Archive for the ‘Derecho Civil’ category

El rechazo a la indemnización en el caso “Matías Catrileo”

1 febrero, 2015

La Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 20 de enero de 2015, dictó sentencia de segunda instancia acogiendo la demanda por la cual la madre y la hermana de Matías Catrileo (q.e.p.d.) reclamaron que el Fisco reparara el daño moral sufrido por la muerte del activista mapuche, como resultado de un disparo de un carabinero mientras la víctima participaba de una toma de un fundo en la zona de Vilcún (3 de enero de 2008).

La Corte confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto a la responsabilidad del Fisco y al monto de las indemnizaciones otorgadas: $ 80.000.000, en favor de la madre y $ 50.000.000, en beneficio de la hermana (Ver texto de sentencia).

Sorprendiendo a todos, las demandantes, una vez conocida la sentencia, declararon que rechazaban la indemnización concedida. En un comunicado enviado a los medios de prensa la madre y la hermana de Catrileo explicaron que el único objetivo de su demanda era que se reconociera al Estado de Chile, encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, como responsable de la muerte de su hijo y hermano y no la indemnización: “para nosotras –dijeron– este dinero esta manchado con la sangre de Matías y no podemos recibirlo” (Ver texto del comunicado). El Intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla manifestó su admiración por el gesto a través de su cuenta de twitter: “el rechazo a la indemnización por parte de la familia de Matías Catrileo es una demostración de dignidad… el dinero no es todo en la vida” (Ver noticia)

Lo inédito de la situación nos convida a analizar jurídicamente la naturaleza y efectos de este rechazo a la indemnización decretada judicialmente. No hay dudas en que el derecho a pedir la reparación de un daño ocasionado por un delito o cuasidelito es renunciable, ya que, según el art. 12 del Código Civil, pueden renunciarse todos los derechos que miren sólo al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Ambas condiciones se cumplen en el caso: se trata de un derecho que se concede en interés exclusivo de la víctima del hecho ilícito y no existe norma que vede la renuncia. Es más, el art. 56 del Código Procesal Penal señala que, si bien la renuncia de la persona ofendida no extingue la acción penal pública, sí extingue la acción civil derivada de toda clase de delitos.

Pero, ¿qué sucede si, como en este caso, se renuncia al derecho a percibir la indemnización una vez que ha sido determinada por sentencia judicial? Si es así la renuncia opera sobre un crédito cuyo monto ha sido liquidado.

En una primera aproximación, el rechazo a recibir la indemnización judicialmente establecida podría ser calificado como una oferta de remisión o condonación del crédito. Recuérdese que la remisión o condonación es un modo de extinguir una obligación (art. 1567 Nº 4 del Código Civil) por el cual el acreedor perdona en todo o en parte la deuda y que el Código Civil equipara la remisión a la donación (cfr. arts. 403, 1400 inc. 2º, 1397 y 1653).

Si el rechazo a la indemnización de las demandantes es considerado una remisión o condonación del crédito indemnizatorio en favor del Estado, entonces ella podría ser revocada mientras el Estado no haya aceptado. Toda donación supone la aceptación del donatario. Pero aún más, excediendo el límite legal –los desfasados 2 centavos del art. 1401 del Código Civil– debe procederse a la insinuación, es decir, a la autorización del juez. A falta de ella, la donación –en el caso la remisión–, es nula.

Esto no significa que las demandantes estén obligadas a proceder de esta manera. Bien podrían sencillamente no cobrar el crédito establecido en la sentencia y entonces la acción se extinguirá por prescripción pasados cinco años (art. 2515 del Código Civil).

Existe, sin embargo, otra forma de explicar la situación: el acto de rechazo de la indemnización no es una remisión equiparable a un contrato de donación, sino un acto unilateral de renuncia del derecho personal o crédito.

La renuncia extintiva procede, sin duda, con los derechos reales incluyendo el de dominio o propiedad. En Estados Unidos algunas familias colocan en la vereda muebles que ya no usan para que se los lleve cualquier persona que pase. En tales casos, y otros que podrían añadirse, no hay una donación, sino una renuncia abdicativa del dominio proseguida de una ocupación por parte de quien finalmente se lleva el bien para hacerlo suyo. Se dirá que, tratándose de derechos personales o créditos, hay un deudor que, al extinguirse la deuda por la renuncia del crédito, obtiene un provecho. Pero lo mismo sucede cuando un usufructuario o titular del derecho de usufructo renuncia a él: también el nudo propietario es beneficiado al extinguirse el usufructo y consolidarse con la propiedad. No vemos, pues, inconveniente en que un crédito pueda extinguirse, no por una remisión donativa, sino por una remisión unilateral, que no constituye donación.

Digamos que la calificación del rechazo a la indemnización por parte la madre y hermana de Matías Catrileo como renuncia unilateral del crédito parece más adecuada a la voluntad por ellas expresada. Sería absurdo que se pretendiera que quisieron hacer una donación al Estado de $ 130.000.000 y que su proceder tuvo por causa la mera liberalidad o beneficencia…

Si estamos en lo cierto, la renuncia, no estando sujeta a formalidades ni a la aceptación del deudor, estaría perfeccionada como acto jurídico y no sería ya revocable por la mera voluntad de las renunciantes. Veremos lo que sucede una vez que la sentencia que falló la apelación quede frime o ejecutoriada.

“Je suis Charlie” o “Je ne suis pas Charlie”

18 enero, 2015

El horrible atentado del 7 de enero de 2015 que costó la vida al director y dibujantes de la revista satírica francesa Charlie Hebdo dio lugar a una consigna que fue difundida por todo el mundo: “Je suis Charlie”, “Yo soy Charlie”. No se sabe bien cómo surgió la frase, pero lo más probable es que se originara como un modo de ponerse en el lugar de las víctimas, empatizar y solidarizar con ellas. Una especie de mensaje de que junto con los periodistas y caricaturistas asesinados, los demás también habíamos sufrido una especie de muerte, que cuando atentaron contra ellos, también habían atentado contra cada uno de nosotros.

Pero de pronto se fue advirtiendo que el “Je suis Charlie” podría ser entendido de una manera distinta; ya no como forma de solidarizar con cada una de las víctimas por el atentado sufrido y su derecho a la vida, sino como un apoyo explícito a la línea editorial que seguía la revista y a la defensa de una libertad de expresión sin límites. Se trataba de un “yo soy Charlie” porque “yo creo” que es correcto que se publiquen los dibujos y los chistes mordaces y ferozamente satíricos para ridiculizar no sólo el islamismo, sino otras religiones, incluidas la cristiana y la judía. En este sentido, la Ministra de Justicia francesa Christiane Taubira expresó en los funerales de uno de los dibujantes de Charlie Hebdó que en Francia “tenemos el derecho de burlarnos de todas las religiones”.

Pero no todos están de acuerdo con esta absolutización de la libertad de expresión y la trivialización de la libertad de religión.

En este sentido, el New York Times se negó a reproducir las viñetas o caricaturas de Charlie Hebdo, gesto al que estaban invitando medios europeos como una manera de apoyar la libre expresión. Su editor explicó que tomó esa decisión porque siempre han querido respetar la sensibilidad religiosa de todos sus lectores, incluidos los musulmanes: “Nosotros tenemos un estándar desde hace tiempo y que nos sirve bien: que hay una línea entre la sátira y el insulto gratuito. La mayoría de ellas [las caricaturas] son insulto gratuito” (Ver texto ).

Comenzaron, entonces, a aparecer columnas o textos con la consigna contraria: “Je ne suis pas Charlie”, “Yo no soy Charlie”.

El Papa Francisco declaró, por su parte, que si bien no se podía matar en nombre de Dios, la libertad de expresión tiene límites: “Uno no puede provocar, no puede insultar la fe de otros”. Gráficamente, y en tono humorístico, explicó que si uno de sus colaboradores “dice una mala palabra de mi mamá, puede esperar un puñetazo”.

Esta reacción se intensificó después de que la revista en su primer número después de la masacre volviera a caricaturizar a Mahoma, al que se le mostraba llorando y con un cartel de “Je suis Charlie”.

La verdad es que, siendo la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales más apreciados por el sistema democrático, nunca se ha entendido que ella sea absoluta y que no tenga restricciones y limitaciones en su ejercicio. La Convención Europea de Derechos Humanos, después de consagrar que “toda persona tiene derecho a la libre expresión” y que ésta comprende “la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas”, dispone, en su párrafo 2, que “El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ha aplicado estas restricciones fundadas en la forma vejatoria en la que se trata alguna creencia religiosa. Así ocurrió en el caso Wingrove v. The United Kingdom (1996), en el cual el director de un cortometraje titulado Visions of Ecstasy que pretendía representar a Santa Teresa de Ávila con imágenes obscenas y difamatorias, reclamó pidiendo que se le amparara sobre la base de la libertad de expresión. La Corte estimó que el Reino Unido no infringió el art. 10 de la Convención Europea al prohibir dicha película en aplicación de la ley contra blasfemias. Se trataba, se sostuvo, de una restricción prevista legalmente, que tenía un objetivo legítimo: la protección de derechos ajenos, entre los que consideró la libertad de religión (contemplada en el art. 9 de la misma Convención), y que puede considerarse una medida necesaria en una sociedad democrática (Ver sentencia).

Lo mismo resolvió, esta vez en protección de las creencias islámicas, en el caso Ï.A. v. Turkey (2005). Aquí los tribunales turcos habían sancionado al editor de un libro por humillar y ofender la religión musulmana. La Corte estimó que dicha sanción era legítima: “Como el párrafo 2 del artículo 10 reconoce, el ejercicio de esa libertad [de expresión] conlleva deberes y responsabilidades. Entre ellas, en el contexto de las creencias religiosas, puede incluirse legítimamente un deber de evitar expresiones que sean gratuitamente ofensivas y soeces a los demás […] Siendo así, en principio, puede ser considerado necesario sancionar los ataques impropios a objetos de veneración religiosa” (Ver sentencia).

Por todo lo anterior, uno podría decir que es correcto usar tanto la fórmula “Je suis Charlie” como la de “Je ne suis pas Charlie”, aunque con distintos alcances. Con la primera podemos querer solidarizar con las víctimas en su inalienable derecho a la vida y denunciar la injusticia de su asesinato. Con la segunda, podemos significar que no compartimos la mofa y ridiculización de las creencias religiosas que constituían parte de la línea editorial de la revista francesa y que esperamos que no se persevere en ella.

El “caso Penta” y la asunción de deudas

11 enero, 2015

La contribución al financiamiento de campañas electorales por parte de empresas pertenecientes al grupo Penta, que se ha dado en llamar “el caso Penta”, ofrece múltiples aristas para el análisis jurídico. La más sonada es la penal, en la que la Fiscalía ha anunciado la decisión de formalizar a los dos dueños principales y a otras personas por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Pueden existir también infracciones administrativas o irregularidades en relación con la regulación legal del financiamiento de campañas políticas, así como aspectos constitucionales relativos a la inhabilidad de los parlamentarios que hayan recibido estos aportes extralegales. Son menos relevantes para la opinión pública las cuestiones de Derecho civil implicadas en el caso, pero a ellas, o a algunas de ellas, queremos dedicar esta reflexión. Lo hacemos con los antecedentes que han aparecido en la prensa, principalmente después de que se hiciera pública la carpeta de investigación de la Fiscalía.

De esos antecedentes se deduce que a través de algunas empresas del grupo Penta se entregaron recursos a diversos políticos que estaban enfrentando o habían enfrentado campañas electorales. Por esos aportes se dieron boletas o facturas básicamente de prestación de servicios profesionales. Las boletas y facturas son documentos contables y tributarios que no tienen como objeto probar la celebración de un contrato, pero sí pueden constituir principios de prueba por escrito de dichos contratos, conforme a lo dispuesto en el art. 1711 del Código Civil. Según la Fiscalía y las declaraciones de los inculpados, las boletas o facturas eran “ideológicamente falsas”, lo que significa que no dan cuenta de servicios que hayan sido prestados realmente o, por lo menos, no en favor de las empresas que los pagaron. Civilmente, estamos ante un típico caso de simulación contractual.

La simulación puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando se finge un contrato siendo que las partes no han celebrado ninguno; es relativa, cuando se finge un contrato mientras en la realidad las partes han celebrado otro diferente. En este segundo caso, se distingue el contrato simulado (el aparente) y el contrato disimulado (el real).

En la mayor parte de los aportes contra boletas o facturas denunciados en el caso Penta parece haber una simulación relativa: el contrato simulado es un arrendamiento de servicios y el contrato disimulado una donación. Más complejo es el esquema que puede resultar de los casos en los que se ha alegado que el servicio fue prestado realmente en favor del candidato pero que fue pagado por alguna empresa Penta. La boleta o factura en este caso no sería ideológicamente falsa, sino que en vez de presentarse al candidato que era el deudor de la obligación de pagar por ese servicio, se presentó, por instrucciones de dicho deudor, a la empresa del grupo Penta que lo pagó. ¿Cuál sería el acto jurídico real o disimulado en estos casos? Podríamos pensar que lo que hubo fue un pago de una deuda por un tercero con consentimiento expreso o tácito del deudor. Como sabemos, cualquier persona puede pagar una deuda (art. 1572 del Código Civil), con mayor razón si recibe un mandato o cuenta con el consentimiento del deudor original. En este último evento, el pago realizado por el tercero (en este caso, la empresa Penta) no sólo tiene derecho a pedir el reembolso, sino que se subroga en los derechos del acreedor para cobrar lo pagado al deudor original (el candidato) (art. 1610 Nº 5 del Código Civil). Por cierto, la operación real contemplaba una renuncia anticipada al derecho de reembolso o a la acción subrogatoria. Esto constituye una remisión de un crédito, y podemos regresar entonces a la donación, ya que se entiende que dona el que remite una deuda (art. 1397 del Código Civil).

Pero ¿qué sucede si, en vez de autorización para pagar la deuda original, lo que se pactó fue que la empresa Penta asumiera la deuda del candidato, el cual quedaba entonces liberado de esa obligación? Nos encontramos aquí con el problema de si nuestra ley civil reconoce o no la llamada “asunción” o “cesión” de deudas. Para la mayoría de la doctrina, la asunción de deudas no estaría admitida. Lo que se permitiría sería una novación por cambio de deudor, caso en el cual la antigua obligación se extingue y se crea una nueva obligación. Si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor (supuesto de delegación imperfecta), entonces el tercero se entiende obligado solidaria o subsidiariamente con el deudor original, según se desprenda del tenor y espíritu del acto (art. 1635 del Código Civil). Es decir, se consiente en una especie de asunción acumulativa de deuda: el nuevo deudor puede unirse al antiguo pero sin que se extinga la obligación primitiva y sin que éste último resulte liberado (así opina René Abeliuk).

Según otra posición (defendida últimamente por Gonzalo Figueroa), no hay razones para excluir la posibilidad de que se pacte una asunción de deuda, lo que parece aceptarse por el art. 1700 inc. 2º del Código Civil, que menciona a las “personas a quienes se transfieran… obligaciones…”. Se piensa que el art. 1635 de dicho Código al exigir para que haya novación por cambio de deudor, que se exprese la voluntad del acreedor de liberar al primitivo deudor no implica que siempre que se exprese dicha voluntad tenga lugar una novación. Para ello es necesario, además, como lo exige el art. 1634 del Código Civil, que los intervinientes manifiesten la voluntad de novar, es decir, de que se extinga la obligación primitiva y se cree una nueva obligación con el nuevo deudor. Pero bien puede ser, que el acreedor exprese su voluntad de dar por libre al primitivo deudor y acepte al nuevo, pero sin querer que se produzca una novación, es decir, en el entendido de que el nuevo deudor sucede o se subroga al antiguo en la misma obligación original, con sus accesorios y garantías.

La discusión dogmática es muy interesante, pero en el caso, no habiendo ninguna constancia de cuál fue el pacto que medió entre quien prestó el servicio, el candidato que debía pagarlo y la empresa Penta que lo pagó, no resulta fácil determinar cuál fue la voluntad real de las partes: si hacer una novación, agregar un nuevo deudor que se obliga solidaria o subsidiariamente o posibilitar la asunción de la deuda original por el nuevo obligado.

En cualquiera de estas alternativas, parece claro que al pagar la empresa Penta en vez del candidato sin reservarse el derecho al reembolso, nuevamente hay una especie de donación (esta vez indirecta) en favor del político beneficiado.

“Le pondrás por nombre Jesús”

28 diciembre, 2014

Estas fiestas navideñas nos dan ocasión para hacer algunas consideraciones sobre el nombre de las personas. Y es que el niño que nace en Belén no es un ser humano anónimo, sin nombre, sino una persona que tiene un nombre propio que la identifica como alguien singular, concreto y real, diferenciable de otros individuos. Según los Evangelios este nombre no fue elegido por María y José, sus padres en la tierra, sino por el mismo Dios. El Arcángel Gabriel, cuando lleva el anuncio a María que ha sido elegida como madre del Mesías, le dice: “concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lc. 1, 31). José, el esposo de María, no queda al margen de este designio: el ángel que le revela la razón por la cual María está embarazada, le dice: “lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús” (Mt. 1, 20-21). Siguiendo las costumbres judías, José cumplirá esta voluntad divina, al momento de la circuncisión del niño, que tuvo lugar a los ocho días del nacimiento, probablemente en la misma localidad de Belén. Dice el Evangelio de Lucas: “Cuando se cumplieron los ocho días para cincuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno”.

Vemos, pues, que el nombre jurídico y civil de aquel a quien el apóstol Juan en su Evangelio llama “el Verbo de Dios” es considerado un detalle de mucha importancia y significación. La fórmula hebraica completa del nombre es Iehosuah, que contiene el anagrama del nombre de Dios que según el libro del Éxodo fue revelado a Moisés en el monte Horeb: YHWH, el que completado con vocales dará origen al término de Yahvé, que significa: “Yo soy el que soy” (cfr. Ex. 3, 11-14). Pero al anagrama se agrega una afirmación, que significa “salva”. El nombre elegido quiere decir “Yahvé (Dios) salva”. Así lo explica el Evangelio de Mateo al señalar que el ángel dice a José que el niño se llamará Jesús “porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1, 21).

Iehosuah, el nombre elegido, es abreviado como Iesuah y de esta abreviación hebrea, viene el griego Iesous. Cuando el nombre se traduce al latín se convierte en Iesus, y de allí deriva la palabra con el que lo conocemos en los principales idiomas modernos derivados del latín: Jesús (castellano), Jesus (alemán y portugués), Gesù (italiano), Jésus (francés).

Sobre la naturaleza jurídica del nombre de las personas la doctrina francesa ha formulado diversas teorías y este debate ha sido replicado por los civilistas chilenos. Al enfatizar el derecho a excluir a otros en el uso del propio nombre, algunos pensaron que las personas tienen la propiedad de las palabras que constituyen su apelativo; una segunda teoría pone el acento en la fuente ordinaria de los componentes familiares del nombre (los apellidos) y considera que se trata de un elemento determinado por la filiación; en tercer lugar, y fijándose en la función social del nombre, se sostiene que se trata más bien una institución de policía civil que permite la identificación de las personas. Todas estas teorías han merecido críticas de las que ha surgido la opinión común de que el nombre es, por sobre todo, un atributo de la personalidad uniéndose así a conceptos fundamentales en la constitución jurídica de la persona, como la nacionalidad, la capacidad, el estado civil, el domicilio y el patrimonio. Además de atributo de la personalidad, el nombre es objeto de un derecho de la personalidad, en el sentido de que toda persona, especialmente la persona natural, tiene derecho a tener un nombre que la identifique en el conjunto social. Este derecho ha sido reconocido por la Convención de Derechos del Niño, que en su art. 7.1 dispone que “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre…”. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe, en su art. 24.2, que “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”.

No sorprende, así, que el misterio cristiano de la Encarnación, es decir, que Dios ha asumido plenamente la humanidad en una persona, implique que ésta reciba un nombre como cualquier otro ser humano. Aunque el nombre elegido es muy significativo sobre la realidad de su ser y su misión, no se trata de un nombre exótico o extravagante respecto de lo que era la cultura hebrea de su tiempo. El apelativo “Jesús” era un nombre ya conocido y utilizado. En la misma genealogía del niño de Belén que trae el Evangelio de San Lucas se menciona un antepasado con el mismo nombre (Lc. 3, 29) y San Pablo en sus cartas alude también a otro Jesús, que lleva como añadido el calificativo de “el justo” (Col. 4, 11).

Una señal más de la humildad con la que en la noche de Navidad se presenta este Cristo, que viene a salvarnos, no con majestad y poderío sino con amor, ternura sencillez. El Papa Francisco en su homilía de la Misa de Noche Buena del 24 de diciembre de 2014 destacó esta característica del nacimiento: “¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy! Paciencia de Dios, cercanía de Dios, ternura de Dios… Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: «Señor, ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto»” (Ver texto completo).

Los mellizos de Alberto de Mónaco y la regla sobre partos múltiples

14 diciembre, 2014

Después de diez años de asumir el trono del Principado de Mónaco y más de tres desde su matrimonio, Alberto cuenta ya con un descendiente que podrá continuar la dinastía de los Grimaldi sobre el pequeño estado europeo. En realidad, Alberto ya tenía hijos pero ellos no podían sucederle, conforme a la Constitución monegasca, reformada en este punto el año 2002, por no tratarse de hijos legítimos nacidos en matrimonio.

Pero en vez de los tradicionales 21 cañonazos debieron dispararse el doble: 42. La mujer de Alberto, Charlene, dio a luz mellizos y además de distinto sexo: un niño y una niña. La corona, siendo unipersonal, no puede ser compartida, de allí que era necesario determinar cuál de los dos hijos tenía derecho a ella.

No hubo mayor dificultad para resolver la duda. El art. 10 de la Constitución de Mónaco señala expresamente que “La sucesión al Trono, abierta a consecuencia de muerte o abdicación, se da en la descendencia directa y legítima del Príncipe reinante, por orden de primogenitura con prioridad masculina en el mismo grado de parentesco” (ver texto en francés). En el caso, la primogenitura favorecía a la niña, Gabriella, ya que nació dos minutos antes que su hermano, Jacques. Pero, estando ambos en el mismo grado de parentesco: consanguinidad en segundo grado de la línea colateral, el varón goza de prioridad por sobre la mujer. De esta forma, el nuevo heredero al Trono del Principado de Mónaco, es el pequeño Jacques Honoré Rainier, quien recibió también el título de marqués de Baux.

Las reglas sobre primogenituras y distinción de sexos en la sucesión de derechos han perdido la importancia que tuvieron en siglos anteriores. Gran parte de su relevancia se perdió con la extinción de los mayorazgos y las vinculaciones. Junto con ello nuestro Código Civil expresamente señaló que ni el sexo ni la primogitura se tomarían en cuenta para regular la sucesión intestada (art. 982).

Pero la cuestión puede surgir tratándose de disposiciones contractuales o testamentarias que se hagan teniendo en cuenta alguno de esos factores. Por ejemplo, si se deja un legado, se hace una donación o se constituye un fideicomiso en beneficio del primer hijo o de la primera hija que tenga una determinada persona o que nazca de un cierto matrimonio.

Al aplicar la disposición contractual o testamentaria no hay problemas en determinar si se cumple el sexo previsto por el estipulante o testador. En cambio, podría darse incertidumbre sobre la primogenitura, tratándose de partos múltiples, es decir, aquellos de los que nacen dos o más niños (gemelos, mellizos, trillizos, etc.), si no hay constancia de cuál de los niños fue dado a luz primero o el orden de los nacimientos no puede ser legalmente acreditado.

En tal caso, nuestra doctrina civil ha puesto la atención en un precepto que se encuentra en la regulación del censo. Se trata del art. 2051 del Código Civil que se pone en el supuesto de que en un censo de transmisión forzosa que debe deferirse al primogénito, se produce un parto múltiple y se debe establecer cuál de los niños es el mayor. La norma establece: “Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin que pueda saberse la prioridad de nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en conformidad al acto constitutivo. – Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto”.

Los autores señalan que esta regla debe aplicarse por analogía a todo derecho que, por voluntad de las partes o del testador, deba asignarse a un primogénito o primogénita, si se da una pluralidad de niños que son alumbrados en el mismo parto. En primer lugar, deberá otorgarse el derecho al niño que nazca en primer lugar, esto es, con arreglo al art. 74 del Código Civil, al que primero haya sido separado completamente de su madre, siempre que haya sobrevivido un momento siquiera a esa separación. Si no es posible determinar el orden de los nacimientos, el derecho se dividirá por partes iguales entre todos los nacidos del mismo parto.

La doctrina nacional no se pone en el caso de que se trate de un derecho indivisible, como sucede en el caso de los hijos del Príncipe Alberto, y en verdad no es fácil que ello ocurra en el campo de los derechos que son objeto de disposiciones contractuales o testamentarias. Incluso tratándose de un especie o cuerpo cierto, físicamente indivisible (un caballo, una joya), siempre es posible la división del dominio en cuotas intelectuales. Si se diera el caso de un beneficio o derecho indivisible incluso cuotativamente, y no pudiere determinarse quién es el niño que nació primero, la condición deberá tenerse por fallida y el derecho no será asignado a ninguno de los nacidos del parto múltiple.

Responsabilidad del comprador de autos por multas empadronadas y obligaciones propter rem

7 diciembre, 2014

Se da el nombre de obligaciones propter rem a aquellas que nacen del hecho de tener la propiedad o algún otro derecho real sobre una cosa. Son obligaciones cuyo deudor se determina no por que él las haya personalmente contraído, sino porque ha adquirido una cosa o un derecho sobre ella. Por eso, algunas las llaman obligaciones reales, otros que dudan sobre su genuina naturaleza obligacional hablan de cargas reales; también se les denomina obligaciones ambulatorias. En todo caso, se trata de obligaciones que se observan con bastante frecuencia en el tráfico jurídico. Pueden mencionarse varios ejemplos: son obligaciones propter rem las que tienen los comuneros en razón de compartir la propiedad de una cosa, así como algunas obligaciones que nacen del dominio y que nuestro Código Civil calificó como “servidumbres legales”, entre ellas destacan las obligaciones que nacen de la medianería. También el usufructuario es obligado a pagar las obligaciones usufructuarias que afecten la cosa. En la copropiedad inmobiliaria son múltiples las obligaciones que nacen sólo por el hecho de ser propietario de una unidad, entre las cuales está la de pagar los gastos comunes. Las obligaciones propter rem operan también en el campo del derecho público: así, el impuesto territorial obliga al propietario del bien raíz afecto y las multas que se cursan por infracción a las reglas del tránsito afectan al propietario del vehículo, aunque no fuera el conductor que cometió la infracción.

Sobre este último supuesto ha intervenido el legislador mediante la ley Nº 20.795, publicada en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2014. El problema que se ha querido solucionar dice relación con los llamados partes empadronados, que son multas que se cursan después de captar las infracciones con cámaras o radares sin la presencia del infractor. En estos casos, la denuncia va al Juzgado de Policía Local competente el que debe avisar al propietario del vehículo por carta certificada y, a falta de pago, ordenar que la multa se inscriba en el Registro de Multas del Tránsito no pagadas que actualmente lleva el Registro Civil. Muchas veces sucede que el dueño del vehículo no se entera hasta la siguiente renovación del permiso de circulación en el mes de marzo. En ese momento se le exige que las multas pendientes se paguen para que pueda concederse el permiso (art. 24 de la Ley Nº 18.287 y art. 3 letra e, del Reglamento del Registro contenido en el D. Sup. Nº 152, Ministerio de Transportes, de 2000).

Pero si entre tanto el auto era vendido, quien debía afrontar con el pago era el comprador, justamente porque, al tratarse de una obligación propter rem, seguía a la cosa conectada con la obligación. Por cierto, el comprador podría repetir contra su vendedor o ejercer acciones por vicios redhibitorios pero todo esto le implicaba gastos y problemas. Es cierto que un comprador diligente podía pedir un certificado de multas al Registro para conocer las infracciones con las que debería hacer frente en caso de adquirir el dominio y, en caso de haberlas, negociar el monto del precio. Pero aún así podía quedar en indefensión porque era posible que al momento en que se pidiera el certificado no estuviera inscrita una multa que había sido ya cursada pero que, por demoras en la gestión del proceso, viniera sólo a inscribirse después de la compra.

Para evitar esto la ley Nº 20.275 ha modificado la Ley del Tránsito (ley Nº 18.290, con texto refundido por D.F.L. Nº 1, de 2009) en dos sentidos: primero, para establecer que el notario u otro ministro de fe que deba proceder a autorizar el instrumento público o privado que da cuenta del título traslaticio del dominio del vehículo (en realidad se refiere sólo a la compraventa), deberá exigir al vendedor “un certificado del Registro de Multas del Tránsito no pagadas, al momento de la celebración del contrato” (nuevo inc. 5º del art. 42 de la Ley del Tránsito). Hemos de entender que no basta con que la exigencia se realice al momento de celebrarse el contrato, sino que se cumpla: es decir, que se exhiba un certificado que lleve la misma fecha de la celebración de la compraventa. Obviamente, el ministro de fe deberá poner en conocimiento del comprador el referido certificado, sobre todo si aparecen multas impagas.

Una segunda modificación complementa lo anterior: se agrega al referido art. 42 un nuevo inciso sexto que dispone: “El comprador responderá sólo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra”.

De esta forma se limita la responsabilidad del comprador respecto de la obligación propter rem consistente en hacerse cargo de las multas empadronadas. Sólo responde por aquellas que aparecían en el certificado que fue emitido al momento de la compra y que le fue debidamente informado por el notario.

Para evitar que se genere el problema de que aparezcan multas que no estaban inscritas a la fecha del contrato respecto del vehículo comprado, el nuevo inciso sexto del art. 42 dispone que el Registro Civil “se abstendrá de anotar la multa impaga en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, si el propietario del vehículo que figura en el Registro de Vehículos Motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción”. Se aclara que esto no quiere decir que la multa se extinga para el anterior propietario: “Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”.

La nueva ley reforma también el art. 24 de la ley Nº 18.287 para reafirmar lo anterior: “si el propietario del vehículo informado por el tribunal no corresponde al dueño actual según el Registro de Vehículos Motorizados, el Servicio deberá abstenerse de inscribir la anotación y comunicará dicha situación al juzgado respectivo. Lo anterior no obsta a la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa”. Pero ante las dificultades que se advierten para conseguir el pago de una multa de quien ya no tiene la propiedad del vehículo, la nueva ley establece una regla especial de prescripción: “En este caso, el plazo de prescripción de la acción de cumplimiento será de tres años contado desde la comunicación que el Servicio de Registro Civil e Identificación efectúe al juzgado de policía local correspondiente, informando la imposibilidad de practicar la anotación”. La reforma no está en el plazo sino en la fecha de inicio de su cómputo: en vez, de su inscripción en el Registro (que es la regla general) el plazo se cuenta ahora desde que el Registro Civil comunica la imposibilidad de inscribir la multa por haber cambiado la titularidad de la propiedad del auto.

En conclusión, la reforma limita la obligación propter rem de pagar las multas empadronadas asociadas a un vehículo en caso de compraventa, haciendo responder únicamente al comprador cuando la respectiva multa aparezca en el certificado emitido a la fecha de celebración del contrato a requerimiento del propietario vendedor, por exigencia del notario que autoriza el instrumento en el que consta el acuerdo contractual.

Las donaciones de la Teletón

30 noviembre, 2014

Los días 28 y 29 de noviembre se realizó en el país una nueva versión de la Teletón, el programa televisivo, liderado por Mario Kreutzberger, que se propone motivar a las empresas y a las personas a donar dinero con el propósito de financiar centros de rehabilitación de niños con discapacidad física. Desde sus inicios, en 1978, la campaña ha sido objeto de críticas. Célebres fueron los cuestionamientos iniciales del escritor Enrique Lafourcade. Este año se ha conocido que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hablando de la Teletón mexicana, advirtió que este tipo de programas contribuía a mantener el estereotipo de los discapacitados como sujetos dignos de caridad, en vez de promover su condición de sujetos de derechos y apuntar a su inserción social. Otros hablan de la publicidad que logran la empresas que participan o de la manipulación emocional de las audiencias logradas a través de la exhibición dramatizada de las historias de menores con discapacidad. Con todo, es innegable que la obra que se realiza en los centros de rehabilitación es no sólo noble sino tremendamente benéfica. Quizás en el mundo en que vivimos, los actos de generosidad no siempre se dan de manera absolutamente desinteresada y sin incentivos sentimentales.

En esta ocasión queremos deternernos en una consideración más jurídica sobre las donaciones que se hacen a propósito de esta campaña nacional. Entendemos que tanto las empresas que la patrocinan como las personas individuales que aportan dinero a través de depósitos en la ya famosa cuenta 20.500-03 del Banco Chile, están realizando una donación a una persona jurídica: la Fundación Teletón, cuya personalidad jurídica fue concedida, conforme a las normas del Código Civil vigentes antes de la reforma de la ley Nº 20.500, por decreto supremo Nº 59, de 22 de enero de 1986.

Estas donaciones se regirán, en principio, por las normas del título XIII del libro III del Código Civil (arts. 1386 y ss.). Pero aquí nos encontramos con dos problemas: primero, que, conforme a lo que dispone el art. 1404 de dicho Código, si la donación es con causa onerosa –como, a nuestro juicio, son las donaciones efectuadas a la Teletón ya que suponen que el dinero sea empleado en la rehabilitación de menores discapacitados- ella debe efectuarse por escritura pública en la que debe expresarse la causa. El segundo problema consiste en que la donación debe ser insinuada, es decir, autorizada judicialmente, en cuanto exceda a “dos centavos” de peso (art. 1401). Esta cifra, ridículamente baja, es el resultado de los cambios monetarios y de la displicencia del legislador que no ha actualizado el precepto. Si aplicamos estas normas a las donaciones efectuadas a la Teletón podría concluirse que adolecen de nulidad absoluta, por falta de solemnidades de validez.

Una de ellas, sin embargo, no resulta aplicable por disponerlo expresamente así otra disposición legal. La Ley de Rentas Municipales, contenida en el D.L. Nº 3.036 (texto refundido por D. Sup. Nº 2385, de 1996), dispone, en su art. 46, que ciertas donaciones gozarán del beneficio tributario de ser consideradas gastos para producir la renta. Entre ellas están las donaciones que se hagan a “centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita” (letra c). El precepto concluye que las donaciones que se efectúen a los establecimientos señalados “no requerirán el trámite de la insinuación y estarán exentas de todo impuesto”. Pensamos que esta última disposición se refiere tanto a las donaciones que usen el beneficio tributario establecido (normalmente las empresas) como a aquellas que, sin usar el beneficio, se destinan a dichos establecimientos (las de personas individuales). De este modo, las donaciones realizadas a los referidos centros no están sujetas al trámite de la insinuación.

Despejado uno de los problemas subsiste el derivado de tratarse donaciones con causa onerosa. Si nos fijamos nuevamente en el art. 1404 del Código Civil, vemos que la sanción para el caso de que la donación no se otorgue por escritura pública en la que se exprese la causa no es la nulidad, sino que “no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas”. Entonces, las donaciones son válidas, pero el donante no podría exigir el cumplimiento del objeto de la donación ni pedir su resolución ante el incumplimiento del gravamen (art 1426 del Código Civil). No queda más que confiar en que la institución donataria no invertirá los fondos recaudados en otro objeto que en el de la rehabilitación de niños en situación de discapacidad.

La transparencia en la gestión financiera de la Fundación Teletón debiera contribuir para que los donantes puedan seguir confiando en ella, como lo han hecho hasta ahora, en aras de la benéfica causa que la ha inspirado.


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