Archive for the ‘Derecho Civil’ category

“Le pondrás por nombre Jesús”

28 diciembre, 2014

Estas fiestas navideñas nos dan ocasión para hacer algunas consideraciones sobre el nombre de las personas. Y es que el niño que nace en Belén no es un ser humano anónimo, sin nombre, sino una persona que tiene un nombre propio que la identifica como alguien singular, concreto y real, diferenciable de otros individuos. Según los Evangelios este nombre no fue elegido por María y José, sus padres en la tierra, sino por el mismo Dios. El Arcángel Gabriel, cuando lleva el anuncio a María que ha sido elegida como madre del Mesías, le dice: “concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lc. 1, 31). José, el esposo de María, no queda al margen de este designio: el ángel que le revela la razón por la cual María está embarazada, le dice: “lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús” (Mt. 1, 20-21). Siguiendo las costumbres judías, José cumplirá esta voluntad divina, al momento de la circuncisión del niño, que tuvo lugar a los ocho días del nacimiento, probablemente en la misma localidad de Belén. Dice el Evangelio de Lucas: “Cuando se cumplieron los ocho días para cincuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno”.

Vemos, pues, que el nombre jurídico y civil de aquel a quien el apóstol Juan en su Evangelio llama “el Verbo de Dios” es considerado un detalle de mucha importancia y significación. La fórmula hebraica completa del nombre es Iehosuah, que contiene el anagrama del nombre de Dios que según el libro del Éxodo fue revelado a Moisés en el monte Horeb: YHWH, el que completado con vocales dará origen al término de Yahvé, que significa: “Yo soy el que soy” (cfr. Ex. 3, 11-14). Pero al anagrama se agrega una afirmación, que significa “salva”. El nombre elegido quiere decir “Yahvé (Dios) salva”. Así lo explica el Evangelio de Mateo al señalar que el ángel dice a José que el niño se llamará Jesús “porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1, 21).

Iehosuah, el nombre elegido, es abreviado como Iesuah y de esta abreviación hebrea, viene el griego Iesous. Cuando el nombre se traduce al latín se convierte en Iesus, y de allí deriva la palabra con el que lo conocemos en los principales idiomas modernos derivados del latín: Jesús (castellano), Jesus (alemán y portugués), Gesù (italiano), Jésus (francés).

Sobre la naturaleza jurídica del nombre de las personas la doctrina francesa ha formulado diversas teorías y este debate ha sido replicado por los civilistas chilenos. Al enfatizar el derecho a excluir a otros en el uso del propio nombre, algunos pensaron que las personas tienen la propiedad de las palabras que constituyen su apelativo; una segunda teoría pone el acento en la fuente ordinaria de los componentes familiares del nombre (los apellidos) y considera que se trata de un elemento determinado por la filiación; en tercer lugar, y fijándose en la función social del nombre, se sostiene que se trata más bien una institución de policía civil que permite la identificación de las personas. Todas estas teorías han merecido críticas de las que ha surgido la opinión común de que el nombre es, por sobre todo, un atributo de la personalidad uniéndose así a conceptos fundamentales en la constitución jurídica de la persona, como la nacionalidad, la capacidad, el estado civil, el domicilio y el patrimonio. Además de atributo de la personalidad, el nombre es objeto de un derecho de la personalidad, en el sentido de que toda persona, especialmente la persona natural, tiene derecho a tener un nombre que la identifique en el conjunto social. Este derecho ha sido reconocido por la Convención de Derechos del Niño, que en su art. 7.1 dispone que “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre…”. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe, en su art. 24.2, que “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”.

No sorprende, así, que el misterio cristiano de la Encarnación, es decir, que Dios ha asumido plenamente la humanidad en una persona, implique que ésta reciba un nombre como cualquier otro ser humano. Aunque el nombre elegido es muy significativo sobre la realidad de su ser y su misión, no se trata de un nombre exótico o extravagante respecto de lo que era la cultura hebrea de su tiempo. El apelativo “Jesús” era un nombre ya conocido y utilizado. En la misma genealogía del niño de Belén que trae el Evangelio de San Lucas se menciona un antepasado con el mismo nombre (Lc. 3, 29) y San Pablo en sus cartas alude también a otro Jesús, que lleva como añadido el calificativo de “el justo” (Col. 4, 11).

Una señal más de la humildad con la que en la noche de Navidad se presenta este Cristo, que viene a salvarnos, no con majestad y poderío sino con amor, ternura sencillez. El Papa Francisco en su homilía de la Misa de Noche Buena del 24 de diciembre de 2014 destacó esta característica del nacimiento: “¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy! Paciencia de Dios, cercanía de Dios, ternura de Dios… Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: «Señor, ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto»” (Ver texto completo).

Los mellizos de Alberto de Mónaco y la regla sobre partos múltiples

14 diciembre, 2014

Después de diez años de asumir el trono del Principado de Mónaco y más de tres desde su matrimonio, Alberto cuenta ya con un descendiente que podrá continuar la dinastía de los Grimaldi sobre el pequeño estado europeo. En realidad, Alberto ya tenía hijos pero ellos no podían sucederle, conforme a la Constitución monegasca, reformada en este punto el año 2002, por no tratarse de hijos legítimos nacidos en matrimonio.

Pero en vez de los tradicionales 21 cañonazos debieron dispararse el doble: 42. La mujer de Alberto, Charlene, dio a luz mellizos y además de distinto sexo: un niño y una niña. La corona, siendo unipersonal, no puede ser compartida, de allí que era necesario determinar cuál de los dos hijos tenía derecho a ella.

No hubo mayor dificultad para resolver la duda. El art. 10 de la Constitución de Mónaco señala expresamente que “La sucesión al Trono, abierta a consecuencia de muerte o abdicación, se da en la descendencia directa y legítima del Príncipe reinante, por orden de primogenitura con prioridad masculina en el mismo grado de parentesco” (ver texto en francés). En el caso, la primogenitura favorecía a la niña, Gabriella, ya que nació dos minutos antes que su hermano, Jacques. Pero, estando ambos en el mismo grado de parentesco: consanguinidad en segundo grado de la línea colateral, el varón goza de prioridad por sobre la mujer. De esta forma, el nuevo heredero al Trono del Principado de Mónaco, es el pequeño Jacques Honoré Rainier, quien recibió también el título de marqués de Baux.

Las reglas sobre primogenituras y distinción de sexos en la sucesión de derechos han perdido la importancia que tuvieron en siglos anteriores. Gran parte de su relevancia se perdió con la extinción de los mayorazgos y las vinculaciones. Junto con ello nuestro Código Civil expresamente señaló que ni el sexo ni la primogitura se tomarían en cuenta para regular la sucesión intestada (art. 982).

Pero la cuestión puede surgir tratándose de disposiciones contractuales o testamentarias que se hagan teniendo en cuenta alguno de esos factores. Por ejemplo, si se deja un legado, se hace una donación o se constituye un fideicomiso en beneficio del primer hijo o de la primera hija que tenga una determinada persona o que nazca de un cierto matrimonio.

Al aplicar la disposición contractual o testamentaria no hay problemas en determinar si se cumple el sexo previsto por el estipulante o testador. En cambio, podría darse incertidumbre sobre la primogenitura, tratándose de partos múltiples, es decir, aquellos de los que nacen dos o más niños (gemelos, mellizos, trillizos, etc.), si no hay constancia de cuál de los niños fue dado a luz primero o el orden de los nacimientos no puede ser legalmente acreditado.

En tal caso, nuestra doctrina civil ha puesto la atención en un precepto que se encuentra en la regulación del censo. Se trata del art. 2051 del Código Civil que se pone en el supuesto de que en un censo de transmisión forzosa que debe deferirse al primogénito, se produce un parto múltiple y se debe establecer cuál de los niños es el mayor. La norma establece: “Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en conformidad al acto constitutivo. – Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto”.

Los autores señalan que esta regla debe aplicarse por analogía a todo derecho que, por voluntad de las partes o del testador, deba asignarse a un primogénito o primogénita, si se da una pluralidad de niños que son alumbrados en el mismo parto. En primer lugar, deberá otorgarse el derecho al niño que nazca en primer lugar, esto es, con arreglo al art. 74 del Código Civil, al que primero haya sido separado completamente de su madre, siempre que haya sobrevivido un momento siquiera a esa separación. Si no es posible determinar el orden de los nacimientos, el derecho se dividirá por partes iguales entre todos los nacidos del mismo parto.

La doctrina nacional no se pone en el caso de que se trate de un derecho indivisible, como sucede en el caso de los hijos del Príncipe Alberto, y en verdad no es fácil que ello ocurra en el campo de los derechos que son objeto de disposiciones contractuales o testamentarias. Incluso tratándose de un especie o cuerpo cierto, físicamente indivisible (un caballo, una joya), siempre es posible la división del dominio en cuotas intelectuales. Si se diera el caso de un beneficio o derecho indivisible incluso cuotativamente, y no pudiere determinarse quién es el niño que nació primero, la condición deberá tenerse por fallida y el derecho no será asignado a ninguno de los nacidos del parto múltiple.

Responsabilidad del comprador de autos por multas empadronadas y obligaciones propter rem

7 diciembre, 2014

Se da el nombre de obligaciones propter rem a aquellas que nacen del hecho de tener la propiedad o algún otro derecho real sobre una cosa. Son obligaciones cuyo deudor se determina no por que él las haya personalmente contraído, sino porque ha adquirido una cosa o un derecho sobre ella. Por eso, algunas las llaman obligaciones reales, otros que dudan sobre su genuina naturaleza obligacional hablan de cargas reales; también se les denomina obligaciones ambulatorias. En todo caso, se trata de obligaciones que se observan con bastante frecuencia en el tráfico jurídico. Pueden mencionarse varios ejemplos: son obligaciones propter rem las que tienen los comuneros en razón de compartir la propiedad de una cosa, así como algunas obligaciones que nacen del dominio y que nuestro Código Civil calificó como “servidumbres legales”, entre ellas destacan las obligaciones que nacen de la medianería. También el usufructuario es obligado a pagar las obligaciones usufructuarias que afecten la cosa. En la copropiedad inmobiliaria son múltiples las obligaciones que nacen sólo por el hecho de ser propietario de una unidad, entre las cuales está la de pagar los gastos comunes. Las obligaciones propter rem operan también en el campo del derecho público: así, el impuesto territorial obliga al propietario del bien raíz afecto y las multas que se cursan por infracción a las reglas del tránsito afectan al propietario del vehículo, aunque no fuera el conductor que cometió la infracción.

Sobre este último supuesto ha intervenido el legislador mediante la ley Nº 20.795, publicada en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2014. El problema que se ha querido solucionar dice relación con los llamados partes empadronados, que son multas que se cursan después de captar las infracciones con cámaras o radares sin la presencia del infractor. En estos casos, la denuncia va al Juzgado de Policía Local competente el que debe avisar al propietario del vehículo por carta certificada y, a falta de pago, ordenar que la multa se inscriba en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas que actualmente lleva el Registro Civil. Muchas veces sucede que el dueño del vehículo no se entera hasta la siguiente renovación del permiso de circulación en el mes de marzo. En ese momento se le exige que las multas pendientes se paguen para que pueda concederse el permiso (art. 24 de la Ley Nº 18.287 y art. 3 letra e, del Reglamento del Registro contenido en el D. Sup. Nº 152, Ministerio de Transportes, de 2000).

Pero si entre tanto el auto era vendido, quien debía afrontar con el pago era el comprador, justamente porque, al tratarse de una obligación propter rem, seguía a la cosa conectada con la obligación. Por cierto, el comprador podría repetir contra su vendedor o ejercer acciones por vicios redhibitorios pero todo esto le implicaba gastos y problemas. Es cierto que un comprador diligente podía pedir un certificado de multas al Registro para conocer las infracciones con las que debería hacer frente en caso de adquirir el dominio y, en caso de haberlas, negociar el monto del precio. Pero aún así podía quedar en indefensión porque era posible que al momento en que se pidiera el certificado no estuviera inscrita una multa que había sido ya cursada pero que, por demoras en la gestión del proceso, viniera sólo a inscribirse después de la compra.

Para evitar esto la ley Nº 20.275 ha modificado la Ley del Tránsito (ley Nº 18.290, con texto refundido por D.F.L. Nº 1, de 2009) en dos sentidos: primero, para establecer que el notario u otro ministro de fe que deba proceder a autorizar el instrumento público o privado que da cuenta del título traslaticio del dominio del vehículo (en realidad se refiere sólo a la compraventa), deberá exigir al vendedor “un certificado del Registro de Multas del Tránsito no pagadas, al momento de la celebración del contrato” (nuevo inc. 5º del art. 42 de la Ley del Tránsito). Hemos de entender que no basta con que la exigencia se realice al momento de celebrarse el contrato, sino que se cumpla: es decir, que se exhiba un certificado que lleve la misma fecha de la celebración de la compraventa. Obviamente, el ministro de fe deberá poner en conocimiento del comprador el referido certificado, sobre todo si aparecen multas impagas.

Una segunda modificación complementa lo anterior: se agrega al referido art. 42 un nuevo inciso sexto que dispone: “El comprador responderá sólo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra”.

De esta forma se limita la responsabilidad del comprador respecto de la obligación propter rem consistente en hacerse cargo de las multas empadronadas. Sólo responde por aquellas que aparecían en el certificado que fue emitido al momento de la compra y que le fue debidamente informado por el notario.

Para evitar que se genere el problema de que aparezcan multas que no estaban inscritas a la fecha del contrato respecto del vehículo comprado, el nuevo inciso sexto del art. 42 dispone que el Registro Civil “se abstendrá de anotar la multa impaga en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, si el propietario del vehículo que figura en el Registro de Vehículos Motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción”. Se aclara que esto no quiere decir que la multa se extinga para el anterior propietario: “Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”.

La nueva ley reforma también el art. 24 de la ley Nº 18.287 para reafirmar lo anterior: “si el propietario del vehículo informado por el tribunal no corresponde al dueño actual según el Registro de Vehículos Motorizados, el Servicio deberá abstenerse de inscribir la anotación y comunicará dicha situación al juzgado respectivo. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”. Pero ante las dificultades que se advierten para conseguir el pago de una multa de quien ya no tiene la propiedad del vehículo, la nueva ley establece una regla especial de prescripción: “En este caso, el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento será de tres años contado desde la comunicación que el Servicio de Registro Civil e Identificación efectúe al juzgado de policía local correspondiente, informando la imposibilidad de practicar la anotación”. La reforma no está en el plazo sino en la fecha de inicio de su cómputo: en vez, de su inscripción en el Registro (que es la regla general) el plazo se cuenta ahora desde que el Registro Civil comunica la imposibilidad de inscribir la multa por haber cambiado la titularidad de la propiedad del auto.

En conclusión, la reforma limita la obligación propter rem de pagar las multas empadronadas asociadas a un vehículo en caso de compraventa, haciendo responder únicamente al comprador cuando la respectiva multa aparezca en el certificado emitido a la fecha de celebración del contrato a requerimiento del propietario vendedor, por exigencia del notario que autoriza el instrumento en el que consta el acuerdo contractual.

Las donaciones de la Teletón

30 noviembre, 2014

Los días 28 y 29 de noviembre se realizó en el país una nueva versión de la Teletón, el programa televisivo, liderado por Mario Kreutzberger, que se propone motivar a las empresas y a las personas a donar dinero con el propósito de financiar centros de rehabilitación de niños con discapacidad física. Desde sus inicios, en 1978, la campaña ha sido objeto de críticas. Célebres fueron los cuestionamientos iniciales del escritor Enrique Lafourcade. Este año se ha conocido que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hablando de la Teletón mexicana, advirtió que este tipo de programas contribuía a mantener el estereotipo de los discapacitados como sujetos dignos de caridad, en vez de promover su condición de sujetos de derechos y apuntar a su inserción social. Otros hablan de la publicidad que logran la empresas que participan o de la manipulación emocional de las audiencias logradas a través de la exhibición dramatizada de las historias de menores con discapacidad. Con todo, es innegable que la obra que se realiza en los centros de rehabilitación es no sólo noble sino tremendamente benéfica. Quizás en el mundo en que vivimos, los actos de generosidad no siempre se dan de manera absolutamente desinteresada y sin incentivos sentimentales.

En esta ocasión queremos deternernos en una consideración más jurídica sobre las donaciones que se hacen a propósito de esta campaña nacional. Entendemos que tanto las empresas que la patrocinan como las personas individuales que aportan dinero a través de depósitos en la ya famosa cuenta 20.500-03 del Banco Chile, están realizando una donación a una persona jurídica: la Fundación Teletón, cuya personalidad jurídica fue concedida, conforme a las normas del Código Civil vigentes antes de la reforma de la ley Nº 20.500, por decreto supremo Nº 59, de 22 de enero de 1986.

Estas donaciones se regirán, en principio, por las normas del título XIII del libro III del Código Civil (arts. 1386 y ss.). Pero aquí nos encontramos con dos problemas: primero, que, conforme a lo que dispone el art. 1404 de dicho Código, si la donación es con causa onerosa –como, a nuestro juicio, son las donaciones efectuadas a la Teletón ya que suponen que el dinero sea empleado en la rehabilitación de menores discapacitados- ella debe efectuarse por escritura pública en la que debe expresarse la causa. El segundo problema consiste en que la donación debe ser insinuada, es decir, autorizada judicialmente, en cuanto exceda a “dos centavos” de peso (art. 1401). Esta cifra, ridículamente baja, es el resultado de los cambios monetarios y de la displicencia del legislador que no ha actualizado el precepto. Si aplicamos estas normas a las donaciones efectuadas a la Teletón podría concluirse que adolecen de nulidad absoluta, por falta de solemnidades de validez.

Una de ellas, sin embargo, no resulta aplicable por disponerlo expresamente así otra disposición legal. La Ley de Rentas Municipales, contenida en el D.L. Nº 3.036 (texto refundido por D. Sup. Nº 2385, de 1996), dispone, en su art. 46, que ciertas donaciones gozarán del beneficio tributario de ser consideradas gastos para producir la renta. Entre ellas están las donaciones que se hagan a “centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita” (letra c). El precepto concluye que las donaciones que se efectúen a los establecimientos señalados “no requerirán el trámite de la insinuación y estarán exentas de todo impuesto”. Pensamos que esta última disposición se refiere tanto a las donaciones que usen el beneficio tributario establecido (normalmente las empresas) como a aquellas que, sin usar el beneficio, se destinan a dichos establecimientos (las de personas individuales). De este modo, las donaciones realizadas a los referidos centros no están sujetas al trámite de la insinuación.

Despejado uno de los problemas subsiste el derivado de tratarse donaciones con causa onerosa. Si nos fijamos nuevamente en el art. 1404 del Código Civil, vemos que la sanción para el caso de que la donación no se otorgue por escritura pública en la que se exprese la causa no es la nulidad, sino que “no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas”. Entonces, las donaciones son válidas, pero el donante no podría exigir el cumplimiento del objeto de la donación ni pedir su resolución ante el incumplimiento del gravamen (art 1426 del Código Civil). No queda más que confiar en que la institución donataria no invertirá los fondos recaudados en otro objeto que en el de la rehabilitación de niños en situación de discapacidad.

La transparencia en la gestión financiera de la Fundación Teletón debiera contribuir para que los donantes puedan seguir confiando en ella, como lo han hecho hasta ahora, en aras de la benéfica causa que la ha inspirado.

Acuerdo de vida en pareja: ¿hacia un matrimonio paralelo?

16 noviembre, 2014

El proyecto de ley que establece lo que denomina Acuerdo de Vida en Pareja, a nuestro juicio, presenta desde su inicio un defecto estructural. Pretende alcanzar a la vez objetivos que en sí mismos son contradictorios. Uno es el regular los efectos de las uniones de hecho o no matrimoniales heterosexuales, porque se estima que hay muchas personas (se habla de dos millones) que, aunque pueden casarse, no lo hacen y quedan sin el amparo de la ley civil sobre todo en aspectos patrimoniales como la división de los bienes adquiridos durante la convivencia y la falta de participación en la sucesión del conviviente que muere.

Pero junto a ese objetivo está el de otorgar un reconocimiento simbólico (de dignidad, igualitario, etc.) como posible forma de familia a las parejas del mismo sexo.

Ambos objetivos eran y son contradictorios. Para incentivar a las uniones que pueden acceder al matrimonio a optar por un estatuto de protección alternativo era necesario ofrecer algo diferente al mismo matrimonio, un régimen muy desformalizado, ojalá alejado de los rituales y símbolos jurídicos de enlace conyugal y dirigido exclusivamente a lo patrimonial. Se trataba únicamente de proteger y dar beneficios patrimoniales y de seguridad social a los que conviven por el mero hecho de hacer vida en común, pero sin institucionalizar esa unión.

Pero si se seguía esta dirección el otro objetivo de dar un status de familia cuasimatrimonial a los convivientes del mismo sexo, no podía lograrse.

Estas dos tendencias compitieron durante la tramitación del proyecto en el Senado, y el resultado es que una ha salido plenamente triunfadora y la otra totalmente derrotada. La normativa que se propone para el Acuerdo de Vida en Pareja es un estatuto que sigue el modelo matrimonial, hasta llegar a instaurar una especie de matrimonio mimético o paralelo. Por lo demás, eso era de esperar, ya que los únicos que han hecho lobby parlamentario y en la opinión pública, han sido organizaciones que aspiran a representar a las parejas del mismo sexo.

El proyecto que salió del Senado es mucho más parecido al estatuto matrimonial que el presentado por el Ejecutivo. Todas las innovaciones lo acercan al matrimonio: su celebración se hace no ante notario, si no ante oficial del Registro Civil, se inscribe en ese registro, genera un estado civil (el de “pareja civil”), tiene impedimentos derivados del parentesco idénticos al matrimonio, los mismos vicios del consentimiento, se puede contraer por mandatario, no puede prometerse su celebración, su disolución da lugar a compensación económica, la muerte de uno de los convivientes da al otro los mismos derechos hereditarios del cónyuge sobreviviente, los conflictos son resueltos por los jueces de familia, si son materias de su competencia. Se llega incluso a establecer, en una norma técnicamente muy deficiente, que si un hijo nace después de 180 días de celebrado y antes de 300 días de expirada su vigencia, se presumirá padre al conviviente varón (Ver texto).

Al aproximarse, hasta casi identificarse al menos parcialmente, con el estatuto matrimonial, el AVP no tendrá ningún impacto favorable en la regulación de las uniones de hecho que sean heterosexuales. Primero, porque para ser alcanzadas por este estatuto dichos convivientes deberían celebrar el acuerdo; si no lo celebran seguirán tal como están hoy. Más aún, la aprobación de este proyecto de ley podría significar un retroceso en el avance jurisprudencial que ha significado solucionar los problemas jurídicos más significativos que presentan. Si se aprueba esta ley, los jueces razonablemente podrán pensar que si no han accedido a regular su convivencia mediante el Acuerdo de Vida en Pareja es porque no han querido que su convivencia tenga los efectos de dicho estatuto y, por ejemplo, que no han querido que sus bienes pasen a ser comunes.

Lo que es más paradójico el estatuto cuasimatrimonial del AVP tampoco dejará conformes a los sectores que reclaman reconocimiento de mayores derechos a las personas con inclinación homosexual. Las organizaciones que dicen representarlos (Movilh, Fundación Iguales) lo han señalado expresamente, y debe agradecerse su franqueza: este sólo sería un primer paso hacia el acceso al nombre y al estatuto pleno del matrimonio, a la adopción de menores y a la homoparentalidad alcanzada a través de producir niños mediante técnicas de reproducción asistida. Más de allá de que no estemos de acuerdo con que el matrimonio deje de ser la unión de hombre y mujer orientada hacia los hijos y que afirmemos que todo niño tiene derecho a una filiación biparental: paterna y materna, debemos reconocer que, desde la perspectiva de las organizaciones “pro gay” y por mucho que en su contenido el AVP se haya aproximado al matrimonio, su existencia provocará una discriminación, si cabe más manifiesta que la actualmente existente: las parejas heterosexuales contarán con la posibilidad de optar entre AVP y matrimonio, mientras que a las parejas del mismo sexo sólo se les admitirá contraer AVP pero no matrimonio. Por eso nos parece ingenua –o tal vez una forma de autoengaño– la actitud de aquellas personas que piensan que conceder el AVP es una forma de preservar, aunque sea nominal y simbólicamente, el matrimonio para las uniones entre hombre y mujer.

Finalmente, hemos de advertir que, como lo prueba la experiencia francesa, los estatutos de unión civil con el tiempo contribuyen a minar la preferencia de las parejas heterosexuales por el matrimonio. Es decir, aquellos que estarían animados a formalizar su unión con un estatuto jurídico oficial, en vez de elegir el matrimonio comienzan progresivamente a optar por la unión civil. La razón es sencilla: la unión civil concede los mismos derechos y beneficios que el matrimonio, pero tiene un aire de “modernidad” y “progresismo” y resulta menos gravosa en responsabilidad y deberes. Es lo que sucederá, probablemente, de llegar a aprobarse el proyecto de ley del Acuerdo de Vida en Pareja. Aunque su estatuto sea mimético al matrimonio en cuanto a los derechos y beneficios, sobre todo de seguridad social y asistenciales, que son los que más interesan a la media de la población, tiene menos deberes y es más fácil de librarse de él. Por ejemplo, en materia de deberes personales, los convivientes no están sujetos al deber de vivir en el hogar común ni al de fidelidad, tampoco se deben alimentos. Además, no existe la posibilidad de sancionar el incumplimiento del deber de ayuda mutua mediante el divorcio, y su disolución queda a merced de la mera voluntad de cualquiera de las partes, sin necesidad de un plazo de cese de la convivencia ni de un proceso judicial previo.

En conclusión, de llegar a aprobarse este proyecto que, como hemos dicho tiene una deficiencia de origen, las uniones de hecho no tendrían ningún beneficio, más aún podrían sufrir un retroceso en lo que hasta ahora ha establecido la jurisprudencia, la tasa de matrimonio disminuiría y aumentaría progresivamente el número de parejas heterosexuales que elegirían el estatuto más atractivo del AVP, y no significaría tampoco una satisfacción de los intereses de los activistas pro derechos homosexuales, lo que seguirán abogando por el matrimonio, la adopción y la homoparentalidad, pero ahora desde una plataforma mucho más fuerte y empoderada, ya que si la sociedad permite a las uniones homosexuales acceder a un estatuto jurídico que es cuasimatrimonial, no se advierten razones lógicas para oponerse a que tengan la idoneidad necesaria obtener esos derechos en su plenitud.

El sueño millonario

2 noviembre, 2014

Sin duda era una historia inusual y no sorprende que varios medios de prensa dieran cuenta de ella. Una profesora de educación física demoró un mes en cobrar uno de los dos premios mayores del sorteo Kino, de la Lotería de Concepción. Según su relato, ella solía comprar boletos para el juego y los dejaba en distintas partes de su casa, pero no siempre se preocupaba de mirar los resultados para saber si había o no ganado alguno de los múltiples premios. Así había sucedido con el sorteo cuyos resultados fueron dados a conocer el 30 de julio de 2014. Fue entonces que el profesor de comunicación y lenguaje con el que hace vida común (“un matrimonio sin papeles” según sus propios dichos), le contó que había tenido un sueño en el que veía un boleto del Kino de color azul. Esto la llevó a buscar los boletos del Kino y, a través de internet, chequearlos con los resultados del sorteo, hasta que uno de ellos apareció como ganador de nada menos que ¡591 millones de pesos!

Lo bueno del sueño fue no sólo su contenido sino también su oportunidad. Si se hubiera producido un mes después, la historia no habría tenido buen final, porque, según la regulación del juego, el plazo para cobrar el premio es de 60 días. Si la profesora hubiera encontrado el boleto premiado pasado ese plazo, habría perdido sus casi 600 millones de pesos.

Esto nos da ocasión para analizar la influencia que el transcurso del tiempo puede tener en las relaciones jurídicas, y en particular sobre las características de una institución un tanto escurridiza que denominamos “caducidad”.

La Lotería de Concepción es una entidad que, no teniendo personalidad jurídica propia y formando parte de la Universidad de Concepción, está autorizada para mantener, realizar y administrar un sistema de sorteos de lotería por una ley especial, la ley Nº 18.568, de 1986. Posteriormente, el art. 90 de la ley Nº 18.768, de 1988 la autorizó para, previo decreto supremo, organizar sorteos de números, juegos de azar de resolucion inmediata y combinaciones de ambos. Así nació el juego Kino, regulado actualmente por el Decreto Supremo Nº 1.114, Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 2005.

Esta normativa especial es importante ya que, de no existir, los contratos de los apostadores, al recaer sobre un juego de azar, serían nulos por ilicitud del objeto, en conformidad con los arts. 1466 y 2259 del Código Civil. No podrían cobrar su premio ni tampoco pedir la restitución del precio del boleto, atendido lo dispuesto en el art. 1468 del mismo Código.

Se trata, por tanto, de un contrato de juego lícito por disposición especial de la ley. Es un contrato aleatorio, porque –siendo oneroso– la equivalencia entre las prestaciones consiste en la contingencia incierta de ganancia o pérdida (art. 1441 del Código Civil). Además, podemos decir que es contrato de adhesión ya que una de las partes establece las estipulaciones del juego y la otra sólo tiene la posibilidad de aceptar o no aceptar el contrato previamente dispuesto. Finalmente, podemos calificarlo de contrato dirigido puesto que el contenido fundamental del contrato está preestablecido en normas legales o reglamentarias.

Entre las estipulaciones que contiene este contrato dirigido está la de que el ganador dispone de un plazo de 60 días para reclamar su premio mostrando el documento o boleto que ostenta los números que coinciden con los sorteados (el boleto es un documento al portador). Así lo establece el art. 13 del Decreto Nº 1.114, que regula el sorteo del Kino: “El derecho a cobrar los premios caducará transcurrido el plazo de sesenta días, contados desde la fecha del respectivo sorteo”. Igual plazo establece la ley Nº 18.568, en su art. 8, casi en los mismos términos: “El derecho a cobrar los premios caducará transcurridos que sean 60 días desde la fecha en que se verifique el respectivo sorteo”.

Ambos preceptos hablan de que el derecho al premio “caducará” si no se realiza el cobro en el plazo fijado. El empleo de este vocablo nos parece jurídicamente correcto. Se trata de la extinción del derecho por caducidad y no por prescripción ni tampoco por el cumplimiento de una condición resolutoria. A diferencia de la condición, la caducidad no es un elemento accidental que se agrega extrínsecamente al contrato (una modalidad), sino una característica intrínseca al acto o derecho: este nace sujeto a caducidad si transcurre el tiempo sin que ocurra el acontecimiento previsto para evitarlo. Es como una especie de bomba de tiempo autodestructiva que lleva en sí el acto, beneficio o derecho. Por eso, a diferencia de la prescripción no puede interrumpirse, suspenderse ni renunciarse y no necesita ser alegada, pudiendo ser declarada de oficio por el juez. Además, una vez operada la caducidad, el derecho se extingue completamente, mientras que la prescripción deja subsistente una obligación natural (art. 1470 Nº 2 del Código Civil).

Aunque a diferencia de otros Códigos (como el Código Civil italiano) la caducidad no está regulada por nuestro Código Civil, ello no significa que sea desconocida. La doctrina civil ha reconocido que está admitida en nuestro ordenamiento civil, ya sea por disposición de la ley o por estipulación convencional. La caducidad puede afectar un beneficio (como la caducidad de un plazo: art. 1496 CC), una acción (como las acciones para impugar o reclamar la filiación), un derecho (como el de enervar la acción resolutoria derivada del pacto resolutorio pagando el precio de la compraventa: art. 1879), o un acto jurídico (como los testamentos privilegiados: arts. 1036, 1044, 1046, 1052 y 1053).

A estos ejemplos puede añadirse la caducidad del derecho al premio de la lotería o el kino si no se ejerce dentro del plazo de 60 días. Vencido ese plazo, el derecho se extingue irrevocablemente, sin posibilidad de interrupción o suspensión. Ni siquiera deberá alegarlo la Universidad deudora porque, en caso de no hacerlo, el juez podrá declarar de oficio la extinción por caducidad.

De todo esto se libró la profesora de educación física, y todo gracias a un sueño, que para ella resultó millonario.

La irreflexiva supresión de la quiebra de la sucesión hereditaria

27 octubre, 2014

El 1º de octubre entró en vigencia la ley Nº 20.720, de 9 de enero de 2014, que deroga la anterior ley de quiebras (incorporada en el libro IV del Código de Comercio) y establece un nuevo régimen concursal. De sus características generales y algunos alcances civiles nos hicimos cargo en este mismo blog ( ir al post ). En esta oportunidad queremos detenernos en una de las modificaciones que puede pasar desapercibida y que, sin embargo, tiene repercusiones. Nos referimos a la eliminación de la posibilidad de declarar en proceso concursal de liquidación (la antigua quiebra) no a una persona natural o jurídica, sino a un patrimonio cuyo titular ha fallecido: la sucesión hereditaria.

El art. 50 de la anterior ley disponía, de manera excepcional, que la sucesión del deudor podía ser declarada en quiebra cuando la causa se hubiere producido con anterioridad a la muerte del deudor y la solicitud, que debía ser presentada por los herederos o cualquier acreedor, se interpusiera dentro del año siguiente al fallecimiento. En tal caso, todas las normas de la quiebra se aplicaban únicamente al patrimonio del causante y la misma declaración de la quiebra producía ipso iure el beneficio de separación a favor de todos los acreedores del difunto.

Esta disposición no aparece ahora en la nueva regulación, sin que conste en la historia de la ley cuál habría sido la razón que movió al legislador a adoptar esta determinación. Es probable que ni siquiera haya sido advertida por los diputados y senadores que estudiaron el nuevo texto, ya que la disposición ya había sido eliminada en el proyecto de ley que fuera presentado en su momento por el Presidente de la República.

Desaparecida la posibilidad de que se declare en procedimiento concursal de liquidación la sucesión hereditaria del deudor, cabe preguntarse cómo se enfrentaría bajo la nueva normativa el hecho de que un patrimonio hereditario sea insolvente.

El problema sólo se presenta tratándose de una persona natural ya que son las únicas a las que se aplica la sucesión por causa de muerte. Según el nuevo régimen, las personas naturales pueden ser consideradas “empresas deudoras”, si tributan en primera categoría o según el art. 42 Nº 2 de la Ley de la Renta, o “personas deudoras”, si tributan de otra forma. En ambos casos pueden ser sometidas a un procedimiento concursal de liquidación forzada de bienes.

Habrá que distinguir si la muerte del deudor se produce antes o después de iniciado el proceso de liquidación.

Si la liquidación ha sido ya declarada por sentencia, o incluso si ha sido solamente solicitada, entendemos que tendrá aplicación lo previsto en el art. 5 del Código de Procedimiento Civil, con preferencia a la disposición del art. 1377 del Código Civil que se refiere exclusivamente a los juicios ejecutivos. Según el art. 5 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al juicio concursal por ser una regla que se aplica a todos los procedimientos, si la parte que obra por sí misma fallece, se debe notificar a los herederos para que concurran a hacer uso de su derecho en el plazo de emplazamiento. Si la parte tenía mandatario judicial el mandato no se extingue, pero el apoderado deberá comunicarse con los herederos del mandante para conocer sus instrucciones.

El procedimiento proseguirá, en consecuencia, contra los herederos que, como señala el art. 1097 del Código Civil, representan (continúan) a la persona del causante en todas sus obligaciones transmisibles. A esta situación debe entenderse referida ahora la referencia al concurso de acreedores hereditarios a que se refiere el art. 1374 del Código Civil.

¿Qué sucede si el deudor muere antes de que se haya declarado o solicitado la liquidación? La desaparición de la norma que permitía declarar la quiebra del patrimonio hereditario nos debe llevar a concluir que ello ya no es posible, de modo que los acreedores hereditarios sólo podrán solicitar la declaración de la liquidación del o los herederos, en la medida en que estos hayan aceptado la herencia y que se cumplan las causales de liquidación forzosa previstas en los arts. 117 (empresa deudora) y 282 (deudor persona natural) de la Ley Nº 20.720. Para configurar las causales referidas a obligaciones que consten en títulos ejecutivos, deberá aplicarse la exigencia del art. 1377 del Código Civil, según el cual, los títulos ejecutivos contra el causante son eficaces contra sus herederos, pero “los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados ocho días después de la notificación judicial de sus títulos”.

Los acreedores hereditarios no gozan del beneficio de separación por el ministerio de la ley por lo que deberán solicitarlo conforme a los arts. 1378 y siguientes del Código Civil. Nos parece que este beneficio podría ser solicitado y sustanciado conjuntamente con el proceso concursal ante el mismo tribunal. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el art. 1382 del Código Civil, basta que el beneficio se haya declarado respecto de uno de los acreedores hereditarios para que los demás puedan invocarlo en su favor.

Otras cuestiones surgen si nos preguntamos qué sucede si la herencia no sea aceptada por ningún heredero, o si es aceptada pero con beneficio de inventario. Pero eso podrá ser materia de otro comentario. El presente bastará, al menos, para alertar sobre esta supresión, a nuestro juicio irreflexiva, de una institución clásica de nuestro Derecho de quiebras y que se encuentra presente en otras legislaciones extranjeras que también han actualizado sus procedimientos concursales (cfr. art. 2, nº 1, Ley Nº 24.522, de 1997 de Argentina; art. 14.4 ley Nº 27.809, de 2002 de Perú; art. 1.2 Ley 22/2003, de 9 de julio, de España).


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