Archive for the ‘Derecho Civil’ category

Caso Karadima: ¿confesión en conciliación?

12 mayo, 2019

La Corte de Apelaciones de Santiago (novena sala), por fallo de 27 de marzo de 2019, rol Nº 4028-2017 (Ver sentencia), revocó la sentencia que en primera instancia (Ver sentencia) había rechazado la demanda que habían presentado tres víctimas de abuso por parte del expresbítero Fernando Karadima pidiendo que la “Iglesia católica chilena” indemnizara los perjuicios que se les habrían causado por la negligencia del Arzobispado de Santiago al desoír sus denuncias y demorar la investigación de los abusos. La Corte, por el contrario, declaró la responsabilidad civil del Arzobispado por hecho propio y concedió una indemnización de 100 millones de pesos a cada uno de los tres demandantes.

El Administrador Apostólico recién nombrado por el Papa en el Arzobispado decidió que la sentencia de apelación no fuera impugnada, lo que impidió que hubiera un pronunciamiento de la Corte Suprema. No obstante, desde el punto de vista técnico-jurídico el fallo deja bastante que desear.

Varias deficiencias han sido puestas de relieve por el profesor Ian Henríquez Herrera en un reciente comentario a la sentencia. Hace ver que la Corte incurre en una confusión en materia de legitimación pasiva ya que habla de “Iglesia católica de Chile o en Chile” como si fuera una persona jurídica, para luego atribuir responsabilidad por negligencia del Arzobispado de Santiago, diócesis con personalidad jurídica propia, y terminar condenando a pagar indemnización al Arzobispado de Santiago que no fue demandado. Además, señala que la sentencia no deja claro cuál fue el hecho ilícito ni cuál fue su autor, que se contradice en cuanto al inicio del plazo de prescripción ya que por una parte sostiene que se inicia desde la manifestación del daño pero luego resuelve que en el caso se va a contar desde que cesó la inacción de la autoridad. Dejamos el link del comentario donde pueden encontrarse estos y otros defectos jurídicos: http://www.laleyaldia.cl/?p=6780.

Por nuestra parte, quisiéramos comentar otra cuestión que no se ha advertido hasta ahora y que nos parece particularmente seria. Se trata de la utilización de comentarios que los abogados del Arzobispado habrían hecho con ocasión de los intentos para lograr una conciliación en la causa.

La sentencia dice que la conclusión de que “la cúpula de la Iglesia Católica” (¿?) ha sido negligente en su proceder se “ve coronada con la confesión espontánea de dicha parte, con la declaración entregada en la diligencia de conciliación que da cuenta la actuación de 20 de noviembre del año 2018 en la que se dijo por dicha parte, entre otras afirmaciones: ‘… reconocer los errores y omisiones en que incurrió durante la investigación de los abusos de que fueron víctimas los demandantes…’. Luego se reconoce ‘…que las denuncias pudieron ser investigadas con mayor agilidad y decisión’. Enseguida se asevera en dicha audiencia que ‘Fue un error dudar en un principio de la verosimilitud de las denuncias en base a criterios parciales y equivocados…’… ‘Fue un error no haber acompañado a las víctimas de Fernando Karadima de manera más efectiva y decidida durante el proceso de investigación, especialmente cuando sufrieron ataques injustos de personas del círculo de Karadima que cuestionaban públicamente su carácter, credibilidad e integridad personal’” (cons. 45º).

Se agregan otras declaraciones de los abogados del Arzobispado realizadas en la misma audiencia, ahora en referencia a un documento exhibido en los alegatos por el abogado de los demandantes, y que consistirían en que el documento “revela derechamente que durante una parte del proceso, entre mediados de 2006 y mediados de 2009, no se investigaron los abusos denunciados…”, y en reiterar que la denuncia de uno de los demandantes en agosto de 2009, fue motivo para reactivar la investigación en la que se recogerían las pruebas que permitieron condenar canónicamente a Fernando Karadima (cons. 45º).

Después de estas aseveraciones, la sentencia declara: “Que, como se dijo en el motivo anterior lo manifestado por el apoderado de la demandada con poder suficiente para avenir, constituye una confesión judicial en los términos del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, confesión judicial es el reconocimiento expreso ante el tribunal de determinados hechos afirmados en la demanda” (cons. 46º).

En primer lugar, sorprende que la Corte diga que se trata de una confesión judicial “en los términos del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil”, cuando esta norma no tiene ninguna relación con la prueba confesional, y se refiere a la apreciación de la prueba de testigos. Más aún, la desprolijidad del fallo se corrobora cuando se observa que justifica la prueba de la confesión en que el apoderado de la demandada tenía “poder suficiente para avenir” (énfasis añadido). Pero ¿desde cuándo el poder para avenir y conciliar autoriza a un apoderado judicial para confesar o absolver posiciones en representación de su mandante? La Corte parece ignorar que el art. 7 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil distingue claramente entre las facultades que deben ser conferidas expresamente por el poderdante, la de “absolver posiciones” (confesar) y la de “transigir” (avenir).

Tampoco se compadece con la regulación legal la calificación que se hace de estas declaraciones como confesión judicial y que, según la Corte, sería “el reconocimiento expreso ante el tribunal de determinados hechos afirmados en la demanda”. Omite la Corte que ese reconocimiento debe hacerse en un procedimiento reglado que se denomina absolución de posiciones, y que está regulado minuciosamente en los arts. 385 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De esta manera se distingue la confesión judicial expresa y la confesión judicial tácita, que se produce cuando el litigante no comparece al segundo llamado, o si, compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas (art. 394 CPC). Esta confesión tácita o presunta produce los mismos efectos que la expresa (art. 400 CPC).

Es cierto que la doctrina habla de una confesión judicial espontánea para contraponerla a la que sería provocada (absolución de posiciones) y que consistiría en el reconocimiento de una parte de hechos que la perjudican realizada en alguno de los escritos o gestiones del juicio. Pero debe señalarse que ninguna norma autoriza esta consideración, y en cualquier caso no pueden considerarse como confesión las declaraciones que hagan los apoderados de la parte que no cuentan con poder para absolver posiciones por su representado. La ley señala que si no existe dicho poder sólo pueden considerarse como confesión los reconocimientos de hechos personales del apoderado, y no de su representado (art. 396 CPC).

Incluso si se obvía este aspecto y se acepta que hubo una confesión judicial, esta debiera ser indivisible, de modo que no puede dividirse en perjuicio del confesante. Pues bien, la Corte en su sentencia declara que la prescripción debiera contarse desde junio de 2010, fecha en la que fue enviada la investigación previa hecha por el Arzobispado al Vaticano, y que por ello no habrían pasado los cuatro años al momento de interponerse la demanda (cfr. art. 2332 CC). Según la Corte desde esa fecha debe considerarse que cesó la inacción por parte de las autoridades eclesiásticas (cons. 17º). La misma sentencia, en cambio, dice que la “confesión” del apoderado del Arzobispado incluye el reconocimiento de que fue en agosto de 2009, al recibirse la denuncia de uno de los demandantes, cuando se reactivó la investigación y se recogieron las pruebas que permitieron que la Congregación para la Doctrina de la Fe sancionara al ex párroco de El Bosque. Se evidencia, entonces, que la Corte dividió la confesión en perjuicio del confesante fuera de los casos excepcionales en que ello se admite por la ley (art. 401 CPC): le ha dado fe y efecto probatorio respecto de los errores y omisiones de la demandada pero no respecto de la fecha en que cesó la inacción que ella misma ha considerado el momento desde el que debe contarse el plazo de prescripción.

A nuestro juicio, lo más grave de esta parte de la sentencia es que utiliza como elemento probatorio declaraciones que se han hecho en el contexto de una conciliación. Lo dice expresamente la sentencia al destacar que se trata de “la declaración entregada en la diligencia de conciliación que da cuenta la actuación de 20 de noviembre del año 2018”. Si se examina dicha acta se ve claramente que esas declaraciones se hicieron por el abogado de la demandada justamente en el ánimo de lograr una conciliación y tratando de poner término al juicio con un acuerdo razonable en el que ambas partes hicieran concesiones recíprocas. Este intento se frustró por la negativa del abogado de los demandantes que señaló que el único acuerdo posible era que la demandada se allanara a la demanda, lo que claramente no es una conciliación ya que en tal caso los demandantes no habrían hecho ninguna concesión de su parte.

Es sumamente llamativo que la Corte, sin siquiera advertir la impropiedad en la que incurre, utilice información que debiera ser reservada para perjudicar a la parte que hizo declaraciones que afectaban su derechos en el ánimo de buscar un acuerdo amistoso. Esto es usual en todas las tratativas conciliadoras, pero se entiende que un mínimo deber de ética procesal exige que lo que se diga en esas audiencias sea reservado o al menos no pueda ser utilizado en perjuicio de alguna de las partes.

La ley se cuida de señalar que en las audiencias de conciliación las opiniones que entregue el juez no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa (art. 263 CPC). Si esto es así para lo que el juez dice actuando como amigable componedor, con mayor razón debe garantizarse a las partes que ninguna de sus opiniones o declaraciones efectuadas en esa audiencia serán utilizadas luego por el juez como confesión o reconocimiento de los hechos.

Piénsese en qué sucedería si de cada conciliación se levantara acta con todas las opiniones que se viertan tanto del juez como de las partes, y que, luego al frustrarse la diligencia, el juez hiciera uso de lo que se diga en ellas para perjudicar a alguna de las partes. En tal escenario ningún litigante efectuará propuestas de concesiones recíprocas y se mantendrá en su posición sin ceder en nada, temeroso de que después lo que diga en esa audiencia pueda ser utilizada por el juzgador en su contra.

Si se extendiera este nefasto criterio, se acabaría por sepultar definitivamente la eficacia del llamado a conciliación en el proceso civil, que ya se encuentra bastante mermada.

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De nuevo sobre Vodanovic, el civilista (no el animador)

28 abril, 2019

El miércoles 24 de abril de 2019, en el Palacio de los Tribunales, se presentó el libro Tratado de Derecho Civil. Fuentes de las Obligaciones. Parte general, editado por Ediciones Jurídicas de Santiago, cuyo autor es Antonio Vodanovic Haklicka (1916-2005), y que ha sido actualizado por los profesores Carolina Riveros, Gonzalo Ruz y Luis Vargas.

Este acontecimiento nos da pie para contar la historia de esta obra que ha formado a generaciones de abogados. La primera edición, con el título Curso de Derecho Civil, se hizo en cuatro tomos que se publicaron desde 1939 a 1942, bajo el sello editorial Nascimento, que en esa época era dirigida por su dueño don Carlos Georges Nascimento. Las materias fueron distribuidas de la siguiente manera: parte preliminar y general: tomo I; persona y bienes: tomo II; obligaciones: tomo III, y fuentes de las obligaciones: tomo IV.

Como hemos explicado en otro post de este blog (ver), siendo Vodanovic un veintiañero estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de provincia y poco conocido, se ideó una fórmula para darle un mayor prestigio a la obra y se editó como si fuera el mero redactor de explicaciones que se basaban en las clases de Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, ambos ya reconocidos próceres del Derecho Civil chileno.

En las portadas de los tomos del Curso de Derecho Civil, aparecía la frase “basado en las explicaciones de los profesores de la Universidad de Chile Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga” y más abajo en letra de tamaño levemente menor: “Redactado y puesto al día por Antonio Vodanovic H.”. Esto se mantuvo en las ediciones que siguieron de la parte preliminar y general, en dos tomos, en los años 1945, 1961 y 1971, siempre por editorial Nascimento. En 1990 Antonio Vodanovic lleva su obra a una de las editoriales que por entonces se esforzaba por asentarse en el mercado de los libros jurídicos: Ediar Conosur. Aparece entonces como quinta edición, dos tomos con el título de Derecho civil: parte preliminar y parte general (1990-1991).

En 1998, el texto es ahora editado por la Editorial Jurídica de Chile, con dos grandes variaciones: se cambia el título por el de “Tratado” y se añade como tercer autor a Antonio Vodanovic. Sale a la luz así el Tratado de Derecho Civil. Partes preliminar y general, de Alessandri, Somarriva y Vodanovic en dos tomos. La misma Editorial sacaría una nueva edición, la séptima, también en dos tomos, en 2005, el mismo año en que el autor falleció.

Entre tanto, las materias relativas a bienes y a obligaciones fueron editadas aparte y como si fueran autónomas y no las componentes de una sola obra. Aún con el título general de Curso de Derecho Civil, aparece una cuarta edición del tomo relativo a los bienes y derechos reales, por Nascimento, en 1974. Más adelante, en 1993, como quinta edición, y con el título de Tratado de los Derechos Reales: Bienes, será editada por la Editoroal Jurídica de Chile, en dos tomos. En esta edición el nombre de Vodanovic se incorpora en tercer lugar bajo Alessandri y Somarriva, adelantando el criterio que se ocupará para los demás Tratados. Con el mismo título y formato, se volverá a editar en 1997.

Respecto de las obligaciones, según nuestras pesquisas, no hubo más ediciones que la primera del año 1940. Curiosamente, en 1970, se publicó un volumen titulado Derecho de Obligaciones, que aparece como de autoría exclusiva de Antonio Vodanovic H., esta vez por una poco conocida Ediciones Periodísticas y Estadísticas. Este libro, sin embargo, cubre sólo las nociones generales y la clasificación de las obligaciones. Pero entre el 2001 y el 2004, la Editorial Jurídica de Chile da a conocer la que señala es la 2ª edición, del Tratado de las obligaciones, con autoría nuevamente tripartita: Alessandri, Somarriva, Vodanovic, y compuesta de tres tomos.

Demás está decir que como afirma en algunas notas preliminares, el trabajo de actualización y puesta al día la realizó Vodanovic. En el prefacio a la edición de 1998 dice que ha sido él quien por largos años ha ido actualizando la obra de modo que puede decirse que ya es del todo nueva. A pesar de ello, en homenaje a que algunas ideas de los grandes maestros Alessandri y Somarriva conservan su lozanía, se les mantiene como coautores ahora junto con Vodanovic.

En estos años publicó como obra propia una síntesis del tratado dedicado a la Parte preliminar y general, y dio a la luz un obra más pequeña y útil para los alumnos a la que tituló Manual de Derecho Civil: Partes preliminar y general, y que se publicó por Conosur en dos tomos en 1996 y 1997. La misma editorial publicará una nueva edición de esta obra en 2001. Otros dos ediciones hará la sucesora de Conosur, LexisNexis, el año 2003 y, ya de manera póstuma, el 2006.

Después de la muerte de don Antonio sucedida el 24 de agosto de 2005, su Tratado no siguió reeditándose, hasta que, con autorización de sus herederos, Ediciones Jurídicas de Santiago tuvo la estupenda idea de reimprimir los Tratados dedicados a la Parte Preliminar y General, en dos tomos (2015), a las Obligaciones, en tres tomos (2016) y a los Derechos reales, en dos tomos (2016).

Ahora Ediciones Jurídicas de Santiago hace algo que ninguna editorial anterior había hecho, la de reeditar el cuarto tomo del originario Curso de Derecho Civil dedicado a las Fuentes de las Obligaciones, que fue publicado una única vez por Nascimento en 1942.

Se trata de una obra mucho menos conocida, pero no menos importante por las materias que trata, por la profundidad del análisis y por abordar temas que en ese entonces estaban en la vanguardia de la dogmática civil y que hasta nuestra época mantienen especial interés, como el autocontrato, los contratos de adhesión, la contratación dirigida, la autonomía de la voluntad y sus restricciones, la inoponibilidad, la simulación, la declaración unilateral de voluntad, las superpreferencias, el abuso del derecho y la responsabilidad civil del Estado.

Son más de 1.000 páginas en que se revisan todas las fuentes de las obligaciones, partiendo por los contratos. Respecto de ellos se contiene una parte general, en la que se vuelven a examinar con detalle los tópicos de la teoría del acto jurídico y se añaden materias propias de la teoría gemetal del contrato, como sus efectos y su interpretación. Además contiene un amplio tratamiento ­–quizás el más completo que existe hasta ahora en la literatura civil chilena– de los contratos en particular, donde se incluyen todos los contratos regulados en el Código Civil, a lo que se añade el estudio de la prelación de créditos.

Pero aún más: el libro contiene un estupendo tratamiento de los cuasicontratos y de los delitos y cuasidelitos en lo que es una muy lograda exposición de la responsabilidad extracontractual, que debe considerarse predecesora de la magnífica obra de Alessandri sobre la materia, publicada en 1943, es decir, al año siguiente. En ella se preanuncian algunas de las opiniones de este último, por ejemplo, en la interpretación del art. 2329 como una presunción de culpa por hecho hecho propio. Aquí el redactor pone en boca de Alessandri su idea y sus argumentos, que luego aparecerán en la obra editada de este último, aunque con otra redacción.

Esta segunda edición, por la información que aparece en la página web Libromar, contiene todo lo referido a la parte general de los contratos, que reproduce mucho de lo que se ve en la teoría del acto jurídico, aunque con más detalle. No se incluyen en la obra los contratos en particular, ni las demás fuentes de las obligaciones. Como aparece expresamente que se trata de un tomo I dedicado a la parte general de las fuentes, hemos de inferir que vendrán otros volúmenes a completar esta nueva edición con lo que no se alcanzó a cubrir en este primer volumen.

Habrá que esperar a tener el libro para analizar la labor de los actualizadores, pero conociendo la trayectoria y rigor académico de los profesores Riveros, Ruz y Vargas estamos ciertos de que se tratará de un trabajo de calidad.

Finalmente, hemos de decir que debe felicitarse a Ediciones Jurídicas de Santiago, por haber editado esta obra, atribuyéndola como autor solo a Antonio Vodanovic Haklicka, cuyo nombre ahora aparece en el encabezado de la portada, sin perjuicio de que se conserve con letra menor y después del título la típica frase: “basado en las explicaciones de los profesores Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga”. Se ha llegado así a la solución que hemos propiciado para citar la obra, y que nos parece la más adecuada ya que, por una parte, evita que todas las opiniones contenidas en ella sean atribuidas indebidamente a Alessandri o a Somarriva, y, lo más importante, permite hacer justicia al trabajo de uno de los más relevantes civilistas del siglo XX y que no tuvo en vida el reconocimiento que merecía.

Ponemos el link con la información del libro que da Libromar.

http://www.libromar.cl/derecho-de-las-obligaciones/1558-tratado-de-derecho-civil-fuentes-de-las-obligaciones-parte-general-tomo-i.html?search_query=vodanovic&results=6

 

Pacto de sangre

21 abril, 2019

No queremos en este post, como podría pensarse de su título, comentar la exitosa teleserie de Canal 13, en la que un grupo de amigos convienen en ocultar el homicidio de una joven menor de edad ocurrido en la despedida de soltero de uno de ellos. Siguiendo nuestra tradición, con motivo de la Semana Santa, queremos comentar otro pacto de sangre sucedido hace casi dos mil años, entre uno de los discípulos del carpitero de Nazaret y los sacerdotes y jefes del sanedrín judío de Jerusalén.

Se acercaba el tiempo de la pascua hebrea y el rabí Jesús completaba tres años de enseñanzas y hechos portentosos por toda palestina. En el Evangelio de Mateo se dice que “los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del Sumo Sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte” (Mt. 26, 3-4). Había que buscar a alguien del círculo más íntimo para que diera los datos concretos de donde ubicarlo en un lugar privado y así tomarlo prisionero sin causar escándalo ni tumultos.

Este fue Judas Iscariote, hijo de Simón, que había sido llamado como uno de los doce apóstoles por el mismo Jesús, y que diríamos hoy era el tesorero del grupo, porque administraba los recursos: “llevaba la bolsa”.

Según el relato de Mateo fue el mismo Judas el que tomó la iniciativa y fue a ver a los sacerdotes y proponerles un convenio: “Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ‘¿Cuánto me darán si se lo entrego?’. Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo” (Mt. 26, 14-16).

La historia la reafirman Marcos y Lucas en sus propios relatos: “Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo” (Mc. 14, 10-11); “Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de eliminar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los Doce. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que se enterara el pueblo” (Lc. 22, 2-6).

San Juan, en cambio, no da datos sobre este convenio pero describe una dramática escena que ocurre durante la última cena de la pascua entre Jesús y sus discípulos en Jerusalén, a la que concurre también Judas Iscariote. Jesús alerta a sus discípulos diciéndoles que sabe que uno de ellos lo entregará: “Jesús se estremeció y manifestó claramente: ‘Les aseguro que uno de ustedes me entregará’: Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos –el discípulo al que Jesús amaba– estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: ‘Pregúntale a quién se refiere’. El se reclinó sobre Jesús y le preguntó: ‘Señor, ¿quién es?’. Jesús le respondió: ‘Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato’. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: ‘Realiza pronto lo que tienes que hacer’. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: ‘Compra lo que hace falta para la fiesta’, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y en seguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche” (Jn. 13, 21-30).

Al igual que Lucas, Juan señala que Judas procedió tentado por el demonio, pero omite la referencia al pacto que habría hecho con los jefes de los sacerdotes para entregar a su maestro, quizás porque este hecho ya estaba suficientemente asentado en los tres evangelios anteriores.

Por los datos que dan estos tres evangelios (denominados sinópticos), podemos concluir que se trató de un contrato bilateral, en que por una parte Judas se obligó a dar información para prender a Jesús y los jefes de los sacerdotes se obligaron a entregarle dinero. Al parecer se trató de un contrato consensual que no requirió solemnidades o formalidades externas. Probablemente las treinta monedas de plata no fueron entregadas hasta que Judas cumplió con lo prometido; así parece indicarlo Marcos, que dice que los sumos sacerdotes, ante el ofrecimiento de Judas, “prometieron darle dinero”, lo que significa que se obligaron a entregarlo una vez que Jesús fuera detenido.

Mateo es el único que especifica el monto del precio: 30 monedas de plata. Los estudiosos han discutido de qué tipo de monedas se trataba y hoy la opinión común es que eran monedas acuñadas en Tiro y que los griegos llamaron Tetradracmas, porque pesaban más o menos lo mismo que cuatro dracmas atenienses. También se les conocía con el nombre de siclos de Tiro, y tenían un porcentaje de plata mayor que las monedas romanas (94% o más), y seguramente por ello eran admitidas para pagar el impuesto religioso al Templo de Jerusalén.

Se ha discutido si la suma de treinta tetradracmas de Tiro era muy cuantiosa como para tentar a Judas. La verdad es que no siendo módica tampoco parece haber sido una cantidad exhorbitante. El libro del Éxodo señala que treinta siclos es lo que debe pagar el propietario de un buey que provoca la muerte de un esclavo (Ex. 21, 32) y la misma cantidad se encuentra en el libro del profeta Zacarías como salario del oficio simbólico de apacentar las ovejas de Israel, y que Dios le ordena echar al Tesoro, diciendo “ese lindo precio en que he sido valuado por ellos”. El profeta agrega: “yo tomé los treinta siclos de plata y los eché en el Tesoro de la Casa del Señor” (Zac. 11, 12-13). Otro indicio del valor de estas monedas es que con ellas se compra un terreno para instalar un cementerio.

Al parecer, entonces las treinta tetradracmas de Tiro no eran una cantidad menor, pero tampoco una fortuna como para hacer rico a quien la recibiera.

Esto último puede ayudar a desmentir que la razón por la que Judas habría propuesto y concluido el pacto haya sido la codicia, que Juan parece insinuar al decir que Judas era ladrón y hurtaba de la bolsa para gastos de la que estaba a cargo (Juan 12, 6). Otros autores han sugerido que Judas entregó a Jesús porque se decepcionó al no asumir éste la condición de Mesías como guerrero liberador del pueblo hebreo contra los romanos. En todo caso, parece claro que Judas pensaba que los sumos sacerdotes sólo querían interrogar y detener a Jesús y no condenarlo a muerte. Como sea, no hay dudas de que hay aquí hay algo misterioso que se escapa al análisis meramente jurídico histórico.

En los hechos Judas cumplió con el encargo, y después de que salió del lugar de la última cena se encontró con un piquete de servidores de los sumos sacerdotes y algunos soldados de la guardia del templo, al que guió para prender a Jesús mientras se encontraba orando en el jardín de Getsemaní a los pies del Monte de los Olivos. Judas sabía del lugar porque el grupo que acompañaba a Jesús se reunía allí con frecuencia (Juan 18, 2). Judas indica quién es Jesús, dándole un beso en la mejilla. Jesús responde con mansedumbre: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?”. El destacamento aprehendió a Jesús, dejando a los demás discípulos que se dispersaron. Comenzaría esa misma noche el proceso en contra del Nazareno que culminará con su condena a muerte por crucifixión, pena propia del derecho romano.

Seguramente, de regreso con Jesús prisionero los sumos sacerdores entregaron las treinta monedas de plata a Judas, cumpliendo con su parte del contrato.

Pero al ver como se sucedían los hechos, Judas se arrepintió de su traición y quiso dejar sin efecto el contrato, en lo que hoy llamaríamos resciliación. Va ante los sacerdotes y devuelve el dinero que le habían dado, diciendo “he pecado, entregando sangre inocente” (Mt. 27, 4). Los sacerdotes se niegan, por cierto, a dejar sin efecto el contrato y con suma hipocresía le responden que ese es asunto suyo y que a ellos no les concierne. Ante esta negativa, Judas arroja las monedas en el Templo y finalmente decide quitarse la vida ahorcándose (Mt. 27, 4-5). Nuevamente la hipocresía de los sacerdotes queda de manifiesto porque dicen que no es lícito echar ese dinero en el tesoro del Templo, porque es “precio de sangre” (Mt. 27, 6), y finalmente lo emplean para comprar un campo que se denominaba “campo del Alfarero” para destinarlo como cementerio para enterrar a extranjeros que fallecían en la ciudad. Por ello, dice Mateo, en la época en que escribe su relato, ese terreno es conocido como “campo de sangre” (Mt. 27, 8).

En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que generalmente se atribuye a Lucas, se contiene un discurso de Pedro en el que cuenta la suerte de Judas de un modo diferente: “Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. El era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza, y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que ese campo fue llamado en su idioma Hacéldama, que quiere decir: ‘Campo de sangre’” (Hech. 1, 16-19). El relato coincide con el de Mateo en que Judas recibió un precio por su traición, que después de esta falleció y en que con el precio fue adquirido un terreno que por esta razón fue llamado “campo de sangre”. En dos hechos, en cambio, divergen: en que Judas no aparece suicidándose y en que el campo habría sido comprado por el mismo apóstol traidor y no por los sacerdotes. Estas divergencias pueden ser superadas, conforme a la opinión más común entre los exégetas bíblicos, si se entiende que el cuerpo de Judas después de haberse suicidado cayó y se abrieron sus entrañas ya sea por el golpe o por la hinchazón que se produce en el cuerpo de los ahorcados. Respecto de la compra del campo, bien es posible que aunque materialmente fueron los sacerdotes los que hicieron la compra, lo hayan hecho a nombre de Judas, ya que ellos pensaban que el dinero le seguía perteneciendo. Sería algo así como una gestión de negocios ajenos.

Aunque puede ser anacrónico, es de señalar que este “pacto de sangre” en nuestro Derecho Civil sería nulo por causa ilícita, dado que, el inciso 3º del art. 1467 del Código Civil “la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”. Aunque la traición de un amigo puede no ser un crimen, es claro que se trata de un hecho contrario a la moral.

Judas devolviendo las monedas (Rembrandt)

Juristas esotéricos

14 abril, 2019

Uno de los hechos más curiosos de la investigación de posibles delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, se vio cuando, al allanarse la oficina de uno de ellos se encontró en los cajones de su escritorio varios artículos esotéricos como muñecos vudú, velas y una foto de una exMinistra de Corte Suprema pinchada con alfileres. El ministro integraba también una logia masónica, de la cual fue expulsado.

Por cierto no deja de sorprender que personas con formación intelectual relevante crean en la existencia de espíritus y fuerzas sobrenaturales y en la posibilidad de usarlas para sus propósitos.

Sin embargo, hemos de constatar que en la historia de nuestro país han existido abogados y juristas que incursionaron en este tipo de actividades. Son célebres las actividades de médium del abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile en Valparaíso, Jaime Galté Carré (1903-1965). En el siglo XIX, otro gran jurista, esta vez cultivador del Derecho Civil, estudió y lideró el naciente movimiento espiritista en Chile. Se trata de don Jacinto Chacón Barrios quien fuera tío materno de Arturo Prat Chacón.

Jacinto Chacón es uno de los intelectuales y escritores más prolíficos y multifacéticos de su época. Había nacido en Santiago el 16 de agosto de 1820, como hijo del matrimonio conformado por Pedro Chacón Morales y María de la Concepción Barrios Bustos. Sus estudios primarios los hizo primero en el Liceo de Santiago que era dirigido por el liberal español José Joaquín de Mora y luego en el llamado colegio de los señores Zegers. Curso sus estudios superiores en el Instituto Nacional donde se graduó como bachiller en leyes (1840). Efectuada su práctica profesional en la Academia de Leyes y Práctica Forense entre los años 1841 y 1843, recibió el título de abogado dado entonces por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Sin embargo, sus inquietudes eran más amplias que las de un mero abogado y ya en 1842 comenzó a publicar escritos en diversos medios periodísticos de la época (Semanario de Santiago, El Crepúsculo, El Entreacto, El Siglo, La Revista de Santiago, El Mercurio de Valparaíso). También cultivó el género lírico y publicó poemas y versos durante toda su vida, como La mujer, Mis delicias en el campo y La fe sobre los montes. Las inquietudes religiosas, en las que perseveró toda su vida, lo llevó a ingresar al convento de Santo Domingo para estudiar teología, y su vocación de educador lo llevará a dictar clases de Oratoria Sagrada en el colegio de la orden. Dejando el convento, accedió por oposición a las cátedras de Literatura e Historia de la Edad Media en el Instituto Nacional y más adelante fue profesor de Elocuencia Sagrada en el convento de la Merced. Las lecciones que dio en este último fueron publicadas en 1849.

Después de frustrada la revolución de 1851, Chacón defendió la reconciliación entre vencedores y vencidos, y criticó en El Mercurio de Valparaíso algunos discursos que se hicieron en un banquete en honor del intendente de la región Blanco Encalada, lo que molestó a la dirección del diario y determinó su salida. De allí que en ese año se asentara en Valparaíso y comenzara a ejercer la abogacía.

A cuatro años de la entrada en vigor del Código Civil, en 1861, Chacón se propone hacer una obra que comentara ese cuerpo legal y contribuyera a su enseñanza. Hasta entonces no existía un libro que explicara y desarrollara el Código Civil, ya que las dos Instituciones publicadas una por Fabres y otra por Lastarria, no eran más que una reproducción ordenada de los artículos. Le dedicó siete años a la labor cuyo fruto es la obra Exposición razonada y estudio comparado del Código Civil chileno, cuyo primer tomo, dedicado al título preliminar y al libro I se publica en 1868. Un segundo tomo, esta vez con el comentario del libro II del Código aparecerá diez años más tarde en 1878.

Aunque su intención era comentar todo el Código, lamentablemente la obra quedó inconclusa porque otras materias llamaron su atención. La obra tiene un gran mérito para su época porque, aunque mantenga la exposición ordenada según los números de los artículos, incorpora el análisis histórico y de derecho comparado sin prescindir tampoco de manifestar su opinión crítica sobre algunas cuestiones. Guzmán Brito ha podido decir que se trata de “una obra muy bien informada, desde luego históricamente, pero también en cuanto al Derecho Comparado de su tiempo y a la doctrina civilística… Con tan ricos materiales aplicados al Código, Chacón compuso un comentario de apreciable valor y originalidad” (Guzmán Brito, Alejandro, “Un jurista chileno de la segunda mitad del siglo XIX: Jacinto Chacón Barrios”, en Cattan, A. y Guzmán, A., edits., Homenaje a los profesores Alamiro de Ávila Martel, Benjamín Cid Quiroz, Hugo Hanish Espíndola, Universidad del Desarrollo, Santiago, 2005, p. 332).

Ingresó a la política y fue elegido diputado suplente por San Felipe en 1885. De esa época datan también sus dos últimas monografías jurídicas: un estudio sobre las relaciones entre Iglesia y Estado (1884) y otro sobre la ley electoral de 1884 (1885). Luego serían otros temas los que llamarían su atención como los institutos científicos de la Quinta Normal (1886) y la historia y moral cristiana, destacando obras como La moral del Evangelio (1895) y Dios y el alma inmortal (1897).

En lo familiar, tuvo tres hijos fuera de matrimonio a los que reconoció como naturales. Se casó ya mayor, en 1874, con la reconocida poeta y escritora Rosario Orrego Carvallo. Doña Rosario era viuda del empresario minero Juan José Uribe, el que al morir en 1853 la había dejado con cinco hijos, entre ellos el gran amigo y compañero de toda la vida de Arturo Prat Chacón, Luis Uribe Orrego.

Ya antes del matrimonio, Chacón conocía a doña Rosario ya que ofició como tutor de su hijo Luis al mismo tiempo que de su sobrino Arturo, cuyo padre había quedado inválido. Luis y Arturo ingresaron a la Escuela Naval con su patrocinio en 1858. Una foto que se conserva trae la imagen de Jacinto junto a Luis y Arturo vestidos de marineros, el primero de 12 años y el segundo de 10. Lamentablemente, el matrimonio tuvo corta duración ya que doña Rosario murió en 1879, justo el día 21 de mayo.

Pero vamos ya a su incursión en el espiritismo. Puede que su tendencia liberal así como su paso por la Masonería haya influido en esta opción. Ingresó en 1854 a la Logia Unión Fraternal de Valparaíso, pero no parece haber tenido una participación destacada, ya que no pasó del grado de aprendiz y finalmente en 1860 la Logia acordó suprimir su adscripción por falta de pago (cfr. Romo Sánchez, Manuel, “El espiritista Jacinto Chacón”, en Archivo Masónico Nº 41, 2017, p. 3). En cambio, su participación en grupos que cultivaban el espiritismo fue muy activa y prolongada.

El movimiento espiritista había tenido su primera manifestación en la revelación de las hermanas Fox originarias de Nueva York que, en 1848, informaron que habían tenido comunicación con un vendedor ambulante que había sido asesinado y enterrado en el sótano de su casa. De allí la idea de que era posible entrar en contacto con los espíritus de los muertos se expandió rápidamente por Estados Unidos, Europa y América Latina, pero de una manera desorganizada y sin autoridades. El ritual principal eran sesiones presididas por un médium que entraba en trance y hacía el contacto con los espíritus y luego entregaba verbalmente o por escrito los mensajes que supuestamente recibía del más allá. A Jacinto Chacón, junto a su entonces mujer Rosario Orrego, se atribuye la creación de la primera sociedad espiritista de Chile en 1875, radicada en la ciudad de Valparaíso. Pero ya una carta de Prat a su mujer de 1874 menciona que el círculo ha entrado en contacto con el espíritu del médico alemán fundador de la homeopatía, Christian Hahnemann. En todo caso, la popularidad de este movimiento en Chile queda reflejado en la aparición de la Revista de Estudios Espiritistas, Morales y Científicos en 1875.

Al parecer, el jurista y su mujer oficiaban también de médium, y de hecho consta que su sobrino Arturo Prat participó en 1876 en sesiones espiritistas tratando de comunicarse con una hija fallecida siendo niña y con su padre. Después de la muerte de Prat en el combate naval de Iquique, su viuda, Carmela Carvajal, se uniría a las sesiones para intentar comunicarse con su marido fallecido.

Don Jacinto falleció el 7 de junio de 1898 en Santiago, y sus restos fueron sepultados en Valparaíso. Después de su muerte se dio su nombre a un círculo espiritista de esa ciudad, y en 1903, su amigo y también adherente al movimiento José Ramón Ballesteros le hará un homenaje en la revista “¿A dónde vamos. Revista Mensual de Estudios Psicológicos”, calificándolo de “esclarecido apóstol del espiritismo en Chile”.

En todo caso, debe considerarse que en los tiempos de Jacinto Chacón el espiritismo gozaba de un áurea de progreso científico. Solo mucho más tarde el movimiento sufriría ataques y escepticismo generalizado al salir a la luz fraudes y engaños en sesiones de espiritismo y médiums que lucraban con el sentimiento de sus consultantes.

A pesar de que la Iglesia Católica condenó tempranamente las ideas y actividades espiritistas, muchos católicos fieles, como el mismo Jacinto, pensaba que, por ser una realidad científica, la Iglesia terminaría por reconocer lo positivo de estas comunicaciones entre vivos y muertos tal como había reconocido que la tierra era redonda y no plana. Por otro lado, el consuelo de comunicarse con seres queridos fallecidos llevaba a muchos católicos, como el mismo Arturo Prat, su hermano Ricardo y su viuda Carmela, y más tarde a Victoria Subercaseaux, viuda de Benjamín Vicuña Mackena, a practicar sesiones de espiritismo para tomar contacto con familiares y amigos desaparecidos.

No parece que estas justificaciones puedan concurrir para excusar que, en pleno siglo XXI, un Ministro de Corte de Apelaciones mantenga utensilios para ejecutar embrujos, males de ojo y otras formas de esoterismo.

Sorprendida en adulterio

7 abril, 2019

Entre las leyendas que se tejen en torno a los grandes sabios del Derecho, se encuentra una anécdota cuyo protagonista sería don Andrés Bello. Se cuenta que su mujer lo habría encontrado en malos pasos con una sirvienta y le habría dicho: “¡Andrés, estoy sorprendida!”. Gramático insigne, don Andrés le habría contestado: te equivocas mujer, tú estarás estupefacta, el sorprendido soy yo.

Nos recordamos de este cuento cuando los medios informaron que una vecina de la comuna de Quinteros había sido filmada por las cámaras de vigilancia de la Municipalidad mientras se besaba con un varón que no era su marido. El problema fue que uno de los funcionarios a cargo de las cámaras era amigo del marido, por lo que sacó una imagen de la grabación y se la envió a éste. En conocimiento de esta infidelidad, el marido concurrió al lugar de trabajo de la mujer y la recriminó públicamente. El hecho produjo además la separación del matrimonio, quedando los cinco hijos comunes bajo el cuidado personal del marido.

La afectada ha anunciado que interpondrá acciones contra el municipio ya que alega que se ha violado su intimidad con cámaras cuyo objetivo es brindar seguridad y que su conducta no transgredía la ley: “las cámaras son pagadas por la municipalidad para brindar seguridad. Pero en las imágenes no estoy haciendo nada malo, ni robando ni cometiendo algo que infrinja la ley”. El alcalde subrogante determinó una investigación y lamentó esta filtración.

Pero no todos han estado a favor de la sorprendida. Raquel Argandoña, en un matinal de televisión, dijo que le parecía insólito que esta señora amenace con demandar a la municipalidad: “Si yo engaño a mi marido y quiero encontrarme con mi amante – declaró–, voy a un lugar privado. No voy a ir a la plaza, que es un lugar público de Quintero, para atracar o darme besos, porque obviamente que eso es ilógico”. También declaró entender al funcionario encargado: “Supongamos que yo esté, y voy a ser muy honesta, detrás de estas cámaras operando. Veo que está todo normal y, de repente, me aparece algo extraño. Obviamente uno, que es ser humano, me acerco y ‘oh, esta es la señora de mi amigo’. Tomo mi celular, lo filmo y le digo ‘te están poniendo los cuernos’. Yo lo hago, porque uno tiene que cuidarse… Cualquier persona puede haberla grabado con su celular, o haberle sacarle una foto en la calle”.

Hemos de partir por aclarar que cuando la víctima de la grabación sostiene que no estaba infringiendo la ley, se equivoca. Si bien el adulterio fue despenalizado y ya no es delito, sigue siendo una conducta contraria a la ley. Es más, el art. 132 del Código Civil dispone que “el adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé”. Estas sanciones ya no son penales, pero sí civiles, entre las cuales está el derecho del cónyuge inocente a pedir la separación judicial o el divorcio por falta imputable. Lo que sí hay que concederle a la señora es que no estaba realizado una conducta penalmente punible para cuya prevención existen esas cámaras y que son ilícitos contra la seguridad pública (hurtos, robos, tráfico de drogas, etc).

Por ello en principio parece razonable su alegación de que hubo aquí una intromisión ilícita a su vida privada, que está protegida por el art. 19 Nº 4 de la Constitución, y que bien puede considerarse un hecho ilícito dañoso que impone responsabilidad civil, en este caso a la persona natural que hizo la filtración y a la Municipalidad por el hecho ajeno o por falta de servicio.

La objeción, que se ve reflejada en parte de la opinión de Raquel Argandoña, en el sentido de que estaba en un lugar público y que cualquier persona podría haberla visto o haberla captado con un celular, no es para nada descabellada, y años atrás era sostenida por los tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago, hace varios años, rechazó un recurso de protección interpuesto a favor de una bañista cuya imagen fue captada en bikini mientras estaba en la playa y luego publicada en la portada de un diario. Más adelante se tomó en cuenta que las legítimas expectativas de privacidad si bien disminuyen en un lugar público no desaparecen e incluso en una plaza, un parque o la calle las personas tienen derecho a que sus actuaciones no sean difundidas y puestas en conocimiento de personas que naturalmente no habrían podido acceder a ellas por no estar presentes en ese momento en el lugar público.

Además las grabaciones que se hacen en la vía pública deben someterse a la ley Nº 19.628 sobre protección de los datos personales, y por ello su obtención y tratamiento debe hacerse conforme al objetivo o fin para el cual fueron recogidos. Sólo respecto de ellos puede considerarse que existe una autorización de los ciudadanos para que puedan ser observados. Por ello los funcionarios que operan las cámaras están sujetos a un deber de confidencialidad sobre lo que observen y que no tenga que ver con el objeto de cuidar la seguridad pública. En este sentido, por mucho que doña Raquel entienda que el empleado municipal quiso apoyar a su amigo traicionado por su mujer, lo cierto es que esa motivación, por muy noble que haya sido, no lo autorizaba para transgredir el deber de confidencialidad que debía observar en las delicadas funciones que le fueron confiadas.

De esta manera pareciera que efectivamente hay un hecho ilícito que podría justificar una acción de responsabilidad civil, ya sea que ella se ejerza conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a la ley Nº 19.628 o a las reglas generales de responsabilidad extracontractual del Código Civil.

Para ello deberá sí acreditarse que el ilícito fue la causa directa de un daño ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Es difícil que pueda acreditarse perjuicio patrimonial. Quizás se podría alegar la pérdida de una posible compensación económica si, habiéndose producido un divorcio por falta imputable, el juez deniega dicha compensación conforme al inciso 2º del art. 62 de la ley Nº 19.947, de 2004, que permite disminuir o denegar del todo la compensación económica cuando el cónyuge beneficiario sea el culpable del divorcio. Pero si ese fuera el caso, bien se podría decir que la causa no fue la filtración de las imágenes de la infidelidad, sino la infidelidad misma. Además, lo más probable es que en un proceso de divorcio dichas imágenes no sean admitidas como prueba ya que fueron obtenidas violando derechos fundamentales y procederá su exclusión como prueba ilícita.

Quedará, en consecuencia, la opción de demandar por daño moral constituido por el dolor o sufrimiento psíquico causado por la humillación que le hizo su marido al conocer la infidelidad, el quiebre de su matrimonio y la separación de sus hijas. Pero nuevamente podría alegarse en contra que todas esas penas no provienen directamente de la filtración de las imágenes sino de su infidelidad y que la afectada no puede pretender que el ordenamiento jurídico tenga como misión ocultar las debilidades morales de los ciudadanos. Si la afectada obtuviera una indemnización por este tipo de daños se vulneraría el principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

La única partida de indemnización que podría ser aceptable sería la que correspondería a la humillación pública a que la sometió su marido al conocer las imágenes, ya que la ira de éste puede atribuirse, al menos en parte, a la forma en la que le fue revelado el adulterio de su cónyuge.

Aún así, no queda sino darle la razón a Raquel Argandoña, en lo referido a que la afectada se expuso imprudentemente al daño al realizar sus conductas infieles en un lugar público y además sabiendo o debiendo saber que existían cámaras de vigilancia. Deberá aplicarse en consecuencia una disminución de la indemnización que hubiere correspondido originalmente, conforme a lo que se ordena en el art. 2330 del Código Civil, según el cual “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Veremos si finalmente se ejerce la demanda anunciada por la señora sorprendida en adulterio, y cuál será la decisión de los tribunales.

Nueva reforma a la Ley de Donación de Órganos

31 marzo, 2019

Nuevamente el legislador, ante la disminución de donación de órganos para trasplantes, opta por coaccionar en vez de educar. La ley Nº 21.145, publicada en el Diario Oficial el 12 de marzo de 2019, modificó la ley Nº 19.451, de 1996, para cambiar una vez más las formas por las cuales las personas mayores de edad deberán ser consideradas donantes.

Hay que recordar que, inicialmente, la ley Nº 19.451 estableció la necesidad de que las personas manifestaran su voluntad de ser donante, lo que podía hacerse al renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir. El año 2010, por la ley Nº 20.413, se modificó la ley para establecer el criterio del donante universal, de modo que toda persona mayor de edad fue considerada donante por el solo ministerio de la ley, a menos que “renunciara” a su calidad de donante por manifestación expresa de voluntad, que podía hacerse por declaración en el Registro Civil o al obtener o renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir y de allí se inscribía en un Registro Nacional de No Donantes que se ordenaba llevar al Registro Civil. Como muchas personas manifestaron su voluntad negativa a la donación, una nueva reforma, esta vez, del año 2013, hecha por ley Nº 20.673, se impuso que la expresión de voluntad debía hacerse ante notario y el notario debía mandar ese documento al Registro de No Donantes.

Como se ha acumulado una gran cantidad de personas que aparecen registradas como no donantes y se alega que muchas de ellas no fueron conscientes de su decisión, ahora la ley Nº 21.145 ha dispuesto que los que renunciaron a su condición de donante deberán ratificar su voluntad de no ser donantes en el plazo de un año, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se les considerará donantes por el solo ministerio de la ley.

La regulación se contiene en dos artículos transitorios. El primero dispone que “dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las normas establecidas en la ley N° 20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, un notario público o el funcionario respectivo al momento de solicitar la renovación de la cédula de identidad o licencia de conducir” (art. 1 trans inc. 1º ley Nº 21.145).

Como se señala que se trata de personas que hayan manifestado su voluntad de no ser donantes conforme con la reforma de la ley 20.413, debemos entender que se refiere sólo a los que declararon tal intención desde que entró en vigencia dicha ley el 15 de enero de 2010 hasta que entró en vigor la ley Nº 20.673, el 1º de octubre de 2013. No incluye, en consecuencia, a las personas que expresaron esa voluntad mediante declaración notarial como lo prescribió la ley Nº 20.673. Por ello es equivocada la referencia que la norma realiza al notario público, ya que conforme a la ley 20.413 no se permitía expresar la voluntad ante este funcionario. Tampoco incluiría a las personas que manifestaron su voluntad de no donar al obtener la cédula de identidad o licencia de conducir, ya que la norma se refiere únicamente a quienes manifestaron la voluntad al “solicitar la renovación” de dichos documentos.

La norma agrega que “En este último caso, aquel deberá informar al declarante su calidad de no donante de órganos y los alcances de la renuncia a dicha condición” (art. 1 trans inc. 1º ley Nº 21.145). Hemos de entender que la expresión “en este último caso” no se refiere a la ratificación en el momento de renovar la cédula o licencia, si no a la opción de ratificar la voluntad de no ser donante. Por lo tanto el “aquel” debe referirse no sólo al funcionario ante el cual se solicita la renovación, sino también al funcionario del Registro Civil y el notario. Todas estas personas, por tanto, deben informar al declarante que quedará registrado como no donante y los “alcances” de esa renuncia. Seguramente la ley pretende que se informe al renunciante que en caso de necesitar un órgano y estar en las mismas condiciones de otro receptor que sí es donante, se preferirá a este último, conforme a lo previsto en el art. 2 bis inc. 9º de la ley Nº 19.451.

Enseguida se dispone que “efectuado lo anterior, de mantener su decisión el declarante, el funcionario deberá pedir la mencionada ratificación, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes.” (art. 1 trans inc. 1º ley Nº 21.145). Es curioso que la norma hable de que el funcionario “deberá pedir” la ratificación. Es obvio, que si después de la información proporcionada el declarante no retira su renuncia debe considerarse ratificada su voluntad. En tal caso, deberá comunicarse esa decisión al Registro Nacional de No Donantes y ella se anotará al margen de la inscripción que la misma persona tiene en el referido Registro.

Si vence el plazo del año y el que estaba inscrito como no donante no ratifica su voluntad, su condición es cambiada a la de donante: “Transcurrido dicho plazo, sin haber manifestado voluntad, se entenderán que son donantes universales de órganos para todos los efectos legales” (art. 1 trans inc. 3º ley Nº 21.145).

En caso de que durante el plazo el registrado como no donante falleciera sin confirmar su renuncia, la ley le deja la decisión a la “familia”: “Si el no donante falleciere dentro del mismo plazo será la familia la encargada de informar la última voluntad del occiso” (art. 1 trans inc. 4º ley Nº 21.145). Cuando aquí la norma se refiere a “la familia” hemos de entender que se refiere a las personas y al orden de prelación contenido en el art. 2º bis inc. 3º de la ley.

Vencido el plazo el Registro Civil debe depurar el Registro de No Donantes para que los que no hayan ratificado no figuren como personas no donantes. La ley da un plazo de 180 días: “El Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá ciento ochenta días corridos, contados desde el vencimiento del plazo señalado en el artículo precedente, para actualizar y consolidar los datos del Registro Nacional de No Donantes, de modo que éste solamente consigne aquellas manifestaciones de voluntad realizadas en los términos del inciso segundo del artículo 2° bis de la ley N° 19.451 y del inciso primero del artículo anterior, según corresponda” (art. 2 trans ley Nº 21.145.). La norma parece demasiado drástica porque da la impresión de que ordena rehacer completamente el Registro, lo que puede ser muy riesgoso ya que una vez reconstruido el Registro no podrían rectificarse los posibles errores que se cometan en esa delicada operación. Tampoco se entiende la utilidad de esta reconstrucción, ya que será claro que la persona inscrita en un determinado período de tiempo que no tenga una anotación de ratificación será donante. Al reconstruir el Registro también se borrarían todas las ratificaciones con los datos de cómo, dónde y cuándo se realizaron. Siendo esto absurdo, hemos de entender que lo que el legislador ha querido es que el Servicio disponga de un listado de no donantes vigentes en forma paralela al Registro, de manera que sea sencillo de comunicar cuando se requiera esa información.

Finalmente, hay que señalar que la ley ha agregado un deber para el Ministerio de Salud de notificar a los posibles ratificantes sobre su derecho a ratificar su voluntad de no ser donantes. Dice la norma: “El Ministerio de Salud informará, mediante carta certificada o cualquier otro medio de comunicación efectivo, a cada una de las personas que en virtud del inciso anterior estén obligadas a ratificar su condición de no donante, que deberán hacerlo dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley” (art. 1 trans inc. 2º ley Nº 21.145). Por de pronto, debe notarse que aquí el legislador trasluce claramente que está imponiendo una nueva obligación, ya que la comunicación del Ministerio debe informar que estas personas están “obligadas a ratificar”, lo que “deberán” hacer en el plazo de un año. Están obligadas a ratificar si quieren que la ley no los convierta por su sola imposición en donantes.

Nada dice la ley, sin embargo, sobre cuál será la sanción en caso de que esta notificación no se haga o se haga defectuosamente (por ejemplo, la carta certificada se envía a un domicilio que ya no es el de la persona obligada a ratificar). Por cierto, esto podrá generar sanciones disciplinarias o administrativas, pero la duda es si la persona que no fue informada legalmente podría alegar que, al no tener oportunidad para manifestar su voluntad de ratificar, su exclusión del Registro de No Donantes ha de ser considerada inválida.

La reforma incluye también modificaciones a la normativa permanente de la ley Nº 19.451, básicamente referidos a la intervención de los familiares del difunto que podría ser donante de órganos y cuándo debieran ser consultados. Se mantiene la regla de que ello procederá cuando existe “duda fundada” sobre la condición de donante del fallecido. Se agrega ahora el caso de que exista duda sobre la vigencia de la renuncia, de modo que “En caso de existir duda fundada respecto a la renuncia de la condición de donante o a la vigencia de ella, se deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos del fallecido, por orden de prelación, a las siguientes personas:…” (nuevo inc. 3º art. 2 bis ley Nº 19.451). Pero más adelante se dispone que “se entenderá que existe duda fundada respecto de la condición de donante por el hecho de pertenecer al Registro Nacional de No Donantes a que se refiere la ley Nº 20.413, o de presentar ante el médico encargado del procedimiento documentos contradictorios” (nuevo inciso 4º del art. 2 bis ley Nº 19.451). Lo de los documentos contradictorios ya existía en la ley anterior, pero resulta enigmático el que se señale que existe duda fundada para todos los que figuren en el Registro Nacional de No Donantes. Esto significa que los familiares podrían contrariar la voluntad de quien conforme a la ley ha manifestado no querer ser donante y con ello se contradice la norma que la misma reforma incorpora a la ley Nº 19.451 en el sentido de que “en todo caso, siempre se deberá respetar la voluntad de la persona, tanto de la inscrita en el Registro Nacional de No Donantes, como de la no inscrita, que de conformidad a la ley, se considera como donante” (art. 2 ter ley Nº 19.451). Pero debe notarse que la ley señala que se refiere a los inscritos en el Registro “a que se refiere la ley Nº 20.413”, por lo que debe concluirse que la duda sólo se aplicará respecto de aquellos que se hayan inscrito en virtud de dicha ley y que no ratificaron su voluntad.

Si no se encuentran parientes directos del difunto que acrediten su condición de no donante al momento de la muerte, la ley dispone que “se tendrá por su voluntad presunta la de ser donante” (art. 2 bis inc. 6º ley Nº 19.451). Aquí el legislador incurre en el error de tratar como “parientes” al cónyuge y al conviviente civil, que, como se sabe, no son parientes entre sí. Habrá que interpretar que se refiere a los familiares del listado que aparece en el inciso 3º del art. 2 bis. El problema es qué se entiende por acreditar la condición de no donante: parece lógico que siendo público el Registro Nacional de No Donantes, en ausencia de familiares, e incluso en su presencia, el médico o el establecimiento donde se encuentre el fallecido puede pedir información al Registro Civil sobre si dicha persona está inscrito como no donante. Si lo está, deberá primar la disposición del art. 2 ter que imperativamente manda respetar dicha voluntad.

Si existen dichos familiares y están presentes, a los que ahora la reforma agrega al “conviviente civil” (letra a, inc. 3º art. 2 bis ley Nº 19.451), parece claro que si el fallecido está inscrito en el Registro Nacional de Donantes (depurado después de los procesos ordenados por los artículos transitorios), los familiares no podrán contrariar esa voluntad, conforme al deber que se contiene en el art. 2 ter.

En caso de que el fallecido no se encontrara inscrito en el Registro, en principio se lo considerará donante y bastará que esa condición se le informe a los familiares, como lo dispone el nuevo inc. 5º del art. 2 bis: “Cuando el difunto no estuviere inscrito en el Registro Nacional de No Donantes se presumirá su voluntad de ser donante. En tal caso, los familiares serán informados acerca del procedimiento a seguir”. No será necesario informar a los familiares si estos no se encuentran: “en ausencia de todas las personas señaladas en el inciso tercero, …. se respetará la condición de donante presunto del fallecido y se dispondrá de esos órganos para su mejor aprovechamiento” (inc. 8º art. 2 bis ley Nº 19.451).

La norma contiene, empero, una disposición sorpresiva porque condiciona la extracción del órgano a que no haya habido oposición de los familiares: “en ausencia de todas las personas señaladas en el inciso tercero o no habiendo manifestado los mismos la voluntad de oponerse a la donación entre el momento de la certificación inequívoca de la muerte encefálica y el que antecede a aquel en que los órganos dejan de ser útiles para ser trasplantados exitosamente, se respetará la condición de donante presunto del fallecido y se dispondrá de esos órganos para su mejor aprovechamiento” (inc. 8º art. 2 bis ley Nº 19.451). A contrario sensu, habrá que concluir que la ley reconoce a los familiares de una persona que no está inscrita en el Registro y que por ende debe presumirse donante, el derecho a oponerse a la donación, caso en el cual no podrá llevarse a efecto la extracción del órgano. De esta forma, la reforma borra con el codo lo que escribió con la mano, porque no se necesitará de duda fundada para que sea necesario consultar a los familiares, ya que estos siempre podrán oponerse conforme a lo previsto en esta norma.

Debemos señalar que esta conclusión nos parece positiva y realista: ningún médico va a proceder a extraer órganos si la familia del difunto se opone, por mucho que la ley lo repute donante.

Finalmente, digamos que la reforma explicita un deber para el médico y un derecho para los no donantes. El médico tratante estará obligado a “notificar a la respectiva Unidad de Coordinación de Procuramiento de Órganos y Tejidos, acerca del estado de muerte encefálica del paciente” (art. 2 quater ley Nº 19.451). En caso de incumplimiento se podrá hacer efectiva responsabilidad administrativa y civil según sea el caso, además de la que señala el art. 491 del Código Penal, respecto del médico que causare mal a las personas por negligencia culpable en el desempeño de su profesión. Esta responsabilidad penal como la civil exigen un resultado dañoso que debería consistir en que alguien falleciera o se agravara por no haber dispuesto del órgano, pero la relación causal será muy difícil de determinar.

Un derecho para el no donante, incluso el que ha ratificado su voluntad conforme a los artículos transitorios, es el de dejar sin efecto esa declaración: “Todo aquel que en vida desee revocar su inscripción en el Registro Nacional de No Donantes puede hacerlo en cualquier momento, expresando dicha voluntad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación” (nuevo inc. 3º art. 15 ley Nº 19.451).

Nos tememos que esta reforma, además de por sus inconsistencias y oscuridades, no tendrá los resultados que se espera de ella. Esperemos que por fin entonces los políticos se den cuenta que las donaciones de órganos no se incrementarán a fuerza de leyes que intenten obligar a la gente a ser virtuosa. Como ya lo hicimos ver cuando comentamos la reforma del 2013 (https://corraltalciani.wordpress.com/2012/02/27/antigona-y-la-donacion-de-organos/), mientras más coactivo sea el procedimiento más desconfianza generará y más resistencia a ser donante de órganos y a que los familiares de un difunto consientan en la extracción de sus órganos con fines de trasplante.

Corte Interamericana y cosa juzgada

24 marzo, 2019

Para el día 22 de abril de 2019 ha sido convocado el Pleno de la Corte Suprema con el objeto, según explicó el Ministro Lamberto Cisternas, vocero de la Corte, de estudiar cómo dejar sin efecto varias sentencias penales ya ejecutoriadas en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana en el caso “Norín Catrimán y otros (dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile”, de 29 de mayo de 2014. Dicho fallo condenó al Estado de Chile por violación de los derechos humanos previstos en la Convención Americana o Pacto de San José y, entre otras cosas, resolvió que “el Estado debe adoptar, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, José Benicio Huenchunao Mariñán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles sobre las cuales la Corte se pronunció en esta Sentencia” (Nº 422 de la sentencia).

Se trata de cuatro sentencias condenatorias firmes derivadas de procesos juzgados por el Tribunal Oral en la Penal de Angol por diversos delitos cometidos en la Araucanía. Concretamente, las sentencias constataron delitos de amenazas de quemar el predio San Gregorio por las cuales fue condenado Segundo Aniceto Norín Catrimán; amenazas de incendio del predio Nancahue por las cuales fue condenado Pascual Pichún Paillalao; incendio en los fundos Poluco y Pidenco por el cual fueron condenados Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Roxana Troncoso Robles; y quema de un camión propiedad en el sector Alto Bío Bío, por la cual fue condenado Víctor Ancalaf Llaupe.

Según el ministro vocero, una posibilidad que se estudiaría en el pleno para dejar sin efectos estas condenas sería la de dictar un autoacordado que regulara un procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana.

Se comprende que el anuncio haya generado inmediata inquietud y polémica porque es sabido que la cosa juzgada es una de las instituciones más preciadas del ordenamiento jurídico chileno.

A nuestro juicio, hay numerosas razones para pedir a la Corte Suprema que se abstenga de dar reglas o medidas para violar la cosa juzgada y revocar estas sentencias. Unas se refieren a la nulidad de esta parte de la sentencia de la Corte Interamericana y otras a la falta de competencia de la Corte Suprema para revocar sentencias firmes o establecer normas tendientes a ello.

Partamos por lo primero. Como ha señalado la Corte Suprema argentina en el caso denominado Min./Fontevecchia, en que por sentencia de 14 de febrero de 2017, se negó a dejar sin efecto una sentencia suya firme como lo había mandado la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado del cual emana la competencia de la Corte Interamericana no le da atribuciones para revocar u ordenar la revocación de sentencias firmes. Nótese que en el caso argentino se trataba de una sentencia por responsabilidad civil, mientras que ahora en nuestro caso se trata de fallos penales.

Los términos mismos del tratado, elemento fundamental de la interpretación según la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 (art. 31), en ningún momento se refieren a una atribución tan intrusiva como sería ordenar que se viole la cosa juzgada de las sentencias de procesos judiciales internos. El art. 63 de la Convención, que explicita las facultades resolutivas que tiene la Corte una vez que ha constatado la violación de algún derecho humano, señala expresamente lo que sigue: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (art. 63.1 Convención).

Como se ve, las medidas deben estar orientadas a garantizar que la persona lesionada siga gozando del derecho o libertad que le fue violada y, cuando fuere procedente, que se reparen las consecuencias del hecho, incluido el pago de una indemnización a la parte lesionada. Se trata por tanto de medidas en dos frentes: para el futuro y para el pasado. Para el futuro, que se garantice que la víctima pueda seguir gozando de su derecho y no se repitan violaciones como las constatadas. Para el pasado, se trata de medidas que intenten reparar las consecuencias dañosas de la violación, entre las cuales puede estar una indemnización en dinero. En parte alguna la norma autoriza a la Corte Interamericana a dejar sin efecto sentencias judiciales ejecutoriadas de derecho interno. Lo que puede hacer la Corte es adoptar medidas de reparación de sus efectos, como por ejemplo disponer que salgan en libertad los condenados que estén en prisión por la sentencia, ordenar que se cancelen los antecedentes penales derivados de dichas sentencias, imponer la realización de actos públicos de desagravio, exigir la publicación de la sentencia en medios oficiales del Estado, etc.

Lo que los términos del tratado, interpretados de buena fe y conforme al objeto y fin del mismo, claramente evidencian, se ve reflejado en la historia del establecimiento de la norma. Si bien en un comienzo en los trabajos preparatorios se hablaba sólo de indemnización al lesionado y luego se fue ampliando hasta llegar al tenor actual, lo cierto es que jamás se mencionó ni se discutió la posibilidad de que la Corte pudiera tener competencia para pasar a llevar el principio de la cosa juzgada de los ordenamientos internos exigiendo la revocación de sentencias judiciales firmes.

Si se atiende al fin y objeto del tratado, la conclusión se reafirma. Estamos frente a una jurisdicción internacional de carácter subsidiario y complementario, no sustitutiva de la jurisdicción nacional. Por ello es que el tratado exige, para que una persona reclame una violación de algún derecho de la Convención –lo que debe hacerse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– que se hayan agotado todas las instancias y recursos judiciales de jurisdicción estatal (arts. 46.1,a y 61 Convención). Sería absurdo exigir esto para después permitir que la Corte invalide todo lo obrado y desconozca la misma jurisdicción que el tratado pidió completar para habilitar a la Corte a juzgar. Si así fuera la Corte Interamericana se transformaría, como dice la Corte Suprema argentina, en una tercera o cuarta instancia, con el agravante de que en esa instancia no participan las partes del proceso interno, sino únicamente la Comisión de Derechos Humanos y el Estado, sin perjuicio de que también son oídos y pueden presentar prruebas los que alegan haber sido lesionados en sus derechos (art. 40 Reglamento de la Corte). Es decir, las personas que fueron contraparte de los reclamantes en el proceso interno (por ejemplo, los querellantes o víctimas en el proceso penal) serían dejadas en indefensión ya que según el tratado no pueden constituirse en parte del proceso internacional. Si fuera así, la misma Corte estaría infringiendo el derecho de toda persona a ser oída para la determinación judicial de sus derechos y obligaciones (art. 8.1 Convención).

Establecida así la falta de competencia de la Corte Interamericana para ordenar que se revoquen o se reabran procesos concluidos por sentencia ejecutoriada, debe señalarse que la sentencia en esa parte es nula de pleno derecho y no se aplicará a su respecto lo que dispone la Convención sobre la obligatoriedad de los fallos: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (art. 68 Convención), porque se entiende que este deber sólo se aplica respecto de una decisión adoptada dentro del marco de las atribuciones que le son concedidas por el tratado.

Suponiendo, para efectos hipotéticos, que la decisión de la Corte Interamericana estuviera dentro de la órbita de sus atribuciones, porque como defienden varios autores se trataría de una medida de reintegración o reparativa que puede incluirse en el art. 63 de la Convención (por ejemplo, Gialdino, Rolando E., “Incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Estudios Constitucionales 15, 2017, 2, pp. 491-532; en Chile, Nash, Claudio, “Suprema Argentina y Corte Interamericana. ¿Un nuevo integrante del club de la neo-soberanía?”, en Diario Constitucional, Ver aquí), hemos de señalar que no corresponde que la Corte Suprema chilena proceda a cumplir dicha sentencia ni menos a establecer procedimientos para ello mediante autoacordados.

Hay que observar, en primer lugar, que la sentencia de la Corte Interamericana va dirigida al Estado de Chile y no a ninguno de sus órganos en particular, por lo que resulta curioso que la Corte Suprema se entienda interpelada por la sentencia del caso Norín Catrimán. Es cierto que el art. 5 inc. 2º de la Constitución señala que todos los órganos del estado deben respetar y promover los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, pero se entiende que ello debe hacerse en el marco de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere a cada órgano. Tratándose de la sentencia de un organismo internacional como la Corte Interamericana, la forma en que se cumple lo resuelto debe ser determinado por el Presidente de la República ya que es a él a quien la Constitución le ha entregado en exclusiva la dirección de las relaciones internacionales del Estado de Chile (art. 32 Nº 15 Const.).

Además, la reapertura de procesos terminados por sentencia que produce cosa juzgada es algo terminantemente prohibido por la Constitución, que señala que ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” (art. 76 Const.). Parece obvio que si ni el Presidente ni el Congreso, ni ambos juntos, pueden violar la cosa juzgada y reabrir un proceso ya terminado por sentencia firme, tampoco lo podrá hacer la Corte Suprema.

Tampoco corresponde que se dicte un autoacordado dando reglas generales sobre cómo proceder en casos como éste, ya que en el mejor de los casos ese autoacordado sería inconstitucional por invadir las competencias exclusivas del legislador, considerando que se reserva a la ley las materias que son objeto de codificación procesal (art. 63 Nº Const.). Y recuérdese que después de la reforma de 2005, los autoacordados de la Corte Suprema pueden ser impugnados por vulnerar la Constitución (art. 93 Nº 2 Const.).

Queda la duda de si podría la Corte utilizar la vía del recurso de revisión, que como sabemos procede justamente para revocar sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal (arts. 473 y ss.). Hay que señalar que en un caso semejante anterior en el que la Corte Interamericana mandó establecer algún mecanismo para revisar o anular sentencias dictadas por Consejos de Guerra del año 1974 y 1975 (Maldonado y otros con Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015). En esta ocasión, a petición del Consejo de Defensa del Estado, el Fiscal de la Corte Suprema presentó un recurso de revisión de las señaladas sentencias, que fue acogido por dicha Corte (3 de octubre de 2016, rol Nº 27.543-2016). La sentencia se basó en la causal de revisión consistente en que “con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fuere de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado” (art. 657.4 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y hoy reproducida en el art. 473 letra d del Código Procesal Penal). Por cierto, esto da una mejor presentación a la gestión, pero no está exenta de crítica, por varias razones. En primer lugar, porque no se da ninguna de las causales que la ley establece para la revisión que, por ser un recurso extraordinario, deben ser interpretadas restrictivamente. La causal de la letra d) del art. 473 del Código Procesal Penal no puede aplicarse a la sentencia de la Corte Interamericana en el sentido de que habría un nuevo documento, porque la ley obviamente habla de documentos que existían ya durante el proceso pero que fueron conocidos más tarde. Enseguida, las sentencias de la Corte Interamericana se limitan a señalar que hubo violación de derechos en la sustanciación de los procesos, pero nada dicen sobre la culpabilidad o inocencia de los condenados por los delitos que se les han imputado.

Además, es claro que la Corte no tendría libertad alguna para rechazar el recurso de revisión ya que él se ha planteado con el único objetivo de cumplir con el imperativo de la sentencia de la Corte Interamericana, que sólo se logra en caso de acogimiento. Se observa, entonces, que no habría en este caso ningún ejercicio real de la jurisdicción, y se trataría simplemente de dar formalidad legal a una anulación que ya estaba previamente decidida (cfr. Ried Undurraga, Ignacio, “Revisión de la Corte Suprema de las sentencias de la causa rol 1-73 ‘Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros’ en cumplimiento de lo ordenado por la CIDH”, en Sentencias destacadas 2016, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, 2017, pp. 293-315).

De esta manera, pareciera que la única forma de dar cumplimiento a la sentencia, si es que se la considera válida, lo que–insistimos– es más que dudoso, sería que se dictara una ley que regulara la forma y el procedimiento para que se deje sin efecto las sentencias judiciales. Es lo que ha ocurrido en España en que la Ley Orgánica 7 de 21 de julio de 2015, modificó diversos cuerpos legales para autorizar la revisión de sentencias que hayan sido objeto de condena por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión” (art. 5 bis Ley Orgánica del Poder Judicial). Pero para esta vía asoma una dificultad no menor: una ley que regulara esta especial revisión no podría tener efecto retroactivo y sólo debería alcanzar a las sentencias que alcancen autoridad de cosa juzgada con posterioridad a su entrada en vigor.

Pero la verdad es que la propia Corte Interamericana ha admitido que lo que busca no es que se revoquen las sentencias, sino que se eliminen o neutralicen sus efectos. Así en resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Fontevecchia (18 de octubre de 2017), si bien insiste en que tiene la competencia para disponer que se dejen sin efecto sentencias, señala que “en el cumplimiento del deber de ‘dejar sin efecto’ las sentencias internas que se determinaron en la Sentencia del presente caso como violatorias de la Convención Americana, correspondía a Argentina identificar cuáles acciones implementar o por cuál vía de su derecho interno podía cumplir con lo ordenado por este Tribunal. En su decisión la Corte Suprema [argentina] interpretó que lo solicitado era ‘sinónimo de revocar’ la sentencia emitida por dicho tribunal interno en el 2001… Al ordenar esta reparación la Corte Interamericana no indicó que para cumplirla el Estado tuviera necesariamente que ‘revocar’ dichos fallos. Es por ello que en el párrafo 105 de la Sentencia se dispuso que el Estado debía adoptar ‘las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias” para ‘dejar sin efecto’ tales sentencias’” (Nº 16). De esta manera, señala que ese “dejar sin efecto” puede traducirse en diversas acciones que no implican necesariamente anular o revocar las sentencias, como puede ser la eliminación de los antecedentes tratándose de sentencias penales (Nº 20) y en procesos civiles “el Estado podría adoptar algún otro tipo de acto jurídico, diferente a la revisión de la sentencia, para dar cumplimiento a la medida de reparación ordenada, como por ejemplo la eliminación de su publicación de la páginas web de la Corte Suprema de Justicia y del Centro de Información Judicial, o que se mantenga su publicación pero se le realice algún tipo de anotación indicando que esa sentencia fue declarada violatoria de la Convención Americana por la Corte Interamericana” (Nº 21).

Incluso respecto de nuestro mismo país, la Corte declaró suficiente para dejar sin efecto una sentencia penal condenatoria que se hayan eliminado los antecedentes penales mediante resolución del Director del Registro Civil. Es lo que sucedió en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, como consta de la resolución de supervisión de cumplimiento de fecha 30 de noviembre de 2007 (Nº 20-22 y Declaración 1, letra d).

Siendo así, parece no sólo jurídicamente improcedente sino carente de toda utilidad, que la Corte Suprema entre a determinar cómo debieran anularse sentencias penales ejecutoriadas, por mucho que la Corte Interamericana haya ordenado “dejarlas sin efecto” que, como la misma Corte expresa, no requiere que ellas sean revocadas.