trimestres de Roe y lo reemplazó por el de la viabilidad fetal y el de “carga indebida” (undue burden). Según este último el Estado no puede imponer como parte de la regulación del aborto exigencias que puedan ser consideradas excesivas, como por ejemplo la de dar aviso a su marido (Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 1992).

¿Y qué pasó entre tanto con Norma/Jane? Ella nunca participó en el juicio. En los meses siguientes a la interposición de la demanda, dio a luz a una niña, que fue entregada en adopción. Ella nunca recurrió a la interrupción del embarazo, pero sí apoyó inicialmente el movimiento “pro choice” y trabajó en varias clínicas abortivas, y allí entendió en qué consistía realmente un aborto y la violencia que implicaba no sólo para el niño en gestación sino para la misma mujer que consiente en el aborto.

En 1995 salió a fumar fuera de la clínica en la que trabajaba y entró en diálogo con activistas que protestaban en la entrada. Se convirtió al cristianismo y denunció que su caso había sido “fabricado” por las abogadas que la utilizaron sin trepidar en incurrir en falsedades y actos reñidos con la ética profesional. Por ejemplo, ella nunca fue violada, sólo se encontró dos veces con sus abogadas, una de ellas en un bar, nunca le explicaron en qué consistía un aborto ni qué otras opciones tenía para solucionar su dramática situación, jamás fue escuchada por ninguno de los tribunales que vieron la causa, nadie se interesó por sus circunstancias personales que eran tremendamente angustiantes (no tenía familia, ni trabajo, dormía en un parque). En una presentación que hizo el año 2000 ante la Corte de Distrito de New Yersey decía: “De algún modo mi exclusión, y la exclusión de los hechos realmente significativos en Roe v. Wade, es un símbolo de la forma en que las mujeres de la nación y sus experiencias con el aborto han sido ignoradas en el debate nacional sobre la industria del aborto” (Ver texto completo).

La decisión de Roe v. Wade, después de cuatro décadas, sigue siendo fuertemente controvertida, y el tema del aborto sigue causando serias divisiones entre los ciudadanos estadounidenses. Norma McCorvey, que sin quererlo dio base para que se dictara esa sentencia, luchó hasta el final de su difícil y azarosa vida por revertir ese fallo y terminar con lo que, no sin razón, calificaba como un nuevo holocausto.

Ahora que en Chile se propone “despenalizar” el aborto, entre otras causales por violación que, al no ser comprobable, se convierte en un aborto libre del primer trimestre como el de Roe vs. Wade, el testimonio de Norma McCorvey (q.e.p.d.) puede ser útil de tener en cuenta, porque nos pone en evidencia que el aborto es siempre la peor decisión, también para las mujeres con embarazos difíciles.

El abogado del Ejército de los Andes

19 febrero, 2017

Este mes de febrero hemos celebrado el bicentenario del cruce de los Andes por parte Ejército Libertador que con las batallas de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y Maipú (5 de abril de 1818) afirmó definitivamente la independencia de Chile. El General en Jefe fue el Capitán General José de San Martín mientras que el General de División fue el Brigadier General Bernardo O’Higgins. El Ejército estaba perfectamente organizado y tenía, como se usa hasta hoy, un auditor de guerra, es decir, un abogado que debía conocer de todos los asuntos legales que se suscitaran con motivo de las acciones de la oficialidad y la tropa. Este puesto fue desempeñado por un ilustre argentino-chileno que estaría llamado a dejar una huella profunda en la historia de este país, aunque pocos son hoy conscientes de ella. El auditor del Ejército de los Andes fue el abogado y doctor en leyes, Bernardo de Vera y Pintado (1770-1827).

En su calidad de auditor, el 16 de febrero de 1817, el General San Martín le encomendó comparecer ante el Cabildo de Santiago que insistía en nombrarlo por aclamación Director Supremo. Sólo cuando Vera expuso las razones de San Martín para no aceptar el cargo, la asamblea se resignó y nominó en el cargo a O’Higgins (cfr. Espejo, Gerónimo, El paso de los Andes. Crónica histórica de las operaciones del Ejército de los Andes para la restauración de Chile en 1817, Imprenta y librería de Mayo, Buenos Aires, 1888, p. 618).

Vera y Pintado nació en la ciudad argentina de San Fe e hizo sus primeros estudios en la Universidad de Córdoba, pero como en ésta no se dictaba la carrera de Derecho, en 1799 se avino a viajar a Santiago de Chile y se matriculó en la Real Universidad de San Felipe, en la que además estudió teología. Obtuvo el grado de doctor en leyes en 1806.

Dos años después, se casó con Mercedes de la Cuadra, que le daría dos hijas. Pronto se hizo conocido en la sociedad chilena no sólo por su cultura sino por sus dotes literarias y su afición a los versos. En lo político se inclinaba por la emancipación de España, por lo que fue acusado por el gobernador Francisco García Carrasco de conspirar contra el gobierno. Detenido junto a Juan Antonio Ovalle y José Antonio de Rojas, fue llevado a Valparaíso para ser deportado al Callao, lo que motivó gran agitación y protestas de los ciudadanos de Santiago contra el gobernador. Por razones de salud, Vera y Pintado no pudo embarcar y permaneció en la ciudad porteña (aunque según algunos biógrafos su enfermedad fue fingida para evitar caer en las manos del Virrey del Perú Abascal, contra el que había gastado algunas bromas y sátiras: así, puede verse en Canales Toro, Eusebio, Canción Nacional de Chile, Editorial Andrés Bello, 1966, p. 105). Los acontecimientos se precipitaron con la renuncia de García Carrasco, la asunción al cargo de Mateo de Toro y Zambrano y la constitución de la Primera Junta de Gobierno en septiembre de 1810.

Don Bernardo Vera fue dejado en libertad y regresó a Santiago. Fue recibido como un héroe de la causa patriota, y en 1811 fue designado como agente diplomático del gobierno de Buenos Aires ante las autoridades chilenas. En esos años colaboró estrechamente con Camilo Henríquez en la redacción de la Aurora de Chile y se desempeñó como secretario de algunos ministerios.

Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua (1814), como O’Higgins, Carrera y tantos otros que lucharon contra el ejército realista, tuvo que cruzar la Cordillera y buscar refugio en la ciudad de Mendoza. De Vera y Pintado fue incorporado al Cabildo de esa ciudad y participó en toda la organización y constitución del Ejército Libertador. Con dicho Ejército regresó a Chile en 1817, y se afincó definitivamente en este país.

En los años que le restaban de vida cultivó la política, el Derecho y las letras. En política fue diputado (1823-1825), llegando a Presidente del Congreso (1825). En Derecho se desempeñó como profesor de Derecho Civil y Canónico en el Instituto Nacional (1826-1827). Pero donde dejaría su mejor legado para la posteridad sería en las letras: por encargo de O’Higgins, en 1819 compuso la letra del Primer Himno Nacional, cuyo coro se mantuvo inalterado en el definitivo que redactó Eusebio Lillo.

Por ello, cuando los chilenos entonemos ese: “Dulce patria, recibe los votos/ con que Chile en tus aras juró/, que o la tumba serás de los libres/o el asilo contra la opresión”, bien podríamos recordar a este abogado y profesor de Derecho Civil, que hace doscientos años formó parte del Ejército que permitió y consolidó nuestra independencia como república soberana.